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BUENOS AIRES. El viernes 24 de noviembre tiene lugar una jornada para la presentación de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil; lo que se busca a partir de esta iniciativa es disminuir los índices cada más altos de esta epidemia, a partir del trabajo mutuo y colaborativo.

En la actualidad, existen alrededor de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% vive en países en desarrollo. Los datos disponibles en la región de América Latina indican que, en términos generales, de 20% a 25% de los menores de 19 años de edad se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad. En Argentina, la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2012, arrojó como resultado que el sobrepeso entre los y las estudiantes era del 28,6% en 2012 siendo mayor entre varones (35,9% vs. 21,8% mujeres) y con mayor prevalencia a menor edad.

El evento contiene instancias para el diálogo intersectorial a los fines de debatir la situación de la problemática en Argentina, definir líneas de acción y próximos pasos. De la misma, participan representantes de organismos internacionales como OPS Argentina, representantes del sector gubernamental, y miembros del ámbito académico y de la sociedad civil.

Además, se presenta el primer documento consensuado de la Coalición, que versa sobre estándares de política para entornos escolares saludables en Argentina. El mismo se estuvo trabajando de manera coordinada entre los miembros y se pretende su conclusión definitiva, a partir de esta jornada.

Nuestra decisión de participar de esta red surge con la intención de abordar de manera más efectiva un importante problema de salud pública. Además, creemos que es necesario que estos espacios cuenten con datos locales a los fines de diseñar políticas adecuadas a las realidades locales en materia de alimentación saludable.

Contacto

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

El 10 de agosto realizamos una presentación ante la Corte Constitucional de Colombia para aclarar el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud. Un amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una presentación que realiza un tercero ajeno a un litigio, donde se ofrece voluntariamente una opinión frente a algún aspecto de derecho, para colaborar con el tribunal en la resolución del litigio.

La Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (Educar Consumidores) lanzó en agosto del 2016 una campaña denominada “Cuida tu vida – Tómala en Serio” que buscaba proveer información sobre las consecuencias dañinas para la salud del consumo regular de ciertas bebidas azucaradas. En el marco de esa campaña se difundió un video en televisión y en radio que mostraba el alto contenido de azúcar de estas bebidas, conectando esas conductas con complicaciones de salud como la diabetes o la obesidad, que se presentan tanto en Colombia como en toda la región de Latinoamérica. Postobon S.A., una empresa de bebidas azucaradas de Colombia, denunció ese video ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A partir de ello, la SIC prohibió mediante la resolución 59176, la difusión de los comerciales alegando que se trataba de “publicidad engañosa” por no contar con soportes científicos ni médicos para sus aseveraciones.

La resolución 59176 emitida por la SIC ordenó a Educar Consumidores cesar la difusión del comercial. Asimismo, ordenó remitir al despacho de la Delegación de Investigación y Protección al Consumidor de la SIC, toda pieza publicitaria que a futuro desee transmitir sobre el consumo de bebidas azucaradas (BBAA) antes de su publicación. Esto restricción se aplicaría a cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales; y la SIC la estableció con el objetivo de ejercer control previo sobre aquella y decida si autoriza su publicación y difusión o no, bajo pena de sanción de multa.

Ante esta situación, Educar Consumidores presentó una acción judicial reclamando por la violación a su libertad de expresarse en un asunto de interés público. Al mismo tiempo, Dejusticia presentó una acción judicial complementaria planteando que la resolución de la SIC violaba el derecho de consumidores y consumidoras a acceder a información relevante. Luego de diferentes instancias y de una muy buena decisión de la Corte Suprema de Colombia que ya fue comentada por FUNDEPS, ambos casos fueron acumuladas por la Corte Constitucional. Ante esta instancia, la Corte Constitucional tendrá oportunidad de aclarar los límites del discurso comercial y sus diferencias con las campañas de concientización. Al mismo tiempo, podrá plantear la relevancia del acceso a la información para asegurar el derecho a la salud y para tomar decisiones de consumo con información adecuada.

El amicus presentado junto a FiC Argentina brinda argumentos de derecho internacional de derechos humanos que consideramos pertinentes para la resolución del caso. Con esta intervención, se espera contribuir a la solución de un caso que consideramos de extrema importancia tanto para Colombia como para el resto de Latinoamérica. Procesos judiciales como éste poseen gran repercusión tanto a nivel global como a nivel regional, ya que generan valiosos antecedentes jurisdiccionales sobre la importante temática de alimentación saludable.

Los fundamentos del amicus curiae buscan acreditar que las medidas adoptadas por la resolución de la SIC significan una violación a obligaciones de derechos humanos en diferentes niveles, al mismo tiempo que debilitan las posibilidades de dar respuesta a una epidemia global de malnutrición y la obesidad. Por un lado, viola  la libertad de expresión de una organización de la sociedad civil, se trata incluso una clara censura previa respecto de su actuación en la esfera pública. Además implica una violación a obligaciones de derechos humanos en tanto incumple las recomendaciones de órganos de monitoreo sobre cómo enfrentarse a la epidemia de obesidad. Diferentes órganos y oficinas especializadas como el CDESC, el CDN o los relatores para el derecho a la salud o el derecho a la alimentación han marcado que la epidemia de obesidad es definitivamente un problema de derechos humanos que afecta a una población vulnerable: niños, niñas y adolescentes.

Desde FUNDEPS y FIC Argentina creemos que eta decisión tendrá relevancia tanto dentro de Colombia como a nivel regional. El crecimiento de la obesidad -de impacto especialmente fuerte en niños, niñas y adolescentes- y la fuerte presencia de estrategias publicitarias de la industria alimentaria se repiten en toda la región. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el mundo. Es deber del Estado respetar, garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, sobre todo cuando se tratan de temas fundamentales como la protección de la salud. Por ello, la decisión de la Corte en el presente caso será importante más allá de las fronteras de Colombia.

Más información

– Amicus Curiae presentado en la Corte Constitucional colombiana

– Video censurado de Educar Consumidores

 

Autora

María Victoria Gerbaldo

Contacto

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

El objetivo central de la reunión es informar acerca de las líneas de acción que el Programa desarrolla y proponer estrategias para el trabajo conjunto. Esta Comisión fue establecida a partir de la Resolución 732/2016 que determinó la creación del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad en el ámbito de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.

Al comienzo del evento, hablan el Dr. Adolfo Rubinstein (Secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos) y la Dra. Verónica Schoj (Directora de Promoción de la Salud y Enfermedades Crónicas no Trasmisibles). Seguidamente, la Lic. Veronica Risso Patrón (Coordinadora del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad) explica la propuesta de funcionamiento de la Comisión: temáticas y modalidad de trabajo, cronograma, productos esperados. Finalmente en la reunión tiene lugar la firma de declaraciones de conflictos de intereses.

Se prevé que el funcionamiento de la Comisión sea a través de subcomisiones asesoras voluntarias en diferentes temáticas: reformulación de alimentos, perfiles nutricionales y etiquetado frontal, marketing y publicidad de alimentos, promoción y entornos escolares saludables.

La obesidad infantil es una problemática con graves consecuencias sanitarias y económicas que perjudica cada vez más a los países de bajos y medianos ingresos y a los sectores más vulnerables de la población. En la actualidad, existen alrededor de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% vive en países en desarrollo. Celebramos este tipo de iniciativas que significan una oportunidad para el debate y la coordinación de esfuerzos de múltiples actores de la sociedad.  Destacamos también la relevancia de que sean incluidas y se asegure la efectiva participación de organizaciones de distintas provincias que den cuenta de la realidad particular y específica de cada una, y permita avanzar hacia la construcción de una política federal en materia de alimentación saludable.

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Agustina Mozzoni, <agustinamozzoni@fundeps.org>

El encuentro en la oficina central de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado a discutir sobre los aportes al plan regional para la prevención de la obesidad infantil.

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) organizó el 17 de mayo pasado una mesa redonda que congregó a representantes de los gobiernos, de asociaciones del sector privado, de organizaciones no gubernamentales y del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo fue para evaluar cómo cada uno de estos sectores está implementando el Plan de acción para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, aprobado por los estados miembros de la OPS en 2014.

El plan de acción insta a establecer políticas fiscales y medidas regulatorias para hacer que las opciones saludables sean más fáciles de elegir para las personas. Estas medidas incluyen impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos altos en energía y pobres en nutrientes, regulación para proteger a los niños del impacto de la publicidad y el mercadeo de los productos poco saludables, y el establecimiento de etiquetado frontal que permita una fácil y rápida identificación de los productos poco saludables.

Representantes de los Ministerios de Salud de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México presentaron los progresos de sus países en la implementación del Plan de acción de la OPS y describieron algunos de los desafíos que han tenido que superar o que aún enfrentan al implementar etiquetados frontales de advertencia (Ecuador y Chile), regulaciones para alimentos y bebidas en las escuelas (Brasil), la regulación de publicidad dirigida a la infancia (Chile) y el establecimiento de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica (México).

Por su parte, los representantes de las organizaciones no gubernamentales presentes señalaron que la industria de alimentos y bebidas se ha manifestado y ha actuado en contra del etiquetado frontal de alimentos y bebidas establecido en Ecuador, contra el etiquetado frontal que entrará en vigor en Chile, contra el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, todas medidas recomendadas en el plan de acción y reconocidas por la propia OPS. Declararon que el mayor obstáculo al cumplimiento de los compromisos establecidos han sido las empresas que, incluso, han intentado combatir estas medidas ante la Organización Mundial de Comercio argumentando que son barreras al comercio queriendo establecer los derechos comerciales por encima del derecho humano a la salud de la población.

Las organizaciones civiles solicitaron a la OPS y a los gobiernos de la región que las regulaciones y políticas recomendadas en el plan de acción para prevenir y combatir la obesidad infantil y adolescente fueran elaboradas libres de conflicto de interés, garantizando que en su diseño no intervenga la industria de alimentos y bebidas, teniendo como único objetivo la protección de la salud pública.

Estas organizaciones reiteraron su apoyo a la OPS y al plan de acción solicitando que los gobiernos establezcan un reporte público sobre sus avances en el cumplimiento de los diversos objetivos establecidos en este Plan, que se conecta directamente con las obligaciones derivadas del derecho humano a la salud y del derecho humano a la alimentación.

Por parte de las organizaciones no gubernamentales asistieron representantes de la Fundación Argentina para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Frente Por un Chile Saludable, el Consejo de Brasil sobre la Seguridad Alimentaria (CONSEA) y El Poder del Consumidor de México.

Por parte de la industria participaron representantes de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB),  la Asociación Brasileña de Industrias de Alimentación (ABIA), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y la asociación Chile Alimentos.

Más información:

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org