El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Gran parte de lo que sucede en la política exterior argentina se encuentra vinculado con China, de la mano de su creciente influencia global, por lo que es importante conocer iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en las que China es su principal promotor. Desde Fundeps compartimos documentos con información básica y accesible sobre estas iniciativas, poniendo énfasis en recursos prácticos para acceder a información y a sus mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) representa el programa de desarrollo de infraestructura y conectividad global insignia de China que pretende impulsar el comercio y nuevos lazos políticos y económicos con las naciones participantes, principalmente los países emergentes y “en vías de desarrollo”. Por su parte, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)  es un banco multilateral de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China que cuenta en la actualidad con más de 100 países miembros de todo el mundo y financia proyectos en otras regiones, como América Latina y el Caribe o África.

El AIIB está estrechamente vinculado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sólo porque los procesos de conformación de estos dos instrumentos fueron impulsados por el Presidente chino Xi Jinping y se dieron en simultáneo, sino también porque el AIIB se constituye en la principal herramienta de financiamiento para los proyectos que se enmarcan en la IFR. Asimismo, ambos son parte de un proceso de reconfiguración geopolítica donde el centro de gravedad de la economía mundial gira hacia el Asia Pacífico. Además, ambos han sido objeto de críticas desde sus inicios en relación a los impactos ambientales y sociales negativos que han generado sus proyectos y la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

El rol que cumplen -y cumplirán en el mediano-corto plazo- el AIIB y la IFR en Argentina, es  mucho más cercano y tangibles de lo que creemos: si bien parecen iniciativas o actores lejanos y ajenos a la realidad local, a través de su accionar promueven o facilitan la realización de grandes proyectos de infraestructura y energía en el país que, a su vez, tienen -o pueden tener- un impacto directo o indirecto sobre la vida diaria de las personas y pueden afectar derechos sociales y/o ambientales, especialmente de las poblaciones y comunidades vinculadas a los proyectos. De hecho, ya existe un primer proyecto aprobado en Tierra del Fuego que será financiado por el AIIB por un monto de 65 millones de dólares y, en el marco de la IFR, existen diversos proyectos comprometidos en nuestro país. Por este motivo, es fundamental monitorearlos, conocer cómo acceder a información sobre los proyectos y cómo presentar una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco.

Sumado a esto y dada la frecuente falta de transparencia de la banca china y el desconocimiento generalizado sobre la misma, desde Fundeps compartimos estos folletos  actualizados con información resumida sobre el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. También sumamos un instructivo sobre cómo realizar una queja ante el Mecanismo de Personas afectadas por el Proyecto (PPM, por sus siglas en inglés),el mecanismo de rendición de cuentas del AIIB.

¿Cómo influye la coyuntura?

Durante el actual gobierno de Javier Milei los vínculos diplomáticos entre ambos países se han tensionado a partir de la reconfiguración de la política exterior de la nueva administración, con un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y Occidente. También podemos mencionar ciertas medidas como la decisión del gobierno argentino de realizar visitas a la base espacial china en Neuquén o renunciar a la membresía de Argentina al bloque de los BRICS, el freno a obras de infraestructura con financiamiento chino o incluso declaraciones del propio Presidente o de la canciller Diana Mondino. Esto se ha visto reflejado, entre otras cosas, en las dificultades en las negociaciones para renovar el swap con China -intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países- o en el debilitamiento en el vínculo comercial, que ha desplazado a China al cuarto lugar como socio comercial de Argentina, posicionándose actualmente detrás de Brasil, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 

No obstante, vale resaltar que el vínculo entre Argentina y China sigue siendo muy importante, y lo seguirá siendo a futuro, independientemente del gobierno de turno.

Una relación bilateral de carácter estratégico

La relación bilateral entre la República Popular China y la Argentina fue afianzándose en las últimas décadas y adquirió una mayor relevancia desde los años 2000, llegando a constituirse, hace casi 10 años, como una Asociación Estratégica Integral. La misma incluye una ampliación en las áreas de cooperación y abarca aspectos no sólo económicos y financieros sino también políticos, comerciales, tecnológicos, culturales, sanitarios y en materia de inversiones. Este afianzamiento en los vínculos se vio reflejado en la incorporación de Argentina a las dos iniciativas aquí mencionadas.

La firma de una Declaración Conjunta en 2004 y de la Asociación Estratégica Integral en 2014 han sido, a nivel diplomático, dos antecedentes insoslayables para comprender el ingreso de Argentina a la IFR y al AIIB. Dada la continuidad y proyección a largo plazo del vínculo sino-argentino, puede decirse que el ingreso de Argentina a la IFR (en 2022) y al AIIB (desde 2021, en calidad de miembro no regional), son coherentes con el acercamiento y afianzamiento de las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972 y cristalizan este vínculo de larga data entre ambos países, planteando tanto oportunidades como desafíos para nuestro país.

 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Este viernes 24 de mayo, se desarrolló el encuentro «Córdoba tiene impacto: Conversatorio por los derechos en disputa» con la participación de más de 100 personas en el Museo de Antropologías. Fue organizado por Fundeps, con la adhesión de más de 30 espacios.

Durante tres horas, se desarrollaron reflexiones en torno a:

  • cómo la reducción del gasto público afecta a la educación universitaria, el sistema científico-tecnológico,  a los sectores populares y a los medios de comunicación;
  • las consecuencias de la propuesta de reforma previsional y laboral, con foco en trabajadoras de casas particulares; y la inconstitucionalidad del DNU 70/23.
  • las regresiones normativas en relación a la explotación de recursos naturales, cómo viven las comunidades estas desregulaciones y el impacto ambiental del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI)

El conversatorio reunió a referentes de diversos ámbitos, incluyendo la academia, organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y sindicatos. 

Un evento con diversas voces y perspectivas que nos ayudan a entender algunos de los desafíos que enfrentamos y cómo construir estrategias colectivas frente a la regresión de derechos.

Nos llena de orgullo compartir el Anuario 2023, un recorrido por nuestro trabajo, logros y aprendizajes durante el último año. 

Durante 2023 llevamos a cabo diversas acciones. Desde reuniones de incidencia política y presentaciones judiciales, hasta investigaciones, congresos y talleres,   campañas de comunicación y más. Cada acción refleja nuestra determinación para transformar la sociedad y defender los derechos humanos.

Además,  a fines del año pasado, experimentamos un cambio importante en nuestra dirección. Carolina Tamagnini, quien ha liderado la Fundeps durante los últimos 4 años, dejó la Dirección Ejecutiva para sumarse al Consejo de Administración y en su lugar, Mayca Balaguer asumió como nueva Directora. 

Este cambio marca no solo una transición en el liderazgo, sino también un momento de fortalecimiento y renovación institucional, consolidando un equipo dinámico y capaz de responder a las demandas emergentes, creciendo tanto institucionalmente como en impactos. 

Lo que comenzó como una iniciativa en 2009, hoy se ha convertido en una organización sólida e involucrada en la defensa de los derechos humanos. ¡Y en este 2024 festejamos 15 años! 

Porque confiamos en que la mejor manera de realizar nuestro trabajo es en red y de forma colectiva, agradecemos a las organizaciones, comunidades y personas que fueron parte de estas iniciativas. Celebramos con ustedes nuestro progreso y les invitamos a conocer el Anuario 2023: la memoria colectiva de nuestro compromiso por una sociedad más justa, equitativa, sostenible y democrática.

VER ANUARIO 2023

Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

Autora

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Sabemos que en pocos días toca volver a las urnas, esta vez a la elección de presidencia y legisladores nacionales, según lo que se vote en tu provincia. La información que circula es mucha, y la desinformación también. Por eso, te dejamos acá un test para que puedas identificar red flags (banderas rojas, alertas) sobre las propuestas de los distintos espacios y candidatos/as y pensar tu voto desde los derechos humanos. ¿Te animás a contar las que encontrás en las ideas de tu candidato/a?

1. Amenaza a la gratuidad de servicios esenciales: Argentina es un modelo a seguir por su educación pública de calidad y su cobertura de salud universal y gratuita. Si bien en algunos casos depende de las provincias y seguramente hay mucho espacio para mejorar, la garantía de derechos tan básicos es parte fundamental de nuestra calidad de vida. ¿Vos o alguien cercano fue a una escuela pública o pública de gestión privada?  ¿O asististe alguna vez a una clínica pública u hospital? ¿Cómo sería tu vida o la de tu gente cercana sin esas posibilidades? 

2. Cuestiona el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: uno de los consensos más fuertes de la vuelta de la democracia es que no queremos nunca más gobiernos autoritarios ni terrorismo de Estado. Los procesos de investigación, con evidencia judicial y científica, y los juicios a las juntas, dieron cuenta del plan sistemático de las fuerzas armadas para exterminar activistas estudiantiles, sindicales y  a través de la  persecución política, el secuestro, la desaparición de personas, la creación de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato durante los 70s y 80s. No hay lugar a discusión sobre los crímenes cometidos por los militares y sus cómplices civiles de entonces. 

3. Niega la evidencia sobre el cambio climático: el planeta se está incendiando, en Córdoba esto es literal. Durante las últimas décadas es abrumadora la evidencia científica en relación a que el comportamiento humano y los niveles de consumo redundan en más gases de efecto invernadero en la atmósfera, subidas de las temperaturas globales y consecuencias negativas como inundaciones, sequías, tormentas y fenómenos climáticos extremos. Negar esto sólo nos deja más vulnerables a lo que es inminente. El cambio climático ya está acá y hay que adaptarnos a él, mientras mitigamos sus efectos.

4. Subestima las políticas que promueven la igualdad de oportunidades: las brechas salariales y las desigualdades de género son una realidad. El premio Nobel de economía de este año lo recibió una mujer que se dedicó a demostrar esto.  Por más que el mercado laboral tome conciencia de la dimensión de las brechas, las políticas públicas todavía son necesarias para avanzar en la reducción de estas y otras desigualdades. Es fundamental que el Estado valore el aporte de las mujeres para el cuidado de las vidas, garantice servicios de cuidados y alivie la carga de tareas de las cuidadoras, y que también promueva su participación en la economía 

5. Desconoce la violencia de género: entre enero y agosto de este año se registraron en nuestro país 224 víctimas de violencia de género – 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños – según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano». En ocho meses casi se alcanza el total de casos del año 2022. Esto demuestra la importancia y la urgencia de que el Estado reconozca la dimensión de la problemática, y fortalezca todas las regulaciones y medidas que protejan especialmente a estas poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente  vulneradas.

6. Desconoce los acuerdos internacionales: Argentina está integrada al mundo a través de múltiples organismos, tratados y acuerdos. El sistema de Naciones Unidas tiene amplio reconocimiento internacional como foro de cooperación entre países y para el avance de los derechos. El Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible son marcos de gobernanza global que han demostrado ser útiles y la tendencia es hacia su cumplimiento, no hacia su desconocimiento y desintegración de los sistemas de gobernanza globales. 

Si encontraste que un candidato o candidata tiene una o más red flags, lamentablemente, tu voto no es con el cuidado de la democracia y los derechos, ni con la sostenibilidad de las vidas humanas y del ambiente. A continuación te invitamos a reflexionar al respecto.

¿Y si nadie me convence y quiero que se rompa todo de una vez?

Primero y principal, es importante que ejerzas tu derecho al voto. Puede que ninguna opción te convenza del todo, o que estés completamente decepcionade de las opciones para la presidencia. Sin embargo, nuestra democracia de apenas 40 años necesita de nuestra participación y en contextos tan revueltos, tu voto no da lo mismo. Este domingo andá a votar e incentivá a otres a que lo hagan, cada voto vale. 

Está claro que tenemos muchos problemas en lo económico y que las condiciones de vida empeoran a causa de la inflación, empleo informal, bajos salarios y altos niveles de endeudamiento en los hogares. Y todo esto duele, porque precariza nuestras vidas, nuestro acceso a los alimentos y a la vivienda. Las respuestas radicales pueden sonar tentadoras en este contexto, pero los costos en materia de derechos son muchos y son altos, por eso te invitamos a votar y a pensar tu voto.

También te invitamos a que puedas involucrarte y discutir reformas del Estado, porque sabemos que no alcanza, que mucho de lo que existe hoy en día no funciona, que en ocasiones reproduce desigualdades en lugar de reducirlas. La democracia que supimos construir y lo público es de todos, todas, todes (como más te guste) y hay que cuidarla. No da lo mismo romper todo que pensar futuros comunes posibles, participar como ciudadanía activa en distintos espacios civiles, políticos o en organizaciones sociales, y en este contexto particular, votar opciones que no atenten contra nuestros derechos fundamentales. 

Si querés saber más sobre las distintas propuestas, te compartimos algunas iniciativas de organizaciones de sociedad civil que las condensan o ponen foco en algunas: 

  • #MeRepresenta: te cuenta las propuestas de cada candidato/a con juegos e información general de las elecciones, ¡es muy divertida! 
  • Si te interesan los temas ambientales, entrá a yovotoambiente
  • Si querés saber quiénes proponen avances, dan continuidad o plantean retrocesos en materia de igualdad y violencias de género, mirá mujeresenelpoder
  • Si querés enterarte sobre algunas desinformaciones que circulan en este período electoral, entrá a contextual.la
El equipo de Fundeps

Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.

Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.

Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.

Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI  acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.

 

Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.

La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.

Argentina y su vínculo con el FMI

Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos. 

Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.

Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.

Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación.  El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.

Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.

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Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org

Del 22 al 24 de agosto se llevó adelante la XV Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, Jefes de Estado de los países miembro (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas siglas forman el acrónimo) se reunieron en un foro de alto nivel para discutir asuntos claves para las economías emergentes más destacadas.

Durante la XV cumbre, se reunieron los Jefes de Estado con integrantes del sector empresarial en diálogo con el Nuevo Banco del Desarrollo, para delinear los ejes principales que guiarán la política del BRICS. Entre los temas de agenda este año se incluyó la potencial “desdolarización” del comercio global, con China y el yuan a la cabeza de esta ambición, así como los posibles efectos de la guerra ruso-ucraniana sobre la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto sobre la expansión de los BRICS para incluir a los países que han presentado solicitudes oficiales de membresía: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. 

Finalmente, durante la cumbre, Argentina, al igual que el resto de los países mencionados, fue invitada formalmente a participar de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Por tratarse de un foro internacional que no implica un proceso de integración supranacional, la decisión de ingresar quedará a discrecionalidad del Poder Ejecutivo que asuma el 10 de diciembre. Parte de les candidates presidenciales, como Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) han manifestado posturas críticas frente a la adhesión, alegando una fuerte diferencia con el accionar internacional de los países pertenecientes a los BRICS, especialmente en referencia a sus violaciones al derecho internacional, como durante la guerra en Ucrania. 

En este sentido, es posible identificar algunos elementos claves sobre las implicancias que tendría la participación Argentina en los BRICS. Principalmente, se hace referencia a la dimensión cuantitativa del grupo BRICS, que concentra el 40% de la población mundial y el 25% del PBI del mundo, un porcentaje que, en conjunto, iguala al de Estados Unidos (World Bank Data Center). A estos números se suman aquellos que vinculan a Argentina específicamente con los países fundadores: los principales receptores de exportaciones argentinas incluyen a Brasil, China e India; mientras que sus principales importaciones provienen de China y Brasil (OEC). 

El rol del Nuevo Banco de Desarrollo

El factor económico toma más relevancia si se tienen en cuenta las posibilidades de financiamiento por parte del Nuevo Banco del Desarrollo (NBD). El banco de desarrollo de los BRICS fue fundado por las naciones integrantes del bloque en 2014, durante la sexta cumbre celebrada en Fortaleza, Brasil. Este banco internacional se posiciona como alternativa al FMI y el Banco Mundial, con créditos orientados principalmente a proyectos de infraestructura y que, según el sitio oficial, priorizan “operaciones de alto impacto que son ambientalmente inteligentes, resilientes, integradas tecnológicamente y socialmente inclusivas”. 

Actualmente, el Nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos en sólo 6 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh) por un total de 32,8 mil millones de dólares. Según fuentes como Ámbito Financiero, Argentina ya se encontraría negociando con Dilma Rousseff, quien ocupa la presidencia, una posible línea de crédito que ayudaría a aliviar la presión sobre las deudas con el FMI. Para concretar su incorporación al NBD, Argentina debe hacer un aporte de capital de “US$250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de otras vías” (La Nación). Un elemento clave de la participación en el NBD es que en su estrategia general se comprometen a otorgar el 30% de sus préstamos en moneda local del país receptor, para mitigar el riesgo de la inversión extranjera (NBD). En el caso de Argentina, esto podría diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia al dólar y al FMI. Sin embargo, continúa preocupando la transparencia del banco y la posibilidad de acceso a consultas públicas o información sobre el proceso de inversión (Diálogo Chino). 

BRICS se ha posicionado desde su creación como un foro de cooperación multilateral alternativo para las economías emergentes, que enfatiza la multipolaridad y un posicionamiento “desideologizado” priorizando el diálogo informal y el intercambio comercial. En este sentido, el ingreso de Argentina al foro presenta un espacio de acercamiento con las grandes economías del mundo que están disputando un modelo alternativo de financiamiento al desarrollo.

 

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Lourdes Álvarez Romagnoli

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

*Fuente de la imagen: El Cronista

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

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Candela Jauregui

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La Defensoría del Pueblo de Argentina presentó la Línea Nacional de Base sobre Empresas y Derechos Humanos. Este insumo servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción en este tema.

La Línea Nacional de Base es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este estudio se realizó un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los tres pilares de los Principios Rectores: «Proteger, respetar y remediar» con una visión general de los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. Entre los temas abordados se destacan: la función regulatoria y de políticas, el nexo entre el Estado y las empresas,  la coherencia política a través de la actividad estatal y el deber de las empresas de respetar y de remediar.

Con la intención de que la elaboración de esta Línea de Base sea un proceso participativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una serie de encuentros entre octubre y noviembre de 2022 con partes interesadas para la recolección de insumos. Buscó recabar sus experiencias, opiniones y detectar necesidades. Los encuentros contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, el sector privado, empresas estatales, Agencias de la Administración, sindicatos, defensorías del pueblo y autoridades públicas. Asimismo, para la elaboración de la Línea Nacional de Base, la Defensoría del Pueblo de la Nación contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante este proceso, desde Fundeps participamos activamente, enviando insumos escritos sobre brechas normativas y de políticas públicas, poniendo a disposición diferentes documentos de trabajo e investigaciones realizadas y participando en los  diversos espacios de encuentro multiactor en que hemos sido convocades.

Cabe aclarar que la Línea de Base no describe conflictos,  tampoco  realiza un estudio sobre el impacto en los derechos humanos en sectores específicos de la economía, ni estudia normativas y políticas públicas provinciales y/o municipales, sino que constituye un análisis de brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los Principios Rectores a nivel  nacional.

¿Qué es un Plan Nacional de Acción?

Un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento transversal desarrollado por un Estado que tiene como objetivo ordenar y dar coherencia a las políticas públicas para cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto a los impactos negativos de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos se comprometen a hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , así como otros estándares en la materia. 

Entre los ejes temáticos que se abordarán en el plan de Argentina se encuentran:  estándares laborales;  igualdad de género; diversidad y no discriminación; proteccion del ambiente; empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia; gobierno corporativo; debida diligencia y remediación en empresas; tecnología, datos personales y privacidad; acceso a la información y participación pública en general; promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; y gobernanza pública.

Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca el decisivo papel que los planes de empresas y derechos humanos pueden desempeñar para promover la aplicación plena y efectiva de los Principios Rectores. Por lo tanto, su elaboración debe realizarse de manera participativa y transparente, de forma tal que se aborden los principales problemas y afectaciones a derechos en el contexto de actividad empresarial en el país.

Accedé  al documento completo de la Línea Nacional de Base acá:  https://www.dpn.gob.ar/linea-nacional-de-base.php 

 

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Julieta Boretti

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En el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Panamá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente de la Institución, Ilan Goldfajn, en un intento de fortalecer el vínculo entre las partes.

Entre el 16 y 19 de marzo pasados se llevó a cabo, en la Ciudad de Panamá, la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del BID Invest. Se trata de un foro de debate en el cual les integrantes de la institución, junto a quienes presiden los bancos centrales y otras autoridades de alto nivel, discuten y abordan temáticas sobre los asuntos considerados prioritarios. 

En el discurso inaugural, el actual presidente del BID, Ilan Goldfajn, expuso algunas de las prioridades de la institución, que giran en torno a problemáticas sociales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la salud y la educación. A su vez, hizo hincapié en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, recalcando la necesidad de hacer frente a los desastres naturales cada vez más frecuentes en la región de América Latina y el Caribe.También se destacó la importancia de preservar la biodiversidad a través de la elaboración de un Programa Regional Amazónico. 

La Asamblea de Gobernadores encomendó la elaboración de una propuesta de ampliación de capital para BID Invest con el fin de implementar un nuevo modelo de negocio que aumente su impacto en el desarrollo a través del sector privado. Además, reiteró la importancia de elaborar una nueva propuesta de Estrategia Institucional para el Grupo BID, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión anual en 2024.

La participación limitada de la sociedad civil

Tras reiteradas solicitudes realizadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Banco habilitó la participación de las mismas en el evento, aunque de manera limitada y cerrada a aquellas que recibieron una invitación. Además, se logró conciliar una reunión con el presidente del BID el día 17 de marzo. En dicho encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y hacer expresas las demandas de la sociedad civil en relación al banco. Tanto la posibilidad de participar en el evento, como la posibilidad de reunirse con el presidente representan avances positivos, aunque resta por ver si estos son cambios reales en la institución. Por lo pronto, el banco ha invitado a continuar el diálogo en los próximos meses para lograr una participación más efectiva en las reuniones anuales de 2024.

Desde Fundeps hemos venido siguiendo y participando en este proceso junto con organizaciones de la región que conformamos el Grupo de Trabajo sobre BID, y seguiremos activamente en los procesos de diálogo planteados por el banco.

 

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Autoras

Candela Jauregui

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org