Este 16 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación de Córdoba falló a favor del amparo ambiental colectivo que presentamos en 2022 ante  la contaminación de la cuenca del Lago San Roque. La sentencia reconoce el grave daño ambiental y ordena al Poder Ejecutivo tomar medidas inmediatas, integrales y sostenidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que dependen millones de personas. Representa un hito histórico para la justicia ambiental argentina.

La sentencia reconoce la existencia de un grave daño ambiental; responsabiliza al Estado Provincial y a las autoridades locales por acción y omisión; y ordena medidas urgentes, estructurales y sostenibles para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que depende el abastecimiento de agua de más de un millón de personas, así como también, significa una zona de esparcimiento.

¿Qué ordena la sentencia?

El fallo exige la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, solicitado en la medida cautelar y presentado por la Provincia de Córdoba durante el desarrollo de la causa. En este sentido, indica una serie de precisiones que deben incorporarse en un plazo de 30 días.

Entre las disposiciones urgentes se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes y la fiscalización intensiva, con sanciones para incumplimientos. Además, fija como meta obligatoria de cobertura cloacal que al menos el 85% de la población de la cuenca debe estar conectada a la red en un plazo de 8 años. De este modo, se reduce drásticamente el tiempo originalmente propuesto por el Gobierno: 50% de cobertura en 15 años. 

En ese mismo sentido, sin desconocer la autonomía municipal, destaca el rol fundamental de la Provincia de Córdoba en el proceso de gestión de efluentes cloacales, como responsable último de la degradación del recurso hídrico. Según el fallo la Provincia tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y al ambiente sano y, por lo tanto, debe cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas en una de las medidas más importantes para lograr el saneamiento de la cuenca: las redes de distribución cloacal. 

La sentencia dispone también:

  • Reformulación del Plan en 30 días, adecuándolo a criterios de integralidad, transparencia, urgencia ambiental y participación activa.
  • Auditoría técnica obligatoria en un plazo máximo de 6 meses, evaluación de  avances, indicadores y cumplimiento.
  • Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada para personas con discapacidad, con actualizaciones en tiempo real del estado del Plan y un canal abierto para propuestas ciudadanas.
  • Campaña sostenida de educación ambiental en todo el territorio de la cuenca, con enfoque comunitario y territorial.
  • Participación directa de la ciudadanía, organizaciones sociales y el ámbito académico en la planificación y seguimiento del proceso.

El valor de la participación ciudadana

El fallo destaca que la acción judicial fue “el motor que activó la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera introducirse en la temática” y remarca la importancia del rol de la sociedad civil en la defensa de los derechos colectivos. El Tribunal subraya que Fundeps demostró “valentía y compromiso” al llevar este reclamo a la justicia, abriendo camino para una respuesta institucional frente a una problemática ambiental estructural.

El agua como bien común

La sentencia subraya que el agua dulce es un recurso escaso y vital, y que su protección es esencial no solo para el ambiente, sino para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales como la salud, la vida digna y el desarrollo. Advierte sobre el riesgo que implica continuar con el modelo actual de gestión sin adoptar decisiones urgentes y estructurales.

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Cabe recordar que iniciamos esta acción en 2022 con el objetivo de proteger el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano, poniendo en evidencia con estudios científicos y documentación histórica la alarmante situación del lago San Roque, fuente de agua, vida y trabajo de la comunidad de Punilla y de gran parte de la Provincia de Córdoba. 

Es importante reconocer el rol de la justicia en este caso. Desde un primer momento, la Cámara Contenciosa Administrativa de 3ra Nom demostró un alto compromiso ambiental y social y actuó con la diligencia y rigurosidad que estos procesos exigen.

Hemos dado un paso fundamental en la historia ambiental de Córdoba, logrando el diseño de una política pública integral y a largo plazo para la resolución de uno de los problemas de contaminación más grandes de nuestra provincia y que afecta a miles de personas a diario. Tal como señala la Cámara en su fallo, el saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno. Esto exige la cooperación y el diálogo de todos los actores: provincia, municipios, comunas, academia y la ciudadanía.

Desde Fundeps seguiremos trabajando en defensa del derecho a la salud y el ambiente de todas las personas.

 

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para el Diseño de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown), anunciaron el lanzamiento de la segunda edición de un novedoso curso de formación, desarrollado con el apoyo de PENT – FLACSO para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho de la República Argentina que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre mayo y noviembre del 2025 a través de encuentros sincrónicos con clases magistrales virtuales y sesiones asincrónicas de trabajo guiado en una plataforma digital. Culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellas y aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, herramientas y habilidades incorporadas.

Quienes deseen formar parte de la segunda cohorte de esta inspiradora oportunidad formativa ya pueden inscribirse en el siguiente formulario.

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justaasí como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.

La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.

Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.

Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.

El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)
Amnistía Internacional
Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES
Asociación Civil Líbera, abogacía feminista
Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pensamiento Penal
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asuntos del Sur
Campaña Gqual
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina
Democracia en Red
Directorio Legislativo
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Mujeres x Mujeres
Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps)
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Poder Ciudadano
Fundación Sergio Karakachoff
Fundación Sur
FUSA AC
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Laboralistas Platenses
Liderar Mujer
Multi-Palabras Santa Fe
Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA
Red de Profesoras de Derecho, UBA
Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP
Red Mujeres para la Justicia
Salta Transparente

Las recientes decisiones del gobierno nacional ponen en riesgo la salud de la población. El posible retiro de Argentina de la OMS debilita su capacidad para acceder a financiamiento y cooperación técnica basada en evidencia científica. Este anuncio se inscribe en un contexto de recortes, flexibilización y desregulación de políticas sanitarias que beneficia a las grandes corporaciones a costa de la salud pública.

1- Argentina se aleja de los estándares internacionales de salud

  • Si Argentina se retira de la OMS, podría debilitarse su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • La OMS, entre otras cosas, es el principal organismo de coordinación y promoción de normativas para la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT), como la malnutrición, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, EPOC, y ciertos tipos de cáncer, que se asocian directamente al consumo de productos ultraprocesados y de tabaco y nicotina.
  • Por lo tanto, el retiro de Argentina de la OMS debilita su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • También afecta la posibilidad de nuestro país de ser parte de las estrategias globales para combatir la epidemia del tabaquismo. La OMS es el órgano rector del Convenio Marco de Control de Tabaco, un tratado global de salud pública que promueve políticas integrales basadas en la mejor evidencia científica.

2 – La flexibilización del etiquetado frontal beneficia a la industria, no a la población

  • La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es un gran avance en la protección del derecho a la información y a la alimentación saludable. Sin embargo, las disposiciones 11362 y 11378 sancionadas recientemente por ANMAT, redujeron los estándares para la aplicación de los sellos de advertencia en los envases de alimentos ultraprocesados, permitiendo que productos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas saturadas eviten los sellos negros.
  • Estas modificaciones no están basadas en evidencia científica, sino que responden a presiones de la industria alimentaria lo que implica un retroceso en derechos adquiridos: genera confusión en la población y  afecta la capacidad para tomar decisiones informadas sobre cómo queremos alimentarnos; impactando negativamente en la salud. 
  • Mientras el Estado reduce su capacidad de proteger la salud de la población, las grandes corporaciones ganan más libertad para vender productos menos saludables, con menos controles y sin la debida información. Más libertad para las empresas, menos libertad para la ciudadanía.

3- Menos salud pública

Estas decisiones del gobierno nacional profundizan la crisis en el sistema de salud, que se ve afectado, entre otras cuestiones, por:

  • Recortes presupuestarios en todo el sistema de salud pública que afectan hospitales, programas de salud y la compra de medicamentos e insumos básicos para centros de salud, generando desabastecimiento y reducción de servicios. 
  • El cierre de programas y despidos masivos, ha dejado sin financiamiento iniciativas clave para la prevención y atención de enfermedades crónicas, salud mental y distribución gratuita de medicamentos. 
  • La reducción del personal sanitario y el debilitamiento del Ministerio de Salud han sobrecargado el sistema, afectando la atención y acceso a tratamientos, lo que agrava la crisis sanitaria y  perjudica especialmente al personal de salud y a quienes dependen del sistema público para recibir atención médica.

4 – ¿Quién se beneficia con estas medidas?

  • La flexibilización del etiquetado frontal y el retiro de la OMS no responden a una lógica de eficiencia, sino a una estrategia de desregulación que favorece a los actores económicos más poderosos.
  • El debilitamiento de políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, perjudica la calidad de vida de las personas y sobrecarga del sistema sanitario.
  • Mientras se resiente el acceso a la salud de la población, las industrias alimentarias y tabacaleras se fortalecen, logrando regulaciones más laxas que permiten la comercialización de productos sin advertencias claras.
  • Con estas decisiones, Argentina no solo debilita sus regulaciones internas, sino que se aleja de las metas de salud global establecidas en la Agenda 2030 de la ONU respecto a la promoción de la alimentación saludable, el hambre cero y la lucha contra la epidemia del tabaquismo.

 

Conclusión: Menos Estado, más privilegios para los grandes monopolios, menos derechos para la población.

El derecho a la salud y a la información están en riesgo. El anunciado retiro de Argentina de la OMS, la flexibilización del etiquetado frontal, los recortes en insumos y personal de salud  son distintas caras de una misma estrategia de debilitamiento de las políticas de salud pública. 

Desde Fundeps, instamos a que se reviertan estas decisiones y se garanticen regulaciones que protejan la salud de toda la población.

El pasado 25, 26 y 27 de noviembre participamos del 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

El Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas es la plataforma para el diálogo multilateral que evalúa el progreso de los Estados y las empresas en la implementación de los tres pilares fundamentales de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRD): Proteger, Respetar y Reparar. De esta manera, todos los años reúne a actores clave de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas, creando un amplio espacio de diálogo. 

En la 13ª edición del foro, denominada «Hacer efectivo el ‘Smart Mix’ para los Derechos Humanos en los Negocios», se presentaron las perspectivas de los diferentes actores involucrados sobre cómo aplicar un «mix inteligente» de medidas nacionales, internacionales, voluntarias y obligatorias para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Se analizó lo que ha funcionado hasta el momento y lo que no, haciendo hincapié en lo que aún falta para que los cambios que propone este enfoque sean efectivos, especialmente para los titulares de derechos. El foro también buscó resaltar las prácticas positivas que han permitido avanzar en la protección de los derechos humanos en la acción de Estados, empresas y otros actores.

Entre los temas clave que reflejan importantes desafíos se destacó la Transición energética Justa, en la que se discutió la necesidad de que las empresas implementen prácticas sostenibles de manera  concreta y respaldadas por compromisos verificables. Además, se remarcó la importancia de reconocer a las comunidades indígenas como actores fundamentales en la protección de sus tierras y recursos, aunque persisten retos significativos para garantizar que sus derechos se respeten de manera efectiva frente a la actividad empresarial. En este contexto, también se abordó el rol de las instituciones financieras de desarrollo, enfatizando su responsabilidad de asegurarse  que los proyectos que financian cumplan con los estándares de derechos humanos. Finalmente, se mencionó el Litigio Climático Estratégico, que ha ganado relevancia como herramienta para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos en el cambio climático y los derechos humanos.

Uno de los mensajes clave que la sociedad civil quiso resaltar durante el foro fue que la protección de los derechos humanos no debe verse solo como una obligación legal, sino como una responsabilidad colectiva. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas deben trabajar conjuntamente para superar los desafíos y lograr un cambio significativo.

 

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El evento organizado por Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), Fundación CAUCE (Cultura Ambiental – Causa Ecologista), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la Universidad Siglo 21, realizado el 11 de noviembre, fue un encuentro de análisis y debate sobre los principales desafíos que enfrenta Argentina en el marco de la transición energética global.

El evento, que tuvo formato de conversatorio, se organizó en mesas temáticas, una de ellas fue: “El rol de China, la banca multilateral y las empresas transnacionales en la transición energética argentina”  participaron la Dra. Virginia Busilli y la Lic. Maitén Fuma (UCC), Valeria Enderle (Fundación CAUCE), Francisco Zanichelli (UNC) y Carolina Juaneda (Bank Information Center), con la moderación de Matías Cena Trebucq (FARN). La segunda mesa “Los desafíos de la explotación de litio en Argentina en un contexto de incentivo a inversiones y desregulación ambiental” contó con la participación de Edgardo Litvinoff (Red RUIDO), María Laura Carrizo Morales (Fundeps), Leandro Gómez (FARN), Federico Trebucq (UES21, CONICET), con la moderación de Paula Hernández (Fundeps).

En esta oportunidad, Fundeps también presentó el informe “La explotación de Litio en los salares altoandinos: un análisis socioambiental a partir del caso argentino”, que tiene por objetivo el abordaje integral de las distintas miradas y componentes conceptuales, legislativos y discursivos, que intervienen en este contexto de transición energética global. También aborda y la consecuente aceleración en la demanda del litio en nuestro país y región para una discusión informada. 

No cualquier transición energética es una transición energética justa

La carrera por controlar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, o minerales para la transición energética, abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. Países de Norteamérica, Europa, y de Asia, en particular China, compiten no solo por dominar las tecnologías de los productos finales, sino también por el acceso a los depósitos de estos minerales. Al mismo tiempo, se evidencia que la búsqueda por desarrollar “soluciones verdes” es la narrativa políticamente correcta en la actualidad, pero ¿realmente se está avanzando hacia una transición energética justa en términos sociales y ambientales? ¿Qué roles adoptan el sur global y el norte global en esta nueva dinámica “verde”? ¿Qué lugar tienen las comunidades en este proceso? Estos fueron algunos de los cuestionamientos abordados en el conversatorio.

Argentina es hoy el cuarto productor mundial de litio y cuenta con aproximadamente 50 proyectos en diferentes fases. Con el foco puesto en la generación de divisas que requiere el repago de la deuda externa, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional priorizan estas inversiones, sin la realización de los correspondientes estudios para determinar si las operaciones pueden ser realizadas sin producir daños irreversibles al ambiente y a las comunidades que allí habitan desde hace cientos de años. La pérdida de biodiversidad, formas de vida, saberes y culturas andinas, no solo convierte a estos territorios en zonas de sacrificio del modelo hiper-consumista del Norte global, que no busca reducir su demanda de minerales y naturaleza, sino que también refuerza desigualdades existentes, y obtura la posibilidad de pensar en un cambio de paradigma que coloque al cuidado de la vida de personas y ecosistemas en el centro, y que nos enseñe a vivir dentro de los límites planetarios.

Indudablemente, las consecuencias del aumento de demanda de extracción y producción del litio en esta “carrera verde”, genera debates de orden social, ambiental, legal, discursivo e ideológico al ponerse en disputa los diversos sentidos y objetivos de los diferentes actores involucrados. Durante las más de dos horas que duró el conversatorio, expertos y representantes de la sociedad civil, de la academia y periodistas de Córdoba y otras provincias, debatieron e intercambiaron sus opiniones sobre el impacto de la minería de litio en el ambiente, la economía y las comunidades locales, dejando de manifiesto que no cualquier transición energética es una transición energética justa y que la lógica extractivista reproduce los roles históricos de los países del Norte y del Sur Global y replica, también, las prácticas extractivistas y de violaciones de derechos humanos de las comunidades locales e indígenas, a la vez que refuerza el ciclo vicioso de continuar explotando la naturaleza. 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Este viernes 22 de noviembre tuvo lugar el Festival Es por acá en el Teatro Griego. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción por los derechos humanos. La jornada, que contó con la participación de activistas, artistas y organizaciones cordobesas, cerró a puro baile con Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) es una organización cordobesa sin fines de lucro que, desde 2009, trabaja para que se garanticen los derechos humanos. El pasado viernes 22 de noviembre celebró sus 15 años con el Festival es por acá en el Teatro Griego de la Ciudad de Córdoba. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción  por los derechos humanos. 

Sobre el escenario de un Teatro Griego colmado, y antes del cierre musical a cargo de Sabor Canela, la directora ejecutiva de Fundeps, Mayca Balaguer, subrayó la importancia de animarse “a imaginar otro mundo, otro país y otra Córdoba mejores, más dignos y respetuosos de los derechos humanos” aún a pesar de las dificultades. 

“Este festival es una celebración, sí, pero también un recordatorio: lo que hacemos importa. Importa cuando logramos que las mujeres y las diversidades de este país tengan más herramientas para enfrentar las violencias y acceder a sus derechos. Importa cuando conseguimos compromisos genuinos por parte de la provincia para cuidar el ambiente y prevenir enfermedades. Importa cuando acompañamos a las comunidades en sus luchas por el agua, por la tierra y por la vida”, señaló. 

Además, destacó que la lucha y el trabajo de estos 15 años fue posible gracias al trabajo en red, a las alianzas con las organizaciones amigas, con las comunidades y con todas las personas que se sumaron. Algunas de esas organizaciones como la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, las VUDAS (Vecines Unides en Defensa de un Ambiente Sano) y la Mesa por la Emergencia Alimentaria Córdoba, fueron parte del Festival Es por acá visibilizando su trabajo y activismo en la Feria de Comunidades en Lucha.

Además, quienes se acercaron pudieron recorrer las ferias Otras economías y Cocina Soberana para comprar libros, cuadernos, indumentaria, accesorios, plantas, cosmética natural, comidas ricas y saludables, entre otros productos de diferentes emprendimientos autogestivos de Córdoba. Fundeps busca fortalecer emprendimientos que se basan en principios como la solidaridad, la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica y el reparto justo de la riqueza.

Si te quedaste con ganas de revivir este día ¡Hacé click acá para ver el resumen!

Líderes en Lucha

En un contexto donde la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más urgente, la tarde comenzó con el nuestro conversatorio Líderes en Lucha.. Con la moderación de Mimí Luz Argüello Lobo, docente y diseñadora, activistas de diferentes espacios reflexionaron desde su experiencia sobre la salud mental y los cuidados; las estrategias de incidencia digitales;  la importancia de las redes y el valor de lo colectivo.

“No sé si hubo un momento en que elegí ser activista, creo que la vida me puso a pelear por mis propios derechos y eso ha hecho que el camino se vaya haciendo al andar, hoy soy parte de un colectivo maravilloso“, compartió Santiago Merlo, activista Trans, presidente de la Asociación Civil La Casita Trans.

Por su parte Camila Gomez Parodi, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta de Sonia Torres expresó: “Mi generación, es una generación que nació con un montón de derechos y capaz no reconocemos toda la lucha que hay detrás. Entonces creo que las redes sociales están para dar esas discusiones. Pero no hay que perder de vista la calle, que sigue siendo muy importante para defender nuestros derechos».

El docente, filósofo y técnico de Lengua y Cultura Indígena, Juan Cruz Falco, conocido en las redes como juancito_piedra, compartió su experiencia como activista digital: “El hateo siempre está. Al principio me tomaba la molestia de contestar uno por uno y después dije no, ni me engancho porque te consume la energía. En este momento la emocionalidad es lo último que nos puede arrebatar. Cuando la cosa se torna personal es mucho más oscuro, lastima más por eso es importante estar en redes y cuidarse“.

“El trabajo en equipo es fundamental para el autocuidado. Me costó delegar y cuando aprendí fue lo mejor que me pudo pasar. Hoy lo agradezco y me siento cuidada. Reírse, abrazarse, acompañarse, trabajar en equipo, brindar y dar cariño es lo más saludable”, reflexionó Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación ConVoz, una organización con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres en situación de violencia de género.

Más que una organización, una trama

Luis Sencillo animó la tarde desde el escenario; Estalla serigrafía multiplicó la esperanza en remeras y parches; mientras las niñeces pudieron aprender y divertirse en el Espacio para las Infancias y disfrutar en familia del circo itinerante a cargo de Mundo Púrpura. La música a cargo de Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita completaron una tarde de encuentro y celebración. 

El festival fue también una oportunidad de reconocer el trabajo y el compromiso de todas las personas que fueron y son parte de esta historia colectiva. Aquel grupo de amigos que hace 15 años trazó el camino: César Murúa, Juan Carballo, Leandro Moscardó, Ana Carballo, Candelaria Negri, Pablo Bollati y Juan Martín Camusso. Quienes, al frente de la dirección ejecutiva, tuvieron el desafío y la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas, incluso en tiempos de crisis, liderar y cuidar el equipo: Carolina Tamagnini, Virginia Pedraza y Juan Carballo. Las integrantes del Consejo de Administración, Ale Galván, Mili Pioletti y Mariana Paterlini, que aún estando lejos, escuchan, contienen y guían a la fundación en las grandes decisiones con rigurosos criterios estratégicos y sobre todo, con amorosidad y empatía. 

El trabajo de Fundeps no sería posible sin el equipo de voluntariado que con toda la manija, a la salida del laburo o del cursado, aporta su tiempo, sus ideas y su acción en todas las causas que nos movilizan. Y por supuesto las 24 personas que combinan militancia y trabajo, que asumen el compromiso diario de aportar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Cómo expresó Mayca Balaguer: “Fundeps es más que una organización: es una trama. Es un tejido vivo, que se fortalece con cada vínculo, con cada mano que se extiende y con cada historia que se suma”.

También queremos extender nuestro profundo agradecimiento a las instituciones que hicieron posible esta celebración, brindándonos su apoyo:

  • COYS. Córdoba Obras y Servicios
  • EPEC
  • Agencia Córdoba Joven de la provincia de Córdoba
  • Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad – Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba
  • Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Córdoba

Y destacamos la colaboración especial de:

  • Universidad Nacional de Villa María
  • Kangaroo Seats
  • Club Atlético Talleres
  • Instituto Atlético Central Córdoba
  • Club Atlético Belgrano
  • Parque Agroecológico Myriam Gorban

Gracias a cada una de estas instituciones por sumarse con su compromiso y apoyo, impulsando junto a nosotres un espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva.

En un contexto donde los consensos democráticos construidos y los derechos humanos conquistados están siendo amenazados, Fundeps renueva su compromiso con la lucha colectiva porque la esperanza también se organiza. 

 

En una audiencia histórica, se expuso ante la CIDH el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe», afirmaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. 

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

La voz de las organizaciones

En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.

“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.

La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”

A contramano de principios internacionales fundamentales

El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.

Lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Juliana Miranda del CELS. La CIDH ha advertido en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.

  • Mirá la audiencia completa acá.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

El próximo viernes 22 de noviembre celebraremos 15 años de compromiso y acción en defensa de los derechos humanos en el Festival Es por acá.  Nos encontramos en el Teatro Griego de 18:00 a 23:00 h.

Este evento convoca a activistas, artistas, organizaciones y a toda la comunidad cordobesa a ser parte de una tarde de celebración. A través de diversas actividades buscamos inspirar y concientizar sobre la importancia de construir redes colectivas para transformar la realidad. Es por acá, para reflexionar y actuar por los derechos humanos. 

Durante la jornada, podremos disfrutar de una variedad de actividades:

  • Conversatorio “Líderes en Lucha”: espacio para reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos a través de relatos y experiencias de activistas y organizaciones.
    • Modera: Mimí Luz Argüello Lobo. Docente y diseñadora.
    • Participan del panel: 
      • Santiago Merlo. Activista Trans. Lic. Comunicación, Educador y Gestor Cultural. Presidente de la Asociación Civil La Casita Trans. 
      • Camila Gomez Parodi.  Integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Filial Córdoba. 
      • Juan Cruz Falco. Docente, filósofo y técnico de Lengua y Cultura Indígena. 
      • Ruth Ahrensburg. Fundadora de la Asociación ConVoz.
  • Música en vivo: Show de bandas locales como Sabor Canela, Soul Bitches, y Dj Santa Rita.
  • Intervenciones artísticas: performances circenses, serigrafía en vivo y mucho más.
  • Espacio para las infancias: con juegos y actividades. 
  • Feria de emprendimientos locales: con productos que promueven otras economías.
  • Feria de organizaciones: para visibilizar el trabajo y luchas de Córdoba. 

La entrada es libre y gratuita con aporte voluntario. Sumate y formá parte de este espacio de celebración y compromiso colectivo. 

Conseguí tu entrada haciendo click 

A pesar de contar con la Ley Nacional de Control de Tabaco, Argentina enfrenta desafíos para abordar de manera sólida e integral la epidemia del tabaquismo. Si bien la Ley es una herramienta valiosa, hoy no alcanza para hacer frente a las nuevas estrategias de la industria tabacalera. En este contexto, las provincias tienen la oportunidad de impulsar iniciativas para complementarla, mejorando los estándares de protección de la salud y las políticas de control de tabaco desde lo local. 

Pasaron 13 años desde la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco, y aunque ha sido un importante punto de partida, en nuestro país aún fuma el 22% de la población adulta y el 20% de adolescentes, ocasionando casi 43 mil muertes al año. Además, anualmente la epidemia del tabaquismo le cuesta al sistema sanitario más de $1.5 billones de pesos para tratar las enfermedades relacionadas, y lo que el Estado gana con los impuestos al tabaco no alcanza para cubrir ni un quinto de este monto. 

La Ley Nacional establece la prohibición de fumar en espacios cerrados, dispone la obligación de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y determina ciertas restricciones de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco. 

A pesar de ello, resulta insuficiente principalmente porque: 

  1. no incluye expresamente a los productos emergentes dentro de su alcance, como los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado; 
  2. dispone una protección limitada de los ambientes libres de humo y 
  3. establece excepciones a las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio. 

Ello implica brechas y grises en puntos importantes, que habilitan a la industria tabacalera a seguir desplegando todas sus estrategias de comercialización, con el objetivo de naturalizar la adicción y atraer a más consumidores, especialmente infancias y juventudes. Las estrategias más empleadas tienen que ver con la publicidad y exhibición de los productos en puntos de venta, la promoción en eventos masivos y redes sociales, y el lanzamiento de productos novedosos.

Cabe destacar que, a pesar de no estar incluidos los productos emergentes en la Ley Nacional,  los cigarrillos electrónicos, sí fueron incorporados en su reglamentación con el Decreto 602/2013, luego de haber sido totalmente prohibidos por la disposición 3226/2011 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Más adelante, la Resolución 565/2023 prohibió también la importación, distribución, comercialización, publicidad o cualquier modalidad de promoción de los productos de tabaco calentado. Sin embargo, esto no ha logrado impedir la comercialización y el consumo cada vez mayor de estos productos, sobre todo en adolescentes y jóvenes.

En este contexto, resulta urgente actualizar, fortalecer y ampliar la normativa existente de control de tabaco. La Ley Nacional debe ser reformada para lograr un mayor alcance y prohibir de manera completa las nuevas estrategias de márketing de la industria. Ahora bien, no solo el Estado Nacional tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población. Los Estados  Provinciales también tienen un rol crucial en el diseño de políticas públicas que protejan la salud, y pueden implementar medidas efectivas e integrales para combatir el tabaquismo.

En distintos puntos del país, existen varias iniciativas impulsadas por las provincias para complementar la Ley Nacional de Control de Tabaco, avanzando incluso en lo que esta ley dejó por fuera y en los grises que las industrias tabacaleras han aprovechado. 

Estos avances se dan, principalmente, en tres áreas cruciales

    • Incorporación de productos emergentes en las leyes
    • Prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, incluyendo la exhibición en puntos de venta.
    • Ampliación de la protección de ambientes libres de humo.

La inclusión de los productos emergentes en las normativas subnacionales de control de tabaco es un paso estratégico para, por un lado, contemplar y fortalecer en las provincias los estándares de protección que devienen del marco jurídico nacional, en particular la disposición 3226/11 y la Resolución 565/2023. Y, por el otro, garantizar que también se aplique a los productos emergentes la batería de medidas que se prevé para los cigarrillos tradicionales, especialmente, restricciones al marketing y protección de ambientes libres de humo.

Por su parte, la prohibición total de publicidad que incluya la exhibición de productos en los puntos de venta es una medida fundamental, ya que la Ley Nacional de Control de Tabaco expresamente habilita a las tabacaleras a realizar acciones de promoción y publicidad en estos lugares. Debido a su alta concurrencia, resultan estratégicos para exponer a las personas a imágenes y mensajes que posicionan al hábito de fumar como algo familiar y atractivo. Aprovechando estas excepciones legales, las industrias han redireccionado sus inversiones millonarias en marketing -que aumentan año a año-, hacia estos espacios.  

Por último, la ampliación de la protección de los ambientes libres de humo significa reducir al máximo posible la exposición al humo de tabaco ajeno, en tanto que también constituye un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. En ese marco, la ampliación de esta protección a todo espacio cerrado público, incluyendo espacios de trabajo, culturales y deportivos, estaciones de transporte, instituciones de salud y educativas públicas y privadas, es fundamental. También, extender la protección a las áreas de juego y recreación para las infancias, estaciones aeróbicas y demás sectores para la práctica de deportes en plazas, parques y paseos públicos, deviene clave para proteger la salud de la población, específicamente de niñeces, adolescencias y juventudes. 

Las provincias en acción

En los últimos 12 años se han registrado avances en la sanción de normativas subnacionales que vale la pena destacar. La Pampa, Tierra del Fuego y Córdoba, lograron sancionar normativas más integrales de control de tabaco; mientras que provincias como Entre Ríos y Mendoza, si bien mejoraron sus estándares de protección, lo hicieron sólo respecto a un ámbito específico de regulación.

La Pampa

La Pampa fue pionera en ampliar las disposiciones que la Ley Nacional de Control de Tabaco tiene sobre la prohibición de publicidad. Así, sancionó en 2012 la Ley N° 2.701 que prohíbe:

  • Todo tipo de promoción y publicidad directa e indirecta de los productos de tabaco, cualquiera sea su medio de difusión. 
  • A la industria, auspiciar eventos y participar en ellos con indumentaria publicitaria. 
  • Consumir productos de tabaco en todo espacio cerrado, ya sea público o privado; y también en cualquier área de establecimientos de atención de la salud y educativos. 

A su vez, en 2021, mediante la Ley N° 3392 se incluyó dentro de sus alcances a todos los dispositivos electrónicos con o sin administración de nicotina, y los que se desarrollen en el futuro. De esta manera, la definición de “consumo de tabaco” también abarca a estos productos emergentes. Además, se prohibió la exhibición de todos los productos en puntos de venta. 

Tierra del Fuego

En 2017, Tierra del Fuego modificó su Ley Provincial de Control de Tabaco mediante la ley 1.203. Allí se prohíbe de forma completa la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco, incluyendo la exhibición de los productos en los lugares de comercialización. La normativa también abarca de manera específica a los cigarrillos electrónicos y a los productos de tabaco calentado, aplicándoles todo el marco regulatorio de los cigarrillos tradicionales. 

Córdoba

En 2019, Córdoba aprobó la Ley 10.661, que amplía la Ley N° 9113 del Programa Provincial Permanente de Prevención y Control de Tabaquismo. Esta normativa contempla:

  • La prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, incluyendo la exhibición en puntos de venta. 
  • Se equiparan las restricciones al cigarrillo electrónico y dispositivos similares. Así, su utilización en espacios cerrados y venta a menores de 18 años, también está prohibida.

Entre Ríos

Esta provincia tomó medidas legislativas para combatir el tabaquismo adhiriéndose a la Ley Nacional en el año 2021 y derogando así la Ley Provincial 9.862 de Control de Tabaco. De esta manera, se mejoró la protección de ambientes libres de humo, en tanto que la 9.862 contemplaba excepciones y permitía fumar en las salas de juegos de azar. 

A su vez, esta normativa amplió su objeto al comprender no sólo a los productos elaborados total o parcialmente con tabaco, sino también a los dispositivos electrónicos con o sin administración de nicotina. 

Mendoza

En mayo de 2024, Mendoza incorporó el artículo 1 bis a la Ley Nº 8382 de adhesión a la Ley Nacional de Control de Tabaco, en virtud del cual se establece la prohibición de fumar en las salas, balcones y terrazas de los casinos, ampliando el alcance de los ambientes libres de humo. 

Necesitamos mejores leyes y más fiscalización

En los últimos años, fueron muchas las provincias que presentaron proyectos de ley para restringir la publicidad de tabaco, ampliar los ambientes libres de humo y regular los productos emergentes. Estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. 

En este marco, desde la sociedad civil valoramos las leyes sancionadas, así como los diversos proyectos presentados, y alentamos a que estos avances a nivel subnacional puedan receptar una perspectiva integral. En este sentido, consideramos primordial que un mismo instrumento legal pueda avanzar con mejoras en al menos las tres aristas mencionadas, para lograr una sinergia entre todas las medidas propuestas, que facilite su implementación y, sobre todo, contribuya a un abordaje más efectivo de la epidemia del tabaquismo. 

Así mismo, entendemos que el dictado de normativas no es la única solución si queremos lograr un abordaje efectivo de esta problemática en el país. La adecuada fiscalización y sanción por incumplimientos a las leyes, es fundamental para que las políticas de control de tabaco tengan un impacto real. 

La industria sobrepasa las normas prohibitivas de exhibición en puntos de venta constantemente. También incumple la prohibición de publicidad utilizando estanterías y carteles luminosos visibles desde el exterior del local, que permiten captar con facilidad la atención de las personas. 

Los ambientes libres de humo, por otro lado, no siempre son respetados. Especialmente en bares o locales bailables. También, los productos emergentes suelen ser utilizados en estos espacios cerrados, demostrando la falta de concientización sobre sus peligros. Ante esta situación, necesitamos garantizar la adecuada implementación de la normativa existente, mejorando los mecanismos de fiscalización por parte del Estado y facilitando las vías de denuncia ciudadana. 

Como puede verse en los ejemplos mencionados, la lucha contra el tabaquismo no solo se trata de cumplir con el marco jurídico nacional, sino que hay opciones para ir más allá tomando medidas proactivas e integrales. De esta manera, alentamos al involucramiento de todos los actores sociales y políticos para que sean cada vez más las provincias que se comprometan a mejorar sus políticas de control de tabaco, para defender la salud y la calidad de vida de toda su población.

Las provincias tienen el poder, pero también la responsabilidad, de impulsar e implementar mejores estrategias para combatir el tabaquismo.

 

Consultá la infografía sobre lo que las provincias pueden hacer para detener la epidemia del tabaquismo acá.

 

Más información

Autora

Clara Díaz Yofre 

Contacto

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

  • Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

  • Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

  • Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

  • Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

  • Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

 

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org