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La Defensoría del Pueblo de Argentina presentó la Línea Nacional de Base sobre Empresas y Derechos Humanos. Este insumo servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción en este tema.

La Línea Nacional de Base es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este estudio se realizó un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los tres pilares de los Principios Rectores: «Proteger, respetar y remediar» con una visión general de los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. Entre los temas abordados se destacan: la función regulatoria y de políticas, el nexo entre el Estado y las empresas,  la coherencia política a través de la actividad estatal y el deber de las empresas de respetar y de remediar.

Con la intención de que la elaboración de esta Línea de Base sea un proceso participativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una serie de encuentros entre octubre y noviembre de 2022 con partes interesadas para la recolección de insumos. Buscó recabar sus experiencias, opiniones y detectar necesidades. Los encuentros contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, el sector privado, empresas estatales, Agencias de la Administración, sindicatos, defensorías del pueblo y autoridades públicas. Asimismo, para la elaboración de la Línea Nacional de Base, la Defensoría del Pueblo de la Nación contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante este proceso, desde Fundeps participamos activamente, enviando insumos escritos sobre brechas normativas y de políticas públicas, poniendo a disposición diferentes documentos de trabajo e investigaciones realizadas y participando en los  diversos espacios de encuentro multiactor en que hemos sido convocades.

Cabe aclarar que la Línea de Base no describe conflictos,  tampoco  realiza un estudio sobre el impacto en los derechos humanos en sectores específicos de la economía, ni estudia normativas y políticas públicas provinciales y/o municipales, sino que constituye un análisis de brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los Principios Rectores a nivel  nacional.

¿Qué es un Plan Nacional de Acción?

Un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento transversal desarrollado por un Estado que tiene como objetivo ordenar y dar coherencia a las políticas públicas para cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto a los impactos negativos de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos se comprometen a hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , así como otros estándares en la materia. 

Entre los ejes temáticos que se abordarán en el plan de Argentina se encuentran:  estándares laborales;  igualdad de género; diversidad y no discriminación; proteccion del ambiente; empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia; gobierno corporativo; debida diligencia y remediación en empresas; tecnología, datos personales y privacidad; acceso a la información y participación pública en general; promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; y gobernanza pública.

Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca el decisivo papel que los planes de empresas y derechos humanos pueden desempeñar para promover la aplicación plena y efectiva de los Principios Rectores. Por lo tanto, su elaboración debe realizarse de manera participativa y transparente, de forma tal que se aborden los principales problemas y afectaciones a derechos en el contexto de actividad empresarial en el país.

Accedé  al documento completo de la Línea Nacional de Base acá:  https://www.dpn.gob.ar/linea-nacional-de-base.php 

 

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente documento es un resumen del informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). 

A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.

Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 

El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.

En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 

En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”. 

Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.

Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.  

 

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Autora

Maitén de los Milagros Fuma

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María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra coordinando el  proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los avances hasta el momento y los próximos pasos?

¿Qué son los Planes de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos?

Los Planes de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH), son políticas públicas transversales que tienen por objetivo abordar la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto de las consecuencias negativas de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos buscan comprometerse para hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como otros estándares de empresas y derechos humanos y Conducta Empresarial Responsable (CER). 

Los PNAEDH contribuyen a lograr una mayor coherencia y coordinación entre los distintos marcos regulatorios y políticas públicas con incidencia en la temática de empresas y derechos humanos, y coadyuvan en la detección de obstáculos y brechas. Esto permite establecer prioridades y compromisos de acción. Dado el carácter transversal y colaborativo, su elaboración requiere de la participación representativa, amplia y plural de múltiples actores: agencias del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas, organizaciones empresarias y de las personas trabajadoras, pueblos originarios y comunidades potencialmente afectadas, entre otros.

Primeros pasos 

Argentina, en base a recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, asumió el compromiso de elaborar un Plan de Acción en materia de Empresas y Derechos Humanos, hecho que tuvo lugar de cara a su reelección al Consejo de Derechos Humanos el 14 de octubre de 2021. Para la coordinación y liderazgo del proceso de elaboración del Plan, se designó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (MRECIC). 

En cuanto a las acciones realizadas, uno de los primeros pasos consistió en la elaboración de una Hoja de Ruta, que fue validada internamente por el MRECIC. Seguidamente, según informan fuentes oficiales, se efectuó un mapeo de grupos de interés y agencias con incidencia en la materia y se relevaron las iniciativas y políticas, en proceso de ejecución en el país, con alguna proximidad a la materia de empresas y derechos humanos y, Conducta Empresarial Responsable  para identificar posibles alianzas dentro del Gobierno. 

Áreas prioritarias del Plan de Acción y elaboración de la Línea Nacional de Base

La Dirección de Derechos Humanos encargó a la Defensoría del Pueblo de la Nación la elaboración de la Línea Nacional de Base (LNB) que servirá como insumo central para el diseño del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. La LNB es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos dentro de un Estado. Es un diagnóstico previo para la elaboración del Plan y genera la información requerida para la posterior planificación por parte de quien formula la política pública.

El Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos incluirá 11 ejes temáticos:

  1. Estándares laborales (trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, condiciones de salud y seguridad, libertad sindical);
  2. Igualdad de género (paridad salarial, acceso a puestos jerárquicos, acoso y violencia en el mundo del trabajo, tareas de cuidado, conciliación de la vida laboral y familiar, etc.);
  3. Diversidad y no discriminación;
  4. Ambiente (protección del ambiente, participación y acceso a la información pública ambiental, evaluación de impacto ambiental; cambio climático; transición energética);
  5. Empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia;
  6. Derechos de personas consumidoras y usuarias;
  7. Gobierno corporativo (debida diligencia y remediación en empresas – compromisos políticos de empresas en temas de derecho humano y buen gobierno, políticas empresariales y estándares internacionales de empresas y derechos humanos, reporte de sostenibilidad, gestión de riesgos);
  8. Tecnología, datos personales y privacidad;
  9. Acceso a la información y participación pública en general;
  10. Promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados (personas con discapacidad, personas migrantes, personas afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTIQ+, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas defensoras u otros) y,
  11. Gobernanza Pública (ética, integridad, transparencia, acceso a la información, anticorrupción, contratación pública, gestión de empresas públicas).

Un proceso participativo

El proceso de elaboración de la Línea Nacional de Base debe ser participativo y brindar la posibilidad de que las distintas partes relacionadas con el tema, así como aquellas personas que tengan interés, puedan colaborar. En este marco, a principios del mes de noviembre de 2022, en respuesta a una invitación recibida, enviamos insumos y recomendaciones sobre cinco de los ejes temáticos arriba mencionados: Ambiente, Derechos de personas consumidoras y usuarias, Gobierno corporativo: debida diligencia y remediación en empresas, Acceso a la información y participación pública en general, y Gobernanza Pública.  

También participamos virtualmente del primer encuentro con sociedad civil y academia, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la elaboración de la Línea Nacional de Base para el Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, en el mes de septiembre, estuvimos en la mesa de discusión multiactor, organizada por el proyecto CERALC en Buenos Aires, en la que se debatió sobre los retos, oportunidades y perspectivas para avanzar en la debida diligencia para una conducta empresarial responsable en Argentina. Cabe mencionar que, desde el inicio del desarrollo del PNAEDH, la Dirección cuenta con el apoyo y asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el marco del Proyecto CERALC.

Próximos pasos

Según el calendario de trabajo estimado por el gobierno nacional, el proceso de elaboración del Plan se divide en 4 etapas principales, cada una de ellas con actividades puntuales. La primera es la elaboración de la Línea Nacional de Base. Luego, como segunda instancia, el fortalecimiento de capacidades a actores clave. Como tercera etapa se estima la redacción y aprobación del PNAEDH, de enero a marzo de 2023. Por último, se espera la publicación del PNAEDH, aproximadamente en junio de 2023. 

Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/recursos/plan-de-trabajo.pdf 

La implementación de la agenda de derechos humanos y empresas representa una oportunidad a la que todos los actores están llamados a aportar. Es el momento de una discusión urgente, profunda y real que aumente las chances de que este debate global sea tomado en serio, y evaluado en la perspectiva de las políticas públicas para que un Plan de Acción Nacional, muy sobrio y voluntario, no sea su único destino.

 

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Autoras

Camila Victoria Bocco

Camila Busso

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

 

*Foto extraída de la página oficial de la Cancillería Argentina

Desde el 25 al 29 de octubre se llevó a cabo la séptima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en Ginebra. En la sesión, que discutió sobre el Tercer Borrador Revisado del Tratado vinculante sobre Derechos Humanos y corporaciones transnacionales, participaron delegaciones de los Estados miembros de la ONU, movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (IGWG por sus siglas en inglés) fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas en 2014 con el fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Desde 25 al 29 de octubre, se desarrolló en Ginebra la séptima sesión del IGWG que discutió sobre el Tercer Borrador Revisado del tratado vinculante sobre Derechos Humanos y empresas publicado el pasado 17 de agosto de 2021. De la sesión participaron no solo representantes de los Estados miembros, sino también organizaciones de sociedad civil  y movimientos sociales. 

La presidencia del IGWG, actualmente llevada adelante por Ecuador, abrió la séptima sesión afirmando que las negociaciones deben ser “lideradas por los Estados”, lo que generó la preocupación de cómo se incluirán las contribuciones de la sociedad civil, especialmente en un contexto en el que existe una continua y amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y de las comunidades afectadas por las actividades de las empresas transnacionales, y al ser esta iniciativa uno de los procesos con mayor apoyo en la historia de los IGWG de la ONU. 

Por otra parte, en este año se cumplió el 10º aniversario de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, una de las iniciativas más importantes a nivel global en la protección de los derechos humanos en la actividad empresarial y que constituye un marco de referencia en los que se explican y distribuyen deberes y responsabilidades complementarias entre Estados y Empresas. Sin embargo, su aplicación es voluntaria. El aniversario  este será el tema principal del próximo Foro Global de las Naciones Unidas  sobre Empresas y Derechos Humanos que tendrá lugar desde el  29 de noviembre al 1 de diciembre, y ofrecerá la oportunidad de evaluar los logros conseguidos hasta la fecha, identificando carencias y desafíos, y  de inspirar un renovado impulso para una mayor y mejor aplicación mundial por parte de los Estados y las empresas en la próxima década.

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

El VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe se celebró de manera virtual del 4 al 6 de octubre de 2021, bajo el lema “Construyendo la agenda de empresas y derechos humanos para la próxima década”.

A diez años de la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), el Foro supuso una gran oportunidad para la reflexión sobre los desafíos pendientes y ofreció un espacio para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados como los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras y las organizaciones internacionales, sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos.

La próxima década de los Principios Rectores, llama especialmente a los Estados del mundo a redoblar sus compromisos y tomar acciones concretas para crear las condiciones habilitantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. No obstante, la participación de otras partes interesadas en el marco de la construcción e implementación de la agenda de empresas y derechos humanos no solo ha demostrado ser una necesidad para la legitimidad sino también una garantía para su eficacia y continuidad. 

Aún más, la actual situación mundial y el contexto de reactivación económica y de crisis climática, enfatizan la importancia de la existencia de una agenda de empresas y derechos humanos comprometida en abordar problemáticas estructurales que se exacerban, como la desigualdad, la pobreza y la informalidad y en mitigar los efectos negativos en los derechos humanos ocasionados por la pandemia.

En este escenario, reflexionar entre las diferentes partes involucradas sobre las oportunidades en la región para construir mayor coherencia entre las agendas conexas y avanzar decididamente hacia la prevención, mitigación y reparación de los impactos negativos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos y el ambiente,se torna fundamental.

En línea con su propósito, durante el VI Foro Regional se ha conversado y compartido experiencias en diferentes ámbitos que fueron englobadas en paneles como: “La consolidación de la coherencia internacional para la próxima década de las Empresas y los Derechos Humanos en la región”, “El rol de la sociedad civil”, “Instrumentos de política pública en Empresas y los Derechos Humanos”, “Estado del proceso hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre Empresas y los Derechos Humanos”, entre otros. Cabe destacar que, previo al inicio del Foro, el 4 de octubre, hubo diferentes sesiones preparatorias. Desde Fundeps también participamos en la sesión preparatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Celebramos lo enriquecedor de este encuentro y reafirmamos la necesidad de continuar participando activamente y fortaleciendo este tipo de espacios que buscan contribuir a una mayor puesta en práctica de los PRNU en América Latina y el Caribe mediante una mayor apropiación y construcción colectiva de recomendaciones concretas dirigidas a los Estados, empresas y otras partes involucradas.

Esperamos, también,que el diálogo resulte fructífero para el conjunto de les actores y le de reimpulso a  las diferentes iniciativas vigentes a nivel global para la protección y respeto de los derechos humanos (como los Planes de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos o el Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos) y que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial,las personas trabajadoras, el ambiente y las comunidades locales.

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 VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe

Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe – Fundeps

Presentamos comentarios al borrador del tratado de empresas y derechos humanos – Fundeps

Comentarios y propuestas para el borrador ‘zero’ de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos – Fundeps 

Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En la madrugada del 11 de junio, se sancionó la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina. Una ley producto de las luchas feministas a favor de una democratización en las organizaciones de medios en tanto ámbitos laborales y como productores de sentido.

Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la construcción y reproducción de sentidos y representaciones sobre la realidad social y subjetiva. Como tal, pueden coadyuvar al sostenimiento y justificación de desigualdades o pueden cuestionarlas, tanto desde sus discursos a través de los contenidos que producen y difunden como hacia su interior, entendiéndose como espacios de trabajo con una organización laboral determinada.

Indagar sobre cómo se produce el contenido mediático, quiénes lo producen, cuál es su formación y trayectoria, y qué lugar ocupa cada quien dentro de los medios de comunicación nos permite tener un mapa de la situación para abordar las violencias y desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de estos espacios. 

Las empresas de medios de comunicación, específicamente de los grandes medios comerciales, se caracterizan por su estructura laboral fundada desde un enfoque androcéntrico. Lo que ha condicionado el ingreso, permanencia, desarrollo y desempeño laboral de mujeres y, por supuesto, ha excluido a personas travestis, trans, intersex y no binarias. 

Esto es visible en las trayectorias laborales diferenciadas por género:

Fuente: Chaher y Pedraza (2018). Organizaciones de medios y género. Córdoba: Fundeps, Comunicar Igualdad.

Para realizar este gráfico, sólo se obtuvieron datos binarios en términos de género, por eso no se han podido reconstruir las trayectorias laborales atendiendo a la diversidad de identidades, como de personas travestis, trans, intersex y no binarias. Para el momento en el que se realizó la investigación, sólo había una sóla persona trans trabajando en uno de los medios de Córdoba. Actualmente hay algunos avances en este sentido, aunque siguen siendo insuficientes. Es posible reconocer las desigualdades estructurales de género que dificulta, aún más que a las mujeres cisgénero, el acceso al empleo particularmente en este tipo de empresas a identidades diversas y disidentes.

Ahora bien, al observar el gráfico es posible notar que si bien la mayoría de las personas que egresan de las carreras vinculadas a la comunicación de la ciudad de Córdoba y de Buenos Aires son mujeres, menos de la mitad de ellas ingresan a trabajar en medios comerciales. Son aún menos las que llegan a obtener un ascenso a puestos de mayor jerarquía, situación que se reproduce nuevamente, aunque con una desigualdad más profunda, en los espacios sindicales. 

Estas trayectorias laborales están atravesadas por las trayectorias personales. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado recae mayoritariamente sobre mujeres y feminidades afectando su autonomía. Como resultado, ellas son mayoría entre las trabajadoras a tiempo parcial y contratadas bajo regímenes precarios para poder conciliar su vida laboral con las responsabilidades de cuidado distribuidas inequitativamente. A esto se le suman los micromachismos y todos los tipos de violencias que se conjugan con pactos de masculinidad, que perpetúan estas estructuras desiguales y excluyentes.

La falta de políticas de género y de cuidados, así como la falta de sensibilización y formación en género de manera transversal, o la delegación de esta responsabilidad en comunicadoras feministas y editoras de género, son algunos de los obstáculos que muchas de las empresas de medios más importantes del país no han podido sortear. Aún en un contexto de profundos cambios a favor de la equidad de género y demandas de las audiencias.

¿Qué dice la ley?

La ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, recientemente sancionada, se inserta en un marco legal nacional e internacional y de históricos reclamos de diversos movimientos sociales y feministas, de los cuales es resultado. Reclamos que anteriormente se vieron reflejados en la legislación nacional, tal como la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley 26.743 de Identidad de Género y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras. Así como políticas públicas, como la creación de la Defensoría del Público y el AFSCA, fueron resultado de los compromisos asumidos por el Estado en materia de la lucha contra las violencias de género. 

Sin embargo, no era suficiente. La denuncia de que las personas LGBTIQA+ y las mujeres cisgénero faltamos en los medios es real. Por eso es menester avanzar en la reducción de las brechas así como la erradicación de todas las violencias de género a nivel estructural y a nivel de las instituciones que las reproducen hacia su interior. Por eso se trata de una ley transfeminista que viene a dar una respuesta a estas demandas a favor de una equidad de géneros en la industria de la comunicación.

Su objeto es “promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada” en todos los medios de comunicación del país, aunque sólo es de carácter obligatorio para aquellos de gestión estatal. Esta ley no busca la paridad, sino que va más allá: se funda en el principio de equidad y la inclusión de todas las identidades sexo genéricas en todos los puestos de las estructuras laborales de los medios, rompiendo con el binarismo.Para ello considera fundamental la promoción de democratización y diversidad de voces y de sus estructuras laborales. 

Este proceso de democratización desde una perspectiva de géneros y diversidad, se entiende como paulatino, gradual y sólo obligatorio para medios de gestión estatal, mientras que los medios de gestión privada serán incentivados a través de la preferencia en la asignación de pauta oficial en los casos que lleven a cabo medidas en el sentido que propone esta ley. 

Estas medidas de acción positiva se alejan del paradigma punitivista para establecer políticas propositivas que incentiven transformaciones respetando los tiempos y procesos de cada medio de comunicación de gestión privada. 

A su vez, se creará la autoridad correspondiente para la implementación de la ley a los fines de garantizar su cumplimiento.

Celebramos estos avances legales que son resultado de la insistente lucha de los movimientos feministas, en especial de les comunicadores y periodistes feministas que en sus prácticas cotidianas sostuvieron, y aún lo hacen, transformaciones dentro y fuera de sus espacios de trabajo. Somos conscientes que la lucha no se agota en la sanción de una ley, sino que requiere de un plan integral e interseccional de implementación para alcanzar una igualdad real y hacer tangibles lo derechos formalmente sancionados

Mantendremos la atención puesta en la implementación de la ley y las políticas públicas diseñadas y llevadas adelante para lograrlo. 

 

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En la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron las negociaciones sobre el segundo tratado jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales. Aún resta tiempo para que este instrumento entre en vigor, por lo que continúa siendo importante que Argentina finalice con la revisión de su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derecho Humanos para que el Estado ejerza su responsabilidad de divulgar e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han erigido como un estándar global para que las empresas y los gobiernos prevengan y aborden las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas. 

El próximo año, los Principios cumplen 10 años, por tal motivo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante en esta materia, ha lanzado a mediados de este año un nuevo proyecto ‘UNGPs10+/NextdecadeBHR’ con el propósito de delinear los pasos a seguir para los próximos 10 años en materia de empresas y derechos humanos. Además, realizará un balance de los logros obtenidos hasta el momento y  analizará  los desafíos futuros y las brechas existentes. 

Sin embargo, los Principios Rectores han funcionado y funcionan como guías para los Estados y las empresas sobre cómo proteger y respetar los derechos humanos y cómo reparar a la víctimas. Pero, a menudo, la distancia entre lo que los Principios dispones suele dista de la normativa interna de cada Estado. Por ello, muchos países han desarrollado Planes de Acción Nacionales -PAN- para que los Estados sean responsables en la difusión e implementación de los Principios Rectores. También, los PAN sirven de instrumentos de cambio capaces de adecuarse al contexto local pero no responsabilizan a las empresas transnacionales por violaciones hacia los derechos humanos, por ello es relevante contar con un tratado jurídicamente vinculante en esta materia. 

Así, los esfuerzos por elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresa y derechos humanos comenzó en el 2014. Desde entonces, el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha trabajado en el perfeccionamiento de este instrumento mejorando el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento. El año pasado, se publicó el Borrador revisado del tratado vinculante y se discutió en el Foro anual celebrado en octubre del 2019. En agosto de este año, el presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental publicó el Segundo Borrador Revisado del instrumento jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas y en octubre se realizará el sexto período de negociaciones entre las partes involucradas. 

Sin embargo, hasta la aprobación y adopción  del Tratado  por  los Estados, continúa siendo necesaria la elaboración y aplicación de los PAN. Entonces, ¿cómo está Argentina en esta cuestión? 

En la página web de The Danish Institute for Human Rights se observa un mapa que detalla cuáles son los países que ya cuentan con PAN, cuáles lo están desarrollando y en cuáles hay otras iniciativas no estatales. Argentina se encuentra en el grupo de países que todavía está desarrollando su Plan de Acción Nacional. En consecuencia,  y debido a la importancia de contar con un PAN, en septiembre realizamos una solicitud de información al gobierno nacional consultando sobre el estado de situación del Plan de Acción Nacional argentino sobre empresas y derechos humanos. La respuesta fue brindada en dos partes, primero a finales de septiembre y luego se completó la información a mediados de octubre.

El PAN Argentino ya está elaborado y para que entre en vigor es necesario un decreto del presidente de la Nación. Sin embargo, desde Nación informaron que el Proyecto de Decreto de aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos se encuentra en revisión por las autoridades gubernamentales. Es más, aún no se ha definido si se permitirá la participación de la sociedad civil a través de consultas públicas, lo cual es necesario para lograr mayor compromiso en garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas transnacionales y el efectivo remedio a las víctimas. 

Al consultar sobre la postura del Gobierno nacional respecto al instrumento jurídicamente vinculante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron que Argentina se abstuvo de la Resolución 26/9 del año 2014 en la cual se aprueba la constitución de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el propósito de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina ha participado de todas las sesiones realizadas por el grupo de trabajo y estuvo presente en la última sesión de octubre de este año. 

Entonces, no solo es necesario y urgente que el Grupo de Trabajo de la ONU avance en la elaboración y conclusión del Tratado, también urge que Argentina haga lo mismo con su Plan Nacional de Acción en empresas y derechos humanos. Como los planes están orientados de acuerdo a los Principios Rectores, elaborados de acuerdo al contexto de cada Estado, tienen que ser producto de procesos transparentes, participativos y abiertos al diálogo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional revise de manera conjunta con  la sociedad civil, academia, sindicatos y otras partes interesadas, el borrador del PAN para que efectivamente sirva de instrumento en la eliminación de obstáculos y en la promoción de buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos humanos relacionado con las actividades empresariales.  

Desde Fundeps seguiremos monitoreando el proceso de elaboración del PAN Argentino como del Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

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Autora 

  • Sofía Brocanelli 

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Desde hoy hasta el miércoles 18 de noviembre, se realiza de manera virtual el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Hoy y hasta el miércoles, se realiza  el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debido a la pandemia, este año, el Foro se realizará de manera virtual, permitiendo una mayor participación de organizaciones y comunidades de distintas partes del mundo. En circunstancias normales, la participación presencial a este foro se dificulta por las distancias y cuestiones económicas, por lo que significa un gran avance  su realización en un formato virtual. 

El tema del evento de este año es la “Prevención de los abusos de los derechos humanos relacionado con las empresas: la clave para un futuro sostenible para las personas y el planeta”. En el Foro se reúnen empresas, inversores, representantes de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos, academias y medios de comunicación.  

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro considerará cómo los Estados y la comunidad empresarial deben responder a ella de manera que respete y proteja los derechos humanos así como la necesidad de construir a una recuperación sostenible y centrada en las personas.    

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, que se realizó de manera virtual en esta ocasión, se centró principalmente en las vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Desde el 7 al 11 de septiembre se realizó virtualmente el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El objetivo de este Foro es nuclear en un mismo espacio a gobiernos de todos los niveles, empresas, ONGs, comunidades indígenas y demás organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de funcionar como un medio para el diálogo de estos actores.

Los Foros Regionales se han convertido en un espacio clave en América Latina y el Caribe, y en otras regiones de mundo, para que los actores antes mencionados puedan intercambiar visiones e información sobre las nuevas prácticas empresariales, ordenamientos jurídicos, planes de desarrollo económico y demás actividades que pueden repercutir en los derechos humanos de distintas personas o colectivos, informar sobre estos sucesos y encontrar soluciones de una manera conjunta, abarcando todos los espacios de la sociedad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, el Foro de este año prestó especial atención a aquellas vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación; aquellas personas o comunidades que ya se encontraban en situaciones desfavorables, y que, debido a la pandemia mundial, su situación ha empeorado. Los desafíos que se presentan en este escenario complejo e imprevisto deben ser abordados de manera integral y con todos los actores de la sociedad desde las empresas y los gobiernos hasta la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr sortear esta crisis de una manera económicamente viable y ambientalmente sostenible.

La tarea en la post pandemia será lograr recuperar los estándares de vida perdidos durante este año, sobre todo por la pérdida de empleo, al mismo tiempo que la matriz productiva y las prácticas empresariales de los países se reformulan hacia una más sustentable y amigable con los derechos humanos. Uno de los instrumentos que se puede implementar para lograr este objetivo son los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, también conocidos como “Principios de Ruggie”, redactados en el año 2011 en el marco de la ONU.

A grandes rasgos estos 31 principios pueden resumirse en tres pilares:

  • El deber de los Estados en proteger y resguardar libertades y derechos humanos.
  • La responsabilidad empresarial de respetar estos derechos.
  • El acceso a mecanismo de reparación de daños.

Actualmente, en el marco de la ONU se están llevando a cabo negociaciones y reuniones para realizar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos de las comunidades donde realizan sus actividades. Este año, el tratado se encuentra en una sexta instancia de revisión que será discutida en el 9° Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar de manera virtual desde el 16 al 18 de noviembre.

Esperamos que las negociaciones en marcha culminen con un acuerdo fructífero para el conjunto de los actores y sobre todo con una acorde y correcta implementación, que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial, el medio ambiente y las comunidades locales.

A su vez, existen otros lineamientos generales que se pueden seguir e implementar para el logro de los objetivos post pandemia, como las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” o la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Foros regionales como el realizado en septiembre, o aquellos de carácter global como el que se realizará en noviembre, constituyen espacios clave. No solo para avanzar en las iniciativas en marcha arriba mencionadas, sino también para profundizar el diálogo y promover una mayor articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos tendientes a asegurar una mayor promoción y protección de los derechos humanos por parte del sector privado.

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Autor

Denis Rhys

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Desde el 25 al 27 de noviembre se desarrolló el octavo Foro anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra. El Foro contó con la participación de los representantes de los Estados miembros, Organizaciones de Sociedad Civil y otros actores interesados.

El Foro Anual de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos es la plataforma global de evaluación e intercambio de las lecciones aprendidas sobre los esfuerzos para que los Principios Rectores de las NU sobre empresas y DDHH no queden solo en la teoría, sino que se apliquen en la práctica. Participan más de 2000 personas entre gobierno, empresas, grupos comunitarios y sociedad civil, firmas de abogados, organismos de la ONU, academia, inversores, medios de comunicación, entre otros. 

El objetivo de las reuniones anuales del foro es servir de plataforma internacional donde los actores involucrados evalúen y analicen la aplicación de los Principios Rectores de NU. Además, se buscar promover la cooperación y el diálogo respecto a la temática de empresas y derechos humanos. La reunión la preside el Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH.

Este año, el foro se focalizó en que los gobiernos demuestren avances, compromisos y planes de la aplicación del deber del Estado de proteger y fortalecer la rendición de cuentas. La agenda se concentró en lo que los gobiernos tienen que hacer en pos de fomentar el respeto a los DDHH por parte de las empresas e incentivarlas a que desarrollen un comportamiento empresarial responsable.

Desde Fundeps, la agenda de empresas y Derechos Humanos es transversal a todas las áreas. Por ello, hacemos seguimiento a los resultados de la sesiones y de los foros anuales en el marco de trabajo que realizamos sobre los Principios Rectores y el tratado vinculante. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org