Listado de la etiqueta: Democracia Ambiental

A través de la recopilación de algunas de las experiencias de luchas de las comunidades cordobesas, pretendemos dar respuesta colectiva a los desafíos que surgen alrededor de los procesos de conflictividad ambiental.

Lo cierto es que no existe una única manera para organizarse, una única forma de pedir respuestas a las autoridades, ni mucho menos una única manera de afrontar un conflicto socioambiental. Sin embargo, observamos que sí existen prácticas comunes que se han ido afianzando y que sirven como guía para otras luchas.

Las organizaciones aquí firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

El presidente manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones. La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.

Las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe. La inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países. No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo.

El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias. Lamentablemente, la mención a las “minorías ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.

Los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible.

De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legítimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo.

A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta.

En este marco, reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.

 

Organizaciones firmantes:

  • Agencia de Cooperación para el Desarrollo
  • Ahora qué?
  • Alianza x el Clima
  • AsAE
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
  • Asociana
  • Aves Argentinas
  • Banco de Bosques
  • CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista)
  • CeDePesca
  • CeIBA (Centro de Investigación del Bosque Atlántico)
  • CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
  • Circulo de Políticas Ambientales
  • Comunidad Verde
  • Conciencia Solidaria
  • Consciente Colectivo
  • Ecohouse
  • FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
  • FSAC
  • Fundación Ambiente y Medio
  • Fundación Avina
  • Fundación Biodiversidad Argentina
  • Fundación Cambio Democrático
  • Fundación Hábitat y Desarrollo
  • Fundación Mil Aves – Córdoba
  • Fundación Patagonia Natural
  • Fundación Protestante Hora de Obrar
  • Fundación Somuncura
  • Fundación Yuchan
  • Fundeps
  • Futuro
  • IIED-AL (Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED-América Latina)
  • Instituto de Conservación de Ballenas
  • Isla Verde – Sembrando conciencia
  • Jóvenes por el Clima
  • Laudato Si – Ecología integral
  • Los Verdes
  • Natura Argentina
  • PEM (Por El Mar)
  • Plurales
  • Proyectar ONG
  • Proyecto Quimilero
  • Red Agroforestal Chaco Argentina
  • Red de Mujeres en diálogo ambiental
  • RUCC
  • SAREM
  • Somos Red – agroecología y cooperación
  • Surfrider – Foundation Argentina
  • Sustentabilidad Sin Fronteras
  • UICN – Comité Nacional Argentina
  • Unidos por Nuestras Acequias
  • Viento Sur – Zapala
  • WCS Argentina
  • Wetlands International

 

Lanzamos la plataforma web “Acuerdo de Escazú para comunidades”, que brinda información sobre el Acuerdo y los derechos que contempla con datos y modelos prácticos para hacerlos efectivos. Además, dentro del sitio se encuentra disponible para descargar un documento que reúne las experiencias y aprendizajes de distintas comunidades de Córdoba que enfrentan problemáticas ambientales y luchan desde hace años.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primer tratado del mundo en contener disposiciones relativas a la protección y promoción de la labor que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Desde Fundeps, venimos acompañando el proceso del Acuerdo desde antes de su aprobación en 2018, por el rol central que cumple en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la justicia climática. En el marco de este proceso, cuando entró en vigor en la Argentina lanzamos un Recursero del Acuerdo de Escazú y una Guía sobre el Acceso a la Información Ambiental. Luego , realizamos un ciclo de formación sobre acceso a la información pública ambiental y una introducción a Escazú, y en 2023, como parte del proyecto denominado “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, dictamos talleres en distintas localidades de la provincia atravesadas por conflictos socioambientales.

Todo este recorrido, sumado al acompañamiento diario a comunidades de Córdoba, nos permitió detectar la necesidad de realizar una herramienta que reúna todos los insumos creados, información relativa al Acuerdo de Escazú y que brinde instrumentos prácticos para facilitar el ejercicio de los derechos que regula. Por eso, lanzamos “Escazú para comunidades” (acuerdodescazu.org), una plataforma que brinda información sobre qué es el Acuerdo, qué derechos contempla y cómo se ejercen , cuál es la historia del Acuerdo, qué países de la región son parte, las respuestas a dudas frecuentes que surgen entre quienes defienden el ambiente, entre otros contenidos. Nuestro objetivo es poner a disposición de las comunidades las herramientas que ofrece Escazú para impulsar y monitorear su efectiva implementación, y fortalecer las luchas de las personas y grupos que defienden el ambiente,  la salud colectiva y a sus territorios. 

Entre las herramientas del sitio, se pueden encontrar: modelos para pedir información pública ambiental, explicaciones sobre cómo debe garantizarse y hacerse efectiva la participación ciudadana en decisiones que impacten sobre el ambiente, tipos de acciones judiciales que se pueden presentar para reclamar; las obligaciones de los Estados para garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, entre otras cuestiones.

También desde Fundeps venimos trabajando en reforzar las estrategias y abordajes de los conflictos socioambientales, poniendo en el centro a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso, dentro del sitio web también se puede acceder a “Resistiendo y re-existiendo en comunidad. Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba”. Este documento es el resultado de una serie de entrevistas realizadas durante 2023 y 2024 a siete comunidades  en lucha de la provincia de Córdoba  (OMAS, VUDAS, Todxs por nuestros arroyos, Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez, Preservando el Parque de la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y Amigos de la Reserva San Martín), a las cuales les agradecemos profundamente su apoyo y colaboración. El  propósito es la puesta en común de las experiencias de las comunidades, sus historias y sus consejos útiles para quienes están iniciando un proceso de lucha socioambiental. 

Apostamos a que este sitio web sirva como  material de consulta y de fortalecimiento de capacidades ambientales.También promovemos la difusión de las estrategias de luchas y de los aprendizajes de quienes las llevan adelante en la provincia, para que los desafíos socioambientales sean transitados con solidez, conocimiento, en base a experiencias compartidas y sobre todo, en red. 

Esperamos que les resulte de utilidad para las personas interesadas, y sobre todo, para quienes  defienden  los derechos humanos en asuntos ambientales.

Autora

Ananda María Lavayen

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Del 20 al 29 de mayo, se celebró en Brasil el 167° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En esta oportunidad, continuaron las Audiencias Públicas de la Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos” presentada por Chile y Colombia. El 27 de abril la Fundación CIEL y VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano) estuvieron exponiendo en el marco del amicus curie presentado por Fundeps junto a otras organizaciones de la sociedad civil, representantes del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, relativo a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en contexto de cambio climático y transición energética. 

En enero de 2023, Chile y Colombia presentaron ante la Corte, una solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. A través de esta solicitud, se le pidió a la CoIDH que se expida en relación a las obligaciones estatales de protección, prevención y garantía de las personas y territorios en contexto de emergencia climática.

Decenas de organizaciones y personas defensoras de la región vieron en esta solicitud de opinión consultiva, una oportunidad para presentarle a la CoIDH sus observaciones, argumentos e inquietudes en torno a los puntos de análisis presentados por Chile y Colombia. El nivel de participación ciudadana, efectivizado a través de amicus curiae, hace que la solicitud sea histórica y pone de manifiesto la preocupación que existe alrededor de las temáticas presentadas ante la CoIDH para su consideración.

En este sentido, en el amicus curie, desde Fundeps, junto a más de 15 organizaciones de la sociedad civil, representantes electos del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, aportamos argumentos relacionados a:

a. la importancia que reviste la ratificación del Acuerdo de Escazú por los países que aún no lo han hecho.

b. Lo fundamental que sería que la Corte IDH aplique los estándares de protección del Acuerdo de Escazú en sus decisiones.

c. La interseccionalidad que existe entre las desigualdades estructurales, la vulnerabilidad ante la emergencia climática y los riesgos que enfrentan las mujeres y en particular, las mujeres defensoras. 

d. Los desafíos que presenta la transición energética en relación a la protección de los derechos humanos.

En representación del amicus, viajaron a participar de la audiencia en  la ciudad de Manaos Brasil, Luisa Gómez de la Fundación CIEL y Silvia Cruz y Maria Rosa Viñolo de Vecinas Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS). El lunes 27 de mayo  expusieron respecto a los principales puntos argumentativos del amicus. Podés ver sus intervenciones a partir del minuto 51:27 de este video.

Ellas hace más de 10 años que llevan adelante una lucha socioambiental contra la instalación y funcionamiento de una planta de elaboración de bioetanol en su barrio, en la Ciudad de Córdoba. Desde Fundeps, acompañamos a las VUDAS en su lucha y en esta oportunidad, presentamos su caso testigo en el sistema interamericano ya que ilustra los desafíos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y más aún las mujeres defensoras. Las VUDAS, como otras organizaciones, transitan a diario las contradicciones de una transición energética injusta, que genera zonas de sacrificio y pone en jaque a los derechos humanos. Muchas de las alternativas o soluciones que se presentan como “verdes” en el contexto de transición energética, trae aparejadas múltiples problemáticas y violaciones a derechos que de no abordarse de manera integral, pone en peligro a las comunidades y a los territorios. 

La resolución de esta solicitud de opinión consultiva, que se espera para finales de este año, genera gran expectativa por la necesidad que existe en el sistema interamericano de derechos humanos, de que la CoIDH se expida en torno a las obligaciones y responsabilidades de los Estados en contexto de emergencia climática y transición energética.

 

Autora

Manuela Fernandez Grassani

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile.  Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil. 

En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. 

Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia  participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas: 

  1. generación de conocimiento;
  2. reconocimiento;
  3. fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
  4. evaluación, seguimiento y revisión.

Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.

 Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.

Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior,  se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes. 

Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.

 

Autoras

Manuela Fernández Grassani

Ananda María Lavayen

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

El 3 de octubre el gobierno nacional presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue aprobado por Argentina en 2020 y busca efectivizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la Justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

La Secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación fue designada para avanzar hacia la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. Este recorrido se diseñó en dos etapas: la primera, orientada a realizar un diagnóstico para determinar el estado de cumplimiento del Acuerdo en nuestro país, del cual surgieron recomendaciones: y la segunda estuvo enfocada en diseñar el Plan. Para eso, se realizó una consulta pública, encuentros virtuales y presenciales colaborativos, mesas de diálogo regionales y un buzón de propuestas. En total se recibieron 533 aportes de la ciudadanía en el diseño del Plan y la mayoría (65%) de las personas que participaron fueron mujeres. Desde Fundeps acompañamos todo este proceso brindando aportes en las distintas instancias participativas.

El Plan se estructura en 6 ejes: acceso a la Información pública ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensoras y defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales, fortalecimiento de capacidades, sistema de gobernanza para la ejecución y seguimiento de la implementación del Acuerdo. Se establecen también objetivos e indicadores, que son muy importantes para la evaluación del avance en la implementación. La ejecución del Plan será en un período de 3 años y estará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 

El proceso de creación del Plan fue un proceso abierto, participativo y transparente, centrado en asegurar la participación ciudadana y construir los consensos necesarios para atender las necesidades de las comunidades y hacer efectivo el Acuerdo. Celebramos la presentación de este Plan, que significa un hito hacia la consolidación de la aplicación del Acuerdo de Escazú en Argentina y brinda herramientas concretas para facilitar su implementación. Ahora instamos al estado nacional y a las provincias a hacer efectiva su puesta en marcha  y a la ciudadanía a exigir su efectiva aplicación para lograr el fin último del Acuerdo de Escazú: el cumplimiento del derecho a un ambiente sano.

 

Más información 

 

Autora

Manuela Fernández Grassani 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre estuvimos participando de distintas actividades vinculadas al Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Cuestiones Ambientales de América Latina y el Caribe. Este Foro es organizado por la CEPAL en su rol de Secretaría del Acuerdo de Escazú.

América Latina y el Caribe continúa siendo la zona más peligrosa del mundo para llevar adelante la defensa del ambiente. El año pasado asesinaron a 177 personas defensoras del ambiente y el 88 % de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. Es por ello que los Estados deben realizar más y mejores esfuerzos para garantizar la seguridad y propiciar un entorno seguro para el desarrollo de esta tarea. 

Recordemos que el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia – conocido como Acuerdo de Escazú – es el primer tratado regional ambiental en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras. Específicamente el artículo 9 prevé que los Estados deben garantizar  un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

En ese contexto, junto a comunidades indígenas y personas defensoras de toda la región, nos reunimos en Panamá para realizar aportes sobre la propuesta de  borrador del Plan de Acción Regional sobre Defensores que se presentará el año que viene en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3). Se trata de una verdadera oportunidad de incidencia en las cuestiones ambientales que afectan a nuestra región.  

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que cuenta con espacios de diálogo abiertos y horizontales. Estos procesos participativos son una verdadera herramienta para la construcción colectiva de políticas públicas.

El principal reclamo por parte de las comunidades es la urgente ratificación del Acuerdo por parte de todos los estados de la región. Por otra parte quedaron expuestas las violencias que continuamente atraviesan los grupos y personas que protegen el ambiente, más aún en el contexto de cambio climático. En este sentido, es esencial poner especial atención a las situaciones de violación de derechos humanos en el contexto de procesos extractivos vinculados a la transición energética. 

Por otra parte, se solicitó principalmente la incorporación transversal de perspectiva de género y de interculturalidad al Plan, dando reconocimiento específico a las comunidades indígenas, quienes históricamente han sido guardianas de nuestros bienes comunes. 

Esperamos que más estados de la región ratifiquen en un corto plazo el Acuerdo y que los reclamos que fueron reiterados por las comunidades sean considerados e incluidos en el Plan.

 

Más información

 

Contacto 

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Hasta el 6 de julio inclusive se encuentra abierta la consulta pública sobre la propuesta del plan de acción sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú. Este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, en la 1° Conferencia de las Partes (COP1) de 2022, los países acordaron crear un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Actualmente este grupo desempeña su función en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el liderazgo y coordinación de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Su tarea principal es la elaboración de un plan de acción para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la COP para su consideración y aprobación en el año 2024. Este documento, en etapas de elaboración, se encuentra recibiendo comentarios y en un proceso de consulta con la sociedad civil y el público del cual pueden participar todas las personas interesadas.

Recordemos que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Particularmente el artículo 9 del Acuerdo establece que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, cada Parte deberá tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los mismos puedan sufrir en el ejercicio de los derechos del Acuerdo”.

Se entiende por personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales a toda persona que defienda el derecho a un ambiente sano y saludable, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Esto supone un gran riesgo, especialmente en América Latina, donde a diario se verifican casos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, así como agresiones específicas a mujeres defensoras del ambiente en razón de su género.

En ese contexto, se encuentra en consulta pública una propuesta preliminar del Índice Anotado del Plan de Acción, la cual se lleva adelante mediante una encuesta, que tiene el objetivo registrar los comentarios y observaciones del público al índice propuesto. Esta encuesta facilita la sistematización de la totalidad de las propuestas que se reciban, así como su posterior revisión y análisis. Tenés tiempo para participar hasta el 6 de julio  a las 23.59 horas.

Resulta fundamental la participación del público en este proceso, ya que este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios, específicos y estratégicos a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

 

ACCEDER A ENCUESTA

 

Autora

Ananda Lavayén

Contacto 

Maria Laura Carrizo Morales, lauracarrizo@fundeps.org

El pasado 23 de mayo estuvimos en la presentación del 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto, un instrumento de política pública co-creado con sociedad civil y ciudadanía que contiene 7  compromisos de gobierno abierto a implementar por distintas dependencias del estado nacional. Compartimos el panel con Delfina Pérez de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, Andrés Bertona de la Oficina Anticorrupción y Florencia Caffarone de Democracia en Red. 

El actual Plan se co-creó en 2022, desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, en diálogo con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto y el resto de la ciudadanía que participó de este proceso. Desde Fundeps formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020 – 2022) y desde ese espacio contribuimos a la co-creación del 5° Plan, articulando entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y distintas organizaciones que se involucraron en el mismo. 

Este Plan de Acción se enmarca en las obligaciones asumidas por Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual ingresó en el año 2012. Desde entonces, y cada dos años, el país co-crea e implementa distintas políticas y compromisos concretos en este ámbito. 

¿Cómo fue el proceso de co-creación del 5° Plan de Gobierno Abierto?

Por primera vez, y a los fines de garantizar una participación igualitaria entre todas las personas ubicadas en distintos puntos del país, este Plan se co-creó en su totalidad de forma virtual, a través de plataformas de reuniones, el sitio argentina.gob.ar y su portal de Consulta Pública. A su vez, en el seno de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y siguiendo las recomendaciones de los Estándares de Participación y Co Creación (2022) de la Alianza para el Gobierno Abierto, se acordó diseñar un Plan de máximo 10 compromisos. 

Para esto, se efectuó una priorización de temas en consulta con la Red de OSC para el Estado Abierto. Los temas seleccionados fueron: Ambiente e implementación del Acuerdo de Escazú; Obra Pública; Género y Políticas de Cuidados; Salud Mental; Estado Abierto y Federalización; Agua y Saneamiento en el AMBA; Información sobre prestadores de Salud; Alimentación e implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). No todos, sin embargo, concluyeron en compromisos del Plan, por diversos motivos. Especialmente, y en materia de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde Fundeps seguiremos aportando en la construcción de propuestas que contribuyan a la aplicación de dicha ley.    

Luego de ésto, comenzaron las instancias públicas de diseño del 5° Plan en agosto del 2022, con una serie de Talleres de Identificación de Desafíos, por cada uno de los temas pre-seleccionados. El objetivo de éstos fue identificar en conjunto cuáles eran los desafíos a los que el 5° Plan, pudiera dar respuesta. Luego, en octubre se abrió la instancia pública de recepción de propuestas, con la consigna de que se sugieran soluciones de políticas de gobierno abierto, que puedan dar respuesta a aquellos desafíos planteados. Con estos insumos, cada área de gobierno involucrada hizo su redacción preliminar de compromiso, el que fue sometido a consulta pública para recepción de comentarios. A la par, se desarrolló una instancia de diálogo por cada tema – compromiso y finalmente se llevó a cabo la redacción final. 

¿En qué consiste el 5° Plan Plan de Gobierno Abierto? 

El actual Plan está compuesto por 7 compromisos asumidos por distintas dependencias del gobierno nacional. 

 

Compromiso Dependencia a cargo
1. Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
2. Participación y control ciudadano en la obra pública Dirección Nacional de Transparencia – Ministerio de Obras Públicas de la Nación
3. Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Economía
4. Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos –

Ministerio de Salud de la Nación

5. Acceso a la información y políticas de cuidados Dirección de Mapeo Federal de Cuidado – Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
6. El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria – Ministerio de Salud de la Nación
7. Programa Federal de Estado Abierto  Dirección Nacional de Gobierno Abierto – Jefatura de Gabinete de Ministros

Dirección de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior

 

Acá podrás acceder al detalle de cada uno de ellos, desde la página 37 en adelante. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con el 5° Plan? 

Una vez diseñado el Plan de Gobierno Abierto, el objetivo es que se implemente, en este caso, durante el 2023 y el 2024. Para esto,  cualquier persona interesada u organización de la sociedad civil puede involucrarse, sea dando seguimiento a cada etapa de su implementación o participando de forma más activa, cuando los compromisos lo permitan, en algunas fases de su cumplimiento. En ese sentido, se previó en cada compromiso al menos una instancia de diálogo abierto con sociedad civil y ciudadanía interesada en los temas abordados y se desarrolló la plataforma Metas de seguimiento del Plan. Esto busca  facilitar y dinamizar esta instancia de implementación, que de acuerdo a la experiencia previa, es siempre la más difícil si de articulación y sostenimiento de incentivos se trata. 

Como organización comprometida con las políticas de gobierno abierto y varios de los temas abordados en el presente Plan, seguiremos de cerca y acompañaremos cada instancia de avance y estaremos alertas ante signos de estancamiento o retrocesos del mismo.

Nos parece un gran logro compartido, entre distintas organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, como la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, activistas y reformadores de políticas de gobierno abierto, que Argentina siga desafiándose con cada nuevo Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto. 

 

Más información

Conocé el 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá 

Mirá la presentación del 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org 

 

Los días 19, 20 y 21 de abril participamos en Buenos Aires de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), de carácter extraordinario. El principal objetivo fue elegir a las primeras personas integrantes del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del tratado, órgano que acompañará a los países en la implementación del Acuerdo.

Durante esos días se dio continuidad al trabajo que había iniciado hace un año en la COP1 de Santiago de Chile, donde se acordó realizar la reunión extraordinaria del 2023 con la finalidad de llegar a ciertos “acuerdos” entre los países miembros que permitan la aplicación efectiva de Escazú lo antes posible. En ese sentido, se dieron distintas discusiones en torno a los desafíos existentes para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

La Conferencia oficial se llevó a cabo en los Salones del Hotel Libertador y de forma paralela también allí se realizaron una serie de charlas, mesas de trabajo y reuniones organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Los eventos paralelos fueron enriquecedores ya que se dieron intercambios de experiencias, saberes y conocimientos en torno a la implementación del Acuerdo en los distintos países.

En el segundo día de la COP, desde la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), presentaron la Guía de implementación, que proporciona información, orientación y diferentes opciones para que los Estados lleven adelante el Acuerdo. El secretario Carlos de Miguel señaló que “Escazú debe interpretarse de un modo integral, con enfoque holístico y de buena fe”. Algunos Estados también presentaron sus planes de implementación, Argentina comunicó las acciones que se vienen desarrollando en el marco del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Sin embargo, los intercambios e intervenciones más significativas se dieron al momento de abordar el Plan de Acción para Defensoras y Defensores Ambientales, instrumento que permitirá avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo, el cual establece que cada Estado parte deberá garantizar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales. Esto resulta fundamental ya que América Latina y el Caribe son regiones más peligrosas para les defensores del ambiente. Allí los pueblos originarios fueron les protagonistas al manifestar todo el camino que falta recorrer y las innumerables necesidades existentes, entre ellas, tener participación efectiva en las medidas de protección y justicia ambiental, acorde a sus realidades. 

Les defensores de la provincia de Córdoba también pudieron expresar sus reclamos a través de la voz de una vecina integrante de Vecinxs Unidxs del Barrio San Antonio, quien manifestó la grave situación de les defensores a quienes imputaron por la causa de la Autovía de Punilla y el conflicto con la empresa Porta Hnos, entre otros.

Además, las defensoras pusieron sobre la mesa la necesidad de que el Acuerdo contenga una perspectiva de género. En este sentido manifestaron que hace falta visibilizar los riesgos diferenciados que tienen las mujeres defensoras, reivindicar y visibilizar el rol de la mujer como defensora de la vida y el ambiente.

En cuanto a la elección del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Tratado, los Estados Parte fueron los encargados de elegir a les siete integrantes de esta nueva instancia: Andrés María Napoli (Argentina), Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá). Para la elección se tomaron en cuenta criterios de experiencia en la temática, distribución geográfica, paridad de género y trayectoria jurídica.

Se presentó además la elaboración de un Plan de Acción que establece estándares de protección para las personas defensoras de derechos humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este plan se encuentra puesto a disposición y consideración mediante una Consulta Pública disponible hasta el 21 de junio en la página web de la CEPAL.

Resulta fundamental remarcar que la participación ciudadana, una de las fortalezas del Acuerdo de Escazú, ha sido materia de discusión desde el principio de la conferencia ya que muchas personas no pudieron participar del evento debido al sistema de acreditaciones para las actividades oficiales. Debemos manifestar nuestra molestia y preocupación en este sentido, debido a que muchas personas defensoras no pudieron ingresar a las sesiones aún cuando había espacio en la sala. Por otro lado, celebramos el compromiso de Brasil de formar parte del Acuerdo en el corto plazo, e instamos a los demás Estados de la región a ratificarlo. 

Resaltamos, una vez más, que Escazú se constituye como una herramienta esencial para la protección del ambiente en la región, fortalece el trabajo que vienen llevando adelante las comunidades locales y provee herramientas concretas para lograr hacer efectivo el derecho humano a un ambiente sano. Por estos motivos, consideramos esencial que se sigan generando y fomentando espacios de discusiones a los fines de que el Acuerdo sea implementado lo antes posible en todos los países de la región.  

 

Más Información

 

Autoras 

Ananda Lavayén

Carrizo María Laura

Contacto

lauracarrizo@fundeps.org

Desde Fundeps y Ruido, publicamos el informe Litio y Transparencia en Argentina, una investigación que aborda la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio…

A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.