Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile.  Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil. 

En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. 

Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia  participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas: 

  1. generación de conocimiento;
  2. reconocimiento;
  3. fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
  4. evaluación, seguimiento y revisión.

Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.

 Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.

Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior,  se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes. 

Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.

 

Autoras

Manuela Fernández Grassani

Ananda María Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Durante los meses de agosto y octubre del 2023, desde Fundeps, junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böell y la Secretaría de Extensión de la UPC, llevamos a cabo el Ciclo de Formación Repensando la Economía: una mirada feminista. A partir de estos encuentros construimos una guía para la Reflexión y Transformación.

En este ciclo de formación nos reunimos con una amplia diversidad de espacios para idear alternativas de resistencia que pusieran en el centro la sostenibilidad de la vida, entre ellos participaron: organizaciones autogestivas, emprendimientos, cooperativas, sindicatos, espacios académicos, trabajadores y trabajadoras del ámbito público-estatal, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y feministas y personas interesadas de la provincia. 

A partir de esta experiencia enriquecedora que constó de seis instancias, nos propusimos compartir una sistematización con quienes se interesan en emprender un camino de (de)construcción sobre las formas en las que entendemos y participamos de la economía. Desde una perspectiva crítica, este insumo busca no solo comprender la realidad desde una mirada compleja, sino también aportar a su transformación. Con este fin, recuperamos y organizamos tanto los aportes teóricos y metodológicos como las reflexiones, los interrogantes y las dinámicas desde los cuales se construyeron los encuentros de formación. 

La orientación pedagógica de esta guía se ideó desde una perspectiva feminista, integrando diversas herramientas de la educación popular, la sensibilidad y la afectividad. Está dividida en dos partes: la primera aborda categorías conceptuales fundamentales para analizar la economía en clave feminista; la segunda incluye anexos con actividades destinadas a sensibilizar y reforzar dichos contenidos. Como cierre, se presentan algunos poemas que buscan conectar las reflexiones y pensamientos desarrollados durante los encuentros, con nuestras emociones más profundas y sensibles. 

En ese sentido, la guía presenta varios aportes conceptuales y políticos fundamentales, entre ellos: la división sexual del trabajo y su impacto en el mercado laboral; la organización social del cuidado y la reproducción de las desigualdades; la reconfiguración de la estatalidad desde perspectivas feministas, incluyendo la idea de un Estado Abierto.  Además abarca algunos proyectos de ley que representan importantes precedentes para la construcción de propuestas que podrían dar lugar a marcos regulatorios para el reconocimiento del trabajo de cuidado en entornos comunitarios.

Esta guía se vuelve, entonces, una apuesta y una herramienta política para socializar diversos conocimientos críticos y colectivos relacionados con la construcción de “otra economía más justa” de la que podemos ser partícipes. Esperamos que este recurso sea de utilidad para generar diálogos enriquecedores entre los presupuestos conceptuales de la Economía Feminista y las experiencias vitales y organizativas de quienes la consulten. Esperamos que esta guía ayude a cuestionar las condiciones de vida actuales y así, poder construir bases sólidas que apoyen y fortalezcan las prácticas de cuidado para la sostenibilidad de la vida.

 

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Autora

Carola Bertona

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

El jueves 25 de abril, el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró el dictamen sobre la nueva ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (ex ley ómnibus). Hoy lunes la ley será tratada en el recinto, junto al llamado “Paquete fiscal”, la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que introduce modificaciones en el régimen impositivo. Desde Fundeps, volvemos a decir #NoALaLeydeBases, porque:

  • Su tratamiento y aprobación en Comisiones fue en tiempos acelerados. Y el proceso de debate no fue abierto ni participativo. De este modo no se permitió una discusión amplia y particularizada de cada uno de los temas que aborda. 
  • Permite que puedan intervenirse, escindirse, disolverse parcialmente o perder funciones y competencias instituciones como el CONICET, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, la ANMAT, el INTA, el INCUCAI, el INCAA, el Enacom, la CONEAU, entre otros organismos descentralizados o centralizados
  • En función de estas facultades, y al no ser explícitamente excluidos de la lista, podría afectar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permite identificar a los nietos y las nietas que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan desde la dictadura; y de la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANP), poniendo en riesgo nuestras áreas protegidas. 
  • Introduce modificaciones al régimen previsional, que en un contexto de amplia informalidad laboral, implica que 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), y que 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional.
  • El paquete fiscal introduce la eliminación del Monotributo Social, que fue una categoría diseñada para promover la formalización de los sectores de menos ingresos. Esta medida podría afectar a más de 600.000 trabajadores.
  • La reforma laboral, en sintonía con el capítulo del DNU 70/2023 que fue judicializado, implica una enorme quita de derechos, ya que fomenta el trabajo no registrado al eliminar multas e indemnizaciones, extender el período de prueba, entre otras medidas. 

Insistimos en que este proyecto, aún con las modificaciones que se hicieron desde febrero hasta hoy, debe contar con un mayor debate público y no puede ser aprobado. Afecta los derechos de trabajadores y trabajadoras, profundiza las desigualdades de género, atenta contra los la protección de la naturaleza, pone en riesgo el sistema de ciencia y técnica; y somete a procesos de privatización a varias empresas públicas, que son estratégicas para el desarrollo de nuestro país y la defensa de la soberanía. 

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En situaciones de crisis multidimensional, como la que atraviesa nuestro país, quienes más sufren son los sectores de menores ingresos y en particular las niñas, niños y adolescentes. El retraimiento del Estado y la desregulación económica, implican una mayor desprotección. Garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada, en este contexto, se vuelve urgente. Entonces nos volvemos a preguntar: ¿qué podemos y que debemos exigirle al Estado en materia de alimentación? ¿Tiene sentido cuestionarnos qué tipo de alimentos queremos que haya en nuestras ollas? ¿O tenemos que conformarnos con “lo que hay”?

En Argentina, la inflación continúa en aumento. El índice del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), arrojó que la población que no llega a cubrir sus necesidades básicas de alimentación pasaron del 9,4% a finales del tercer trimestre de 2023, al 15% en enero, y que la pobreza afecta a un 57% de las personas de este país. A su vez, el Indec informó que la Canasta Básica Alimentaria (BCA) aumentó 18,6% en enero y 296,4% en los últimos doce meses, por encima de la inflación (254,2%). Mientras que, según el Índice Barrial de Precios (IBP) del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), los precios de los alimentos se incrementaron en hasta un 69,7% desde el pasado diciembre. Estas cifras son el reflejo de un sensible incremento de la indigencia y de la pobreza. 

A esta información, le sumamos aquella que ya nos alertaba: la calidad de vida de la población argentina viene deteriorándose progresivamente. El 73,4% de las defunciones se deben a Enfermedades Crónicas No Transmisibles, éstas son  responsables del 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura y del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad. La alimentación adecuada es uno de los principales factores de riesgo.

A pesar de las estadísticas y el contexto, el gobierno nacional a pocos días de iniciar el año 2024, decidió interrumpir por completo el suministro de alimentos a los comedores populares. Numerosas las organizaciones a diario denuncian que “las ollas están vacías”, “es urgente y necesaria la emergencia alimentaria” y “no hay libertad cuando no hay nada en la mesa”, así como la doble carga que deben soportar: en momentos que menos tienen para ofrecer, es cuando más personas llegan en busca de un plato de comida.

Este marco nos incita a reflexionar sobre las condiciones mínimas que debemos garantizar, como la vida y la dignidad humana, para que tenga sentido hablar de derechos como la libertad. También volver a conversar sobre el rol que debe cumplir el Estado para garantizar estos derechos. La noción de que un Estado presente es necesariamente abusivo, choca contra lo que la realidad expone: los derechos carecen de satisfacción en ausencia de un Estado que vele por su protección mediante políticas efectivas. 

La alimentación es una de las necesidades humanas más básicas y se encuentra íntimamente ligada a la vida y la salud de las personas. Dado su carácter esencial e indispensable, fue reconocida como un derecho humano fundamental en diversos tratados internacionales de derechos humanos que hoy en nuestro país gozan de jerarquía constitucional. Esta consagración normativa hace surgir en cabeza del Estado obligaciones jurídicas imperativas y exigibles de: respetar, proteger y garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho. 

Políticas alimentarias en Argentina

En nuestro país, la problemática alimentaria, desafortunadamente, no es una novedad. Al hacer un análisis retrospectivo es posible observar en diferentes períodos históricos grandes crisis y tensiones políticas respecto al rol del Estado como garante de este derecho.

Previo a la reforma constitucional de 1994, el desarrollo del derecho a la alimentación se encontraba en gran medida subordinado al derecho laboral y al salario digno, ya que imperaba una lectura privatista de los derechos y obligaciones alimentarias. Sin embargo, en los 80 comenzó a tomar fuerza un abordaje político-social diferente. Dado el contexto de necesidad que se vivió luego de los años de dictadura militar, se empezó a hablar de emergencia alimentaria, un paradigma basado en políticas de corte asistencialista que ha imperado hasta nuestros días.

Su consolidación normativa se dió en 2002 cuando, en respuesta a una de las crisis más agudas que ha sufrido nuestro país, se declaró la Emergencia Alimentaria Nacional reconocida por el Decreto Nº 108 (15/01/2002) que ha sido prorrogada sin interrupciones hasta la actualidad, y que fue dispuesta con el fin de atender las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgos de subsistencia.

Al poco tiempo, fue sancionada la ley 25.724 de Declaración de Emergencia Alimentaria Nacional que instituyó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, conocido como Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más urgente” (PNSA), destinado a cubrir los requisitos nutricionales mínimos de grupos en situación de extrema vulnerabilidad. Esta ley constituye hasta el día de hoy la principal política alimentaria de nuestro país. 

De la emergencia alimentaria a la alimentación adecuada

A más de 20 años de su entrada en vigencia, sobra evidencia y bibliografía para dar cuenta de las importantes limitaciones y deficiencias que presenta este paradigma, que limita el tratamiento de la cuestión alimentaria a un nivel básico de satisfacción de necesidades calóricas mínimas. Y, por lo tanto, su incapacidad de generar transformaciones estructurales que permitan avanzar hacia un estado de seguridad y soberanía alimentaria. También el grave impacto en la salud que puede implicar que los programas alimentarios que se han constituido, tanto a nivel nacional como provincial, no cuenten con buenos criterios y estándares nutricionales. Esto tiene que ver con que las estrategias de emergencia suelen obviar las múltiples facetas que abarca la problemática de la alimentación en su complejidad, incluyendo la llamada “triple carga” de la malnutrición: el hambre y la desnutrición, la deficiencia generalizada de micronutrientes y la malnutrición por exceso. Esta requiere ser abordada como un problema sanitario vinculado con el consumo de productos alimenticios ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos.   

Esta falta vino a ser cuestionada por la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021. 

El amplio proceso legislativo que se impulsó para lograr la sanción de esta ley generó un movimiento fundamental en el debate público sobre la alimentación en nuestro país. Esta ley se ha constituído como un puente entre las políticas que atienden problemáticas alimentarias históricas, como el hambre y la desnutrición; y las que buscan revertir las problemáticas alimentarias modernas, vinculadas a la malnutrición por exceso y las enfermedades crónicas que son causadas por la mala calidad de los productos alimenticios que se consumen en la actualidad. Esta última afecta a toda la población ya que se vincula a la transformación de los patrones alimentarios, aunque las encuestas indican que la mayor prevalencia se encuentra en los sectores económicos de menores ingresos. Por su parte, el problema del hambre se encuentra ligado directamente a la pobreza. 

La ley de Promoción de la Alimentación Saludable, si bien no aborda de manera directa el problema de la falta de alimentos, sí establece medidas que son fundamentales para la transformación de los sistemas alimentarios que directa o indirectamente, abonan a una mayor seguridad y soberanía alimentaria y generan una mejoría en la calidad de la asistencia alimentaria. Por ejemplo, exige al Estado que las compras públicas de alimentos que se destinan a comedores donde asisten niños, niñas y adolescentes, a dependencias estatales y a programas alimentarios, se compongan de alimentos saludables que no presenten sellos de advertencia (es decir, que no tengan exceso de azúcar, sodio, grasas, ni edulcorante o cafeína). También establece la importancia de incentivar el desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena. 

De esta manera, la ley se posiciona por un lado, como un instrumento valioso para impactar positivamente en la salud de los sectores más vulnerables de la población, quienes son los que se encuentran más expuestos al consumo de productos procesados y ultraprocesados. Y por el otro, para comenzar a transformar la manera en que el Estado argentino, históricamente, ha construido sus políticas alimentarias y, más específicamente, en su aspecto más urgente, es decir el hambre. Por fin, a la hora de pensar qué comen quienes menos tienen, se puso sobre la mesa la necesidad de incorporar criterios nutricionales y no sólo cantidad de calorías.   

En este marco, se instalaron preguntas claves acerca de qué estamos comiendo; sobre cómo se producen los alimentos que llegan a nuestra mesa; sobre la relación que existe entre lo que consumimos y las enfermedades que contraemos, a cada vez más temprana edad. Preguntas sobre qué se les ofrece a las infancias y adolescencias en las escuelas, que en muchos casos constituye la base de su alimentación. También se habilita la pregunta sobre quiénes son los proveedores del Estados y a qué tipo de producción queremos apoyar.

Este debate y la conquista de esta ley, que ha tenido por protagonista a la sociedad civil,  ha significado un avance inmenso en las discusiones y las políticas alimentarias de nuestro país, y sobre todo brinda herramientas técnicas y legales para lograr una mejor protección de los derechos a la alimentación adecuada y a la salud de toda la población. La sociedad en general se hizo eco de la idea que ya no se trata de llenar panzas si no de nutrir cuerpos y mentes sanas, volver a nutrirnos cultural y afectivamente. Y que de acuerdo a los instrumentos de derechos humanos adoptados por nuestro país, es el Estado quien debe garantizar que así sea. 

Exigir los mínimos sin renunciar a los máximos

Actualmente, estos avances históricos se encuentran en grave riesgo, así como también está en riesgo el acceso mismo a alimentos por gran parte de la población debido a la crisis económica que atraviesa el país y, sobre todo, por las políticas de desabastecimiento que vienen sufriendo los comedores comunitarios y los programas de asistencia alimentaria. 

El avasallamiento de derechos sociales busca echar atrás los avances logrados en estos años en torno al debate sobre la calidad de los alimentos porque, ante la falta de condiciones mínimas de alimentación, las necesidades inmediatas se imponen y la necesidad de transformaciones estructurales quedan en un segundo plano. 

Ahora bien: ¿Es posible que aún en contextos de crisis podamos pensar la problemática alimentaria de manera integral y no lineal? ¿Es posible exigir que se implementen de manera urgente las políticas de emergencia alimentaria y a la vez que se priorice la compra de alimentos saludables para los comedores populares? Claro que sí. No sólo es posible sino que es necesario. Pelear por los mínimos sin renunciar a los máximos es la forma de defender los avances alcanzados, los derechos conquistados. 

Los efectos en la salud que han arrojado las políticas alimentarias meramente paliativas son irreversibles para millones de personas que han contraído enfermedades crónicas y discapacidades de diferentes tipos. Hoy conocemos las graves consecuencias en la salud que trae el consumo de ciertos productos con exceso de nutrientes críticos, así como la falta de variedad en la alimentación diaria, el escaso consumo de frutas y verduras. Por eso, no podemos conformarnos con “lo que hay”, no podemos renunciar a los derechos conquistados y los avances en el debate sobre el tipo de alimentación que necesitamos para desarrollarnos y vivir dignamente. 

La satisfacción del derecho a la salud, a la alimentación adecuada, a una vida digna no puede quedar en manos del mercado, y los alimentos no pueden tratarse como una mercancía. Es urgente que el Estado garantice que todas las personas puedan acceder a alimentos dignos, de calidad y en cantidad suficiente. La alimentación de calidad debe ser un derecho y no un privilegio. 

 

*Fuente de la imagen: Colectivo Diciembre

 

Autoras

Maga Merlo Vijarra

María Laura Fons

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

Nos llena de orgullo compartir el Anuario 2023, un recorrido por nuestro trabajo, logros y aprendizajes durante el último año. 

Durante 2023 llevamos a cabo diversas acciones. Desde reuniones de incidencia política y presentaciones judiciales, hasta investigaciones, congresos y talleres,   campañas de comunicación y más. Cada acción refleja nuestra determinación para transformar la sociedad y defender los derechos humanos.

Además,  a fines del año pasado, experimentamos un cambio importante en nuestra dirección. Carolina Tamagnini, quien ha liderado la Fundeps durante los últimos 4 años, dejó la Dirección Ejecutiva para sumarse al Consejo de Administración y en su lugar, Mayca Balaguer asumió como nueva Directora. 

Este cambio marca no solo una transición en el liderazgo, sino también un momento de fortalecimiento y renovación institucional, consolidando un equipo dinámico y capaz de responder a las demandas emergentes, creciendo tanto institucionalmente como en impactos. 

Lo que comenzó como una iniciativa en 2009, hoy se ha convertido en una organización sólida e involucrada en la defensa de los derechos humanos. ¡Y en este 2024 festejamos 15 años! 

Porque confiamos en que la mejor manera de realizar nuestro trabajo es en red y de forma colectiva, agradecemos a las organizaciones, comunidades y personas que fueron parte de estas iniciativas. Celebramos con ustedes nuestro progreso y les invitamos a conocer el Anuario 2023: la memoria colectiva de nuestro compromiso por una sociedad más justa, equitativa, sostenible y democrática.

VER ANUARIO 2023

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestro pedido de tratamiento y rechazo del decreto “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

En el inicio de las sesiones ordinarias, recordamos que el Congreso tiene el deber de rechazar este decreto y todos aquellos que en el futuro excedan los límites constitucionales, ejerciendo su rol dentro del sistema de frenos y contrapesos, así como de garantizar un debate parlamentario de calidad que asegure una participación ciudadana robusta.

El Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar. Si bien nuestra Constitución Nacional lo habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), solo le permite hacerlo cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

El Decreto 70/2023 no cumple los requisitos constitucionales para su validez. No surgen de sus fundamentos argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso debatir cada una de las reformas comprendidas en él, y tampoco se explica adecuadamente la relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza excepcional de los DNU, el Decreto 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias.

Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático.

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se debe determinar su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos por ella.

Resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, al abordar cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas,
muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Hoy el Poder Legislativo está en falta. Por eso, volvemos a solicitarle que defienda el Estado de derecho y honre la división de poderes.

Organizaciones:

1. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
2. Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
3. ANDHES
4. Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
5. Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)
6. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
7. Consciente Colectivo
8. Comisión Argentina para Personas Migrantes y Refugiadas (CAREF)
9. Democracia en Red
10. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
11. Fundación SES
12. Fundación Protestante Hora de Obrar
13. Fundación Mujeres x Mujeres
14. Fundación Igualdad
15. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
16. Fundeps
17.Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
18. Jóvenes por el Clima
19.Red argentina de abogacía comunitaria (RAAC)
20.Xumek

Esta es la consigna de nuestra campaña que busca derribar mitos acerca de la ESI, promover debates abiertos y brindar conocimientos esenciales que permitan a estudiantes ejercer sus derechos y llevar una vida sana y plena.

El próximo 26 de febrero, estudiantes de toda la provincia de Córdoba iniciarán un nuevo ciclo lectivo. Quienes cumplan dieciocho en este 2024 tendrán la misma cantidad de años que se contarán en octubre desde la sanción de la Ley 26.150, conocida como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). En esta vuelta al cole, esperan que al fin se implemente la ESI en sus clases, para no seguir siendo parte del 80% de los estudiantes que considera que no se aplica de forma adecuada en su escuela, de acuerdo con el dato que surge de una encuesta realizada por la Fundación Huésped.

“La Educación Sexual Integral es un derecho inalienable de estudiantes de todo el país que concurren a establecimientos educativos tanto públicos como privados, tal como lo establece la Ley 26.150. Si bien esta ley está vigente desde 2006, no se ha logrado su cumplimiento efectivo y, además, hoy este derecho se ve amenazado por fuertes campañas de desinformación que circulan tanto en la opinión pública como en espacios institucionales”, explica Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps.

Coincidiendo con el inicio de clases, desde Fundeps

ponemos en marcha la campaña de concientización ESI porque Sí, con el objetivo de dar a conocer entre adolescentes y jóvenes que la Educación Sexual Integral es su derecho y que debe ser garantizado en todos los casos. Con información clara y precisa, la campaña se propone combatir las noticias falsas, mitos y discursos de odio que circulan en redes sociales generando confusión y falsas creencias sobre los contenidos y prácticas efectivas de la ley en las escuelas.

ESI porque Sí, está destinada principalmente a estudiantes de nivel secundario de la provincia, pero también a docentes y autoridades educativas.

“El rol docente es fundamental: enseñar educación sexual es imprescindible para la erradicación de la violencia de género, la integración de la diversidad sexual, la prevención del abuso sexual, del embarazo adolescente y de las enfermedades de transmisión sexual, entre otras cuestiones. La ESI no es ideología de género, sino un espacio sistemático y transversal de enseñanza y aprendizaje, que asegura la transmisión de conocimiento científico preciso, confiable y adecuado a cada etapa evolutiva de las y los estudiantes. Las y los docentes son garantes de derechos”, define Mayca Balaguer.

En Córdoba, la Ley Provincial de Educación (9870) refuerza la adhesión a la normativa nacional, tanto en contenidos y saberes como en valores. Sin embargo, siguen existiendo impedimentos para su aplicación en muchas instituciones. Es por eso que apostamos también al trabajo en red, junto con otras organizaciones comprometidas con la promoción de los derechos humanos.

Garantizar la ESI es ampliar derechos. Permite formar estudiantes libres en pensamiento y elección, con empatía y capacidad de vivir una sexualidad plena con vínculos respetuosos, ya que la propia definición de Educación Sexual Integral que estipula la Ley 26.150 contempla la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”, ratifica nuestra directora ejecutiva.

La campaña ESI porque Sí estará disponible en las redes sociales de Fundeps y organizaciones aliadas.

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Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Organizaciones de la sociedad civil escribimos una carta a los legisladores y legisladoras pidiéndoles que se aboquen al inmediato tratamiento y rechazo del decreto de “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, nuestra norma fundamental admite que excepcionalmente, y de conformidad con determinados requisitos, se utilice la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Este tipo de decretos son admisibles únicamente cuando existieran circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Es decir, los DNU proceden cuando la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite parlamentario normal.

Resulta evidente que los fundamentos del Decreto 70/2023 no cumplen los requisitos para la emisión de una norma de esta naturaleza. No surgen de allí argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso reunirse, y tampoco se prueba que la solución
que se requiere sea incompatible con el debate legislativo. De hecho, antes de la entrada en vigor del decreto, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, y hoy en día el Congreso se encuentra sesionando. Además, tampoco se explica la  relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza de la herramienta, el DNU 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias. Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido, debe recordarse que, tal como señaló nuestra Corte Suprema de Justicia, “la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Por otro lado, resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, abordando cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se determine su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.

Habiendo vencido los plazos establecidos en la ley 26.122 para el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, el Congreso tiene el deber de pronunciarse sobre el decreto. Por eso, solicitamos a las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Nación que se aboquen a su expreso e inmediato tratamiento, y lo rechacen por no satisfacer los requisitos constitucionales.

El silencio, la espera, los cálculos asociados al rédito político implican un aval implícito a una conducta que desborda ostensiblemente los contornos de nuestra norma fundamental. En defensa de la Constitución, del sistema de frenos y contrapesos, de la justicia y de la seguridad jurídica, el Congreso está llamado a hacer que el Poder Ejecutivo se desenvuelva dentro de los límites del Estado de derecho. El deber con nuestra Constitución Nacional y con la ciudadanía debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Organizaciones:
● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
● Amnistía Internacional Argentina
● Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
● Fundeps
● Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
● Jóvenes por el Clima
● Hora de Obrar
● Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
● Asociación Civil para la promoción y Protección de los Derechos Humanos
(Xumek)
● Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
(ANDHES)
● Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
● Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales (CIDC)
● Democracia en Red
● Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia. 

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza. 

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas. 

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares. 

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión. 

 

Firmas:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

ELA (Equipo argentino de justicia y género)

Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

Fundación Protestante Hora de Obrar

Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek

Fundación SES

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes

Consciente Colectivo

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

Anunciamos con mucha alegría que Mayca Balaguer es la nueva Directora Ejecutiva de Fundeps desde comienzos de este 2024.

Mayca Balaguer es abogada con una sólida formación académica destacándose como Diplomada en Estudios de Género, movimiento de mujeres y política en América Latina, así como Magíster en Derecho Procesal. Su compromiso y dedicación la convirtieron en una una gran compañera y referente en temas relacionados con el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos en la provincia de Córdoba.

Desde su inicio en Fundeps en 2015 y a lo largo de los años, ha ocupado la coordinación tanto en el área de Géneros y Diversidad Sexual como en Asuntos Legales, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de cada una.

Tenemos la convicción de que Mayca continuará aportando toda su experiencia en la coordinación de las actividades de la fundación y de un equipo de personas que trabaja en pos de una sociedad más justa, equitativa, sostenible y democrática.

A su vez, con un profundo agradecimiento, despedimos a Carolina Tamagnini, quién nos ha acompañado desde 2014 en Fundeps con diferentes roles de liderazgo. Su compromiso, capacidad de trabajo y visión estratégica nos permitieron no sólo el fortalecimiento interno de Fundeps, si no también potenciar nuestras acciones de investigación, incidencia política, capacitaciones y el trabajo en red. Como profesional, sabemos que en sus próximos proyectos continuará inspirando con su dedicación y dejando huella en cada desafío que afronte.

Cada cambio marca el comienzo de nuevas oportunidades. Iniciando un año lleno de nuevos retos y proyectos en un contexto desafiante, les deseamos lo mejor a ambas. Que este nuevo capítulo sea un viaje de aprendizaje, trabajo colectivo y éxito, y que cada esfuerzo contribuya a la defensa de los derechos humanos.

Gracias Caro y felicitaciones May por este nuevo rol.

 

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

El 22 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo de la Nación convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a fin de someter a su tratamiento el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

La iniciativa contiene más de 600 artículos que abarcan una extensa variedad de temas: salud, educación, empleo, seguridad social, niñez y familia, cultura, ambiente, turismo, justicia, seguridad y defensa, sistema electoral, política fiscal, deuda, desregulación económica y reorganización administrativa, entre otros. Se proponen en este proyecto modificaciones a Códigos y leyes que fueron debatidos durante años, que se sancionaron luego de haber escuchado a un amplio espectro de actores y que reconocieron luchas históricas de diversos colectivos, y se incluyen en él cambios que producirán consecuencias directas y de gran trascendencia en la vida de las personas.  

Resulta evidente que comprender, estudiar y fijar una posición respecto de semejante cantidad y tipo de reformas requiere un proceso deliberativo de análisis, fundamentación, argumentación y discusión. No es posible asegurar un debate parlamentario informado y robusto ni analizar en profundidad los impactos que tendría cada una de las modificaciones normativas en los tiempos propuestos por el Poder Ejecutivo. La calidad del debate público hace a la calidad de nuestra democracia.

También deviene imposible garantizar, en unas pocas semanas, un proceso de participación ciudadana real, que permita escuchar a todos los actores con experticia y trayectoria en las materias incluidas en el proyecto y a aquellos sectores que podrían verse más afectados por él. Si bien durante la última semana algunas entidades pudieron exponer sus visiones frente a diputados y diputadas, cada una contó con solo 5 minutos para hacerlo, y -al limitarse la convocatoria a 3 días- muchas quedaron fuera del debate. Además, no se previeron instancias para que quienes integran el cuerpo legislativo pudieran hacer preguntas o solicitar información adicional, y tampoco plazos razonables para que analizaran integralmente los aportes recibidos. 

Por otro lado, no debe perderse de vista que algunas de las reformas comprendidas en el proyecto resultan violatorias de derechos humanos reconocidos en tratados con jerarquía constitucional en nuestro país y desconocen los estándares de Comités especializados. De aprobarse esos cambios normativos, podría producirse una situación social aún más crítica, se incrementaría la conflictividad judicial en diferentes fueros y se comprometería la responsabilidad del Estado frente a organismos internacionales, lo que refuerza la necesidad de abordar la discusión con seriedad.

En virtud de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes solicitamos al Congreso de la Nación que continúe en sesiones ordinarias el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que amplíe las instancias de participación, asegurando que se convoque a audiencias públicas que permitan, a la ciudadanía en general y a los sectores afectados por las reformas en particular, expresarse sobre ellas. Aunque las sesiones extraordinarias se hayan prorrogado hasta el 15 de febrero, dicho plazo sigue siendo ostensiblemente insuficiente para discutir semejante cantidad de cambios normativos. 

Una vez más, necesitamos un Poder Legislativo que defienda el sistema de frenos y contrapesos diseñado por nuestra Constitución y que elija una democracia pluralista, deliberativa y participativa.  

Organizaciones firmantes:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 

Consciente Colectivo

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Fundación SES 

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek

Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF)

Fundación Igualdad 

Abogados y Abogadas del Noroeste en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)

Jóvenes por el Clima

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Democracia en Red

Amnistía Internacional Argentina

Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)

Escuela de Fiscales

Fundación Protestante Hora de Obrar

Salta Transparente

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC)

Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática

Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue ampliamente cuestionado por la sociedad civil por favorecer a las grandes corporaciones globales y carecer de la urgencia que justificaría su adopción, miles de manifestantes se convocaron en distintos puntos del país para expresar su repudio. 

En la ciudad de Córdoba la convocatoria se llevó a cabo en el Patio Olmos, en donde cientos de personas se concentraron alrededor de las 21h y cortaron la calzada de la Av. Vélez Sarsfield en una manifestación pacífica. Cerca de las 22h, la Policía de Córdoba enfrentó a las personas reunidas y arrojó gas pimienta y balas de goma para desalojar la protesta, llevándose detenidos a 5 manifestantes. 

Como organización de derechos humanos, sostenemos que el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta tienen un papel clave en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Se encuentran protegidos por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales.

La protesta social debe ser gestionada democráticamente y no criminalizada ni reprimida.  Los poderes públicos deben respetar los estándares internacionales relacionados a la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.

Por eso, exigimos a las autoridades locales que se arbitren las medidas necesarias para un adecuado abordaje de la conflictividad social, en cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Exigimos además la inmediata liberación de las personas detenidas.

El pueblo tiene derecho a expresarse y a salir a las calles a luchar. Basta de reprimir. Basta de perseguir.