Eleven civil society organizations and our organization presented a research report called: Glass Half Full? This report talks about the obstacles of communities to access to accountability tools when a specific project concerns them.

Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance” (¿El Vaso Medio Lleno? El Estado de Rendición de Cuentas en la Financiación del Desarrollo) es un informe que documenta los obstáculos que deben superar las comunidades y trabajadores para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales cuando son afectados por proyectos de desarrollo. Si bien la estructura y procedimientos de estos mecanismos varían, sus actividades principales consisten en reunir a los reclamantes y a la institución que apoyo financieramente el proyecto en cuestión, a los fines para resolver el conflicto. En ese contexto, se lleva a cabo una investigación para determinar si las políticas ambientales y sociales de las instituciones financieras internacionales han sido transgredidas.

Los mecanismos de rendición de cuentas son a menudo la única opción disponible para las comunidades, y en la actualidad la única vía para que los bancos de desarrollo rindan cuentas sobre al cumplimiento de la normativa ambiental y social. Desde el Panel de Inspección (el primer mecanismo de rendición de cuentas independiente del Banco Mundial, creado en 1994) se han registrado 758 denuncias presentadas a la empresa por 11 diferentes instituciones.

Este informe evalúa el grado en que los bancos de desarrollo y sus mecanismos de rendición de cuentas están preparados para manejar las quejas de las personas afectadas. El informe también contiene anexos que analizan en detalle los mecanismos de denuncia de las diferentes instituciones financieras y ofrecen recomendaciones sobre posibles vías de mejora.

 

Más información:

Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance

 Glass Half Full?. Annex 11: The Independent Consultation and Investigation Mechanism of the Inter-American 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

 

The discussion in general terms about China´s financial Role in Latin America. On the other hand, the discussion in particular focuses on this phenomena in Argentina. 

De acuerdo a datos recientemente publicados por el Inter-American Dialogue, China sigue ampliando su rol como financiador de grandes proyectos en la región. Durante el 2015, el financiamiento chino a Latinoamérica fue mayor que el del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sumados. El financiamiento chino sigue teniendo un fuerte foco en el sector extractivo y de infraestructura; desde 2005 China ha financiado proyectos de infraestructura por 40,3 mil millones de dólares y 70,2 mil millones en el sector energético.

En este contexto, Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, participó de la mesa de diálogo que se realizó a fines de enero en Washington DC organizado por el Inter-American Dialogue. En este encuentro, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil discutieron sobre las implicancias de esta creciente relevancia de China en la región en cuanto a los estándares sociales y ambientales de este financiamiento.

Desde FUNDEPS, se continuará monitoreando el perfil del financiamiento proveniente de fuentes chinas, los estándares socio-ambientales de estos proyectos y el respeto a la normativa de participación, acceso a la información y protección ambiental.

 

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

In the framework of a public consult made last December 8th in the city of México, over 180 Civil Society Organizations of Latin America and the Caribbean sent their position regarding the second draft of the new Environmental and Social Framework of the World Bank. They asked for answers to the representatives of the region that are part of the Executive Board.

El pasado martes 8 de diciembre el Banco Mundial llevó adelante, en la ciudad de México, una consulta pública en relación al segundo borrador del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS), en el marco de la revisión de las Políticas de Salvaguardas de la Institución. Este proceso, iniciado hace ya más de tres años, ha tenido una participación limitada de la ciudadanía y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), no ha sido ampliamente difundido y ha carecido de información oportuna para su revisión de manera previa a la consulta y de criterios claros que establezcan cómo los representantes del Banco responderán a las preocupaciones y propuestas que las OSC han realizado.

El nuevo borrador del MAS está siendo ampliamente criticado por diversos motivos. En particular, se destaca que el Banco no tiene un compromiso explícito respecto a respetar los derechos humanos, que se refleje en sus políticas. El MAS propuesto evita referencias a estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que es indispensable si se quiere lograr un desarrollo sustentable. Además, el Marco está permeado de un lenguaje ambiguo, es decir, no cuenta con procedimientos definidos, plazos claros y criterios y requisitos obligatorios.

Además, la propuesta del Banco deja abierto el cumplimiento de los estándares, es decir, no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en el MAS. En el marco vigente, un requisito indispensable consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales de manera previa a la aprobación de un proyecto, así como publicar las evaluaciones antes de la fase de evaluación de proyectos de alto riesgo. El nuevo Marco, por el contrario, establece que las evaluaciones ambientales y sociales deben iniciarse “lo más temprano posible”, por lo que de entrada pone en riesgo los procesos de consulta, ya que éstos no pueden realizarse de manera efectiva sin que se cuente con la información completa y detallada acerca de un determinado proyecto.

Por esto, más de 180 organizaciones de la región de América Latina y el Caribe (ALC), entre ellas FUNDEPS, se han posicionado frente a este borrador, que va en contra de la misión principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida. Las organizaciones solicitan una respuesta por parte de los Directores Ejecutivos que representan a la región de ALC.

El MAS del Banco Mundial baja el estándar tanto para el propio Banco, como para toda la comunidad internacional. En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, este borrador estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas en el ámbito de desarrollo bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

The World Bank and International Monetary Fund annual meetings took place from October 5 to 12 in Lima, Perú. Fundeps, as a member of GREFI (Regional Group on Financing and Infraestructure), co-organized an alternative event which included a demonstration that connected non governmental organization and grassroots movements. In these events, Fundeps participated in many debates and presentations connected to environmental protection, human rights and participation. As a result of this work in Lima, as member of GREFI, we share some thoughts on the ongoing events and on the upcoming challenges as civil society organizations.

1. First, we wish to thank the efforts of all the people and institutions that turned the alternative forum into a space to discuss the role international financial institutions have in our region and in the world.

2. We created a space in which thousands of people, many organizations and social movements took part. We hope this space has fostered the creation of networks that will help continuing this cooperation.

3. This space allowed us to raise other perspectives on the financing for development processes. These processes have a significant impact on the environment and on people’s rights. They also consolidate decision-making processes which are actually disconnected from the people they are supposed to benefit.

4. We believe that a major merit of this shared effort was the connection between demands which came from different levels and actors. In this way, systemic claims were made regarding the extractivism model and also regarding global decision-making processes which haven not incorporated participation and accountability mechanisms.

5. We were able to connect the weakening processes of socio-environmental standard in international financial institutions, with similar processes occurring at a local level. These processes imply either the significant weakening of socio-environmental legal guarantees, or the lack of enforcement of these guarantees. These processes generate a large number of socio-environmental conflicts, in which many different rights are being infringed.

6. In this context, we also note the massive demonstration, which conveyed another message to the official meetings, raising many claims.

Regarding the challenges that lie before us, we hope to keep making the effort of connecting global debates with local and regional needs. In this respect, we especially that this is especially applicable to the ongoing discussions around the World Bank safeguard policies.

On that point, and regarding the elements above, we are especially concerned by the dynamics of competition, which could weaken protection frameworks, as they give more importance to the action of the World Bank as a financial entity rather than to its role as an actor of development policies. Besides, regarding the weakening of legal frameworks in national and regional contexts, we are concerned about the decision to rely on country systems without creating mechanisms of implementation review.

We believe that part of our strategy regarding the social and environmental safeguards review, which involved discussing different issues of concern separately, may have weakened our argument by fragmenting the topics under debate.

Perhaps this could explain why the World Bank kept going forward in this process, despite a widespread disapproval. In our experience in Lima, we were able to connect many different demands, gather them in one sole opposition strategy and connect these claims with the local and regional contexts. Perhaps this experience will be the starting point of future collective efforts.

 

For further information: www.grefi.info

 

Contact: 

Gonzalo Roza / Coordinator for Global Governance Programme

gon.roza@fundeps.org

Juan Carballo / Executive Director

juanmcarballo@fundps.org

A workshop that seeks to disseminate the new Policy of the Independent Mechanism of Consult and Investigation (MICI) of the IDB, took place in Buenos Aires. Many civil society´s organizations and individuals from all over the country took part in this event.

El pasado lunes 16 de noviembre se llevó a cabo el Taller “Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación: Teoría y Práctica”, cuyo objetivo fue difundir la nueva Política del Mecaniso Independiente de Consulta e Investigación (MICI), recientemente aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID. El evento, que fue organizado por el MICI y que se llevó a cabo en las oficinas del Banco interamericano de Desarrollo, contó con la presencia de diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil del país y de individuos que interpusieron quejas ante el anterior Mecanismo.

El encuentro se dividió en tres sesiones, siendo Victoria Márquez-Mees, designada como la nueva Directora del MICIla primera oradora. Márquez-Mees comunicó sobre el rol, el alcance y las acciones del MICI en esta nueva etapa, tras la culminación del proceso de revisión de la Política, iniciado en 2013 y finalizado a fines de 2014.

En la segunda sesión se trató la temática “La experiencia como solicitante en un caso MICI”, en la que diferentes solicitantes argentinos comentaron sus experiencias a la hora de interponer una queja ante dicho organismo. Así, expusieron sus respectivos casos el Dr. Gustavo Neme (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II – San Rafael, Mendoza), y los señores Pablo Folonier (Multifase Desarrollo Infraestructura – Paraná, Entre Rios) y Pedro Barragán (Programa de Seguridad y Movilidad Urbana – CABA). Esta sesión también contó con los comentarios de Arantxa Villanueva, Oficial de casos del MICI, y la coordinación de Francisco Giacosa, miembro del equipo de Gobernabilidad Global de nuestra Fundación. Finalmente, la última sesión del taller abordó la relación entre la sociedad civil y el MICI, en la que presentamos nuestra opinión y perspectivas respecto de la nueva Política. Destacamos tanto los aspectos positivos como los negativos de la misma. Asimismo, debatimos junto al resto de los participantes acerca de los principales desafíos que enfrentan en la actualidad los mecanismos de rendición de cuentas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s).

El encuentro ha representado una buena oportunidad no solo para promover una mayor difusión de la existencia y funcionamiento del MICI, sino también para compartir valiosas experiencias en relación a quejas presentadas por solicitantes locales e incluso para generar vínculos más estrechos entre la sociedad civil local y el organismo. A su vez, el taller brindó el contexto propicio para presentar y difundir el Folleto sobre el MICI que hemos elaborado y publicado recientemente junto con la organización holandesa SOMO y que se encuentra disponible en nuestra página web (para descargar el documento, acceder al siguiente enlace).

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

As a part of the Financing and Infrastructure Regional Group (GREFI), FUNDEPS organizes a workshop on Accountability Mechanisms and Civil Society in Lima.

Este evento se organiza en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, que tienen lugar en Lima del 6 al 12 de octubre del presente año.

Los mecanismos de queja independientes (MQI) de las bancas multilaterales se crearon con el objetivo de resolver reclamos presentados por comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales generados por la ejecución de proyectos de desarrollo con financiamiento proveniente de estos organismos.

La experiencia muestra que uno de los obstáculos para activar dichos mecanismos es el escaso conocimiento que existe por parte de la sociedad civil sobre éstos y su funcionamiento, de tal manera que puedan ser integrados a estrategias integrales de defensa de derechos frente a proyectos de desarrollo.

En este contexto, el taller tiene como objetivo promover el diálogo con los encargados de diferentes mecanismos de queja y representantes de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer distintos MQIs presentes en la región; su funcionamiento; y fomentar un intercambio de experiencias y perspectivas relacionadas a los mecanismos.

El taller contará con la presencia de representantes del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera y el Panel de Inspección (PI) del Banco Mundial, del Mecanismo de Queja del Banco de Inversión Europea y del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, participan diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil y de movimientos sociales de la región.

 

Más información:

 

Contacto:

FUNDEPS as a part of the Coalition for Human Rights in Development (CCDH), opens up a consult searching a methodology to incorporate Human Rights within the Environmental and Social standards of the developing Financial Institutions.

Las actividades para el desarrollo pueden tener un profundo impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, las herramientas estándares de planificación del desarrollo, selección, evaluación y monitoreo no están diseñados para captar plenamente su impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), una alianza global de la que FUNDEPS forma parte, ha venido llevando adelante un proyecto para desarrollar una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo. Para mayor detalle, haga click aquí.

 

¿Qué es esta herramienta?

Un componente clave de esta metodología ha sido la elaboración de una Herramienta de Análisis de Oportunidades y Riesgos (AOR). La AOR ha sido diseñada para ser utilizada por Instituciones financieras y gobiernos, que planifiquen e implementen proyectos y actividades de desarrollo. La AOR llevará al usuario a través de un proceso que identifique y evalúe riesgos y oportunidades asociadas para  los derechos humanos, permita ajustar el diseño de una actividad para responder a los mismos y desarrolle indicadores  y un plan de monitoreo.

AOR está basado en un Registro de Estándares, organizado en 12 Áreas temáticas y acompañadas por un set de preguntas de indicadores de riesgo y de evaluación de impacto. Haga click aquí para acceder los estándares e indicadores. Haga click aquí para mayor información.

Este es un proyecto ambicioso, que busca contribuir a la protección de los derechos humanos en el desarrollo. En este contexto, abrimos una consulta para poder crear una herramienta innovadora que demuestre tanto a gobiernos como instituciones financieras qué significa identificar y responder a riesgos e impactos en derechos humanos.

 

Cómo participar de la consulta

  • Documentos en borrador: Es posible acceder al Registro de Estándares e Indicadores directamente aquí. Los hemos organizado por área temática así pueden verse directamente los aspectos que más se vinculan con la experiencia de cada particiapnte.
  • Encuesta online: Hemos desarrollado un cuestionario online que se puede completar haciendo click aquí
  • Comentarios en documentos: Es posible enviar comentarios usando directamente los archivos de las tablas, con control de cambios, a esta dirección: hr_consultation@fundeps.org
  • Entrrevistas personales: Hemos dispuesto un equipo de trabajo para organizar reuniones virtuales para recibir comentarios y observaciones. Para hacerlo, comunicarse con el correo hr_consultation@fundeps.org.
  • Fecha límite: 31 de Octubre.

Fundeps prepares a working document that deals with the problem of MSW (Urban Solid Waste) in our city. The objective is to contribute and influence public policies at the local level that guarantee the right to health and a healthy and balanced environment adopted by international standards.

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic.”

The problem of urban solid waste (MSW) begins with the development of the modern society in which they live, and has its origin in causes of another nature: from rapid population growth, the use of material goods of rapid deterioration or without degradability , even more complex causes that are due to an inefficient integral waste management accompanied by strong political and economic interests.

According to the statistical data provided by the Ministry of Environment and Sustainable Development, each inhabitant generates one kilo of garbage per day, which is deposited in one of the 130 end-of-end properties, in the worst case, in the hundreds of garbage dumps. open sky that were formed in the country. The city of Córdoba generates approximately 1200 tons per day of urban and similar solid waste that, until 2010, were deposited in the south of the city, in the Bouwer property, located on Route 36 and currently, temporarily, son disposed in the Sanitary Landfill of Piedras Blancas. This dynamic generates multiple situations of environmental degradation and violation of the right to a healthy environment and the right to health, among others.

This global and local problem has been addressed and regulated in different international and national instruments in order to minimize the harmful effects and adapt laws with sustainable public policies and according to the specific realities of each country / province.

From FUNDEPS we are working on this important issue and we have prepared as a first working document the following report “First Approaches: Current legal framework and real problem of solid urban resources in Córdoba”, which expects an approach to the problem.

We want to move forward starting from the study of the environmental institutionality in the matter of MSW (Urban Solid Waste), the funds that are destined to the GIRSU (budget item), the current situation of the bidding of the service, the environmental liabilities pending remediation (property ) Potrero del Estado, Bouwer), the real and legal situation of the foundations, the open sky and the adaptation of the practices and the management of RSU in Córdoba with the adopted international and national standards.

The purpose of this work proposal is to contribute and influence public policies at the local level that guarantee the right to health and a healthy and balanced environment adopted by international standards.

Contact:

Malena Martinez – Human Rights Area

malemartinez@fundeps.org

Our foundation is participating actively in the monitoring of the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation, and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, in accordance with Principle 10 of the Rio Declaration. By means of this letter we invite you to participate in the elaboration of the Guidance Document for Negotiations, providing comments and suggestions.

THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE POLICIES (FUNDEPS), as a TAI member (The Access Initiative) is participating actively in the monitoring of the Regional Agreement on Access to information, public participation, and access to justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean, in accordante with Principle 10 of the Rio declaration For that purpose we cordially invite you to comment the Guidance Document for Negotiation, prepared by ELAC and attached to this email.

Our working team is responsible for coordinating and systemizing the commentaries of the document’s preamble and articles : 1 (objectives), 2 (definitions), 3 (principles), 4 (scope of application), 5 (general obligations) and 8 (public participation in environmental decision-making). We may also receive or forward commentaries on the entire text.

Being aware of your expertise and influence in this field, and so as to obtain ideas, commentaries, objections and suggestions on how to improve the text in preparation of the negotiation phase, and so that a wide participation becomes effective, we communicate this invitation to participate in the commentaries.

The commentaries will be received and processed until July 10th of this year. The commentaries can also be sent to the ELAC secretary until August 31st of of this year. Please do not hesitate in contacting us if you have any doubt or inquiry. We look forward to your input in the effective implementation of Principle 10 of the Rio declaration!

Best regards,

Juan Carballo, Executive Director

Yamile Najle, Coordinator of the Human Right Area

Additional information is available at : http://www.cepal.org/rio20/principio10/.

In a trial in which FUNDEPS intervened as amicus curia, The Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of Cordoba rejected once again the injunction for which VERDOL S.A. requested authorization to fumigate in the City of Alta Gracia, in a celebrated but censurable decision.

Last August 27th, the Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of Cordoba rejected once again the injunction for which VERDOL S.A. requested authorization to fumigate in the City of Alta Gracia. until such time as the closing of the trial over the constitutionality of ordenance 9375 of the Legislature of that city. This regulation established a “Emvironmental Protection Zone” of 1500 meters from the urban center or permanent populated settlements.

In this trial, the Chamber granted FUNDEPS a participative role as amicus curiae, as recognized in the very ruling (pg 2). In the judicially presented document, FUNDEPS argued that the ordenance should adequately protect health and the environment and that it be enacted by the local authorities. Also, it detailed that the principal risk is not the loss of profits, but the affectation to the right to health and a healthy environment, which demands that an adequate value be placed on the precautionary principal. The constitutional obligations to protect health and the environment demand the rejection of the injunction.

The recent decision of the Eighth Chamber of Civil and Commercial Affairs of the City of Cordoba has been celebrate for its rejection of the injunction. However, we are troubled by the lack of reference to the substantive regulation that establishes the obligation to protect health and the environment. On the contrary, in the text of the ruling, the court states that “We arrive at this decision with care to abstract the debate from the sowing conditions found in the judicial inspection.” FUNDEPS urges the judicial courts to recognize and adequately value the constitutional obligation to protect health and the environment.

For more information:

Text of the amicus presented by FUNDEPS

Contact:

info@fundeps.org

Despite the universitality of human rights, a large number of States continue interpreting their obligations as applicable only within their own territory.  This has led to an important void in the protection of these rights, for which reason a series of principles has been developed that intend to clarify what States’ extraterritorial obligations are in terms of economic, social and cultural rights.

“Extraterritorial obligations” (ETO) are those obligations that States have as a consequence of their acts or omissions, that impact on the enjoyment of human rights outside of their own territorial limits.  Although they have acquired greater relevance as a consequence of the effects of globalization, States still show a strong tendency to limit their obligations to their own territory.  This has led to important voids in the protection of human rights, particularly in the case of transnational businesses and intergovernmental organizations, such as the International Financial Institutions (IFIs).

Consequentially, since 2011, and thanks to the effort of international experts in the underlying principles of the ETO, there exists a set of principles known as Maastricht’s Principles about States’ Extraterritorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.  At present, these principles constitute an expert international opinion, which clarify States’ extraterritorial obligations based on current international rights.

Extraterritorial Obligations (ETOs) and their relationship with International Financial Institutions (IFIs) and transnational businesses

In this context, it so happens that States frequently turn to IFIs with the aim of requesting financing for their projects, many of which are liable to cause violations to human rights, not only in the territory of the State that requested the financing but also outside of it.  However, it is important to clarify that international rights do no permit the States to ignore – nor transgress – their respective human rights obligations, through the use of the IFIs as agents that do not comply with, in their practices, the own obligations of the States.  In this sense, Maastricht’s principle number 15 directly refers to States’ obligations as members of international organizations, establishing that:

“A State that transfers competencies or participates in an international organization must adopt all reasonable measures to guarantee that the organization acts according to international obligations on the subject of  human rights of said State.” (Maastricht’s Principles, point 15)

That is to say, that States can not evade their obligations protecting themselves with the justification that actions are developed by the IFIs.  On the contrary, as members of said organizations, they must take the measures that are within their reach so that the activities of said organizations are consistent with internationally recognized human rights.

A similar analysis is applicable in the case of transnational businesses originating from a State, but whose activities can have effect on the human rights of the population where they operate.  In this case, point 24 of Maastricht’s Principles highlights the States’ obligation of protection or regulation, establishing that:

“All the States must adopt the measures to assure that non-governmental actors that are in positions to regulate […] including individuals and private organizations, transnational businesses and other commercial businesses, do not override or undermine the enjoyment of economic, social and cultural rights.” (Maastricht’s Principles, point 24)

This implies that a State can not wash their hands of  the actions and obligations of their transnational businesses that operate outside of their own territory.  To the contrary, they must take charge of regulating and supervising their activities,  above all those that are related to economic, social and cultural rights (DESC).  In this way, Maastricht’s Principles establish that the States must try through their means, to achieve the highest grade of satisfaction possible from the DESC; those that encompass basic questions of human dignity such as food, health, housing, work, education and access to water, among others.  States contribute to the guarantee of these rights through their acts or omissions, their decisions that support the governing bodies of the IFIs, and in the regulation and supervision of the actions of their transnational businesses.

In this context, civil society must advocate for the recognition of and compliance with Maastricht’s Principles, since without the observance of extraterritorial obligations, human rights cannot assume their role as legal basis for the regulation of globalization, nor assure the universal protection of all people and groups.  Therefore, one of the current challenges consists of finding the way to tackle the immunity that the IFIs claim and the consequent lack of accountability.

These types of advances in terms of international rights, and in relation to the protection of human rights, is relevant within the context of the work of FUNDEPS.  Both from the global view point when considering, for example, the obligations of the States that make up the IFIs; as from the local point of view, taking into account violations to human rights in the local sphere, that can be caused by the actions of transnational businesses or projects financed by the IFIs.

More information:

Web page of the ETO Consortium

Maastricht’s Principles about States’ Extraterritorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights

Contact:

Gonzalo Roza – Coordinator of the Area of Global Governability

gon.roza@fundeps.org

Yamile Najle – Co-coordinator of the Area of Human Rights

yamilennajle@fundeps.org

Translated By: Rebecca Rhoads

With virtually no regard for the comments and suggestions from civilsociety, the IDB has approved the new policy of the IndependentConsultation and Investigation Mechanism (ICIM). While this doesinclude a sparse few positive aspects, it implies a setback in theprocess of strengthening the ICIM started in 2010.

On December 17th, 2014, the IDB’s Board of Executive Directors approved by consensus the new policy of the ICIM, or the Independent Consultation and Investigation Mechanism, by which the Bank aims to respond to the concerns and complaints lodged by individuals or communities affected by “a substantial, adverse, and direct damage as a result of any potential breach by the Bank due to its operational policies in operations funded by the institution” [1] and, through this, improve the social and environmental outcomes of its operations.

According to the provisions established by the Bank itself, the aim of the recent review of the ICIM’s policies, which began in August 2013 and was recently completed in late 2014, was to “ensure that the mechanism is organized and appropriately staffed so as to meet current and future needs, and has the structure, policies, and processes needed to function effectively. “[2]

However, adopting this new policy has only confirmed the concerns of many civil society organizations that saw the review as a clear and deliberate weakening of the Mechanism and a set back to the process of strengthening it, launched in 2010.

In turn, throughout the entire review process imposed by the Bank, a series of irregularities and shortcomings have been pointed out, particularly with respect to public consultations and incorporating feedback from civil society. These irregularities question the legitimacy of the entire process.

Not only has the IDB turned a deaf ear to the claims of a number of organizations involved in the effective and participatory process of consultation for the second phase of the review of mechanism, but worse still it seems that the IDB has not taken into account the comments and suggestions made by civil society while preparing the Revised Draft ICIM Policy.

A clear example of this is the document Comments on the Revised Draft Policy that FUNDEPS, along with a group of more than 20 civil society organizations from different countries around the world, sent to the bank last September during the second phase of public consultation. Of the more than 45 comments suggesting improvements to the Mechanism made in that document, only 3 of them have been taken into account in the new policy, and only partially so.

Moreover, it is unlikely that the suggestions from other individuals and organizations from different countries of the region and of the world have been taken into account since they voiced their suggestions during the public consultation (a total of 43 written documents with comments, according to the Bank), and the new policy’s document is almost equal to the Draft provided for consultation, with the exception of some minor modifications. If analyzed comparatively, both documents are virtually identical, with only few substantial additions; the vast majority of the differences are strictly in wording. There are no more than 15 substantial changes, many of which do not even incorporate substantial improvements for the sake of forming a more effective and efficient mechanism.

In addition to this, the Revised Draft Policy has effectively covered very few of the recommendations and suggestions made by civil society during the first phase of public consultation. This can be observed from a comparative analysis of the Draft document to said comments, accessible through the Bank website.

In light of all this, one is left to wonder what the true purpose of the IDB conducting public consultations is; does the Bank really take into account the comments made by the many organizations and individuals who invest their time, effort, and resources in order to improve the functioning of the institution? … or is it a mere procedure by which the Bank legitimizes its actions without truly taking into consideration the comments made by civil society in these spaces?

Changes in the new policy

The new policy proposed by the Bank provides a number of important changes in the structure and function of the Mechanism, among which are the following:

Structure: The structure of the Mechanism has been redefined to include the following changes:

• From now on it will be lead by a ICIM´s Director, who will report to the Bank’s Executive Board and will be responsible for all ICIM’s office, administrative, and operational staff, including the two Phase Coordinators who are to work under the supervision of the Director.
• The Coordinator of the Consultation Phase will replace the figure of the Project´s Ombudsman.
• The Compliance Review Panel will no longer be permanent and will now be settled by the Compliance Review Phase Coordinator (who will act as chairman of the Panel) and two ad hoc independent experts hired for each case from a roster of experts.
• The Director of the ICIM shall be appointed by the Executive Board while Phase Coordinators shall be appointed by the Director.
• The position of Executive Secretary of the ICIM will be eliminated.

Operation: various modifications were introduced, among which stand out:

• Changes in the processing, requirements, and necessary content of applications.
• Scope: limited coverage to operations financed by the Bank with the approval of the Board (the previous policy also covered the operations financed before the approval of the Board) and up to only 24 months (2 years) after the last expenditure.
• simplified process of Eligibility of Applications establishing a sole eligibility managed by the Director of ICIM in conjunction with the Phase Coordinators.
• Elimination of the sequence requirement for cases in which applicants wish to go directly to Compliance Review Phase, yet they shall remain in the event that the applicant opts for both Phases.
• Deadlines for all stages are to be established so as to reduce response times.

It is worth mentioning that the new policy incorporates a number of provisions which, although few in number, are positive in relation to the previous policy, such as:

• Changes in the structure of the Mechanism in order to make it more effective;
• The unification of project eligibility processes into a sole process led by the Director of ICIM;
• The possibility of field trips to those countries in which the projects are carried out (during Eligibility Phase);
• The intention of making the process of Applicant Registration more structured and transparent;
• The possibility of allowing Applicants to choose either the Consultation Phase, the Compliance Review Phase, or both, thus eliminating the sequential requirement when Applicants wish to resort directly to Compliance Review Phase;
• The creation of a Roster of experts from which the two ad hoc Panel members that will accompany the Compliance Review Phase Coordinator will be selected in each particular case.

However, beyond these few positive aspects, the new policy is a serious weakening of the Mechanism, especially in terms of Accessibility and Independence, crucial aspects of an effective and efficient instrument. As such, the new ICIM Policy establishes conditions that challenge the independence of the Mechanism, creates many unnecessary barriers to its access, and renders the filing of a request by the affected parties much more complicated. (For detailed information on some of the main criticisms and suggestions made by a group of Civil Society Organizations under the ICIM review process, see the following document).

The new Policy not only means a sharp decline in the process of strengthening the Mechanism by replacing the old, inefficient IIM (Independent Investigation Mechanism) with ICIM, it also means a deterioration of other existing mechanisms of accountability in other institutions similar to the IDB. While most of these institutions’ mechanisms tend to facilitate and promote accessibility, it seems that the IDB is doing more the opposite by establishing an inaccessible mechanism, hardly independent and therefore very unreliable and ineffective.

As such, the IDB has begun 2015 by taking a preoccupying step backwards with respect to the ICIM, an instrument of great importance for environmental and protection of human rights in countries where the Bank operates. It is the responsibility of civil society to ensure that, beyond the weakening of the IDB’s accountability presented by the new policy, the mechanism works as effectively and efficiently as possible. FUNDEPS will continue to work towards that goal.

More information:

ICIM website
New Approved Version of ICIM – December 17, 2014
ICIM Policy Revised Draft – June 2014 (subject to public consultation in the second phase)
Comments on the Draft of the Revised Policy of the ICIM – September 2014 (sent to the Bank by over 20 Civil Society Organizations in the framework of the Second Phase of Public Consultations)
Summary of Major Changes Proposed for the Second Phase
Independent Consultation and Investigation Mechanism Policy 2010 (old policy).

Contact:
Gonzalo Roza – Coordinator  of the Global Governance Area
gon.roza@fundeps.org

[1] See section ICIM in IDB website: http://www.iadb.org/en/mici/home,1752.html
[2] Document “Revision of the structure and policy of the Independent Consultation and Investigation Mechanism (ICIM): summary of key changes.” July 30, 2014. IDB. Pp. 1. available at: http://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/Revised_Policy_Summary_of_Changes_in_English.pdf