Our foundation is participating actively in the monitoring of the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, in accordance with Principle 10 of the Rio Declaration. By means of this letter we invite you to participate in the elaboration of the Guidance Document for Negotiations, providing comments and suggestions.

THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE POLICIES (FUNDEPS), as a TAI member (The Access Initiative) is participating actively in the monitoring of the Regional Agreement on Access to information, public participation, and access to justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, in accordante with Principle 10 of the Rio declaration For that purpose we cordially invite you to comment the Guidance Document for Negotiation, prepared by ELAC and attached to this email.

Our working team is responsible for coordinating and systemizing the commentaries of the document’s preamble and articles : 1 (objectives), 2 (definitions), 3 (principles), 4 (scope of application), 5 (general obligations) and 8 (public participation in environmental decision-making). We may also receive or forward commentaries on the entire text.

Being aware of your expertise and influence in this field, and so as to obtain ideas, commentaries, objections and suggestions on how to improve the text in preparation of the negotiation phase, and so that a wide participation becomes effective, we communicate this invitation to participate in the commentaries.

The commentaries will be received and processed until July 10th of this year. The commentaries can also be sent to the ELAC secretary until August 31st of of this year. Please do not hesitate in contacting us if you have any doubt or inquiry. We look forward to your input in the effective implementation of Principle 10 of the Rio declaration!

Best regards,

Juan Carballo, Executive Director

Yamile Najle, Coordinator of the Human Right Area

Additional information is available at : http://www.cepal.org/rio20/principio10/.

In a trial in which FUNDEPS intervened as amicus curia, The Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of Cordoba rejected once again the injunction for which VERDOL S.A. requested authorization to fumigate in the City of Alta Gracia, in a celebrated but censurable decision.

Last August 27th, the Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of Cordoba rejected once again the injunction for which VERDOL S.A. requested authorization to fumigate in the City of Alta Gracia. until such time as the closing of the trial over the constitutionality of ordenance 9375 of the Legislature of that city. This regulation established a “Emvironmental Protection Zone” of 1500 meters from the urban center or permanent populated settlements.

In this trial, the Chamber granted FUNDEPS a participative role as amicus curiae, as recognized in the very ruling (pg 2). In the judicially presented document, FUNDEPS argued that the ordenance should adequately protect health and the environment and that it be enacted by the local authorities. Also, it detailed that the principal risk is not the loss of profits, but the affectation to the right to health and a healthy environment, which demands that an adequate value be placed on the precautionary principal. The constitutional obligations to protect health and the environment demand the rejection of the injunction.

The recent decision of the Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of the City of Cordoba has been celebrate for its rejection of the injunction. However, we are troubled by the lack of reference to the substantive regulation that establishes the obligation to protect health and the environment. On the contrary, in the text of the ruling, the court states that “We arrive at this decision with care to abstract the debate from the sowing conditions found in the judicial inspection.” FUNDEPS urges the judicial courts to recognize and adequately value the constitutional obligation to protect health and the environment.

For more information:

Text of the amicus presented by FUNDEPS

Contact:

info@fundeps.org

El 31 de mayo se recuerda el Día Mundial contra el Tabaco, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir un factor de riesgo que todavía hoy es responsable de la muerte de más de 40.000 personas por año en la Argentina.

El 31 de mayo se recuerda el Día Mundial contra el Tabaco, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir un factor de riesgo que todavía hoy es responsable de la muerte de más de 40.000 personas por año en la Argentina.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) recuerda que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción y que, actualmente, mata a uno de cada diez adultos en el mundo. Produce, entre otras, enfermedades cardiovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) y cáncer de pulmón, patologías que además causan una carga sanitaria enorme para los sistemas de salud de los países.

El domingo, en conmemoración de ese día, Fundeps, junto con la Alianza Libre de Humo Argentina (Aliar), y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, “comenzarán el desarrollo 
de un plan integral que asegure el cumplimiento de la normativa nacional de control del tabaco”, según informaron las entidades.

Entre otras acciones, se realizarán intervenciones para concientizar a la población sobre las consecuencias de consumir tabaco. Las actividades comenzarán mañana con el tratamiento en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz de un proyecto de declaración de adhesión y beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco. En tanto, el domingo se introducirá un proyecto de ordenanza para la adhesión a la ley provincial, que a su vez adhiere a la ley nacional de control del tabaco.

Esas primeras intervenciones –informaron desde las entidades– concluirán el miércoles 3, a las 17, en la calle 9 de Julio 70 (frente a la Galería Estrada), donde se intercambiarán cigarrillos por frutas.

Denuncia

En tanto, también en el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina denunció a las tabacaleras Massalin Particulares y Nobleza Piccardo.

La Fundación demostró que hay incumplimiento de la Ley Nacional de Control del Tabaco 26.687, sancionada en 2011, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta y a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

La violación denunciada tiene que ver, entre otras cosas, con la restricción de poner en los quioscos avisos visibles desde el exterior.

Diversos relevamientos demostraron que se registra un despliegue de anuncios publicitarios de marcas de cigarrillos también en bares y discotecas de distintas ciudades del país, incluyendo Córdoba.

Además, se probó la realización de “acciones de promoción en bares, discotecas y puntos de venta, que consisten en la entrega gratuita de paquetes de cigarrillos y otro tipo de obsequios”. Asimismo, se demostró la realización de concursos que se promocionan en puntos de venta, Internet, dentro de los paquetes de cigarrillos y por correo electrónico.

Finalmente, también se observaron acciones de patrocinio en eventos culturales, tales como recitales de música.

“A pesar de la vigencia de la ley nacional de control de tabaco 26.687 y su decreto reglamentario 602/13, constatamos la existencia de abundantes campañas publicitarias de cigarrillos que violan la normativa”, denunció la Fundación.

La asociación dio a conocer que denunciarán la situación ante el Ministerio de Salud de la Nación.

“Confiamos en que el Ministerio aplicará las sanciones pertinentes y continúe con las fiscalizaciones ya iniciadas en el mes de enero de 2015”, sostuvo Belén Ríos, directora del área legal de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.

“Estas campañas tienen en común que apuntan a jóvenes, ya que utilizan eslóganes y mensajes relacionados con la diversión, la independencia, el desafío, la aventura y se despliegan principalmente en internet y espacios concurridos por jóvenes, como bares y discotecas”, dijo por su parte Verónica Schoj, directora ejecutiva de FIC Argentina.

Fuente: La Voz del Interior.
Link: http://www.lavoz.com.ar/salud/acciones-contra-el-tabaquismo

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), que asesora a los vecinos de barrio Parque San Juan en el juicio contra las fumigaciones, fue pre seleccionada para el premio “Namati Justice Prize”.

Translation Note: The Spanish version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.

El premio está enfocado en propuestas de avance en materia legal, y cuenta con el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo como uno de sus organizadores.

El trabajo de Fundeps en Alta Gracia tiene que ver con el asesoramiento a los vecinos y vecinas de barrio Parque San Juan y de otros barrios de la ciudad que se constituyeron como terceros interesados en la causa judicial “Verdol S.A. contra Municipalidad de Alta Gracia”, donde Verdol pide que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza por la que se restringe el uso de agroquímicos en la ciudad.

GRANDES CAMBIOS

Yamile Najle, Coordinadora de FUNDEPS, se mostró muy contenta de la preselección, y aseguró que los resultados de la ordenanza hicieron grandes cambios en la salud del barrio Parque San Juan. “El informe de una médica del Hospital Clínicas (de Córdoba Capital) ha dado cuenta de reducciones importantes en la incidencia de varias enfermedades”, agregó la abogada en diálogo con Radio Tortuga 102.7 y recordó que antes de la medida, la gente sufría enfermedades de la piel y respiratorias.

Si bien la ordenanza ha dado un respiro a los vecinos, el cuestionamiento sobre si la Municipalidad de Alta Gracia es competente para dictar una ordenanza de este tipo ha generado una serie de embestidas legales por parte de Verdol S.A. Al respecto, Najle aseguró lo contrario: “La ordenanza es positiva y competente. Es más, El fiscal Emilio Drazile se expidió diciendo que el Municipio tiene autonomía para aplicar esta protección sobre los vecinos”.

A fines de abril se van a tener noticias del ganador del premio “Namati Justice Prize”, que entregará diez mil dólares al primer puesto, además de numerosos reconocimientos. Por lo pronto, en FUNDEPS ya están contentos con la pre selección.

Link a la nota:

http://diariotortuga.com/2015/03/20/fundeps-es-nominada-a-un-premio-por-su-trabajo-en-alta-gracia/

Infobae revela por primera vez los casos de violación y maltrato físico y psicológico que sufrieron las mujeres que participaron del conflicto bélico, cuyas historias fueron silenciadas y olvidadas. La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Sus testimonios

Translation Note: The Spanish version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.

Ya no son invisibles. La última dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos sepultaron la historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas, pero un libro las sacó del letargo. Su publicación animó a muchas a contar parte de lo que desencadenó pesadillas, estrés postraumáticos y adicciones: los abusos a los que fueron sometidas. Las violaciones, las golpizas y el maltrato psicológico que sufrieron. Infobae revela por primera vez algunos testimonios del horror durante el horror.
“Lo que más me costó entender es que ellas creían que estaba bien, que se lo tenían que bancar”, confiesa en una entrevista con Infobae Alicia Panero, cuyo libro Mujeres Invisibles recuperó la silenciada historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas.
El libro, publicado el año pasado, no trata el tema de los abusos, porque sencillamente no se sabía que habían ocurrido. “Me decían que habían vivido cosas feas, pero yo me imaginaba cuestiones propias de la guerra y de la época”, explica Panero. Pero en marzo de este año una de las víctimas por primera vez contó que la acosaron sexualmente. No buscaba un reconocimiento, sino liberar un recuerdo hasta entonces reprimido. Y con el tiempo aparecieron más.
Hasta ahora se conocen seis casos de abuso sexual, físico y psicológico, y se presume de un séptimo. Todas eran aspirantes de entre 17 y 21 años que habían ingresado a la Marina como estudiantes de enfermería, que se desempeñaban en la Escuela de Sanidad del Hospital Naval de Puerto Belgrano y que atendieron a los heridos durante la Guerra de Malvinas. Y todas apuntan contra dos superiores: el teniente José Italia y el suboficial José Vivanco.
Claudia Patricia Lorenzini fue la primera en contar su dolor, luego de recuperarse de una adicción de dos décadas al alcohol. Con sólo 15 años, había ingresado en 1981 a la Armada en el marco de un curso no tradicional para mujeres de quinto año del secundario con experiencia en enfermería en el ámbito civil. Viajó al sur desde La Plata junto a otras tres adolescentes.
“‘Aspirante Lorenzini, venga, vamos a ir a que se pruebe su uniforme de gala’, me decía (el teniente Italia). Y yo me subía a su cupé Fiat celeste. ‘Vos me gustas. Yo te voy ayudar, pero no tenés que decir nada a nadie porque te puede costar la baja. Además no te creerían’, me advertía. Y sus manos comenzaban a meterse debajo de mi chaqueta de fajina. Luego me besaba, y llevaba mi mano a su miembro, mientras acariciaba mis entrepiernas. Sucedió muchas veces”, recuerda.
“Para mí era parte de la instrucción. ¿Mis sentimientos? No sé, parecía un juego, pero puedo aseverar que me causaba temor. Cada vez que él aparecía me producía un gran malestar, me irritaba su presencia. Mis manos se abrían y cerraban con mucha transpiración, me mordía los labios. Cuando comenzó la guerra solía verme con él, pero con menos frecuencia. Me ha llevado al (buque hospital) Bahía Paraíso a mí sola para trasladar algo, y de paso aprovechaba”, añade.
El tiempo pasó. Pero como Patricia “no aguantaba más”, decidió detallarle su martirio a otra aspirante que era un poco mayor, quien a su vez le contó a otra compañera. La historia, al parecer, escaló. Y un día la mandaron a llamar sus superiores.
“Había unos cuantos hombres con jinetas importantes. Me parece que estaba el director de la Escuela de Sanidad Naval, (Ricardo) Arieu. Me preguntaron si era cierto lo del teniente Italia y les dije que sí. Estaba re asustada. Me preguntaron quién más lo sabía y les dije que (la aspirante tucumana) Marcela Baldiviezo. Me preguntaron cómo se dieron los hechos y les conté. También les dije que tenía todo escrito en mi diario íntimo. Me lo confiscaron y mandaron a buscar a Baldiviezo. Me hicieron salir y al rato me llamaron. Me dijeron: ‘Usted va a ser dada de baja de esta institución. El motivo que va a decir es que extraña mucho a su mamá'”, señala Patricia. Y por supuesto, la amenazaron. “Ojo con contarle esto a alguien, ni a su madre, o con contar lo que vio con respecto a los heridos o a los simulacros. Recuerde que sabemos dónde están sus familiares, qué hacen y dónde trabajan. También recuerde que el servicio de contrainteligencia va a estar permanentemente detrás suyo. Bueno, ahora firme estos papeles”, le sugirieron.
Otros tres casos de abuso sexual que se conocen hasta ahora, aunque sus víctimas no quieren que trasciendan sus nombres porque ni sus parejas saben lo que padecieron. Una de ellas tenía 19 años. Al igual que el resto, culpa a Italia y a Vivanco. Pero aclara: “Es una pesadilla que me llevaré a la tumba. Prefiero olvidar y tratar de pasar lo mejor posible lo poco o mucho que me queda de vida”.
Su testimonio también es desgarrador. “A mí me cagaron la vida”, sentencia. “Me vejaron y violaron en la habitación donde se guardaban las valijas y los bolsos que teníamos cuando ingresamos, pagado al baño”, recuerda. La pesadilla duró unos meses, hasta que pidió la baja.
Hay otro caso que se sospecha, pero que difícilmente pueda ser probado, ya que la víctima falleció. Sin embargo, sus compañeras creen que fue abusada. “Italia la volvió loca, hasta que terminó pidiendo la baja”, comentan. A su vez, Alicia Panero cree que deben haber más, pero que todavía no se animaron a contarlo. “La mayoría, hasta ahora, me buscaron a mí, porque hice el libro. Pero cada una tiene sus tiempos”, precisa.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables está trabajando en una presentación integral ante el Gobierno. “Se podría hacer una denuncia penal, pero al margen de que habría que buscar testigos y obligar a las víctimas a revivir todo, sería muy difícil de comprobar un delito, si es que no está prescripto. Pero por lo menos esperamos que haya un reconocimiento, porque el Estado tenía la tutela de estas chicas que fueron abusadas”, reflexiona Panero.
“Queremos que se investigue el tema –insiste–, porque la mayoría de las chicas eran menores de edad y el Estado estaba a cargo de ellas. Aun así, primero las sometió al trabajo con heridos de guerra sin las herramientas necesarias y después padecieron el maltrato, la violencia psicológica y sexual, la violencia de la institución. Y encima nunca las reconocieron por lo que hicieron. Es raro que ningún organismo de derechos humanos haya pedido algún informe sobre esto”.
El sometimiento no fue sólo sexual. También hubo maltratos físicos y psicológicos. Uno de los testimonios que incluirá la presentación de Fundeps es el de Nancy Susana Stancato, que junto a Patricia se sumó al grupo desde La Plata, también con escasos 17 años. Una publicidad televisiva la motivó a estudiar enfermería. “Soñaba con ingresar a la Armada para escapar del control de mis padres. Nunca imaginé lo que estaba por vivir”, repasa.
Una frase la acompañó durante todo el “periodo selectivo preliminar” o PSP: “Queremos mujeres militares, no muñecas vestidas de uniforme”. Fue lo primero que escuchó cuando llegó a Puerto Belgrano en medio de una lluvia feroz que recuerdan todas las aspirantes.
La historia de Nancy podría ser la de cualquiera de los conscriptos a los que les pagaron su esfuerzo con humillaciones y olvido. Hace poco le preguntaron si alguna vez la habían maltratado y lo negó. “En esa época no había derechos del menor, violencia de género y demás. Hoy, 33 años después, me doy cuenta de que sí”, revierte. Y apunta tres casos puntuales. “Si bien ni me quejo de la instrucción militar, puedo recordar muy bien que por saludar con la muñeca doblada mi instructor me pegó con una tabla, lo que me causó una fisura. Estuve un tiempo con una férula y vendaje. En otra oportunidad, estando de imaginaria en la puerta del alojamiento, en vez de saludar como nos habían enseñado (‘Buenas tardes, suboficial, Nancy Stancato, aspirante naval de primer año, rol 117’), sólo dije ‘Buenas tardes, suboficial’, y ante mi saludo, el suboficial me dio una trompada en el pecho que dejó marcada por varios días un rosario que me habían regalado. También recuerdo que me quejaba porque me dolía la cabeza y yo decía que era porque extrañaba el mate, hasta que un día, la misma persona me llenó la boca de yerba con una cuchara y me dejó en posición de firme por mucho tiempo. Y fui testigo de patadas por hacer mal las lagartijas o por rendirse por no poder más”.
Luego llegó la guerra. Todas señalan lo mismo. Primero, antes de que empiecen las batallas, llegaron los primeros soldados del frente con pie de trinchera. Después, arribaron los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y sobre el final, los chicos desgarbados, desnutridos, arruinados. “Son tantas las cosas que no recuerdo y las que recuerdo y no quiero, como los gritos, los llantos de los amputados, los ‘me quiero morir’, ‘no quiero volver así a mi casa’, ‘no quiero ser una carga para mi familia’, los llantos silenciosos, las miradas sin vida”, repasa Nancy en su crudo relato.
Su baja fue tan denigrante como la de Patricia y también por motivos que nada tuvieron que ver con su desempeño. Fue a principios de 1983, supuestamente por robar yerba y azúcar del cuartel. La realidad era otra. Había cometido un pecado capital en el mundo castrense: cuestionar. La acusaron de traición a la patria y la amenazaron con matarla y hacer desaparecer a sus padres.
Hace mucho tiempo lo narró en una entrevista. Indicó: “Había unos containers de los que se bajaba un montón de ropa, golosinas y cigarrillos que habían sido donados. Yo pregunté por qué no estaban en las islas y me dijeron que allá no eran necesarios. Pero cuando empecé a recibir a los chicos, vi el grado de desnutrición que tenían. Eran piel y hueso. Hasta se peleaban por una galletita. Todo eso hizo un crack en mi cabeza y lo comenté. Protesté, insulté, pero en mi alojamiento, entre aspirantes y cabos. Nunca a un superior. Igual me llevaron al director Arieu, junto con otras personas que ni me acuerdo, y me dijeron que cometí traición a la patria y que iban a pensar si me hacían una corte marcial y que me podían fusilar. Me dio mucho miedo. En esa época, además, desaparecía gente. ¡Y yo tenía 18 años recién cumplidos! Así que después de 3 días me prohibieron hablar de esto. Y se dejó correr la voz de que robé yerba y azúcar, algo que era muy común. Después me volvieron a llamar, me dijeron que no me iban a fusilar, me hicieron firmar un montón de papeles y me dijeron que si hablaba de Malvinas, mis viejos iban a desaparecer. Nunca más hablé de la guerra”.

Aclaración: las negritas fueron puestas originalmente por Infobae.

Link a la nota: http://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas

Elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con los aportes de Accountability Counsel, CONECTAS Direitos Humanos, el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) y SOMO.Este boletín sobre los mecanismos de queja de las instituciones financieras internacionales que operan en la región, es el primero de una serie de boletines que tienen como finalidad difundir a la población los instrumentosexistentes para la gestión de los derechos sociales y ambientales en las instituciones financieras internacionales y en los espacios de integración, considerando la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Lima (2015) y el contexto de revisión de las políticas operativas del Banco Mundial. En este caso se abordan los Mecanismos del Banco Mundial (el Panel de Inspección), del BID (el MICI) y del BNDES (la Ouvidoría) y se presentan algunos casos sometidos a este tipo de mecanismos.

Despite the universitality of human rights, a large number of States continue interpreting their obligations as applicable only within their own territory.  This has led to an important void in the protection of these rights, for which reason a series of principles has been developed that intend to clarify what States’ extraterritorial obligations are in terms of economic, social and cultural rights.

“Extraterritorial obligations” (ETO) are those obligations that States have as a consequence of their acts or omissions, that impact on the enjoyment of human rights outside of their own territorial limits.  Although they have acquired greater relevance as a consequence of the effects of globalization, States still show a strong tendency to limit their obligations to their own territory.  This has led to important voids in the protection of human rights, particularly in the case of transnational businesses and intergovernmental organizations, such as the International Financial Institutions (IFIs).

Consequentially, since 2011, and thanks to the effort of international experts in the underlying principles of the ETO, there exists a set of principles known as Maastricht’s Principles about States’ Extraterritorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.  At present, these principles constitute an expert international opinion, which clarify States’ extraterritorial obligations based on current international rights.

Extraterritorial Obligations (ETOs) and their relationship with International Financial Institutions (IFIs) and transnational businesses

In this context, it so happens that States frequently turn to IFIs with the aim of requesting financing for their projects, many of which are liable to cause violations to human rights, not only in the territory of the State that requested the financing but also outside of it.  However, it is important to clarify that international rights do no permit the States to ignore – nor transgress – their respective human rights obligations, through the use of the IFIs as agents that do not comply with, in their practices, the own obligations of the States.  In this sense, Maastricht’s principle number 15 directly refers to States’ obligations as members of international organizations, establishing that:

“A State that transfers competencies or participates in an international organization must adopt all reasonable measures to guarantee that the organization acts according to international obligations on the subject of  human rights of said State.” (Maastricht’s Principles, point 15)

That is to say, that States can not evade their obligations protecting themselves with the justification that actions are developed by the IFIs.  On the contrary, as members of said organizations, they must take the measures that are within their reach so that the activities of said organizations are consistent with internationally recognized human rights.

A similar analysis is applicable in the case of transnational businesses originating from a State, but whose activities can have effect on the human rights of the population where they operate.  In this case, point 24 of Maastricht’s Principles highlights the States’ obligation of protection or regulation, establishing that:

“All the States must adopt the measures to assure that non-governmental actors that are in positions to regulate […] including individuals and private organizations, transnational businesses and other commercial businesses, do not override or undermine the enjoyment of economic, social and cultural rights.” (Maastricht’s Principles, point 24)

This implies that a State can not wash their hands of  the actions and obligations of their transnational businesses that operate outside of their own territory.  To the contrary, they must take charge of regulating and supervising their activities,  above all those that are related to economic, social and cultural rights (DESC).  In this way, Maastricht’s Principles establish that the States must try through their means, to achieve the highest grade of satisfaction possible from the DESC; those that encompass basic questions of human dignity such as food, health, housing, work, education and access to water, among others.  States contribute to the guarantee of these rights through their acts or omissions, their decisions that support the governing bodies of the IFIs, and in the regulation and supervision of the actions of their transnational businesses.

In this context, civil society must advocate for the recognition of and compliance with Maastricht’s Principles, since without the observance of extraterritorial obligations, human rights cannot assume their role as legal basis for the regulation of globalization, nor assure the universal protection of all people and groups.  Therefore, one of the current challenges consists of finding the way to tackle the immunity that the IFIs claim and the consequent lack of accountability.

These types of advances in terms of international rights, and in relation to the protection of human rights, is relevant within the context of the work of FUNDEPS.  Both from the global view point when considering, for example, the obligations of the States that make up the IFIs; as from the local point of view, taking into account violations to human rights in the local sphere, that can be caused by the actions of transnational businesses or projects financed by the IFIs.

More information:

Web page of the ETO Consortium

Maastricht’s Principles about States’ Extraterritorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights

Contact:

Gonzalo Roza – Coordinator of the Area of Global Governability

gon.roza@fundeps.org

Yamile Najle – Co-coordinator of the Area of Human Rights

yamilennajle@fundeps.org

Translated By: Rebecca Rhoads

With virtually no regard for the comments and suggestions from civilsociety, the IDB has approved the new policy of the IndependentConsultation and Investigation Mechanism (ICIM). While this doesinclude a sparse few positive aspects, it implies a setback in theprocess of strengthening the ICIM started in 2010.

On December 17th, 2014, the IDB’s Board of Executive Directors approved by consensus the new policy of the ICIM, or the Independent Consultation and Investigation Mechanism, by which the Bank aims to respond to the concerns and complaints lodged by individuals or communities affected by “a substantial, adverse, and direct damage as a result of any potential breach by the Bank due to its operational policies in operations funded by the institution” [1] and, through this, improve the social and environmental outcomes of its operations.

According to the provisions established by the Bank itself, the aim of the recent review of the ICIM’s policies, which began in August 2013 and was recently completed in late 2014, was to “ensure that the mechanism is organized and appropriately staffed so as to meet current and future needs, and has the structure, policies, and processes needed to function effectively. “[2]

However, adopting this new policy has only confirmed the concerns of many civil society organizations that saw the review as a clear and deliberate weakening of the Mechanism and a set back to the process of strengthening it, launched in 2010.

In turn, throughout the entire review process imposed by the Bank, a series of irregularities and shortcomings have been pointed out, particularly with respect to public consultations and incorporating feedback from civil society. These irregularities question the legitimacy of the entire process.

Not only has the IDB turned a deaf ear to the claims of a number of organizations involved in the effective and participatory process of consultation for the second phase of the review of mechanism, but worse still it seems that the IDB has not taken into account the comments and suggestions made by civil society while preparing the Revised Draft ICIM Policy.

A clear example of this is the document Comments on the Revised Draft Policy that FUNDEPS, along with a group of more than 20 civil society organizations from different countries around the world, sent to the bank last September during the second phase of public consultation. Of the more than 45 comments suggesting improvements to the Mechanism made in that document, only 3 of them have been taken into account in the new policy, and only partially so.

Moreover, it is unlikely that the suggestions from other individuals and organizations from different countries of the region and of the world have been taken into account since they voiced their suggestions during the public consultation (a total of 43 written documents with comments, according to the Bank), and the new policy’s document is almost equal to the Draft provided for consultation, with the exception of some minor modifications. If analyzed comparatively, both documents are virtually identical, with only few substantial additions; the vast majority of the differences are strictly in wording. There are no more than 15 substantial changes, many of which do not even incorporate substantial improvements for the sake of forming a more effective and efficient mechanism.

In addition to this, the Revised Draft Policy has effectively covered very few of the recommendations and suggestions made by civil society during the first phase of public consultation. This can be observed from a comparative analysis of the Draft document to said comments, accessible through the Bank website.

In light of all this, one is left to wonder what the true purpose of the IDB conducting public consultations is; does the Bank really take into account the comments made by the many organizations and individuals who invest their time, effort, and resources in order to improve the functioning of the institution? … or is it a mere procedure by which the Bank legitimizes its actions without truly taking into consideration the comments made by civil society in these spaces?

Changes in the new policy

The new policy proposed by the Bank provides a number of important changes in the structure and function of the Mechanism, among which are the following:

Structure: The structure of the Mechanism has been redefined to include the following changes:

• From now on it will be lead by a ICIM´s Director, who will report to the Bank’s Executive Board and will be responsible for all ICIM’s office, administrative, and operational staff, including the two Phase Coordinators who are to work under the supervision of the Director.
• The Coordinator of the Consultation Phase will replace the figure of the Project´s Ombudsman.
• The Compliance Review Panel will no longer be permanent and will now be settled by the Compliance Review Phase Coordinator (who will act as chairman of the Panel) and two ad hoc independent experts hired for each case from a roster of experts.
• The Director of the ICIM shall be appointed by the Executive Board while Phase Coordinators shall be appointed by the Director.
• The position of Executive Secretary of the ICIM will be eliminated.

Operation: various modifications were introduced, among which stand out:

• Changes in the processing, requirements, and necessary content of applications.
• Scope: limited coverage to operations financed by the Bank with the approval of the Board (the previous policy also covered the operations financed before the approval of the Board) and up to only 24 months (2 years) after the last expenditure.
• simplified process of Eligibility of Applications establishing a sole eligibility managed by the Director of ICIM in conjunction with the Phase Coordinators.
• Elimination of the sequence requirement for cases in which applicants wish to go directly to Compliance Review Phase, yet they shall remain in the event that the applicant opts for both Phases.
• Deadlines for all stages are to be established so as to reduce response times.

It is worth mentioning that the new policy incorporates a number of provisions which, although few in number, are positive in relation to the previous policy, such as:

• Changes in the structure of the Mechanism in order to make it more effective;
• The unification of project eligibility processes into a sole process led by the Director of ICIM;
• The possibility of field trips to those countries in which the projects are carried out (during Eligibility Phase);
• The intention of making the process of Applicant Registration more structured and transparent;
• The possibility of allowing Applicants to choose either the Consultation Phase, the Compliance Review Phase, or both, thus eliminating the sequential requirement when Applicants wish to resort directly to Compliance Review Phase;
• The creation of a Roster of experts from which the two ad hoc Panel members that will accompany the Compliance Review Phase Coordinator will be selected in each particular case.

However, beyond these few positive aspects, the new policy is a serious weakening of the Mechanism, especially in terms of Accessibility and Independence, crucial aspects of an effective and efficient instrument. As such, the new ICIM Policy establishes conditions that challenge the independence of the Mechanism, creates many unnecessary barriers to its access, and renders the filing of a request by the affected parties much more complicated. (For detailed information on some of the main criticisms and suggestions made by a group of Civil Society Organizations under the ICIM review process, see the following document).

The new Policy not only means a sharp decline in the process of strengthening the Mechanism by replacing the old, inefficient IIM (Independent Investigation Mechanism) with ICIM, it also means a deterioration of other existing mechanisms of accountability in other institutions similar to the IDB. While most of these institutions’ mechanisms tend to facilitate and promote accessibility, it seems that the IDB is doing more the opposite by establishing an inaccessible mechanism, hardly independent and therefore very unreliable and ineffective.

As such, the IDB has begun 2015 by taking a preoccupying step backwards with respect to the ICIM, an instrument of great importance for environmental and protection of human rights in countries where the Bank operates. It is the responsibility of civil society to ensure that, beyond the weakening of the IDB’s accountability presented by the new policy, the mechanism works as effectively and efficiently as possible. FUNDEPS will continue to work towards that goal.

More information:

ICIM website
New Approved Version of ICIM – December 17, 2014
ICIM Policy Revised Draft – June 2014 (subject to public consultation in the second phase)
Comments on the Draft of the Revised Policy of the ICIM – September 2014 (sent to the Bank by over 20 Civil Society Organizations in the framework of the Second Phase of Public Consultations)
Summary of Major Changes Proposed for the Second Phase
Independent Consultation and Investigation Mechanism Policy 2010 (old policy).

Contact:
Gonzalo Roza – Coordinator  of the Global Governance Area
gon.roza@fundeps.org

[1] See section ICIM in IDB website: http://www.iadb.org/en/mici/home,1752.html
[2] Document “Revision of the structure and policy of the Independent Consultation and Investigation Mechanism (ICIM): summary of key changes.” July 30, 2014. IDB. Pp. 1. available at: http://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/Revised_Policy_Summary_of_Changes_in_English.pdf

Una aproximación inicial a los mecanismos de acceso a la justicia existentes dentro del PNUD: La Oficina de Cumplimiento de las Normas Sociales y Ambientales (SECU) y el Mecanismo de Respuesta del PNUD (SRM).