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En agosto, durante la campaña electoral, diario Perfil publicó una nota agrediendo a Ofelia Fernandez. Desde Fundeps denunciamos ante el INAM e INADI pero sus respuestas fueron tibias e insuficientes en el caso del INAM y restrictivas en el caso del INADI.

El 27 de julio, diario Perfil publicó una nota titulada “Operación cancelar” en la que pretendía realizar un breve análisis del vínculo entre las redes sociales, nuevas tecnologìas y la participación política.
Con este objetivo, la autora de la nota, Pola Oloixarac, tomó como figura de referencia a la candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, realizando la siguiente afirmación:

“En olitas cíclicas, como circulan las cosas y personas en la web, aprendemos que ciertas características de la burguesía argentina tienen un efecto no deseado en la vagina de la candidata a legisladora Ofelia Fernández. En un video donde se la ve hablar desde un púlpito, asegura que “la tibieza de la burguesía a mí me seca la concha”. Ofelia revitaliza el tropo marxista de la lucha de clases acercándolo a la inmediatez de su bombacha: nos invita a pensar que hay una pulsión sexual insatisfecha en el statu quo, y que el fragor por la revolución venidera es lo único que podría excitar a la joven Ofelia. Según esa imagen, votar a Ofelia es una invitación a complacerla sexualmente, preparándola para un coito exitoso. A sus 19 años, Ofelia entiende que lo personal es político, es decir, que lo político es genital: que las pindongas y cuchuflitos de cada une están llamados de algún modo a participar en la histeria colectiva de la revolución (o el Cambio).”

En el párrafo citado, la autora toma la expresión metafórica utilizada por Ofelia para comunicar su desacuerdo y rechazo hacia ciertas prácticas políticas y realiza una interpretación literal con el claro objetivo de correr el debate del plano político al plano sexual, degradándola por su condición de mujer.

Es importante mencionar que no es la primera vez que el diario Perfil ejerce violencia mediática y simbólica contra Ofelia Fernández. El 21 de noviembre de 2018, esta misma editorial publicó una nota titulada “La colegiala k que impactó en la contracumbre del G20”. La reincidencia de este tipo de accionar da cuenta de la necesidad urgente de que los organismos del Estado encargados a erradicar las violencias de géneros, realicen las intervenciones necesarias para lograr esta meta.

Frente a la violencia de estos discursos, desde Fundeps presentamos la denuncia correspondiente ante el INAM y el INADI a través de sus páginas web. Si bien el primer organismo recibió el reclamo, el INADI se contactó vía telefónica para informarnos que la opción de realizar las denuncias por esa vía ya no está disponible y que las mismas deben presentarse en alguna de sus oficinas. Entendemos que la restricción de los canales para hacer reclamos significa una restricción a los derechos de las audiencias, limitándose a quienes tengan el conocimiento sobre esta vía administrativa, el tiempo y los recursos para hacerlo.

Por su parte, la respuesta del INAM llega luego de dos meses de haber presentado la denuncia; la Institución reconoce que hubo misoginia en el relato, pero que la autora de la nota no hizo más que darle una interpretación literaria o filosófica a los dichos de Fernández, minimizando, de esta manera, la violencia simbólica, política y mediática a la que fue sometida la candidata. En el documento enviado por la institución se expresa:

“Si bien, se hace mención a los genitales de la entonces candidata, y eso no debería formar parte de un análisis político, la nota retoma frases textuales de la dirigente política y el artículo pareciera convertirse en un análisis rebuscado de esas frases, con algunos fragmentos de tono más bien literario o filosófico que incluyen a otras figuras de la política y/o la cultura. Entendemos, no obstante, que hubo producción misógina en una serie de artículos o coberturas periodísticas en función de esta candidata, aunque no solamente, sino también de otras mujeres de la política.”

El último párrafo citado reconoce la misoginia desde la cual se realizan los abordajes periodísticos hacia el colectivo “mujeres en la política”. Sin embargo, en vez de agravar y sostener el reclamo presentado, el escrito minusvalora estas violencias misóginas por recaer en un colectivo.

Es claro que la nota de diario Perfil reafirma y reproduce la violencia política a la que se enfrentan las mujeres que eligen desempeñarse dentro de la política partidaria, y da cuenta de las estrategias de deslegitimación a través de la cosificación y sexualización de sus cuerpos. Un trato que, por el contrario, nunca es aplicado a sus pares varones.

Este tipo de acciones deslegitima e inhabilita la participación política de las mujeres, así como también atenta contra la efectividad de la recientemente implementada Ley de Paridad de Género, interfiriendo con la posibilidad de desempeño en igualdad de condiciones que los hombres. Este ataque a Ofelia Fernández constituye un ataque a todas las mujeres y un mensaje disciplinador y expulsivo del terreno político.

A partir de lo dicho, es evidente que estamos ante un caso de violencia mediática y simbólica según lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral de la mujer. Esta normativa define la violencia mediática de la siguiente manera:

“…aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

La violencia simbólica, por su parte, es definida como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad»

La nota mencionada constituye también una violación al inciso m. del articulo 3 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación audiovisual, en el cual se establece la obligatoriedad de “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.

Este contenido, además de constituir un acto de violencia en sí mismo, funciona como un legitimador y un motivador de otras expresiones de violencia. Ofelia Fernández compartió los mensajes misóginos y machistas que recibió en sus redes a partir de esta publicación y declaró “Le hace mucho daño a la campaña electoral habilitar que a nosotras nos traten así. Injusto y desagradable”.

Autora

Mila Francovich

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Desde el mes de junio, se vienen llevando adelante distintas instancias de co-creación entre sociedad civil y gobierno en miras a la elaboración del Cuarto Plan de Gobierno Abierto de Argentina. Éste será publicado a comienzos de septiembre y aún hay instancias de participación virtual para quienes tengan interés en realizar aportes.

Argentina ya lleva implementados tres planes de Gobierno Abierto, elaborados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). En 2020 deberá implementarse el Cuarto Plan, por lo que desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto -compuesta por representantes de gobierno y de sociedad civil- se receptaron propuestas para la elaboración de los nuevos compromisos. 

Para trabajar en profundidad la elaboración de dichos compromisos, se desarrollaron 14 mesas de diversas temáticas tales como: Industrias Extractivas, Asuntos Indígenas, Transparencia Presupuestaria, Obra Pública, Trata de Personas, Agua y Saneamiento, Acceso a la Justicia, Género y otras. Desde Fundeps, estuvimos participando en la mesa de Gobiernos Subnacionales y en la mesa convocada por el INAM que abordó la federalización de la Ley Micaela. 

Asimismo, estuvimos presentes en la redacción ambos compromisos, que van a someterse a consulta pública durante el mes de Agosto. Para participar de la consulta pública, tiene que ingresarse al siguiente enlace.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Se cumplen 27 años de la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que desde 2017 funciona bajo el nombre de Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Nació el 7 de agosto de 1992 con el objetivo de concretar el compromiso asumido en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el año electoral en que nos encontramos y a pocos días de las PASO, es una buena oportunidad para preguntarnos qué tan efectivo ha sido este organismo los últimos años y qué desafíos tendrá la próxima administración en materia de políticas públicas de género.   

La propuesta del Consejo Nacional de la Mujer, primer organismo jerarquizado en el país y segundo en la región (el de Brasil fue pionero y tomado como modelo), fue diseñada por un conjunto de mujeres militantes e intelectuales feministas, entre ellas la socióloga Virginia Fraganillo quien fue su primera presidenta. Con una titular elegida por el propio movimiento de mujeres, el panorama para el naciente organismo parecía ser prometedor dado el compromiso de sus autoridades con la causa feminista. 

Bajo la gestión de Fraganillo, el Consejo tuvo sus primeros cuatro años de vida marcados por avances muy positivos como la inclusión de la cuestión de género en la currícula escolar y políticas de salud sexual y reproductiva. Podemos resaltar entre sus acciones, la primera encuesta sobre aborto, la cual, en el marco de la convención constituyente del 94, abrió socialmente el debate. Sin embargo y a pesar de su destacable mandato,  Fraganillo renunció al cargo.  

Desde entonces, los siguientes gobiernos fueron debilitando la institucionalidad del Consejo, que al principio dependía directamente del poder ejecutivo, y sus presidentas evidenciaron serias limitaciones en cuanto al efectivo accionar por los derechos de las mujeres. Pasaron por este puesto personalidades poco conocidas en el movimiento feminista tales como Lucila “Pimpi” Colombo, Lidia Mondelo o Mariana Gras Buscetto, entre otras. 

Al asumir el gobierno actual, se designó a Fabiana Tuñez como la cabeza del flamante Consejo. En un primer momento, para una importante parte del feminismo, parecía una buena noticia dada la trayectoria militante de Tuñez en la causa de las mujeres como fundadora de la ONG “La Casa del Encuentro” y su definición pública como feminista. No obstante, después de estos cuatros años, el balance no es del todo positivo.

En medio de su gestión, en el año 2017, el Consejo atravesó una transformación: Por decreto presidencial se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y adquirió el rango de secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 

Estas mutaciones no pudieron encubrir un problema que ha permanecido desde aquel entonces, y es el de carácter presupuestario. Los reducidos fondos que actualmente reciben el INAM y los programas de género son ajenos a la expectativa inflacionaria por lo que, día tras día, el presupuesto real designado para combatir las violencias de género y promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad, se ve reducido significativamente.

Específicamente, el presupuesto asignado al INAM para 2019 fue de $234.394.881 (¡$11,36 por mujer!). Pero además, y según un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior. Además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%.” 

Un segundo problema refiere al alcance de las políticas del organismo. Por un lado, hay que reconocerle al INAM medidas sumamente relevantes como el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la formación del Consejo Consultivo Ad Honorem en el que articula con organizaciones de la sociedad civil para monitorear en todo el país la aplicación de la ley 26485 contra la violencia hacia las mujeres, relevamientos e informes que brindan datos a la desigualdad y sirven de sustento a las vigentes y futuras políticas públicas, entre otras más. Una de las medidas más destacable es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, aunque, si bien todavía le restan algunos meses, gran parte del Plan no se ha ejecutado (nuevamente, poco puede hacerse sin un presupuesto que lo acompañe). 

Por otro lado, considerando que los problemas de género son estructurales, es menester enfrentarlos con políticas troncales y es en este sentido que tanto Tuñez como sus predecesoras han fallado.

Por mencionar un ejemplo, para superar la división sexual del trabajo necesitamos seguir modelos como el del Sistema Integral de Cuidados que posee Uruguay, o por lo menos ampliar el tiempo de licencias por paternidad que en Argentina es sólo de dos días.

Nos preguntamos entonces, ¿qué le espera al INAM en diciembre?, pase lo que pase ¿será distinto esta vez?

Sin importar los resultados electorales, consideramos necesario fortalecer al INAM, no sólo en su institucionalidad sino a nivel presupuestario para que, con todo el esfuerzo que implica combatir las múltiples violencias que afectan a las mujeres, podamos construir una sociedad más justa e igualitaria.

Autora

Mariana Barrios

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

En miras al 25° aniversario de la Plataforma de Beijing, ONU Mujeres impulsa a nivel internacional que los Estados revisen los avances y desafíos en torno a los derechos humanos de las mujeres. Para esto, se convocó a una reunión con organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con el Instituto Nacional de Mujeres (INAM).

La Declaración y Plataforma de Beijing es un programa elaborado en 1995 con gran participación de la sociedad civil, para dar herramientas a los Estados, el sector privado y al tercer sector, para promover la igualdad de género. Cada cinco años, se realiza un proceso de revisión, a nivel general y a nivel de los Estados, para finalmente hacer recomendaciones que permitan continuar avanzando en el cumplimiento de las medidas establecidas en dicha plataforma.

Los exámenes nacionales contribuyen al examen y la evaluación mundiales que ONU Mujeres preparará y presentará durante el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CWS 64), y que tendrá lugar en marzo de 2020 en Nueva York. Los reportes están compuestos no sólo por la información provista por el Estado, sino también por los aportes de sociedad civil. En este contexto, el INAM, organismo encargado de coordinar las políticas de género en Argentina, convocó de manera abierta a organizaciones sociales, al movimiento de mujeres y a sindicatos.

Teniendo en cuenta que la Plataforma de Beijing ha sido un documento clave para la política internacional, se ha revisado a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. En este sentido, se identificaron cuatro ejes en los que confluyen Beijing + 25 y la Agenda 2030:

  • Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
  • Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales
  • Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos
  • Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género

Respecto al desarrollo inclusivo, el desafío que encontramos tiene que ver con las dificultades que enfrentan mujeres y diversidades en su acceso al trabajo y, dentro de él, están los límites a sus posibilidades de ascenso. Esto se vincula con la falta de políticas de igualdad de oportunidades a nivel de políticas públicas y al interior de estas empresas, según las investigaciones realizadas en empresas de medios y agencias de publicidad. En concreto, el eje crítico es el de maternidad y cuidados, debido a la falta de políticas de conciliación en lo referido a licencias parentales, extensión del tiempo de licencia, licencias para cuidados (por enfermedad, discapacidad de familiares, por cuidado de mayores), formas flexibles de trabajo (home office) o de los problemas en torno a las guarderías. En el caso de que se implementen este tipo de acciones, las mismas responden a demandas particulares, por lo que no están institucionalizadas ni sistematizadas.

En cuanto a erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos, nos preocupa en particular que los organismos públicos destinados a velar por las situaciones de violencia mediática y simbólica – aplicando la Ley 26.485 y 26.522- , presentan irregularidades, aún cuando hay compromisos asumidos por el gobierno y recursos provenientes de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra las violencias de género. Esto se percibe en especial en las vías abiertas a la sociedad, por ejemplo, las bocas de denuncia.

En nuestra experiencia, el Observatorio de Medios del INAM y el ENACOM tienen un escaso o nulo nivel de respuesta frente a las denuncias, mientras que la Defensoría del Público, con mayor actividad en este sentido, continúa acéfala desde 2015.

Como entendemos que la erradicación de las violencias de género implica su visibilización y la transformación de los patrones socioculturales naturalizados y reproducidos en las prácticas cotidianas, realizamos recomendaciones para la inclusión de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género dentro los medios y agencias de publicidad, partiendo desde los ámbitos de formación profesional universitaria o terciaria.

Finalmente, sobre el punto de instituciones con perspectiva de género consideramos que la sanción de la Ley Micaela es una buena manera de incorporarla en órganos del Estado. Sin embargo, hay que insistir en la adhesión por parte de las provincias y de las instituciones estatales.

Asimismo, reconocemos a las escuelas públicas y privadas como instituciones avaladas por el Estado para impartir educación formal. Como tales, deben acatar la legislación sobre implementación de la ESI y ser responsables -y por lo tanto, susceptibles a ser sancionadas- en los casos donde se lleven adelante acciones que obstaculicen el derecho a recibir o dar educación sexual.

Dentro de la consulta también se mencionaron en todos los ejes temas referidos a la importancia de incluir los derechos de la diversidad sexual, en particular de las personas trans, a la inclusión laboral, a la formación profesional y a la representación y participación política. En miras a celebrar los 25 años desde lo ocurrido en Beijing, el aniversario nos encuentra al movimiento feminista en plena lucha por continuar ampliando los derechos de las mujeres, personas trans y disidencias.

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Procesos de revisión por país para Beijing + 25:

Antecedentes de Beijing + 25

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Autora

Carolina Tamagnini

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María Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Participamos de la reunión anual del Consejo Consultivo Ad Honorem del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

El 10 de junio el INAM convocó en Buenos Aires a las organizaciones de sociedad civil que formamos parte del Consejo Consultivo. En dicha reunión se informó sobre la ejecución presupuestaria del organismo, así como también sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019.

Asimismo, se comentaron avances en la medición de la implementación del Plan, así como de la construcción del presupuesto nacional desde la perspectiva de las políticas de género, incluyendo no sólo el presupuesto del Instituto sino de todas las demás carteras de gobierno. Finalmente, se discutieron formas de interacción entre las organizaciones representantes de cada provincia y los organismos de la mujer y consejeras federales correspondientes a cada jurisdicción.

Valoramos que se mantengan estas instancias de participación para la sociedad civil y esperamos que el INAM siga fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Consultivo, como un espacio comprometido con los derechos de las mujeres. Los aportes de las organizaciones que están en el campo son fundamentales en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de género y que sirvan para mantener viva la razón de ser del INAM: asegurarle a las mujeres una vida plena, libre de violencias y digna de ser vivida.

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Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

Presentamos reporte anual ante el INAM y manifestamos preocupación por su inactividad

Autora

Carolina Tamagnini

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Como parte de nuestro trabajo de monitoreo de políticas públicas reguladoras de los medios de comunicación, identificamos situaciones de violencia mediática y simbólica y realizamos las denuncias correspondientes. En esta ocasión, se trató de las emisiones de dos programas de televisión: por un lado,“Los ángeles de la mañana” de Canal 13 y, por el otro, “Animales sueltos” de América TV.

¿Qué pasó en “Los ángeles de la mañana”?

En el programa emitido el 14 de mayo de “Los ángeles de la mañana” (un magazine que conduce Ángel De Brito) le realizaron un “cambio de look” a Cinthia Fernández, que consistía en un corte de pelo. Durante el mismo, Cinthia manifestó repetidas veces que no quería que se lo corten, pero cedió ante las insistentes presiones de sus colegas. En esta situación, mencionó que no quería que se lo corten mucho, y que quería ver hasta dónde se lo cortaban, estableciendo los límites para la intervención. Sus manifestaciones fueron reducidas con comentarios como “no es elegante lo que tenés”, “no seas tonta, el pelo crece”, “vos no tenés que verlo”, “te trajeron acá para estar mejor”.

Durante el corte de pelo se la vio a Cinthia nerviosa, asustada, presionada e incómoda con la situación. El conductor y las panelistas estuvieron todo el tiempo comentando sobre su aspecto de manera denigrante y sin dejarla intervenir. “Tengo ganas de llorar, se los digo en serio”, “la estoy pasando mal”, manifestó, sobre el final.

Nos preocupa que la televisión exponga una situación tan violenta, sobre todo el ejercicio de actos sobre el cuerpo de la mujer sin su consentimiento. Es claro que ella consintió acceder al cambio de look, pero éste no se llevó adelante bajo sus términos, sino que fue sistemáticamente presionada y todos sus comentarios y expresiones de deseo fueron minimizados.

¿Qué pasó en “Animales sueltos”?

El 16 de mayo, en el programa transmitido por América, se incurrió otra vez en violencia mediática y simbólica. Hacia el final del programa, Alejandro Fantino le preguntó a la panelista Romina Manguel: “pero pará, así viniste?”, refiriéndose a su vestimenta. El conductor, haciendo caso omiso de la incomodidad de la periodista, continuó diciendo: “Enfocame a Manguel”, pidiéndole que muestre su ropa y que desfile.

La reacción de Manguel fue una risa nerviosa y pedir que se detenga. El conductor continuó, insistiendo a las cámaras que la enfoquen e insinuando que así podría encontrar pareja.

Toda esta intervención, si bien breve y solo al final del programa, fue sumamente violenta para Romina y resulta estereotipante para las mujeres. Esto fue acompañado por la complicidad y risas del resto del panel conformado por varones, que nada hicieron para frenar estos momentos de incómoda cosificación de la única panelista mujer del programa.

¿Por qué hablamos de violencia mediática y qué leyes amparan nuestras denuncias?

Ambos contenidos mediáticos son humillantes y discriminatorios, y constituyen casos de violencia mediática y simbólica. Recordemos que la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485 define a la violencia mediática como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. En este sentido, según los artículos 70 y 71 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 todos los medios de comunicación quedan obligados a cumplir la 26.485 además de:

“evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

¿Ante qué organismos denunciamos y para qué?

Atento a este marco normativo, como también a la gran responsabilidad -particularmente en la sociedad argentina- de los medios de comunicación en construir sentido y formar opinión, hemos denunciado estas situaciones frente a la Defensoría del Público, el Observatorio de radio y televisión del INADI y el Observatorio de la violencia simbólica y mediática del INAM. Esperamos que estos organismos tomen las acciones necesarias al respecto y nos comprometemos a seguir velando por la efectiva ejecución de las políticas públicas existentes, así como promover las que aún se requiere crear para luchar contra este y todos los tipos de violencia de género.

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Autora

Mariana Barrios Glanzmann

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

En el marco de nuestro trabajo de monitoreo de políticas públicas reguladoras de los medios de comunicación, identificamos y denunciamos dos situaciones de violencia mediática y simbólica que se expusieron en dos programas del canal Todo Noticias la semana pasada.

La primera situación se dio el 2 de mayo, cuando en un informe emitido se expone una noticia sobre una mujer (ex policía), llamada Johana, que robaba autos utilizando un drone. La segunda se presenta al día siguiente en el noticiero del medio día también, en una noticia sobre una ex empleada de la Municipalidad de La Plata que fue despedida de su trabajo y considera que el despido fue injustificado.

Más allá de las historias puntuales que se exponen en cada una de las noticias, encontramos en común un abordaje violento ya que se ilustra las noticias con fotos de las mujeres en ropa interior o traje de baño, exponiendo una hipersexualización de las protagonistas a través de la exhibición de sus cuerpos. Esta representación resulta estereotipante y desvía el foco de atención de lo que se está informando en la noticia, que tiene que ver con la comisión de un delito en el primer caso, y un reclamo laboral en el otro. Ilustrar ambas situaciones con esas imágenes deslegitima a las mujeres de estas historias y les infringe violencia mediática y simbólica a ellas y también a otras mujeres que pudieran encontrarse en igual situación.

Es por ello que desde Fundeps procedimos con las correspondientes denuncias, las cuales fueron radicadas en la Defensoría del Público, el Observatorio de Radio y Televisión del INADI y en el Instituto Nacional de las Mujeres. En un contexto de transformación social, motorizado fundamentalmente por la lucha del movimiento feminista, resulta inadmisible tolerar expresiones que contienen estereotipos de género discriminatorios, que alimentan la perpetuación de una cultura machista que violenta permanentemente la libertad y el cuerpo de las mujeres. Entendiendo el rol que tienen los medios de comunicación en la reproducción de la violencia simbólica es que, además de ejecutar las correspondientes denuncias, vemos con urgencia la necesidad de crear espacios de formación y capacitación de los/as trabajadores/as de los medios masivos de comunicación en lo que respecta a perspectiva de género, considerando que es la única manera de garantizar la producción y el abordaje de contenidos respetuosos, que aporten a la construcción de una sociedad más igualitaria.

Autora

Lucía Calabria Aragón

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Las organizaciones de la sociedad civil representantes de las provincias argentinas en el Consejo Consultivo Ad Honorem del INAM  el 10 de noviembre presentamos los reportes de situación. Asimismo, lamentamos la inactividad del Consejo durante el año y la poca interacción del INAM con sus integrantes.

Desde el año pasado, FUNDEPS integra el Consejo Consultivo Ad Honorem del INAM, un espacio de colaboración entre gobierno y las organizaciones comprometidas con la lucha por la igualdad de las mujeres. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por organizaciones de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Sin embargo, desde la reunión llevada a cabo en Octubre del año pasado, las organizaciones Consejeras no hemos podido entablar una comunicación activa con el INAM, y tampoco se ha avanzado en la elaboración del reglamento de funcionamiento del Consejo.

Aún así, cumpliendo con los compromisos asumidos como consejeras, desde FUNDEPS presentamos el reporte anual de la situación de Córdoba con relación a la implementación del Plan Nacional Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019.

En este sentido, cabe destacar que nuestra provincia no adhiere al Plan Nacional, lo que advertimos como la principal alerta en cuanto a los compromisos asumidos por el país en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a través de la firma de las Convenciones de Derechos Humanos que abordan la problemática, como la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, (por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana de Belem Do Pará.

Asimismo, realizamos pedidos de información a los órganos provinciales correspondientes, a fin de responder a la información requerida por el INAM, pedidos que no fueron respondidos en los plazos establecidos por la ley. En este sentido, recurrimos a la información recabada a través de nuestro trabajo de campo, como también a la data disponible en línea en los sitios oficiales de la provincia.

La falta de acceso a la información es otra importante alerta que advertimos, principalmente dada la gravedad de la problemática en nuestra provincia, en la cual ya se cuentan más de 11 femicidios, hasta agosto, en lo que va de 2018. 

En el informe presentado, se reportaron actividades respecto de áreas de la salud, de educación, de medios de comunicación, como también acceso a la justicia y trabajo.

La lamentable inactividad del Consejo y del INAM

Durante el mes de septiembre, FUNDEPS junto con otras organizaciones consejeras presentamos un pedido de información al INAM para entender cuáles son las pautas de funcionamiento del Consejo Consultivo, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos.

Durante la reunión inaugural del espacio, las organizaciones consejeras y las funcionarias del INAM acordamos que durante el corriente año nos dispondríamos a la elaboración del reglamento a los fines del funcionamiento del órgano. Este reglamento nunca fue redactado, y tampoco fueron respondidas las consultas y preguntas de las Consejeras por parte del INAM.

Asimismo, como parte de nuestro trabajo de monitoreo constante de medios de comunicación, hemos realizado una denuncia por violencia mediática por los dichos de Nicolás Repetto, que en una entrevista con una joven víctima de abuso en el transporte público cuestionó  el tipo de vestimenta que estaba usando en ese momento. Por esta razón, iniciamos el proceso correspondiente de reclamo ante el INAM, pero no tuvimos respuesta oportuna ni adecuada frente a nuestra denuncia.

Reconociendo plenamente los esfuerzos del INAM para aumentar la transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación del Plan Nacional Acción para la prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, realizados en el marco de su compromiso de gobierno abierto, la falta de interacción y de respuesta frente a la sociedad civil resulta contradictoria.

Es importante analizar también el contexto económico del país, principalmente desde la previsión de los fondos para la lucha por la igualdad y en contra de la violencia llevada a cabo por el INAM. Como señala ELA, en su informe sobre el presupuesto 2019, “el INAM había logrado una partida total de $211.500.000 millones de pesos para 2018, resultado de las reasignaciones presupuestarias logradas durante el ejercicio. Para el 2019, se le adjudicará un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior”.

En un contexto donde la crisis económica y los consecuentes recortes presupuestarios impactan especialmente en las mujeres, que las organizaciones no tengan voz para expresar sus opiniones y reclamos ni encuentren respuesta en las autoridades encargadas de promover políticas de igualdad de género en todas las esferas, resulta preocupante.

Sin perjuicio de la realidad compleja del INAM, las organizaciones consejeras cumplimentamos con nuestros compromisos, y esperamos que para el año próximo logremos avanzar en la consolidación de espacios reales de participación pública, con garantía de ser consultadas y escuchadas al momento de diseñar e implementar las políticas públicas de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

El día 19 de septiembre durante la transmisión de Arriba Córdoba, el noticiero matinal de Canal 12 de Córdoba, su conductor, Jorge Cuadrado, mostró en pantalla una foto de la actriz y cantante Jimena Barón, titulada “Jimena Barón, otra vez disponible”. El tratamiento del tema, en tono jocoso y claramente cosificador de la mujer, resulta repudiable.

“Disponible”, según la RAE  significa: 1. Adj. Dicho de una cosa: Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse.3. Adj. Dicho de una persona: Libre de impedimento para prestar servicios a alguien.  De esta manera, ubican a una mujer como una cosa de la cual se puede disponer libremente, está lista para usarse, y está libre de impedimento para prestar servicios. Ya que se usó el término “disponible” para hace referencia a que está soltera y dado que Jimena es heterosexual, se deja entrever que el sujeto que puede “disponer”, es un hombre.

Consideramos que es un claro caso de Violencia Mediática y Violencia simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Además vulnera y transgrede todo lineamiento estipulado en las distintas Guías para el Tratamiento Periodístico Responsable de casos de Violencia contra las Mujeres. Por ello, el día 20 de septiembre, hemos realizado la denuncia correspondiente ante el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres). Este órgano
aún no ha respondido a nuestra denuncia, por lo que resulta preocupante con relación a los compromisos asumidos por el INAM en cuanto al abordaje sobre la violencia mediática presentado en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos.  Su rol en la construcción de sentido es fundamental y deben cumplir las leyes y evitar prácticas que promuevan la discriminación, cosificación y estereotipación de las mujeres.

En un contexto de cambio de época y avances para desarmar las estructuras discriminatorias por razón de género, tratamientos periodísticos de este tipo, no hacen más que restar en la necesaria evolución social y abonar a reforzar los ordenamientos patriarcales violentos.

Así mismo, instamos a todos los entes públicos abocados a recibir denuncias por violencia mediática, a cumplir su rol institucional de estar al servicio de la ciudadanía, a responder a dichos casos en tiempo y forma, y a comprometerse seriamente con esta lucha.

Autora
Emilia Pioletti

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org