La lucha de VUDAS cruza fronteras: la CIDH analiza el caso por violaciones a derechos humanos en Córdoba

Fundeps junto a VUDAS, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que este organismo internacional evalúe la responsabilidad del Estado argentino ante el funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba. La CIDH notificó que la petición se encuentra en estado de “admisibilidad” y el Estado argentino debe entregar información relevante antes del 25 de julio.

En abril de 2024, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación tiene como finalidad que la CIDH tome conocimiento de la situación de vulneración de derechos fundamentales derivada del funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A, en el barrio San Antonio de la Ciudad de Córdoba. Y evalúe, además, la responsabilidad del Estado argentino en ese sentido.

A lo largo de estos 13 años de lucha, las VUDAS impulsaron numerosos reclamos administrativos y acciones judiciales antes los distintos niveles del Estado, respaldados por sólidos estudios independientes que prueban el grave daño producido al ambiente y la salud de las familias del barrio. Sin embargo, al día de la fecha no han recibido soluciones por parte de las autoridades locales. Por eso, es que decidimos llevar su caso ante este organismo internacional.

Recientemente, fuimos notificados de que la petición ha pasado a una nueva etapa dentro del procedimiento: la etapa de admisibilidad. Esto implica que la CIDH considera que la solicitud cumple con los requisitos formales y está en condiciones de ser analizada en profundidad. Para ello, solicitó información al Estado argentino, que debe responder en el plazo máximo de 4 meses desde el envío de la solicitud, esto es el próximo 25 de julio. Haber pasado a esta etapa resulta de suma importancia, ya que, de las miles de peticiones que recibe anualmente la CIDH, son muy pocas las que lo logran.

En la petición presentada solicitamos que se exija a las autoridades competentes:

  •  Adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación efectuada por Porta Hnos. S.A.
  •  Ordenar la inmediata relocalización de la planta situada en Avda. Valparaiso 4850, Ciudad de Córdoba, fuera del ejido urbano de la ciudad, dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente. 
  •  Adoptar todas las medidas necesarias para determinar y sanear el pasivo ambiental generado por la actividad de la planta.
  •  Brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las personas afectadas por la contaminación ambiental.
  • Ordenar la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario a cargo de la empresa.

Todo ello, en el marco de la grave contaminación que produce el funcionamiento de la empresa, que afecta el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la vida digna y a la participación ciudadana, entre otros, de la comunidad que habita en las inmediaciones de la planta de bioetanol. 

Una empresa que incumple la ley con aval estatal

En todos estos años, la empresa ha incumplido con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a ser un requisito legal insalvable para este tipo de industrias y de haber sido exigida por, al menos, 4 sentencias judiciales en distintas instancias. Más grave aún es que, este incumplimiento no solo responde a la negativa de la empresa, sino que el propio Ministerio de Ambiente y Economía Circular se ha negado a exigirle la realización de la Evaluación.

En este contexto de ausencia y desprotección por parte del Estado, el avance en esta instancia internacional, representa una oportunidad de encontrar justicia ante todo el daño ambiental y social que ocasiona la empresa. Asimismo, representa un nuevo impulso en la lucha sostenida por las VUDAS, con el acompañamiento de Fundeps, que nos motiva a seguir adelante con el mismo compromiso por el acceso a la justicia y la democracia ambiental. Como así también por una sociedad más justa, equitativa y sostenible, basada en políticas públicas que garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Autora

Ananda Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

 

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Organizaciones latinoamericanas instamos al Banco Asiático a cumplir su compromiso con el desarrollo sostenible

Mientras el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) desarrolla esta semana su reunión anual en Beijing, desde Fundeps, junto a organizaciones aliadas de América Latina y otras regiones, acompañamos un llamado a esta institución para que cumpla su promesa de promover un desarrollo inclusivo, ambientalmente sostenible y con participación efectiva de la sociedad civil.

En una carta abierta (disponible aquí) al presidente del BAII, Jin Liqun, un grupo de organizaciones latinoamericanas presentamos una serie de observaciones y propuestas acerca de cómo el Banco puede apoyar mejor las iniciativas para abordar los desafíos climáticos, ambientales y económicos que afectan a la región, a través del desarrollo de un enfoque más estratégico, el apoyo a estrategias innovadoras en el sector del transporte y una transición energética justa, fundamentada en una mayor transparencia y en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

La carta abierta, que es también respaldada por organizaciones aliadas de Europa y otras regiones, destaca la necesidad de un nuevo paradigma que oriente las inversiones en infraestructura para promover de manera efectiva una infraestructura transparente, sostenible, inclusiva y resiliente al clima, superando el enfoque convencional centrado en megaproyectos pensados e impuestos jerárquicamente. Según las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, “la nueva infraestructura no debe afectar negativamente los ecosistemas ni los hábitats de las poblaciones locales, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados… Por el contrario, las inversiones en infraestructura deben priorizar la calidad de vida de las comunidades locales y garantizar la integridad de los ecosistemas.” 

«No tenemos dudas de que incorporar la perspectiva de la sociedad civil de manera estructurada puede ayudar al Banco a identificar soluciones integradas mejor alineadas con sus compromisos climáticos, anticipar riesgos sociales y ambientales en etapas tempranas y mejorar los resultados de sus intervenciones en la región», afirmó Daniel Lopes Faggiano, Director Ejecutivo de Instituto Maíra, co-autor de la declaración pública. En la carta abierta concluimos señalando que el establecimiento de espacios que promuevan la participación de las organizaciones de la sociedad civil podría convertirse en un legado trascendental del presidente saliente del BAII, Jin Liqun, cuyo mandato expira en enero de 2026.

Sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)

El BAII se estableció en 2016 bajo el liderazgo de China, con el objetivo de promover proyectos de infraestructura en Asia y otras regiones del mundo. El Banco inició sus operaciones con 57 miembros fundadores, un capital inicial de US$100.000 millones y su sede en Beijing. En la actualidad, cuenta con 110 miembros, de los cuales 100 son ‘miembros de pleno derecho’, tanto miembros regionales de Asia y Oceanía como de otras regiones, y 10 miembros potenciales. Los miembros de pleno derecho de América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Anuario 2024: Un año de lucha, un futuro que te necesita.

Nos enorgullece compartir todo lo que logramos en 2024, un año en el que seguimos defendiendo derechos, construyendo redes y sosteniendo luchas colectivas. Hoy, en un contexto más desafiante, necesitamos tu apoyo para seguir haciéndolo posible.

En 2024 fuimos: trinchera, voz, puente y transformación.
Palabras que condensan nuestro trabajo y reflejan lo que intentamos sostener cada día: resistir ante los retrocesos, amplificar luchas, tender redes y hacer lugar a formas más justas, equitativas y sostenibles de habitar el mundo.

Durante el año, llevamos adelante acciones de incidencia política, presentaciones judiciales, investigaciones, campañas de comunicación, talleres y más.
 Cada una de estas iniciativas fue posible gracias al compromiso colectivo y al trabajo en red con organizaciones, comunidades y personas aliadas.

Algunos números que reflejan nuestro trabajo:

  • Llevamos adelante 55 acciones de incidencia política.
  • Realizamos 10 presentaciones judiciales.
  • Generamos y compartimos 29 investigaciones, publicaciones, capacitaciones y eventos.
  • Acompañamos a 12 comunidades en sus procesos y demandas.
  • Impulsamos 24 campañas de comunicación.
  • Alcanzamos a más de 2.764.000 personas con nuestras acciones.

 Leé el Anuario 2024

Te invitamos a conocer en profundidad todo lo que hicimos durante 2024, los desafíos que atravesamos y las estrategias que construimos colectivamente.

Right-bold Right-bold Lee el anuario y conocé todo lo que logramos.

Un momento clave para seguir acompañando

Este 2025 nos encuentra en un contexto muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil. La sostenibilidad de nuestro trabajo está en riesgo, y necesitamos del apoyo de quienes creen en la importancia de defender los derechos humanos.

Sumate como donante haciendo click y ayudanos a sostener esta lucha colectiva.

Gracias por acompañarnos.
 El equipo de Fundeps

 

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Fallo histórico a favor del ambiente: la Justicia reconoció el amparo que presentamos por el lago San Roque

Este 16 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación de Córdoba falló a favor del amparo ambiental colectivo que presentamos en 2022 ante  la contaminación de la cuenca del Lago San Roque. La sentencia reconoce el grave daño ambiental y ordena al Poder Ejecutivo tomar medidas inmediatas, integrales y sostenidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que dependen millones de personas. Representa un hito histórico para la justicia ambiental argentina.

La sentencia reconoce la existencia de un grave daño ambiental; responsabiliza al Estado Provincial y a las autoridades locales por acción y omisión; y ordena medidas urgentes, estructurales y sostenibles para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que depende el abastecimiento de agua de más de un millón de personas, así como también, significa una zona de esparcimiento.

¿Qué ordena la sentencia?

El fallo exige la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, solicitado en la medida cautelar y presentado por la Provincia de Córdoba durante el desarrollo de la causa. En este sentido, indica una serie de precisiones que deben incorporarse en un plazo de 30 días.

Entre las disposiciones urgentes se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes y la fiscalización intensiva, con sanciones para incumplimientos. Además, fija como meta obligatoria de cobertura cloacal que al menos el 85% de la población de la cuenca debe estar conectada a la red en un plazo de 8 años. De este modo, se reduce drásticamente el tiempo originalmente propuesto por el Gobierno: 50% de cobertura en 15 años. 

En ese mismo sentido, sin desconocer la autonomía municipal, destaca el rol fundamental de la Provincia de Córdoba en el proceso de gestión de efluentes cloacales, como responsable último de la degradación del recurso hídrico. Según el fallo la Provincia tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y al ambiente sano y, por lo tanto, debe cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas en una de las medidas más importantes para lograr el saneamiento de la cuenca: las redes de distribución cloacal. 

La sentencia dispone también:

  • Reformulación del Plan en 30 días, adecuándolo a criterios de integralidad, transparencia, urgencia ambiental y participación activa.
  • Auditoría técnica obligatoria en un plazo máximo de 6 meses, evaluación de  avances, indicadores y cumplimiento.
  • Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada para personas con discapacidad, con actualizaciones en tiempo real del estado del Plan y un canal abierto para propuestas ciudadanas.
  • Campaña sostenida de educación ambiental en todo el territorio de la cuenca, con enfoque comunitario y territorial.
  • Participación directa de la ciudadanía, organizaciones sociales y el ámbito académico en la planificación y seguimiento del proceso.

El valor de la participación ciudadana

El fallo destaca que la acción judicial fue “el motor que activó la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera introducirse en la temática” y remarca la importancia del rol de la sociedad civil en la defensa de los derechos colectivos. El Tribunal subraya que Fundeps demostró “valentía y compromiso” al llevar este reclamo a la justicia, abriendo camino para una respuesta institucional frente a una problemática ambiental estructural.

El agua como bien común

La sentencia subraya que el agua dulce es un recurso escaso y vital, y que su protección es esencial no solo para el ambiente, sino para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales como la salud, la vida digna y el desarrollo. Advierte sobre el riesgo que implica continuar con el modelo actual de gestión sin adoptar decisiones urgentes y estructurales.

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Cabe recordar que iniciamos esta acción en 2022 con el objetivo de proteger el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano, poniendo en evidencia con estudios científicos y documentación histórica la alarmante situación del lago San Roque, fuente de agua, vida y trabajo de la comunidad de Punilla y de gran parte de la Provincia de Córdoba. 

Es importante reconocer el rol de la justicia en este caso. Desde un primer momento, la Cámara Contenciosa Administrativa de 3ra Nom demostró un alto compromiso ambiental y social y actuó con la diligencia y rigurosidad que estos procesos exigen.

Hemos dado un paso fundamental en la historia ambiental de Córdoba, logrando el diseño de una política pública integral y a largo plazo para la resolución de uno de los problemas de contaminación más grandes de nuestra provincia y que afecta a miles de personas a diario. Tal como señala la Cámara en su fallo, el saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno. Esto exige la cooperación y el diálogo de todos los actores: provincia, municipios, comunas, academia y la ciudadanía.

Desde Fundeps seguiremos trabajando en defensa del derecho a la salud y el ambiente de todas las personas.

 

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Lanzamos la segunda edición de la Diplomatura en Litigio Estratégico Feminista

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para el Diseño de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown), anunciaron el lanzamiento de la segunda edición de un novedoso curso de formación, desarrollado con el apoyo de PENT – FLACSO para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho de la República Argentina que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre mayo y noviembre del 2025 a través de encuentros sincrónicos con clases magistrales virtuales y sesiones asincrónicas de trabajo guiado en una plataforma digital. Culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellas y aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, herramientas y habilidades incorporadas.

Quienes deseen formar parte de la segunda cohorte de esta inspiradora oportunidad formativa ya pueden inscribirse en el siguiente formulario.

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

Comunidades y sociedad civil buscan incidir en la reunión del BID en Chile

En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justa, así como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

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Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.

La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.

Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.

Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.

El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)
Amnistía Internacional
Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES
Asociación Civil Líbera, abogacía feminista
Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pensamiento Penal
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asuntos del Sur
Campaña Gqual
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina
Democracia en Red
Directorio Legislativo
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Mujeres x Mujeres
Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps)
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Poder Ciudadano
Fundación Sergio Karakachoff
Fundación Sur
FUSA AC
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Laboralistas Platenses
Liderar Mujer
Multi-Palabras Santa Fe
Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA
Red de Profesoras de Derecho, UBA
Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP
Red Mujeres para la Justicia
Salta Transparente

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La salud en riesgo: las decisiones del gobierno que nos afectan

Las recientes decisiones del gobierno nacional ponen en riesgo la salud de la población. El posible retiro de Argentina de la OMS debilita su capacidad para acceder a financiamiento y cooperación técnica basada en evidencia científica. Este anuncio se inscribe en un contexto de recortes, flexibilización y desregulación de políticas sanitarias que beneficia a las grandes corporaciones a costa de la salud pública.

1- Argentina se aleja de los estándares internacionales de salud

  • Si Argentina se retira de la OMS, podría debilitarse su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • La OMS, entre otras cosas, es el principal organismo de coordinación y promoción de normativas para la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT), como la malnutrición, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, EPOC, y ciertos tipos de cáncer, que se asocian directamente al consumo de productos ultraprocesados y de tabaco y nicotina.
  • Por lo tanto, el retiro de Argentina de la OMS debilita su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • También afecta la posibilidad de nuestro país de ser parte de las estrategias globales para combatir la epidemia del tabaquismo. La OMS es el órgano rector del Convenio Marco de Control de Tabaco, un tratado global de salud pública que promueve políticas integrales basadas en la mejor evidencia científica.

2 – La flexibilización del etiquetado frontal beneficia a la industria, no a la población

  • La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es un gran avance en la protección del derecho a la información y a la alimentación saludable. Sin embargo, las disposiciones 11362 y 11378 sancionadas recientemente por ANMAT, redujeron los estándares para la aplicación de los sellos de advertencia en los envases de alimentos ultraprocesados, permitiendo que productos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas saturadas eviten los sellos negros.
  • Estas modificaciones no están basadas en evidencia científica, sino que responden a presiones de la industria alimentaria lo que implica un retroceso en derechos adquiridos: genera confusión en la población y  afecta la capacidad para tomar decisiones informadas sobre cómo queremos alimentarnos; impactando negativamente en la salud. 
  • Mientras el Estado reduce su capacidad de proteger la salud de la población, las grandes corporaciones ganan más libertad para vender productos menos saludables, con menos controles y sin la debida información. Más libertad para las empresas, menos libertad para la ciudadanía.

3- Menos salud pública

Estas decisiones del gobierno nacional profundizan la crisis en el sistema de salud, que se ve afectado, entre otras cuestiones, por:

  • Recortes presupuestarios en todo el sistema de salud pública que afectan hospitales, programas de salud y la compra de medicamentos e insumos básicos para centros de salud, generando desabastecimiento y reducción de servicios. 
  • El cierre de programas y despidos masivos, ha dejado sin financiamiento iniciativas clave para la prevención y atención de enfermedades crónicas, salud mental y distribución gratuita de medicamentos. 
  • La reducción del personal sanitario y el debilitamiento del Ministerio de Salud han sobrecargado el sistema, afectando la atención y acceso a tratamientos, lo que agrava la crisis sanitaria y  perjudica especialmente al personal de salud y a quienes dependen del sistema público para recibir atención médica.

4 – ¿Quién se beneficia con estas medidas?

  • La flexibilización del etiquetado frontal y el retiro de la OMS no responden a una lógica de eficiencia, sino a una estrategia de desregulación que favorece a los actores económicos más poderosos.
  • El debilitamiento de políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, perjudica la calidad de vida de las personas y sobrecarga del sistema sanitario.
  • Mientras se resiente el acceso a la salud de la población, las industrias alimentarias y tabacaleras se fortalecen, logrando regulaciones más laxas que permiten la comercialización de productos sin advertencias claras.
  • Con estas decisiones, Argentina no solo debilita sus regulaciones internas, sino que se aleja de las metas de salud global establecidas en la Agenda 2030 de la ONU respecto a la promoción de la alimentación saludable, el hambre cero y la lucha contra la epidemia del tabaquismo.

 

Conclusión: Menos Estado, más privilegios para los grandes monopolios, menos derechos para la población.

El derecho a la salud y a la información están en riesgo. El anunciado retiro de Argentina de la OMS, la flexibilización del etiquetado frontal, los recortes en insumos y personal de salud  son distintas caras de una misma estrategia de debilitamiento de las políticas de salud pública. 

Desde Fundeps, instamos a que se reviertan estas decisiones y se garanticen regulaciones que protejan la salud de toda la población.

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Participamos en el 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

El pasado 25, 26 y 27 de noviembre participamos del 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

El Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas es la plataforma para el diálogo multilateral que evalúa el progreso de los Estados y las empresas en la implementación de los tres pilares fundamentales de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRD): Proteger, Respetar y Reparar. De esta manera, todos los años reúne a actores clave de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas, creando un amplio espacio de diálogo. 

En la 13ª edición del foro, denominada «Hacer efectivo el ‘Smart Mix’ para los Derechos Humanos en los Negocios», se presentaron las perspectivas de los diferentes actores involucrados sobre cómo aplicar un «mix inteligente» de medidas nacionales, internacionales, voluntarias y obligatorias para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Se analizó lo que ha funcionado hasta el momento y lo que no, haciendo hincapié en lo que aún falta para que los cambios que propone este enfoque sean efectivos, especialmente para los titulares de derechos. El foro también buscó resaltar las prácticas positivas que han permitido avanzar en la protección de los derechos humanos en la acción de Estados, empresas y otros actores.

Entre los temas clave que reflejan importantes desafíos se destacó la Transición energética Justa, en la que se discutió la necesidad de que las empresas implementen prácticas sostenibles de manera  concreta y respaldadas por compromisos verificables. Además, se remarcó la importancia de reconocer a las comunidades indígenas como actores fundamentales en la protección de sus tierras y recursos, aunque persisten retos significativos para garantizar que sus derechos se respeten de manera efectiva frente a la actividad empresarial. En este contexto, también se abordó el rol de las instituciones financieras de desarrollo, enfatizando su responsabilidad de asegurarse  que los proyectos que financian cumplan con los estándares de derechos humanos. Finalmente, se mencionó el Litigio Climático Estratégico, que ha ganado relevancia como herramienta para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos en el cambio climático y los derechos humanos.

Uno de los mensajes clave que la sociedad civil quiso resaltar durante el foro fue que la protección de los derechos humanos no debe verse solo como una obligación legal, sino como una responsabilidad colectiva. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas deben trabajar conjuntamente para superar los desafíos y lograr un cambio significativo.

 

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Debates necesarios: Fundeps realizó un conversatorio sobre la Transición Energética en Argentina

El evento organizado por Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), Fundación CAUCE (Cultura Ambiental – Causa Ecologista), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la Universidad Siglo 21, realizado el 11 de noviembre, fue un encuentro de análisis y debate sobre los principales desafíos que enfrenta Argentina en el marco de la transición energética global.

El evento, que tuvo formato de conversatorio, se organizó en mesas temáticas, una de ellas fue: “El rol de China, la banca multilateral y las empresas transnacionales en la transición energética argentina”  participaron la Dra. Virginia Busilli y la Lic. Maitén Fuma (UCC), Valeria Enderle (Fundación CAUCE), Francisco Zanichelli (UNC) y Carolina Juaneda (Bank Information Center), con la moderación de Matías Cena Trebucq (FARN). La segunda mesa “Los desafíos de la explotación de litio en Argentina en un contexto de incentivo a inversiones y desregulación ambiental” contó con la participación de Edgardo Litvinoff (Red RUIDO), María Laura Carrizo Morales (Fundeps), Leandro Gómez (FARN), Federico Trebucq (UES21, CONICET), con la moderación de Paula Hernández (Fundeps).

En esta oportunidad, Fundeps también presentó el informe “La explotación de Litio en los salares altoandinos: un análisis socioambiental a partir del caso argentino”, que tiene por objetivo el abordaje integral de las distintas miradas y componentes conceptuales, legislativos y discursivos, que intervienen en este contexto de transición energética global. También aborda y la consecuente aceleración en la demanda del litio en nuestro país y región para una discusión informada. 

No cualquier transición energética es una transición energética justa

La carrera por controlar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, o minerales para la transición energética, abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. Países de Norteamérica, Europa, y de Asia, en particular China, compiten no solo por dominar las tecnologías de los productos finales, sino también por el acceso a los depósitos de estos minerales. Al mismo tiempo, se evidencia que la búsqueda por desarrollar “soluciones verdes” es la narrativa políticamente correcta en la actualidad, pero ¿realmente se está avanzando hacia una transición energética justa en términos sociales y ambientales? ¿Qué roles adoptan el sur global y el norte global en esta nueva dinámica “verde”? ¿Qué lugar tienen las comunidades en este proceso? Estos fueron algunos de los cuestionamientos abordados en el conversatorio.

Argentina es hoy el cuarto productor mundial de litio y cuenta con aproximadamente 50 proyectos en diferentes fases. Con el foco puesto en la generación de divisas que requiere el repago de la deuda externa, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional priorizan estas inversiones, sin la realización de los correspondientes estudios para determinar si las operaciones pueden ser realizadas sin producir daños irreversibles al ambiente y a las comunidades que allí habitan desde hace cientos de años. La pérdida de biodiversidad, formas de vida, saberes y culturas andinas, no solo convierte a estos territorios en zonas de sacrificio del modelo hiper-consumista del Norte global, que no busca reducir su demanda de minerales y naturaleza, sino que también refuerza desigualdades existentes, y obtura la posibilidad de pensar en un cambio de paradigma que coloque al cuidado de la vida de personas y ecosistemas en el centro, y que nos enseñe a vivir dentro de los límites planetarios.

Indudablemente, las consecuencias del aumento de demanda de extracción y producción del litio en esta “carrera verde”, genera debates de orden social, ambiental, legal, discursivo e ideológico al ponerse en disputa los diversos sentidos y objetivos de los diferentes actores involucrados. Durante las más de dos horas que duró el conversatorio, expertos y representantes de la sociedad civil, de la academia y periodistas de Córdoba y otras provincias, debatieron e intercambiaron sus opiniones sobre el impacto de la minería de litio en el ambiente, la economía y las comunidades locales, dejando de manifiesto que no cualquier transición energética es una transición energética justa y que la lógica extractivista reproduce los roles históricos de los países del Norte y del Sur Global y replica, también, las prácticas extractivistas y de violaciones de derechos humanos de las comunidades locales e indígenas, a la vez que refuerza el ciclo vicioso de continuar explotando la naturaleza. 

 

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Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Fundeps celebró 15 años promoviendo los derechos humanos

Este viernes 22 de noviembre tuvo lugar el Festival Es por acá en el Teatro Griego. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción por los derechos humanos. La jornada, que contó con la participación de activistas, artistas y organizaciones cordobesas, cerró a puro baile con Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) es una organización cordobesa sin fines de lucro que, desde 2009, trabaja para que se garanticen los derechos humanos. El pasado viernes 22 de noviembre celebró sus 15 años con el Festival es por acá en el Teatro Griego de la Ciudad de Córdoba. Más de dos mil personas compartieron una tarde de encuentro, reflexión y acción  por los derechos humanos. 

Sobre el escenario de un Teatro Griego colmado, y antes del cierre musical a cargo de Sabor Canela, la directora ejecutiva de Fundeps, Mayca Balaguer, subrayó la importancia de animarse “a imaginar otro mundo, otro país y otra Córdoba mejores, más dignos y respetuosos de los derechos humanos” aún a pesar de las dificultades. 

“Este festival es una celebración, sí, pero también un recordatorio: lo que hacemos importa. Importa cuando logramos que las mujeres y las diversidades de este país tengan más herramientas para enfrentar las violencias y acceder a sus derechos. Importa cuando conseguimos compromisos genuinos por parte de la provincia para cuidar el ambiente y prevenir enfermedades. Importa cuando acompañamos a las comunidades en sus luchas por el agua, por la tierra y por la vida”, señaló. 

Además, destacó que la lucha y el trabajo de estos 15 años fue posible gracias al trabajo en red, a las alianzas con las organizaciones amigas, con las comunidades y con todas las personas que se sumaron. Algunas de esas organizaciones como la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, las VUDAS (Vecines Unides en Defensa de un Ambiente Sano) y la Mesa por la Emergencia Alimentaria Córdoba, fueron parte del Festival Es por acá visibilizando su trabajo y activismo en la Feria de Comunidades en Lucha.

Además, quienes se acercaron pudieron recorrer las ferias Otras economías y Cocina Soberana para comprar libros, cuadernos, indumentaria, accesorios, plantas, cosmética natural, comidas ricas y saludables, entre otros productos de diferentes emprendimientos autogestivos de Córdoba. Fundeps busca fortalecer emprendimientos que se basan en principios como la solidaridad, la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica y el reparto justo de la riqueza.

Si te quedaste con ganas de revivir este día ¡Hacé click acá para ver el resumen!

Líderes en Lucha

En un contexto donde la defensa de los derechos humanos se vuelve cada vez más urgente, la tarde comenzó con el nuestro conversatorio Líderes en Lucha.. Con la moderación de Mimí Luz Argüello Lobo, docente y diseñadora, activistas de diferentes espacios reflexionaron desde su experiencia sobre la salud mental y los cuidados; las estrategias de incidencia digitales;  la importancia de las redes y el valor de lo colectivo.

“No sé si hubo un momento en que elegí ser activista, creo que la vida me puso a pelear por mis propios derechos y eso ha hecho que el camino se vaya haciendo al andar, hoy soy parte de un colectivo maravilloso“, compartió Santiago Merlo, activista Trans, presidente de la Asociación Civil La Casita Trans.

Por su parte Camila Gomez Parodi, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta de Sonia Torres expresó: “Mi generación, es una generación que nació con un montón de derechos y capaz no reconocemos toda la lucha que hay detrás. Entonces creo que las redes sociales están para dar esas discusiones. Pero no hay que perder de vista la calle, que sigue siendo muy importante para defender nuestros derechos».

El docente, filósofo y técnico de Lengua y Cultura Indígena, Juan Cruz Falco, conocido en las redes como juancito_piedra, compartió su experiencia como activista digital: “El hateo siempre está. Al principio me tomaba la molestia de contestar uno por uno y después dije no, ni me engancho porque te consume la energía. En este momento la emocionalidad es lo último que nos puede arrebatar. Cuando la cosa se torna personal es mucho más oscuro, lastima más por eso es importante estar en redes y cuidarse“.

“El trabajo en equipo es fundamental para el autocuidado. Me costó delegar y cuando aprendí fue lo mejor que me pudo pasar. Hoy lo agradezco y me siento cuidada. Reírse, abrazarse, acompañarse, trabajar en equipo, brindar y dar cariño es lo más saludable”, reflexionó Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación ConVoz, una organización con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres en situación de violencia de género.

Más que una organización, una trama

Luis Sencillo animó la tarde desde el escenario; Estalla serigrafía multiplicó la esperanza en remeras y parches; mientras las niñeces pudieron aprender y divertirse en el Espacio para las Infancias y disfrutar en familia del circo itinerante a cargo de Mundo Púrpura. La música a cargo de Sabor Canela, Soul Bitches y Dj Santa Rita completaron una tarde de encuentro y celebración. 

El festival fue también una oportunidad de reconocer el trabajo y el compromiso de todas las personas que fueron y son parte de esta historia colectiva. Aquel grupo de amigos que hace 15 años trazó el camino: César Murúa, Juan Carballo, Leandro Moscardó, Ana Carballo, Candelaria Negri, Pablo Bollati y Juan Martín Camusso. Quienes, al frente de la dirección ejecutiva, tuvieron el desafío y la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas, incluso en tiempos de crisis, liderar y cuidar el equipo: Carolina Tamagnini, Virginia Pedraza y Juan Carballo. Las integrantes del Consejo de Administración, Ale Galván, Mili Pioletti y Mariana Paterlini, que aún estando lejos, escuchan, contienen y guían a la fundación en las grandes decisiones con rigurosos criterios estratégicos y sobre todo, con amorosidad y empatía. 

El trabajo de Fundeps no sería posible sin el equipo de voluntariado que con toda la manija, a la salida del laburo o del cursado, aporta su tiempo, sus ideas y su acción en todas las causas que nos movilizan. Y por supuesto las 24 personas que combinan militancia y trabajo, que asumen el compromiso diario de aportar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Cómo expresó Mayca Balaguer: “Fundeps es más que una organización: es una trama. Es un tejido vivo, que se fortalece con cada vínculo, con cada mano que se extiende y con cada historia que se suma”.

También queremos extender nuestro profundo agradecimiento a las instituciones que hicieron posible esta celebración, brindándonos su apoyo:

  • COYS. Córdoba Obras y Servicios
  • EPEC
  • Agencia Córdoba Joven de la provincia de Córdoba
  • Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad – Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba
  • Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Córdoba

Y destacamos la colaboración especial de:

  • Universidad Nacional de Villa María
  • Kangaroo Seats
  • Club Atlético Talleres
  • Instituto Atlético Central Córdoba
  • Club Atlético Belgrano
  • Parque Agroecológico Myriam Gorban

Gracias a cada una de estas instituciones por sumarse con su compromiso y apoyo, impulsando junto a nosotres un espacio de encuentro, reflexión y acción colectiva.

En un contexto donde los consensos democráticos construidos y los derechos humanos conquistados están siendo amenazados, Fundeps renueva su compromiso con la lucha colectiva porque la esperanza también se organiza. 

 

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Alerta de la CIDH: Argentina debe sostener sus políticas de género para proteger derechos humanos

En una audiencia histórica, se expuso ante la CIDH el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe», afirmaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. 

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

La voz de las organizaciones

En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.

“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.

La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”

A contramano de principios internacionales fundamentales

El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.

Lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Juliana Miranda del CELS. La CIDH ha advertido en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.

  • Mirá la audiencia completa acá.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org