Fundeps celebró 15 años promoviendo los derechos humanos

Este viernes 22 de noviembre tuvo lugar el Festival Es por acá en el Teatro Griego. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción por los derechos humanos. La jornada, que contó con la participación de activistas, artistas y organizaciones cordobesas, cerró a puro baile con Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) es una organización cordobesa sin fines de lucro que, desde 2009, trabaja para que se garanticen los derechos humanos. El pasado viernes 22 de noviembre celebró sus 15 años con el Festival es por acá en el Teatro Griego de la Ciudad de Córdoba. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción  por los derechos humanos. 

Sobre el escenario de un Teatro Griego colmado, y antes del cierre musical a cargo de Sabor Canela, la directora ejecutiva de Fundeps, Mayca Balaguer, subrayó la importancia de animarse “a imaginar otro mundo, otro país y otra Córdoba mejores, más dignos y respetuosos de los derechos humanos” aún a pesar de las dificultades. 

“Este festival es una celebración, sí, pero también un recordatorio: lo que hacemos importa. Importa cuando logramos que las mujeres y las diversidades de este país tengan más herramientas para enfrentar las violencias y acceder a sus derechos. Importa cuando conseguimos compromisos genuinos por parte de la provincia para cuidar el ambiente y prevenir enfermedades. Importa cuando acompañamos a las comunidades en sus luchas por el agua, por la tierra y por la vida”, señaló. 

Además, destacó que la lucha y el trabajo de estos 15 años fue posible gracias al trabajo en red, a las alianzas con las organizaciones amigas, con las comunidades y con todas las personas que se sumaron. Algunas de esas organizaciones como la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, las VUDAS (Vecines Unides en Defensa de un Ambiente Sano) y la Mesa por la Emergencia Alimentaria Córdoba, fueron parte del Festival Es por acá visibilizando su trabajo y activismo en la Feria de Comunidades en Lucha.

Además, quienes se acercaron pudieron recorrer las ferias Otras economías y Cocina Soberana para comprar libros, cuadernos, indumentaria, accesorios, plantas, cosmética natural, comidas ricas y saludables, entre otros productos de diferentes emprendimientos autogestivos de Córdoba. Fundeps busca fortalecer emprendimientos que se basan en principios como la solidaridad, la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica y el reparto justo de la riqueza.

Líderes en Lucha

En un contexto donde la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más urgente, la tarde comenzó con el nuestro conversatorio Líderes en Lucha.. Con la moderación de Mimí Luz Argüello Lobo, docente y diseñadora, activistas de diferentes espacios reflexionaron desde su experiencia sobre la salud mental y los cuidados; las estrategias de incidencia digitales;  la importancia de las redes y el valor de lo colectivo.

“No sé si hubo un momento en que elegí ser activista, creo que la vida me puso a pelear por mis propios derechos y eso ha hecho que el camino se vaya haciendo al andar, hoy soy parte de un colectivo maravilloso“, compartió Santiago Merlo, activista Trans, presidente de la Asociación Civil La Casita Trans.

Por su parte Camila Gomez Parodi, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta de Sonia Torres expresó: “Mi generación, es una generación que nació con un montón de derechos y capaz no reconocemos toda la lucha que hay detrás. Entonces creo que las redes sociales están para dar esas discusiones. Pero no hay que perder de vista la calle, que sigue siendo muy importante para defender nuestros derechos».

El docente, filósofo y técnico de Lengua y Cultura Indígena, Juan Cruz Falco, conocido en las redes como juancito_piedra, compartió su experiencia como activista digital: “El hateo siempre está. Al principio me tomaba la molestia de contestar uno por uno y después dije no, ni me engancho porque te consume la energía. En este momento la emocionalidad es lo último que nos puede arrebatar. Cuando la cosa se torna personal es mucho más oscuro, lastima más por eso es importante estar en redes y cuidarse“.

“El trabajo en equipo es fundamental para el autocuidado. Me costó delegar y cuando aprendí fue lo mejor que me pudo pasar. Hoy lo agradezco y me siento cuidada. Reírse, abrazarse, acompañarse, trabajar en equipo, brindar y dar cariño es lo más saludable”, reflexionó Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación ConVoz, una organización con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres en situación de violencia de género.

Más que una organización, una trama

Luis Sencillo animó la tarde desde el escenario; Estalla serigrafía multiplicó la esperanza en remeras y parches; mientras los niños y niñas pudieron aprender y divertirse en el Espacio para las Infancias y disfrutar en familia del circo itinerante a cargo de Mundo Púrpura. La música a cargo de Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita completaron una tarde de encuentro y celebración. 

El festival fue también una oportunidad de reconocer el trabajo y el compromiso de todas las personas que fueron y son parte de esta historia colectiva. Aquel grupo de amigos que hace 15 años trazó el camino: César Murúa, Juan Carballo, Leandro Moscardó, Ana Carballo, Candelaria Negri, Pablo Bollati y Juan Martín Camusso. Quienes, al frente de la dirección ejecutiva, tuvieron el desafío y la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas, incluso en tiempos de crisis, liderar y cuidar el equipo: Carolina Tamagnini, Virginia Pedraza y Juan Carballo. Las integrantes del Consejo de Administración, Ale Galván, Mili Pioletti y Mariana Paterlini, que aún estando lejos, escuchan, contienen y guían a la fundación en las grandes decisiones con rigurosos criterios estratégicos y sobre todo, con amorosidad y empatía. 

El trabajo de Fundeps no sería posible sin el equipo de voluntariado que con toda la manija, a la salida del laburo o del cursado, aporta su tiempo, sus ideas y su acción en todas las causas que nos movilizan. Y por supuesto las 24 personas que combinan militancia y trabajo, que asumen el compromiso diario de aportar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Cómo expresó Mayca Balaguer: “Fundeps es más que una organización: es una trama. Es un tejido vivo, que se fortalece con cada vínculo, con cada mano que se extiende y con cada historia que se suma”.

También queremos extender nuestro profundo agradecimiento a las instituciones que hicieron posible esta celebración, brindándonos su apoyo:

  • COYS. Córdoba Obras y Servicios
  • EPEC
  • Agencia Córdoba Joven de la provincia de Córdoba
  • Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad – Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba
  • Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Córdoba

Y destacamos la colaboración especial de:

  • Universidad Nacional de Villa María
  • Kangaroo Seats
  • Club Atlético Talleres
  • Instituto Atlético Central Córdoba
  • Club Atlético Belgrano
  • Parque Agroecológico Myriam Gorban

Gracias a cada una de estas instituciones por sumarse con su compromiso y apoyo, impulsando junto a nosotres un espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva.

En un contexto donde los consensos democráticos construidos y los derechos humanos conquistados están siendo amenazados, Fundeps renueva su compromiso con la lucha colectiva porque la esperanza también se organiza. 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Alerta de la CIDH: Argentina debe sostener sus políticas de género para proteger derechos humanos

En una audiencia histórica, se expuso ante la CIDH el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe», afirmaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. 

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

La voz de las organizaciones

En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.

“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.

La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”

A contramano de principios internacionales fundamentales

El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.

Lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Juliana Miranda del CELS. La CIDH ha advertido en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.

  • Mirá la audiencia completa acá.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

¡Se viene el Festival Es por acá!

El próximo viernes 22 de noviembre celebraremos 15 años de compromiso y acción en defensa de los derechos humanos en el Festival Es por acá.  Nos encontramos en el Teatro Griego de 18:00 a 23:00 h.

Este evento convoca a activistas, artistas, organizaciones y a toda la comunidad cordobesa a ser parte de una tarde de celebración. A través de diversas actividades buscamos inspirar y concientizar sobre la importancia de construir redes colectivas para transformar la realidad. Es por acá, para reflexionar y actuar por los derechos humanos. 

Durante la jornada, podremos disfrutar de una variedad de actividades:

  • Conversatorio “Líderes en Lucha”: espacio para reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos a través de relatos y experiencias de activistas y organizaciones.
    • Modera: Mimí Luz Argüello Lobo. Docente y diseñadora.
    • Participan del panel: 
      • Santiago Merlo. Activista Trans. Lic. Comunicación, Educador y Gestor Cultural. Presidente de la Asociación Civil La Casita Trans. 
      • Camila Gomez Parodi.  Integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Filial Córdoba. 
      • Juan Cruz Falco. Docente, filósofo y técnico de Lengua y Cultura Indígena. 
      • Ruth Ahrensburg. Fundadora de la Asociación ConVoz.
  • Música en vivo: Show de bandas locales como Sabor Canela, Soul Bitches, y Dj Santa Rita.
  • Intervenciones artísticas: performances circenses, serigrafía en vivo y mucho más.
  • Espacio para las infancias: con juegos y actividades. 
  • Feria de emprendimientos locales: con productos que promueven otras economías.
  • Feria de organizaciones: para visibilizar el trabajo y luchas de Córdoba. 

La entrada es libre y gratuita con aporte voluntario. Sumate y formá parte de este espacio de celebración y compromiso colectivo. 

Conseguí tu entrada haciendo click 

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¿Qué pueden hacer las provincias para combatir el tabaquismo?

A pesar de contar con la Ley Nacional de Control de Tabaco, Argentina enfrenta desafíos para abordar de manera sólida e integral la epidemia del tabaquismo. Si bien la Ley es una herramienta valiosa, hoy no alcanza para hacer frente a las nuevas estrategias de la industria tabacalera. En este contexto, las provincias tienen la oportunidad de impulsar iniciativas para complementarla, mejorando los estándares de protección de la salud y las políticas de control de tabaco desde lo local. 

Pasaron 13 años desde la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco, y aunque ha sido un importante punto de partida, en nuestro país aún fuma el 22% de la población adulta y el 20% de adolescentes, ocasionando casi 43 mil muertes al año. Además, anualmente la epidemia del tabaquismo le cuesta al sistema sanitario más de $1.5 billones de pesos para tratar las enfermedades relacionadas, y lo que el Estado gana con los impuestos al tabaco no alcanza para cubrir ni un quinto de este monto. 

La Ley Nacional establece la prohibición de fumar en espacios cerrados, dispone la obligación de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y determina ciertas restricciones de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco. 

A pesar de ello, resulta insuficiente principalmente porque: 

  1. no incluye expresamente a los productos emergentes dentro de su alcance, como los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado; 
  2. dispone una protección limitada de los ambientes libres de humo y 
  3. establece excepciones a las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio. 

Ello implica brechas y grises en puntos importantes, que habilitan a la industria tabacalera a seguir desplegando todas sus estrategias de comercialización, con el objetivo de naturalizar la adicción y atraer a más consumidores, especialmente infancias y juventudes. Las estrategias más empleadas tienen que ver con la publicidad y exhibición de los productos en puntos de venta, la promoción en eventos masivos y redes sociales, y el lanzamiento de productos novedosos.

Cabe destacar que, a pesar de no estar incluidos los productos emergentes en la Ley Nacional,  los cigarrillos electrónicos, sí fueron incorporados en su reglamentación con el Decreto 602/2013, luego de haber sido totalmente prohibidos por la disposición 3226/2011 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Más adelante, la Resolución 565/2023 prohibió también la importación, distribución, comercialización, publicidad o cualquier modalidad de promoción de los productos de tabaco calentado. Sin embargo, esto no ha logrado impedir la comercialización y el consumo cada vez mayor de estos productos, sobre todo en adolescentes y jóvenes.

En este contexto, resulta urgente actualizar, fortalecer y ampliar la normativa existente de control de tabaco. La Ley Nacional debe ser reformada para lograr un mayor alcance y prohibir de manera completa las nuevas estrategias de márketing de la industria. Ahora bien, no solo el Estado Nacional tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población. Los Estados  Provinciales también tienen un rol crucial en el diseño de políticas públicas que protejan la salud, y pueden implementar medidas efectivas e integrales para combatir el tabaquismo.

En distintos puntos del país, existen varias iniciativas impulsadas por las provincias para complementar la Ley Nacional de Control de Tabaco, avanzando incluso en lo que esta ley dejó por fuera y en los grises que las industrias tabacaleras han aprovechado. 

Estos avances se dan, principalmente, en tres áreas cruciales: 

    • Incorporación de productos emergentes en las leyes
    • Prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, incluyendo la exhibición en puntos de venta.
    • Ampliación de la protección de ambientes libres de humo.

La inclusión de los productos emergentes en las normativas subnacionales de control de tabaco es un paso estratégico para, por un lado, contemplar y fortalecer en las provincias los estándares de protección que devienen del marco jurídico nacional, en particular la disposición 3226/11 y la Resolución 565/2023. Y, por el otro, garantizar que también se aplique a los productos emergentes la batería de medidas que se prevé para los cigarrillos tradicionales, especialmente, restricciones al marketing y protección de ambientes libres de humo.

Por su parte, la prohibición total de publicidad que incluya la exhibición de productos en los puntos de venta es una medida fundamental, ya que la Ley Nacional de Control de Tabaco expresamente habilita a las tabacaleras a realizar acciones de promoción y publicidad en estos lugares. Debido a su alta concurrencia, resultan estratégicos para exponer a las personas a imágenes y mensajes que posicionan al hábito de fumar como algo familiar y atractivo. Aprovechando estas excepciones legales, las industrias han redireccionado sus inversiones millonarias en marketing -que aumentan año a año-, hacia estos espacios.  

Por último, la ampliación de la protección de los ambientes libres de humo significa reducir al máximo posible la exposición al humo de tabaco ajeno, en tanto que también constituye un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. En ese marco, la ampliación de esta protección a todo espacio cerrado público, incluyendo espacios de trabajo, culturales y deportivos, estaciones de transporte, instituciones de salud y educativas públicas y privadas, es fundamental. También, extender la protección a las áreas de juego y recreación para las infancias, estaciones aeróbicas y demás sectores para la práctica de deportes en plazas, parques y paseos públicos, deviene clave para proteger la salud de la población, específicamente de niñeces, adolescencias y juventudes. 

Las provincias en acción

En los últimos 12 años se han registrado avances en la sanción de normativas subnacionales que vale la pena destacar. La Pampa, Tierra del Fuego y Córdoba, lograron sancionar normativas más integrales de control de tabaco; mientras que provincias como Entre Ríos y Mendoza, si bien mejoraron sus estándares de protección, lo hicieron sólo respecto a un ámbito específico de regulación.

La Pampa

La Pampa fue pionera en ampliar las disposiciones que la Ley Nacional de Control de Tabaco tiene sobre la prohibición de publicidad. Así, sancionó en 2012 la Ley N° 2.701 que prohíbe:

  • Todo tipo de promoción y publicidad directa e indirecta de los productos de tabaco, cualquiera sea su medio de difusión. 
  • A la industria, auspiciar eventos y participar en ellos con indumentaria publicitaria. 
  • Consumir productos de tabaco en todo espacio cerrado, ya sea público o privado; y también en cualquier área de establecimientos de atención de la salud y educativos. 

A su vez, en 2021, mediante la Ley N° 3392 se incluyó dentro de sus alcances a todos los dispositivos electrónicos con o sin administración de nicotina, y los que se desarrollen en el futuro. De esta manera, la definición de “consumo de tabaco” también abarca a estos productos emergentes. Además, se prohibió la exhibición de todos los productos en puntos de venta. 

Tierra del Fuego

En 2017, Tierra del Fuego modificó su Ley Provincial de Control de Tabaco mediante la ley 1.203. Allí se prohíbe de forma completa la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco, incluyendo la exhibición de los productos en los lugares de comercialización. La normativa también abarca de manera específica a los cigarrillos electrónicos y a los productos de tabaco calentado, aplicándoles todo el marco regulatorio de los cigarrillos tradicionales. 

Córdoba

En 2019, Córdoba aprobó la Ley 10.661, que amplía la Ley N° 9113 del Programa Provincial Permanente de Prevención y Control de Tabaquismo. Esta normativa contempla:

  • La prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, incluyendo la exhibición en puntos de venta. 
  • Se equiparan las restricciones al cigarrillo electrónico y dispositivos similares. Así, su utilización en espacios cerrados y venta a menores de 18 años, también está prohibida.

Entre Ríos

Esta provincia tomó medidas legislativas para combatir el tabaquismo adhiriéndose a la Ley Nacional en el año 2021 y derogando así la Ley Provincial 9.862 de Control de Tabaco. De esta manera, se mejoró la protección de ambientes libres de humo, en tanto que la 9.862 contemplaba excepciones y permitía fumar en las salas de juegos de azar. 

A su vez, esta normativa amplió su objeto al comprender no sólo a los productos elaborados total o parcialmente con tabaco, sino también a los dispositivos electrónicos con o sin administración de nicotina. 

Mendoza

En mayo de 2024, Mendoza incorporó el artículo 1 bis a la Ley Nº 8382 de adhesión a la Ley Nacional de Control de Tabaco, en virtud del cual se establece la prohibición de fumar en las salas, balcones y terrazas de los casinos, ampliando el alcance de los ambientes libres de humo. 

Necesitamos mejores leyes y más fiscalización

En los últimos años, fueron muchas las provincias que presentaron proyectos de ley para restringir la publicidad de tabaco, ampliar los ambientes libres de humo y regular los productos emergentes. Estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. 

En este marco, desde la sociedad civil valoramos las leyes sancionadas, así como los diversos proyectos presentados, y alentamos a que estos avances a nivel subnacional puedan receptar una perspectiva integral. En este sentido, consideramos primordial que un mismo instrumento legal pueda avanzar con mejoras en al menos las tres aristas mencionadas, para lograr una sinergia entre todas las medidas propuestas, que facilite su implementación y, sobre todo, contribuya a un abordaje más efectivo de la epidemia del tabaquismo. 

Así mismo, entendemos que el dictado de normativas no es la única solución si queremos lograr un abordaje efectivo de esta problemática en el país. La adecuada fiscalización y sanción por incumplimientos a las leyes, es fundamental para que las políticas de control de tabaco tengan un impacto real. 

La industria sobrepasa las normas prohibitivas de exhibición en puntos de venta constantemente. También incumple la prohibición de publicidad utilizando estanterías y carteles luminosos visibles desde el exterior del local, que permiten captar con facilidad la atención de las personas. 

Los ambientes libres de humo, por otro lado, no siempre son respetados. Especialmente en bares o locales bailables. También, los productos emergentes suelen ser utilizados en estos espacios cerrados, demostrando la falta de concientización sobre sus peligros. Ante esta situación, necesitamos garantizar la adecuada implementación de la normativa existente, mejorando los mecanismos de fiscalización por parte del Estado y facilitando las vías de denuncia ciudadana. 

Como puede verse en los ejemplos mencionados, la lucha contra el tabaquismo no solo se trata de cumplir con el marco jurídico nacional, sino que hay opciones para ir más allá tomando medidas proactivas e integrales. De esta manera, alentamos al involucramiento de todos los actores sociales y políticos para que sean cada vez más las provincias que se comprometan a mejorar sus políticas de control de tabaco, para defender la salud y la calidad de vida de toda su población.

Las provincias tienen el poder, pero también la responsabilidad, de impulsar e implementar mejores estrategias para combatir el tabaquismo.

 

Consultá la infografía sobre lo que las provincias pueden hacer para detener la epidemia del tabaquismo acá.

 

Más información

Autora

Clara Díaz Yofre 

Contacto

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Infancias en Peligro: la respuesta insuficiente de Argentina en las audiencias de la ONU

Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

  • Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

  • Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

  • Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

  • Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

  • Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

 

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

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¡Queremos el lago San Roque limpio ya!

En Fundeps trabajamos desde 2009 por el derecho a un ambiente sano. Entendemos el ambiente desde una perspectiva integral y amplia que incluye la interacción entre los bienes comunes naturales y la sociedad. Desde esta mirada nos preocupa el agua de la provincia, por eso, en esta nota te contamos cronológicamente las acciones que llevamos adelante en la búsqueda de soluciones por un lago San Roque saneado.

Realizamos en el año 2020 un Diagnóstico Situacional de los Recursos Hídricos de Córdoba: Lago Los Molinos y Lago San Roque, con el objetivo de analizar el estado de las principales cuencas de la provincia, entender acabadamente la problemática y analizar posibles cursos de acción.

La Cuenca del Lago San Roque se encuentra en una situación de extrema gravedad por su avanzado estado de eutrofización. Esto quiere decir: la proliferación de algas en agua dulce como consecuencia de un exceso de nutrientes, particularmente de fósforo; este proceso natural se ve profundizado en épocas de calor. La situación se debe principalmente a la falta de saneamiento en la zona de Punilla, sistema de cloacas deficitario, falta de control sobre autorización de vertidos, degradación del lago, incendios, desmontes, entre otras. Con esa base, realizamos gestiones con personas tomadoras de decisión con el objetivo de emprender acciones para su remediación.

La contaminación de la Cuenca del San Roque no solo pone en riesgo la salud de las personas que de modo directo o indirecto están en contacto con la cuenca, sino que también afecta la calidad de vida, el paisaje, las economías regionales y la diversidad biológica de la provincia. 

Al no obtener respuestas positivas por parte de la administración provincial y como último recurso, en noviembre de 2022 presentamos una acción de Amparo Ambiental Colectivo, demandando a la Provincia, las comunas y municipios que conforman la Cuenca del Lago San Roque, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI), al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, y a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba (ahora Ministerio). Chequeá la línea de tiempo de la causa acá.

En el amparo solicitamos a la Justicia, entre otras medidas, hacer cesar de manera progresiva las actividades contaminantes como volcamientos de residuos peligrosos, cloacales, industriales; se ordene a los demandados construir, concluir o ampliar las obras de cloacas necesarias, y  la creación de un Comité de Cuencas autónomo y autárquico, compuesto por los diversos actores de la cuenca. Solicitamos, además, diversas medidas cautelares como la suspensión de cualquier autorización para efectuar volcamientos sin tratamiento, crear un plan de manejo de carácter transitorio, diseñar un plan de comunicación de riesgos, entre otros. 

En el mes de marzo de 2023, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación, admitió parcialmente la medida cautelar solicitada y ordenó al Gobierno de Córdoba la elaboración y presentación de un Plan provisorio de Saneamiento y Desarrollo Sostenible en el plazo de 60 días. 

La provincia apeló esta resolución y simultáneamente presentó un plan no dando cumplimiento a la resolución. El plan presentado tiene serias deficiencias: no estipula plazos, presupuesto, ni organismos encargados de ejecución. Además se trata de un plan que excede ampliamente los límites de la medida cautelar ya que fue diseñado para ejecutarse en un plazo de 15 años. Desde Fundeps efectuamos diversas observaciones. Al día de hoy, la Cámara interviniente aún no se expidió. Consideramos que el diseño de un programa de gestión ambiental de tamaño impacto y extensión temporal, que compromete a generaciones presentes y futuras vinculadas a la Cuenca del San Roque, debe necesariamente diseñarse en diálogo con la población y que no puede decidirse el futuro de la cuenca en el acotado plazo de 60 días. 

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso y mientras tanto la provincia, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Cuencas (creada en noviembre de 2023 por ley 10.941), están llevando adelante acciones de saneamiento insuficientes: son las mismas que se han realizado durante años y que no han evitado la situación de contaminación actual. 

De cara a la temporada de verano, con altísimas temperaturas, miles de hectáreas incendiadas recientemente y una profunda sequía, creemos que es momento de exigir acciones que lleven a resultados diferentes que transformen la gestión de la cuenca y promuevan un cambio real. Es un momento clave para solicitar participación ciudadana en el diseño, ejecución e implementación de las políticas públicas destinadas al saneamiento de la cuenca.

 

Tu participación es clave para lograr el saneamiento de la cuenca. ¡FIRMÁ ACÁ!

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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(Re) ordenando el territorio: Escazú y la participación ciudadana

En un esfuerzo por promover la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local, desde Fundeps llevamos adelante tres encuentros durante el mes de agosto, dirigidos a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en fortalecer las competencias  en derecho ambiental y en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, esenciales para una planificación urbana sostenible.

El público destinatario de estos encuentros fueron  quienes integran las Secretarías de Desarrollo Urbano, Integración Regional y Vinculación Institucional, y de Ciudad Inteligente de la Municipalidad de Córdoba. El objetivo central fue brindar las herramientas necesarias para comprender y aplicar el Acuerdo de Escazú en las políticas y prácticas de planeamiento urbano de la ciudad.

Los dos primeros talleres se centraron en aspectos teóricos y específicos sobre las leyes de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú. Para el último encuentro, pusimos especial énfasis en la participación ciudadana. Durante esta sesión, exploramos diversos modelos de participación ciudadana exitosa, tanto a nivel nacional como regional, destacando ejemplos prácticos que han sido implementados en distintas ciudades de nuestro país, así como también en países de América Latina y localidades de Europa.

Propusimos discusiones sobre casos en los que la participación activa de la ciudadanía ha resultado en mejoras significativas en la planificación y gestión urbana, subrayando cómo estos procesos inclusivos pueden ser adaptados a nuestra ciudad. Además,  analizamos las herramientas y mecanismos disponibles para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfatizando en la importancia de la transparencia, la comunicación efectiva, el lenguaje claro y la construcción de confianza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.

Continuamos trabajando para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local. El Acuerdo es una herramienta fundamental para la protección del ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Si querés profundizar sobre el Acuerdo de Escazú, ingresá a nuestra web: https://acuerdodeescazu.org/

 

Autores

Lourdes Zanotti

Federico Marengo Ligoria

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.

Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.

El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.

 

Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta)  – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA)  –  CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC –  Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa –  Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista –  INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM  – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES –  Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek

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Organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan ante el Senado la candidatura de Lijo y García-Mansilla a la CSJN

Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante la Cámara de Senadores de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.

Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.

Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura. 

Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes. 

Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales. 

Además, en esta oportunidad algunas organizaciones remitieron preguntas y cuestionamientos para que sean contestadas por parte de los candidatos de manera pública, tal como lo habilita el procedimiento de la Cámara Alta. 

Las preguntas presentadas a García Mansilla incluyen: ¿Cómo justifica su candidatura a la Corte Suprema en un contexto donde se exige una representación equitativa de género y su nombramiento perpetuaría la subrepresentación de mujeres en el tribunal? ¿Qué acciones concretas ha tomado para avanzar en los derechos de las mujeres y diversidades en su carrera?. Mientas que las preguntas formuladas a Lijo fueron: ¿Cómo puede su candidatura contribuir a una representación equitativa de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo garantiza la transparencia y ética en sus decisiones judiciales?

En estos contextos, creemos imprescindible que desde el Senado se consulte a los candidatos en las líneas aquí expresadas, así como también se indague en forma pormenorizada sobre los puntos neurálgicos que hemos advertido en nuestras impugnaciones. 

Exigimos que las y los Senadoras y Senadores estén a la altura de las circunstancias, y NO presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los Derechos Humanos y los más altos valores de justicia.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

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El BID aprueba una Nueva Política de Acceso a Información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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La salud de Marcos Juárez sigue en riesgo: comunicado sobre amparo por fumigaciones

La justicia provincial resolvió tener por no presentado el amparo iniciado por vecinos/as de Marcos Juárez y Fundeps por errores relacionados con las formalidades del proceso que fueron subsanados al momento de ser requeridos. Sigue sin discutirse la cuestión de fondo, que es la distancia para la aplicación de agroquímicos dentro del ejido municipal, ya que la ordenanza vigente no se cumple. Esta resolución afecta el acceso a la justicia y los derechos a la salud y al ambiente sano de la comunidad. 

En noviembre de 2023, desde Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez y Fundeps presentamos un amparo ambiental con el objetivo de aumentar las distancias entre las zonas pobladas y la aplicación de agroquímicos, debido a las afecciones que estos causan en la salud comunitaria. Este paso judicial se dio después de haber realizado diversos reclamos y pedidos de diálogo ante las autoridades locales, y no encontrar respuestas acordes.  

Luego de la presentación del amparo, la Cámara Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Marcos Juárez dio inicio al trámite, ordenando su publicación y solicitando a la Municipalidad de Marcos Juárez que conteste la demanda. En esa oportunidad, el Municipio señaló errores vinculados con el formato de la presentación del escrito del amparo, que resultó luego en una resolución judicial que decidió tenerlo como no presentado. Este error de formato se debió pura y exclusivamente a la manera en que fueron colocadas las firmas de los/as vecinos/as en el expediente electrónico, y fue subsanado inmediatamente a través de una ratificación. Además, las personas que firmaron se pusieron a disposición del Tribunal para ratificar el amparo de forma presencial y no dejar lugar a dudas sobre su intención de continuar con el proceso. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron considerados por la justicia. 

Se trató solamente de una cuestión de formas. La justicia no brindó una sentencia sobre el contenido de fondo del amparo, que son las distancias en la aplicación de agroquímicos, ni tampoco opinó sobre la información técnica aportada que da cuenta de la existencia de daños en la salud de la población, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial, en definitiva, parte de las preocupaciones que desde hace muchos años tenemos como vecinos/as de Marcos Juárez que vemos afectada nuestra salud, debido al incumplimiento e ineficacia de la legislación actual, y hemos decidido buscar una respuesta, con el acompañamiento de Fundeps, una organización cordobesa que trabaja hace 15 años promoviendo derechos y acompañando a comunidades afectadas en toda la provincia.

Esta decisión afecta gravemente el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales de la comunidad de Marcos Juárez, ya que no se dio lugar a la discusión sobre el uso de agroquímicos ni su impacto en la salud y el ambiente. Este tipo de resoluciones va en contra del principio precautorio que debe primar en cualquier proceso ambiental, en donde no solo deben plantearse medidas para eliminar los daños ambientales, sino minimizar la posibilidad de que se sigan produciendo.

Reafirmamos que nuestra lucha por un ambiente libre de agrotóxicos sigue en pie y más firme que nunca. Nuestro compromiso con un ambiente sano para toda la población de Marcos Juárez es inquebrantable. 

Seguiremos trabajando arduamente para garantizar un entorno libre de contaminantes y agrotóxicos, amparándonos en los principios constitucionales que nos respaldan.

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Piden al Senado que garantice una composición de la Corte Suprema que incluya mujeres

Ante la ausencia de mujeres en la propuesta presidencial para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un grupo de 12 organizaciones de la sociedad civil envió una carta a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, Guadalupe Tagliaferri, para que no dé inicio a la audiencia pública de designación de los dos jueces varones propuestos por el Poder Ejecutivo por ser inconstitucional y discriminatoria por motivos de género. Asimismo, implica un fuerte retroceso en la diversidad que debe reunir el máximo tribunal, con serio impacto en su legitimidad. 

En toda la historia argentina solo hubo tres mujeres en la Corte frente a 104 hombres. En lugar de revertir esta alarmante realidad, el Poder Ejecutivo decidió integrar dicho tribunal sólo con varones. Hoy es la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, el órgano que tiene la oportunidad histórica de impedir que durante al menos 7 años tengamos una Corte absolutamente masculina, dejando afuera a mujeres que reúnen las condiciones para ocupar ese cargo y reforzando los estereotipos que bloquean su acceso a lugares de poder y toma de decisión. 

Los momentos de mayor participación política de las mujeres en dichos espacios, además, coincidieron con importantes avances en materia de género. La creación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, organismos fundamentales para documentar y revertir la discriminación y violencia, tuvo lugar cuando Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco formaron parte de la máxima magistratura.

Una integración paritaria de la Corte Suprema y el acceso igualitario a cargos públicos, especialmente en órganos jerárquicos y de poder, son derechos políticos de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos, de acuerdo con los compromisos asumidos en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Asimismo, el Decreto 222/03 recoge dichos estándares para el proceso de designación de jueces y juezas en la Corte y establece que debe promoverse una composición de género diversa al definir los nombramientos. 

Pese a que en el Poder Judicial argentino el 57% del personal está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29% de las máximas autoridades allí.  

Es un deber del Poder Ejecutivo proponer mujeres para la Corte que reúnan las cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función y, del Legislativo, promover y asegurar que dicha obligación sea cumplida. 

Por ello, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Mujeres para la Justicia, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Poder Ciudadano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Campaña GQUAL y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), piden al Senado que no dé inicio a la discusión de los pliegos para nombrar dos jueces en la Corte a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina. 

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

*Imagen extraída de una publicación de la Fundación Género con Clase