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Infancias en Peligro: la respuesta insuficiente de Argentina en las audiencias de la ONU

Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

  • Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

  • Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

  • Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

  • Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

  • Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

 

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

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¡Queremos el lago San Roque limpio ya!

En Fundeps trabajamos desde 2009 por el derecho a un ambiente sano. Entendemos el ambiente desde una perspectiva integral y amplia que incluye la interacción entre los bienes comunes naturales y la sociedad. Desde esta mirada nos preocupa el agua de la provincia, por eso, en esta nota te contamos cronológicamente las acciones que llevamos adelante en la búsqueda de soluciones por un lago San Roque saneado.

Realizamos en el año 2020 un Diagnóstico Situacional de los Recursos Hídricos de Córdoba: Lago Los Molinos y Lago San Roque, con el objetivo de analizar el estado de las principales cuencas de la provincia, entender acabadamente la problemática y analizar posibles cursos de acción.

La Cuenca del Lago San Roque se encuentra en una situación de extrema gravedad por su avanzado estado de eutrofización. Esto quiere decir: la proliferación de algas en agua dulce como consecuencia de un exceso de nutrientes, particularmente de fósforo; este proceso natural se ve profundizado en épocas de calor. La situación se debe principalmente a la falta de saneamiento en la zona de Punilla, sistema de cloacas deficitario, falta de control sobre autorización de vertidos, degradación del lago, incendios, desmontes, entre otras. Con esa base, realizamos gestiones con personas tomadoras de decisión con el objetivo de emprender acciones para su remediación.

La contaminación de la Cuenca del San Roque no solo pone en riesgo la salud de las personas que de modo directo o indirecto están en contacto con la cuenca, sino que también afecta la calidad de vida, el paisaje, las economías regionales y la diversidad biológica de la provincia. 

Al no obtener respuestas positivas por parte de la administración provincial y como último recurso, en noviembre de 2022 presentamos una acción de Amparo Ambiental Colectivo, demandando a la Provincia, las comunas y municipios que conforman la Cuenca del Lago San Roque, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI), al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, y a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba (ahora Ministerio). Chequeá la línea de tiempo de la causa acá.

En el amparo solicitamos a la Justicia, entre otras medidas, hacer cesar de manera progresiva las actividades contaminantes como volcamientos de residuos peligrosos, cloacales, industriales; se ordene a los demandados construir, concluir o ampliar las obras de cloacas necesarias, y  la creación de un Comité de Cuencas autónomo y autárquico, compuesto por los diversos actores de la cuenca. Solicitamos, además, diversas medidas cautelares como la suspensión de cualquier autorización para efectuar volcamientos sin tratamiento, crear un plan de manejo de carácter transitorio, diseñar un plan de comunicación de riesgos, entre otros. 

En el mes de marzo de 2023, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación, admitió parcialmente la medida cautelar solicitada y ordenó al Gobierno de Córdoba la elaboración y presentación de un Plan provisorio de Saneamiento y Desarrollo Sostenible en el plazo de 60 días. 

La provincia apeló esta resolución y simultáneamente presentó un plan no dando cumplimiento a la resolución. El plan presentado tiene serias deficiencias: no estipula plazos, presupuesto, ni organismos encargados de ejecución. Además se trata de un plan que excede ampliamente los límites de la medida cautelar ya que fue diseñado para ejecutarse en un plazo de 15 años. Desde Fundeps efectuamos diversas observaciones. Al día de hoy, la Cámara interviniente aún no se expidió. Consideramos que el diseño de un programa de gestión ambiental de tamaño impacto y extensión temporal, que compromete a generaciones presentes y futuras vinculadas a la Cuenca del San Roque, debe necesariamente diseñarse en diálogo con la población y que no puede decidirse el futuro de la cuenca en el acotado plazo de 60 días. 

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso y mientras tanto la provincia, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Cuencas (creada en noviembre de 2023 por ley 10.941), están llevando adelante acciones de saneamiento insuficientes: son las mismas que se han realizado durante años y que no han evitado la situación de contaminación actual. 

De cara a la temporada de verano, con altísimas temperaturas, miles de hectáreas incendiadas recientemente y una profunda sequía, creemos que es momento de exigir acciones que lleven a resultados diferentes que transformen la gestión de la cuenca y promuevan un cambio real. Es un momento clave para solicitar participación ciudadana en el diseño, ejecución e implementación de las políticas públicas destinadas al saneamiento de la cuenca.

 

Tu participación es clave para lograr el saneamiento de la cuenca. ¡FIRMÁ ACÁ!

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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(Re) ordenando el territorio: Escazú y la participación ciudadana

En un esfuerzo por promover la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local, desde Fundeps llevamos adelante tres encuentros durante el mes de agosto, dirigidos a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en fortalecer las competencias  en derecho ambiental y en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, esenciales para una planificación urbana sostenible.

El público destinatario de estos encuentros fueron  quienes integran las Secretarías de Desarrollo Urbano, Integración Regional y Vinculación Institucional, y de Ciudad Inteligente de la Municipalidad de Córdoba. El objetivo central fue brindar las herramientas necesarias para comprender y aplicar el Acuerdo de Escazú en las políticas y prácticas de planeamiento urbano de la ciudad.

Los dos primeros talleres se centraron en aspectos teóricos y específicos sobre las leyes de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú. Para el último encuentro, pusimos especial énfasis en la participación ciudadana. Durante esta sesión, exploramos diversos modelos de participación ciudadana exitosa, tanto a nivel nacional como regional, destacando ejemplos prácticos que han sido implementados en distintas ciudades de nuestro país, así como también en países de América Latina y localidades de Europa.

Propusimos discusiones sobre casos en los que la participación activa de la ciudadanía ha resultado en mejoras significativas en la planificación y gestión urbana, subrayando cómo estos procesos inclusivos pueden ser adaptados a nuestra ciudad. Además,  analizamos las herramientas y mecanismos disponibles para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfatizando en la importancia de la transparencia, la comunicación efectiva, el lenguaje claro y la construcción de confianza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.

Continuamos trabajando para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local. El Acuerdo es una herramienta fundamental para la protección del ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Si querés profundizar sobre el Acuerdo de Escazú, ingresá a nuestra web: https://acuerdodeescazu.org/

 

Autores

Lourdes Zanotti

Federico Marengo Ligoria

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.

Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.

El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.

 

Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta)  – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA)  –  CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC –  Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa –  Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista –  INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM  – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES –  Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek

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Organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan ante el Senado la candidatura de Lijo y García-Mansilla a la CSJN

Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante la Cámara de Senadores de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.

Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.

Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura. 

Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes. 

Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales. 

Además, en esta oportunidad algunas organizaciones remitieron preguntas y cuestionamientos para que sean contestadas por parte de los candidatos de manera pública, tal como lo habilita el procedimiento de la Cámara Alta. 

Las preguntas presentadas a García Mansilla incluyen: ¿Cómo justifica su candidatura a la Corte Suprema en un contexto donde se exige una representación equitativa de género y su nombramiento perpetuaría la subrepresentación de mujeres en el tribunal? ¿Qué acciones concretas ha tomado para avanzar en los derechos de las mujeres y diversidades en su carrera?. Mientas que las preguntas formuladas a Lijo fueron: ¿Cómo puede su candidatura contribuir a una representación equitativa de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo garantiza la transparencia y ética en sus decisiones judiciales?

En estos contextos, creemos imprescindible que desde el Senado se consulte a los candidatos en las líneas aquí expresadas, así como también se indague en forma pormenorizada sobre los puntos neurálgicos que hemos advertido en nuestras impugnaciones. 

Exigimos que las y los Senadoras y Senadores estén a la altura de las circunstancias, y NO presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los Derechos Humanos y los más altos valores de justicia.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

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El BID aprueba una Nueva Política de Acceso a Información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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La salud de Marcos Juárez sigue en riesgo: comunicado sobre amparo por fumigaciones

La justicia provincial resolvió tener por no presentado el amparo iniciado por vecinos/as de Marcos Juárez y Fundeps por errores relacionados con las formalidades del proceso que fueron subsanados al momento de ser requeridos. Sigue sin discutirse la cuestión de fondo, que es la distancia para la aplicación de agroquímicos dentro del ejido municipal, ya que la ordenanza vigente no se cumple. Esta resolución afecta el acceso a la justicia y los derechos a la salud y al ambiente sano de la comunidad. 

En noviembre de 2023, desde Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez y Fundeps presentamos un amparo ambiental con el objetivo de aumentar las distancias entre las zonas pobladas y la aplicación de agroquímicos, debido a las afecciones que estos causan en la salud comunitaria. Este paso judicial se dio después de haber realizado diversos reclamos y pedidos de diálogo ante las autoridades locales, y no encontrar respuestas acordes.  

Luego de la presentación del amparo, la Cámara Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Marcos Juárez dio inicio al trámite, ordenando su publicación y solicitando a la Municipalidad de Marcos Juárez que conteste la demanda. En esa oportunidad, el Municipio señaló errores vinculados con el formato de la presentación del escrito del amparo, que resultó luego en una resolución judicial que decidió tenerlo como no presentado. Este error de formato se debió pura y exclusivamente a la manera en que fueron colocadas las firmas de los/as vecinos/as en el expediente electrónico, y fue subsanado inmediatamente a través de una ratificación. Además, las personas que firmaron se pusieron a disposición del Tribunal para ratificar el amparo de forma presencial y no dejar lugar a dudas sobre su intención de continuar con el proceso. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron considerados por la justicia. 

Se trató solamente de una cuestión de formas. La justicia no brindó una sentencia sobre el contenido de fondo del amparo, que son las distancias en la aplicación de agroquímicos, ni tampoco opinó sobre la información técnica aportada que da cuenta de la existencia de daños en la salud de la población, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial, en definitiva, parte de las preocupaciones que desde hace muchos años tenemos como vecinos/as de Marcos Juárez que vemos afectada nuestra salud, debido al incumplimiento e ineficacia de la legislación actual, y hemos decidido buscar una respuesta, con el acompañamiento de Fundeps, una organización cordobesa que trabaja hace 15 años promoviendo derechos y acompañando a comunidades afectadas en toda la provincia.

Esta decisión afecta gravemente el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales de la comunidad de Marcos Juárez, ya que no se dio lugar a la discusión sobre el uso de agroquímicos ni su impacto en la salud y el ambiente. Este tipo de resoluciones va en contra del principio precautorio que debe primar en cualquier proceso ambiental, en donde no solo deben plantearse medidas para eliminar los daños ambientales, sino minimizar la posibilidad de que se sigan produciendo.

Reafirmamos que nuestra lucha por un ambiente libre de agrotóxicos sigue en pie y más firme que nunca. Nuestro compromiso con un ambiente sano para toda la población de Marcos Juárez es inquebrantable. 

Seguiremos trabajando arduamente para garantizar un entorno libre de contaminantes y agrotóxicos, amparándonos en los principios constitucionales que nos respaldan.

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Piden al Senado que garantice una composición de la Corte Suprema que incluya mujeres

Ante la ausencia de mujeres en la propuesta presidencial para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un grupo de 12 organizaciones de la sociedad civil envió una carta a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, Guadalupe Tagliaferri, para que no dé inicio a la audiencia pública de designación de los dos jueces varones propuestos por el Poder Ejecutivo por ser inconstitucional y discriminatoria por motivos de género. Asimismo, implica un fuerte retroceso en la diversidad que debe reunir el máximo tribunal, con serio impacto en su legitimidad. 

En toda la historia argentina solo hubo tres mujeres en la Corte frente a 104 hombres. En lugar de revertir esta alarmante realidad, el Poder Ejecutivo decidió integrar dicho tribunal sólo con varones. Hoy es la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, el órgano que tiene la oportunidad histórica de impedir que durante al menos 7 años tengamos una Corte absolutamente masculina, dejando afuera a mujeres que reúnen las condiciones para ocupar ese cargo y reforzando los estereotipos que bloquean su acceso a lugares de poder y toma de decisión. 

Los momentos de mayor participación política de las mujeres en dichos espacios, además, coincidieron con importantes avances en materia de género. La creación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, organismos fundamentales para documentar y revertir la discriminación y violencia, tuvo lugar cuando Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco formaron parte de la máxima magistratura.

Una integración paritaria de la Corte Suprema y el acceso igualitario a cargos públicos, especialmente en órganos jerárquicos y de poder, son derechos políticos de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos, de acuerdo con los compromisos asumidos en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Asimismo, el Decreto 222/03 recoge dichos estándares para el proceso de designación de jueces y juezas en la Corte y establece que debe promoverse una composición de género diversa al definir los nombramientos. 

Pese a que en el Poder Judicial argentino el 57% del personal está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades allí.  

Es un deber del Poder Ejecutivo proponer mujeres para la Corte que reúnan las cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función y, del Legislativo, promover y asegurar que dicha obligación sea cumplida. 

Por ello, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Mujeres para la Justicia, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Poder Ciudadano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Campaña GQUAL y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), piden al Senado que no dé inicio a la discusión de los pliegos para nombrar dos jueces en la Corte a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina. 

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

*Imagen extraída de una publicación de la Fundación Género con Clase

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Organizaciones rechazan el discurso del presidente a favor de la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental

Las organizaciones aquí firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

El presidente manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones. La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.

Las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe. La inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países. No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo.

El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias. Lamentablemente, la mención a las “minorías ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.

Los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible.

De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legítimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo.

A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta.

En este marco, reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.

 

Organizaciones firmantes:

  • Agencia de Cooperación para el Desarrollo
  • Ahora qué?
  • Alianza x el Clima
  • AsAE
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
  • Asociana
  • Aves Argentinas
  • Banco de Bosques
  • CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista)
  • CeDePesca
  • CeIBA (Centro de Investigación del Bosque Atlántico)
  • CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
  • Circulo de Políticas Ambientales
  • Comunidad Verde
  • Conciencia Solidaria
  • Consciente Colectivo
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  • Wetlands International

 

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Iniciativas financieras impulsadas por China: acceso a la información y a la rendición de cuentas

Gran parte de lo que sucede en la política exterior argentina se encuentra vinculado con China, de la mano de su creciente influencia global, por lo que es importante conocer iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en las que China es su principal promotor. Desde Fundeps compartimos documentos con información básica y accesible sobre estas iniciativas, poniendo énfasis en recursos prácticos para acceder a información y a sus mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) representa el programa de desarrollo de infraestructura y conectividad global insignia de China que pretende impulsar el comercio y nuevos lazos políticos y económicos con las naciones participantes, principalmente los países emergentes y “en vías de desarrollo”. Por su parte, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)  es un banco multilateral de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China que cuenta en la actualidad con más de 100 países miembros de todo el mundo y financia proyectos en otras regiones, como América Latina y el Caribe o África.

El AIIB está estrechamente vinculado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sólo porque los procesos de conformación de estos dos instrumentos fueron impulsados por el Presidente chino Xi Jinping y se dieron en simultáneo, sino también porque el AIIB se constituye en la principal herramienta de financiamiento para los proyectos que se enmarcan en la IFR. Asimismo, ambos son parte de un proceso de reconfiguración geopolítica donde el centro de gravedad de la economía mundial gira hacia el Asia Pacífico. Además, ambos han sido objeto de críticas desde sus inicios en relación a los impactos ambientales y sociales negativos que han generado sus proyectos y la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

El rol que cumplen -y cumplirán en el mediano-corto plazo- el AIIB y la IFR en Argentina, es  mucho más cercano y tangibles de lo que creemos: si bien parecen iniciativas o actores lejanos y ajenos a la realidad local, a través de su accionar promueven o facilitan la realización de grandes proyectos de infraestructura y energía en el país que, a su vez, tienen -o pueden tener- un impacto directo o indirecto sobre la vida diaria de las personas y pueden afectar derechos sociales y/o ambientales, especialmente de las poblaciones y comunidades vinculadas a los proyectos. De hecho, ya existe un primer proyecto aprobado en Tierra del Fuego que será financiado por el AIIB por un monto de 65 millones de dólares y, en el marco de la IFR, existen diversos proyectos comprometidos en nuestro país. Por este motivo, es fundamental monitorearlos, conocer cómo acceder a información sobre los proyectos y cómo presentar una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco.

Sumado a esto y dada la frecuente falta de transparencia de la banca china y el desconocimiento generalizado sobre la misma, desde Fundeps compartimos estos folletos  actualizados con información resumida sobre el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. También sumamos un instructivo sobre cómo realizar una queja ante el Mecanismo de Personas afectadas por el Proyecto (PPM, por sus siglas en inglés),el mecanismo de rendición de cuentas del AIIB.

¿Cómo influye la coyuntura?

Durante el actual gobierno de Javier Milei los vínculos diplomáticos entre ambos países se han tensionado a partir de la reconfiguración de la política exterior de la nueva administración, con un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y Occidente. También podemos mencionar ciertas medidas como la decisión del gobierno argentino de realizar visitas a la base espacial china en Neuquén o renunciar a la membresía de Argentina al bloque de los BRICS, el freno a obras de infraestructura con financiamiento chino o incluso declaraciones del propio Presidente o de la canciller Diana Mondino. Esto se ha visto reflejado, entre otras cosas, en las dificultades en las negociaciones para renovar el swap con China -intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países- o en el debilitamiento en el vínculo comercial, que ha desplazado a China al cuarto lugar como socio comercial de Argentina, posicionándose actualmente detrás de Brasil, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 

No obstante, vale resaltar que el vínculo entre Argentina y China sigue siendo muy importante, y lo seguirá siendo a futuro, independientemente del gobierno de turno.

Una relación bilateral de carácter estratégico

La relación bilateral entre la República Popular China y la Argentina fue afianzándose en las últimas décadas y adquirió una mayor relevancia desde los años 2000, llegando a constituirse, hace casi 10 años, como una Asociación Estratégica Integral. La misma incluye una ampliación en las áreas de cooperación y abarca aspectos no sólo económicos y financieros sino también políticos, comerciales, tecnológicos, culturales, sanitarios y en materia de inversiones. Este afianzamiento en los vínculos se vio reflejado en la incorporación de Argentina a las dos iniciativas aquí mencionadas.

La firma de una Declaración Conjunta en 2004 y de la Asociación Estratégica Integral en 2014 han sido, a nivel diplomático, dos antecedentes insoslayables para comprender el ingreso de Argentina a la IFR y al AIIB. Dada la continuidad y proyección a largo plazo del vínculo sino-argentino, puede decirse que el ingreso de Argentina a la IFR (en 2022) y al AIIB (desde 2021, en calidad de miembro no regional), son coherentes con el acercamiento y afianzamiento de las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972 y cristalizan este vínculo de larga data entre ambos países, planteando tanto oportunidades como desafíos para nuestro país.

 

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Preocupación por la situación de personas detenidas en la manifestación contra la Ley Bases

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las personas detenidas durante la manifestación contra el proyecto de ley conocido como Ley Bases. Protestar es un derecho y es esencial que se respeten las normas y los estándares internacionales. Desde Fundeps, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de estas personas.

El pasado 12 de junio, en el marco del tratamiento del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en el Congreso de la Nación, se desarrolló una manifestación que terminó en detenciones arbitrarias luego de la represión de las fuerzas de seguridad. 

El operativo ejecutado por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval avanzó  sobre las personas utilizando gases, camiones hidrantes y balas de goma. Este accionar recibió las felicitaciones de la Oficina del Presidente quien calificó como “terroristas” a quienes se manifestaron, acusándoles de intentar un “golpe de estado”. 

La criminalización de la protesta social es una grave violación de los derechos humanos. La libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica están protegidos por leyes nacionales, nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país está adherido.

Por todo esto, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas, quienes se encuentran en esa situación por hechos que no constituyen delito alguno. Además, sin claridad de sus condiciones, motivos de detención y en violación de sus derechos en los procesos iniciados.

La democracia se fortalece garantizando el derecho a manifestarse y a poder expresar las ideas de forma libre, sin temor a la represión y a la criminalización. Bajo ningún punto de vista puede asimilarse un reclamo social con un golpe de estado.

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

*Fuente imagen: Agencia FARCO

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Grave retroceso en el acceso a la justicia: ordenan cerrar 81 centros de atención en todo el país

Ayer, 10 de junio, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia. De esta forma, quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que desmantela un sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio.

Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad. El foco está, justamente, en barrios populares y/o parajes rurales, lugares que históricamente han tenido mayores barreras para acceder a sus derechos. Los CAJ son dispositivos que brindan atención legal primaria: se trata de brindar servicios que se ocupen específicamente de las necesidades jurídicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas: acceder a documentación personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, asistencia a víctimas de delitos, entre otras cuestiones. Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren.

Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental.

Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.

¿Cuál es la situación actual de los CAJs?

Según información oficial del Ministerio de Justicia brindada como respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en lo que va del año se habían cerrado seis Centros (pasando de 109 a 103). Sin embargo, en el día de hoy, se publicó en el Boletín oficial una resolución del Ministerio de Justicia que resuelve que quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que vulnera un primer principio de la atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas enfrentan. Al mismo tiempo, no da cuenta de la necesidad de acompañamiento que las personas más vulnerabilizadas enfrentan ni de las barreras tecnológicas.

El costo del Acceso a la Justicia

En simultáneo al anuncio del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que desconoce, por un lado, las premisas más básicas del acceso a la justicia y, por otro, algunos hechos evidentes como que en la Argentina no hay Defensor del Pueblo desde hace 15 años o que los Centros de Asistencia a Victimas de Delitos (CENAVID) funcionan justamente en los CAJ o de forma remota a través de atención telefónica

En el mismo comunicado, se hace referencia al costo que esta política tiene para el país. Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento.

Al mismo tiempo, es importante destacar que el uso del derecho por parte de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la atención y resolución temprana
de consultas y conflictos jurídicos resultan en mejores resultados económicos en general, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan. La inversión en Acceso a la Justicia termina reduciendo los gastos del Estado. En la actualidad, organismos internacionales como la OCDE alientan la implementación de este tipo de dispositivos, en parte, con argumentos de este tipo.

La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia.

FIRMAS

  • ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
  • ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
  • INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
  • CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
  • Fundeps
  • Capibara
  • Xumek
  • RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria
  • Curas Villeros
  • Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y
    estudios sociales.
  • Observatorio de justicia sanitaria y climática

Sobre el acceso a la justicia

El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros
derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar
respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org