Esta es la consigna de nuestra campaña que busca derribar mitos acerca de la ESI, promover debates abiertos y brindar conocimientos esenciales que permitan a estudiantes ejercer sus derechos y llevar una vida sana y plena.

El próximo 26 de febrero, estudiantes de toda la provincia de Córdoba iniciarán un nuevo ciclo lectivo. Quienes cumplan dieciocho en este 2024 tendrán la misma cantidad de años que se contarán en octubre desde la sanción de la Ley 26.150, conocida como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). En esta vuelta al cole, esperan que al fin se implemente la ESI en sus clases, para no seguir siendo parte del 80% de los estudiantes que considera que no se aplica de forma adecuada en su escuela, de acuerdo con el dato que surge de una encuesta realizada por la Fundación Huésped.

“La Educación Sexual Integral es un derecho inalienable de estudiantes de todo el país que concurren a establecimientos educativos tanto públicos como privados, tal como lo establece la Ley 26.150. Si bien esta ley está vigente desde 2006, no se ha logrado su cumplimiento efectivo y, además, hoy este derecho se ve amenazado por fuertes campañas de desinformación que circulan tanto en la opinión pública como en espacios institucionales”, explica Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps.

Coincidiendo con el inicio de clases, desde Fundeps ponemos en marcha la campaña de concientización ESI porque Sí, con el objetivo de dar a conocer entre adolescentes y jóvenes que la Educación Sexual Integral es su derecho y que debe ser garantizado en todos los casos. Con información clara y precisa, la campaña se propone combatir las noticias falsas, mitos y discursos de odio que circulan en redes sociales generando confusión y falsas creencias sobre los contenidos y prácticas efectivas de la ley en las escuelas.

ESI porque Sí, está destinada principalmente a estudiantes de nivel secundario de la provincia, pero también a docentes y autoridades educativas.

“El rol docente es fundamental: enseñar educación sexual es imprescindible para la erradicación de la violencia de género, la integración de la diversidad sexual, la prevención del abuso sexual, del embarazo adolescente y de las enfermedades de transmisión sexual, entre otras cuestiones. La ESI no es ideología de género, sino un espacio sistemático y transversal de enseñanza y aprendizaje, que asegura la transmisión de conocimiento científico preciso, confiable y adecuado a cada etapa evolutiva de las y los estudiantes. Las y los docentes son garantes de derechos”, define Mayca Balaguer.

En Córdoba, la Ley Provincial de Educación (9870) refuerza la adhesión a la normativa nacional, tanto en contenidos y saberes como en valores. Sin embargo, siguen existiendo impedimentos para su aplicación en muchas instituciones. Es por eso que apostamos también al trabajo en red, junto con otras organizaciones comprometidas con la promoción de los derechos humanos.

Garantizar la ESI es ampliar derechos. Permite formar estudiantes libres en pensamiento y elección, con empatía y capacidad de vivir una sexualidad plena con vínculos respetuosos, ya que la propia definición de Educación Sexual Integral que estipula la Ley 26.150 contempla la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”, ratifica nuestra directora ejecutiva.

La campaña ESI porque Sí está disponible en las redes sociales de Fundeps y organizaciones aliadas.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Organizaciones de la sociedad civil escribimos una carta a los legisladores y legisladoras pidiéndoles que se aboquen al inmediato tratamiento y rechazo del decreto de “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, nuestra norma fundamental admite que excepcionalmente, y de conformidad con determinados requisitos, se utilice la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Este tipo de decretos son admisibles únicamente cuando existieran circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Es decir, los DNU proceden cuando la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite parlamentario normal.

Resulta evidente que los fundamentos del Decreto 70/2023 no cumplen los requisitos para la emisión de una norma de esta naturaleza. No surgen de allí argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso reunirse, y tampoco se prueba que la solución
que se requiere sea incompatible con el debate legislativo. De hecho, antes de la entrada en vigor del decreto, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, y hoy en día el Congreso se encuentra sesionando. Además, tampoco se explica la  relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza de la herramienta, el DNU 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias. Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido, debe recordarse que, tal como señaló nuestra Corte Suprema de Justicia, “la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Por otro lado, resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, abordando cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se determine su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.

Habiendo vencido los plazos establecidos en la ley 26.122 para el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, el Congreso tiene el deber de pronunciarse sobre el decreto. Por eso, solicitamos a las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Nación que se aboquen a su expreso e inmediato tratamiento, y lo rechacen por no satisfacer los requisitos constitucionales.

El silencio, la espera, los cálculos asociados al rédito político implican un aval implícito a una conducta que desborda ostensiblemente los contornos de nuestra norma fundamental. En defensa de la Constitución, del sistema de frenos y contrapesos, de la justicia y de la seguridad jurídica, el Congreso está llamado a hacer que el Poder Ejecutivo se desenvuelva dentro de los límites del Estado de derecho. El deber con nuestra Constitución Nacional y con la ciudadanía debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Organizaciones:
● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
● Amnistía Internacional Argentina
● Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
● Fundeps
● Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
● Jóvenes por el Clima
● Hora de Obrar
● Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
● Asociación Civil para la promoción y Protección de los Derechos Humanos
(Xumek)
● Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
(ANDHES)
● Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
● Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales (CIDC)
● Democracia en Red
● Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia. 

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza. 

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas. 

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares. 

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión. 

 

Firmas:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

ELA (Equipo argentino de justicia y género)

Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

Fundación Protestante Hora de Obrar

Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek

Fundación SES

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes

Consciente Colectivo

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

Anunciamos con mucha alegría que Mayca Balaguer es la nueva Directora Ejecutiva de Fundeps desde comienzos de este 2024.

Mayca Balaguer es abogada con una sólida formación académica destacándose como Diplomada en Estudios de Género, movimiento de mujeres y política en América Latina, así como Magíster en Derecho Procesal. Su compromiso y dedicación la convirtieron en una una gran compañera y referente en temas relacionados con el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos en la provincia de Córdoba.

Desde su inicio en Fundeps en 2015 y a lo largo de los años, ha ocupado la coordinación tanto en el área de Géneros y Diversidad Sexual como en Asuntos Legales, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de cada una.

Tenemos la convicción de que Mayca continuará aportando toda su experiencia en la coordinación de las actividades de la fundación y de un equipo de personas que trabaja en pos de una sociedad más justa, equitativa, sostenible y democrática.

A su vez, con un profundo agradecimiento, despedimos a Carolina Tamagnini, quién nos ha acompañado desde 2014 en Fundeps con diferentes roles de liderazgo. Su compromiso, capacidad de trabajo y visión estratégica nos permitieron no sólo el fortalecimiento interno de Fundeps, si no también potenciar nuestras acciones de investigación, incidencia política, capacitaciones y el trabajo en red. Como profesional, sabemos que en sus próximos proyectos continuará inspirando con su dedicación y dejando huella en cada desafío que afronte.

Cada cambio marca el comienzo de nuevas oportunidades. Iniciando un año lleno de nuevos retos y proyectos en un contexto desafiante, les deseamos lo mejor a ambas. Que este nuevo capítulo sea un viaje de aprendizaje, trabajo colectivo y éxito, y que cada esfuerzo contribuya a la defensa de los derechos humanos.

Gracias Caro y felicitaciones May por este nuevo rol.

 

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

El 22 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo de la Nación convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a fin de someter a su tratamiento el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

La iniciativa contiene más de 600 artículos que abarcan una extensa variedad de temas: salud, educación, empleo, seguridad social, niñez y familia, cultura, ambiente, turismo, justicia, seguridad y defensa, sistema electoral, política fiscal, deuda, desregulación económica y reorganización administrativa, entre otros. Se proponen en este proyecto modificaciones a Códigos y leyes que fueron debatidos durante años, que se sancionaron luego de haber escuchado a un amplio espectro de actores y que reconocieron luchas históricas de diversos colectivos, y se incluyen en él cambios que producirán consecuencias directas y de gran trascendencia en la vida de las personas.  

Resulta evidente que comprender, estudiar y fijar una posición respecto de semejante cantidad y tipo de reformas requiere un proceso deliberativo de análisis, fundamentación, argumentación y discusión. No es posible asegurar un debate parlamentario informado y robusto ni analizar en profundidad los impactos que tendría cada una de las modificaciones normativas en los tiempos propuestos por el Poder Ejecutivo. La calidad del debate público hace a la calidad de nuestra democracia.

También deviene imposible garantizar, en unas pocas semanas, un proceso de participación ciudadana real, que permita escuchar a todos los actores con experticia y trayectoria en las materias incluidas en el proyecto y a aquellos sectores que podrían verse más afectados por él. Si bien durante la última semana algunas entidades pudieron exponer sus visiones frente a diputados y diputadas, cada una contó con solo 5 minutos para hacerlo, y -al limitarse la convocatoria a 3 días- muchas quedaron fuera del debate. Además, no se previeron instancias para que quienes integran el cuerpo legislativo pudieran hacer preguntas o solicitar información adicional, y tampoco plazos razonables para que analizaran integralmente los aportes recibidos. 

Por otro lado, no debe perderse de vista que algunas de las reformas comprendidas en el proyecto resultan violatorias de derechos humanos reconocidos en tratados con jerarquía constitucional en nuestro país y desconocen los estándares de Comités especializados. De aprobarse esos cambios normativos, podría producirse una situación social aún más crítica, se incrementaría la conflictividad judicial en diferentes fueros y se comprometería la responsabilidad del Estado frente a organismos internacionales, lo que refuerza la necesidad de abordar la discusión con seriedad.

En virtud de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes solicitamos al Congreso de la Nación que continúe en sesiones ordinarias el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que amplíe las instancias de participación, asegurando que se convoque a audiencias públicas que permitan, a la ciudadanía en general y a los sectores afectados por las reformas en particular, expresarse sobre ellas. Aunque las sesiones extraordinarias se hayan prorrogado hasta el 15 de febrero, dicho plazo sigue siendo ostensiblemente insuficiente para discutir semejante cantidad de cambios normativos. 

Una vez más, necesitamos un Poder Legislativo que defienda el sistema de frenos y contrapesos diseñado por nuestra Constitución y que elija una democracia pluralista, deliberativa y participativa.  

Organizaciones firmantes:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 

Consciente Colectivo

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Fundación SES 

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek

Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF)

Fundación Igualdad 

Abogados y Abogadas del Noroeste en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)

Jóvenes por el Clima

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Democracia en Red

Amnistía Internacional Argentina

Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)

Escuela de Fiscales

Fundación Protestante Hora de Obrar

Salta Transparente

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC)

Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática

Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue ampliamente cuestionado por la sociedad civil por favorecer a las grandes corporaciones globales y carecer de la urgencia que justificaría su adopción, miles de manifestantes se convocaron en distintos puntos del país para expresar su repudio. 

En la ciudad de Córdoba la convocatoria se llevó a cabo en el Patio Olmos, en donde cientos de personas se concentraron alrededor de las 21h y cortaron la calzada de la Av. Vélez Sarsfield en una manifestación pacífica. Cerca de las 22h, la Policía de Córdoba enfrentó a las personas reunidas y arrojó gas pimienta y balas de goma para desalojar la protesta, llevándose detenidos a 5 manifestantes. 

Como organización de derechos humanos, sostenemos que el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta tienen un papel clave en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Se encuentran protegidos por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales.

La protesta social debe ser gestionada democráticamente y no criminalizada ni reprimida.  Los poderes públicos deben respetar los estándares internacionales relacionados a la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.

Por eso, exigimos a las autoridades locales que se arbitren las medidas necesarias para un adecuado abordaje de la conflictividad social, en cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Exigimos además la inmediata liberación de las personas detenidas.

El pueblo tiene derecho a expresarse y a salir a las calles a luchar. Basta de reprimir. Basta de perseguir.

Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Dos dictámenes de la Procuración General de la Nación admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer”, en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Allanan, sin embargo, la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Comunicado conjunto.

Durante la última semana, Laura M. Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, firmó dos dictámenes en la misma sintonía. En ellos reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas como “personas por nacer” ante el Poder Judicial. Se trata de una interpretación que no tiene respaldo en la jurisprudencia: ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las “personas por nacer”. 

Monti emitió esos dictámenes en dos causas: una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén, ambas iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de  Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ambos casos, si bien afirma seguirla, se aparta de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre representación colectiva. También en las dos causas, las partes peticionantes buscan convertir en un “caso” (para discutirse en los tribunales de justicia) lo que en verdad es una disconformidad general con la ley.

Monti se basó en el art. 1 de la Ley 26.061 de Protección Integral a la Niñez para sostener la legitimación. De esta manera, desnaturalizó el sentido de la ley e ingenió una suerte de “acción popular” que permitiría que cualquier ciudadano accione por fuera de un caso concreto. No solo eso, sino que además, equiparó a las “personas por nacer” a niños, niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo, en los dictámenes decidió no tomar en cuenta las exigencias del artículo 116 de la Constitución Nacional, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de las acordadas y jurisprudencia de la Corte sobre procesos colectivos, creando una situación de inseguridad jurídica. Por nombrar un antecedente: en el caso Halabi, citado por la propia Procuradora para dictaminar, se establece que la comprobación de la existencia de un caso es imprescindible para otorgar legitimación colectiva. En ninguno de los casos, ni Fiore Viñuales ni Portal de Belén, hay “caso”; es decir que Monti debería haber negado la legitimación de plano.

Por qué es grave este paso de la procuradora fiscal: porque admite que un grupo de ciudadanos cuestione a través de un juicio una ley votada por todas las fuerzas políticas sin que se acredite que hay un derecho o un daño concreto afectado y, en la misma acción, le atribuya una representación colectiva inexistente para el ordenamiento jurídico argentino. El debate democrático ya se dio en el Congreso y trazó una línea para un acuerdo social básico de derecho a la salud y a la vida, a través de la despenalización y legalización del aborto. 

Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio, pero fueron emitidos dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa “Fiore Viñuales”. 

El Dr. Barra en su carácter de reciente Procurador del Tesoro tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la ley de ética pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto.,En este sentido, hicimos una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusimos en conocimiento a la Oficina Anticorrupción, en tanto es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública.

Desde 2021, del total de acciones judiciales que se iniciaron en contra de la ley, 34 fueron rechazadas por tribunales de diferentes jurisdicciones del país. Sólo 3 llegaron a la Corte, pero no para que decida sobre su constitucionalidad, sino para determinar si quienes promovieron esas acciones tienen legitimación para hacerlo y para representar al colectivo de “personas por nacer”.

Los dictámenes de la Procuración General de la Nación no son vinculantes para la Corte, que puede definir los criterios jurídicos aplicables, sin tomar en cuenta esas recomendaciones. Por eso, la Corte ahora tiene la responsabilidad de volver a situar las acciones colectivas para los propósitos que fueron creadas, evitar que sean forzadas conceptualmente y que se vulneren las garantías del debido proceso. Es su oportunidad de frenar el litigio infundado contra una ley vigente y clave para millones de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. 

Amnistía Internacional Argentina
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
Fundación Mujeres x Mujeres

Presentamos tres amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ofrecer algunas consideraciones respecto al cuidado como derecho humano. Nuestra participación fue parte de un proceso colectivo que sintetiza saberes especializados.

En enero el Estado Argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se expida en relación a “El contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Lo que motivó este pedido, según los diferentes ministerios involucrados, fue la oportunidad de abordar las desigualdades de género desde la construcción de estándares más justos y equitativos en materia de cuidados.

A partir de este pedido, la Corte IDH emitirá una Opinión Consultiva permitiendo, previamente, el involucramiento de otros actores en el proceso interpretativo de este derecho. Desde Fundeps hemos tomado parte, junto a otros espacios, en la construcción de una herramienta judicial denominada amicus curiae, la cual habilita la participación voluntaria a través de una opinión técnica-jurídica. Asimismo, hemos adherido a los documentos elaborados por la Red Jurídica de CLACAI y la Red DESC

Este proceso de trabajo colectivo reunió a activistas, docentes de universidades latinoamericanas y europeas, personas de la academia y expertas de diferentes comités, organizaciones feministas y de derechos humanos. El documento presentado busca brindar elementos al tribunal respecto al cuidado como un derecho humano: a cuidar, ser cuidade y al autocuidado. 

El documento reconstruye la concepción de los cuidados como una necesidad que trasciende las relaciones interpersonales, para así, considerarlo “como un proceso inherente y vinculado con la sostenibilidad de la vida y el bienestar”. Desde este posicionamiento, el amicus sostiene el derecho al cuidado como un derecho autónomo que, a la vez, mantiene interdependencias con otros derechos. Así, se ofrecieron consideraciones respecto a su vinculación con el derecho a la salud, a la salud sexual y (no) reproductiva, a la diversidad sexual, a la seguridad social, al ambiente sano, a los territorios y a la ciudad. Además, el amicus expuso la importancia de contar con sistemas de indicadores -cuantitativos y cualitativos- de derechos humanos, que permitan a los Estados producir información completa y sistematizada, para el monitoreo sobre el cumplimiento del derecho al cuidado.

Respecto a la exigibilidad sobre las obligaciones del Estado, se planteó que el respeto, protección y cumplimiento del derecho de las mujeres a la no discriminación y al goce de la igualdad, es una obligación derivada de este derecho autónomo. Sin embargo, se expresó que se vuelve necesario tener en cuenta, desde una perspectiva interseccional, aquellas obligaciones derivadas del derecho al cuidado en sectores mayormente expuestos a la vulnerabilidad: personas con discapacidad y afectaciones en salud mental, personas migrantes y pueblos indígenas. 

Como punto a destacar, nuestra presentación también planteó la importancia del trabajo de cuidado comunitario, estableciendo que éste toma formas particulares en comedores y ollas populares, merenderos, jardines de infantes, salitas médicas, entre otros, para hacer frente a las crisis económicas. En este sentido, la organización mayoritariamente de mujeres y disidencias en los territorios donde se evidencian las desigualdades sociales, este tipo de cuidados permiten la reproducción social y la sostenibilidad de la vida.

Como conclusión, sostuvimos que el derecho al cuidado es un derecho autónomo que debe ser garantizado por los Estados en condiciones de universalidad, igualdad y no discriminación. Esto significa la revalorización del cuidado como derecho independiente que precisa tanto de la exigibilidad hacia el Estado, como de la corresponsabilidad y distribución, involucrando tanto al conjunto de la sociedad como al mercado. 

 

Ver Amicus Curiae

Ver Amicus Curiae – Red DESC

Ver Amicus Curiae – CLACAI

 

Autora

Carola Bertona

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org.

Junto a la comunidad de Marcos Juárez presentamos un amparo ambiental en la Justicia de Córdoba. Solicitamos que se modifique la ordenanza vigente sobre agrotóxicos con el objetivo de ampliar la zona de resguardo, se cumpla con los controles y se efectivice el funcionamiento de la Comisión Asesora sobre Medio Ambiente.

La aplicación de agrotóxicos en Argentina continúa siendo uno de los principales problemas ambientales y acarrea una grave contaminación del agua, el suelo, el aire y el consecuente daño en la biodiversidad y en la salud de las personas.

Existen miles de estudios científicos alrededor del mundo que prueban la toxicidad de estos productos y su vinculación con el desarrollo de enfermedades crónicas  que afectan a personas adultas y principalmente a niñeces. Entre ellas se encuentran: el desarrollo neurológico anormal, cáncer, incremento en la incidencia del linfoma no–hodking, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos.

El problema de los agrotóxicos ya no se limita solo a las comunidades campesinas quienes ven fumigadas sus casas, hospitales y escuelas cotidianamente, sino que afecta a millones de personas en nuestro país. A modo de ejemplo, la organización Democracia en Red, en el marco del proyecto Pesticidas Introducidos Silenciosamente (PIS), analizó 200 muestras de orina en las localidades de Lobos, Saladillo, Barrio Nicole (La Matanza), Mar Chiquita y la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados demostraron que en todos los distritos hubo casos positivos para glifosato.

Desde Fundeps venimos hace tiempo abordando esta problemática, desarrollando e implementando distintas estrategias para lograr políticas públicas adecuadas para garantizar la sostenibilidad socioambiental. En ese sentido, en el año 2019 publicamos nuestro sitio web Emergencia Agroquímica donde sistematizamos la inmensidad de conflictos socioambientales que se dan en nuestra provincia a partir del uso/mal uso de agrotóxicos, además aportamos herramientas para que las comunidades puedan reclamar por sus derechos. De modo simultáneo desarrollamos modelos de ordenanzas que proponen restricciones al uso de estos productos y la creación de zonas de resguardo, buscando promover avances locales para mejorar la calidad de vida comunitaria.

Siguiendo este camino en el mes de mayo presentamos un primer amparo ambiental por la contaminación con agrotóxicos en Colonia Tirolesa, proceso donde aún y a pesar de la evidencia científica sobre los diversos problemas de salud que padece la comunidad continuamente, no se ha encontrado ninguna solución.

Marcos Juárez: ¿qué pasa con los agrotóxicos?

Marcos Juárez es una localidad situada en el sudeste de la provincia de Córdoba una zona conocida por su crecimiento económico vinculado a la explotación agropecuaria y la agroindustria, que utiliza grandes cantidades de productos químicos como fungicidas, herbicidas, insecticidas y a pesar de que Marcos Juárez cuenta con la ordenanza 2446, que regula el uso y aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario y que la Municipalidad adhiere a la Ley Provincial 9140, gran parte de la población se encuentra expuesta cotidianamente a estos productos.

La Ordenanza de Marcos Juárez surgió a partir de un proceso de lucha colectiva en el 2010, cuando integrantes de la comunidad se organizaron en contra de las fumigaciones desmedidas con agrotóxicos debido a las consecuencias sociales y sanitarias que ocasiona esta forma de producción y que se se fue intensificando con el transcurso del tiempo. Esta ordenanza significó un verdadero hito histórico para Córdoba, ya que fija zonas de resguardo ambiental para la aplicación de agroquímicos. Sin embargo con el paso de los años la comunidad comenzó a observar que esta regulación es insuficiente. A esto se le suma que la Municipalidad no logra hacer efectivo el cumplimiento de esta regulación (existen decenas de denuncias por infracciones).

En ese contexto, en el año 2015 el Grupo de Genética y Mutación Ambiental perteneciente al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Río Cuarto a cargo de la Dra. Delia Aiassa, evaluaron el nivel de daño en el material genético en niñeces expuestos a plaguicidas en la localidad. Del estudio surge que del total de niñes expuestos, 20 (40%) presentaron síntomas persistentes de diversa índole. Por otra parte sostiene: “Tratándose de una ciudad relativamente pequeña, este resultado pone de manifiesto que las pulverizaciones podrían alcanzar (por vía aérea) toda la localidad y que la población vulnerable de niños se encuentra sometida a una exposición extremadamente alta y continua, dado que vive rodeada por los cultivos. Teniendo en cuenta que no existen diferencias entre los grupos de niños en estudio en cuanto a distancias de pulverización hasta un máximo de 1095 m, debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza”.

A partir de allí, y considerando que la ordenanza establece distancias que se encuentran muy por debajo de lo recomendado, por ejemplo en algunas zonas de riesgo alto (art. 4) la  zona de exclusión de 150 metros (cuando en otras localidades es de 1500mts.), la comunidad se organiza nuevamente y comienza un largo recorrido de reclamos para salvaguardar sus vidas y las de las niñeces.  

En este marco, desde Fundeps comenzamos a apoyar este legítimo reclamo y luego de un largo camino decidimos acudir a la justicia en busca de soluciones.

La Acción de Amparo Ambiental 

Por estos motivos en virtud del principio precautorio, preventivo y de equidad intergeneracional, el  día 27 de noviembre presentamos una acción colectiva ambiental ante la justicia de Córdoba solicitando entre otras cosas:

  • La creación de una zona de resguardo ambiental no inferior a los 1095 metros de distancia desde el límite externo de las zonas pobladas, donde se prohíba la fumigación terrestre.
  • Y una zona de resguardo ambiental no inferior a los 3000 metros dónde se prohíban las fumigaciones áreas con cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario.

La finalidad de esta acción es resguardar y proteger los derechos de quienes habitan la localidad.

Esperamos que la justicia, haciendo uso de las facultades que le otorga la legislación en materia ambiental, ordene rápidamente a la Municipalidad de Marcos Juárez adoptar medidas concretas  y urgentes. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de la comunidad a la vida, a la salud y a un ambiente sano.

 

Autoras 

Katen Moldes y María Laura Carrizo

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundeps y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown) anunciamos el lanzamiento un novedoso curso de formación para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre marzo y octubre del 2024 a través de encuentros sincrónicos y culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, habilidades y herramientas incorporados.

Inscripciones en el este formulario

Brochure – información sobre cronograma, módulos y docentes

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

En junio de este año, La Casita Trans presentó una demanda en el fuero de violencia contra el Consejo de Médicos por ofrecer una capacitación con contenidos patologizantes. Desde Fundeps presentamos un amicus curiae en la causa.

La Casita Trans es una Asociación Civil de Córdoba que acompaña a las identidades trans y sus familias. A través de distintas acciones cumplen con uno de sus objetivos fundamentales: trabajar por el reconocimiento y la protección de sus derechos.Además son un centro de contención y referencia, con foco en las masculinidades trans. 

A comienzos de este año, a través de publicaciones en redes sociales del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba sobre una capacitación dirigida a profesionales de la salud, la entidad promocionó un programa de actualización que cuenta con un módulo nombrado como “Disforia de género”. La Casita intervino realizando una denuncia ante el INADI, solicitando la rectificación de la capacitación ya que, con ese nombre, incumple las leyes vigentes y configura contenido violento y discriminatorio contra las identidades trans.

Ante la falta de acuerdo y respuesta apropiada por parte del Consejo de Médicos, la organización presentó una demanda judicial para evitar que ese módulo de la capacitación se lleve a cabo. La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 3ra Nominación de Córdoba. 

Desde Fundeps intervinimos a través de una herramienta judicial denominada amicus curiae  que permite participar del litigio ofreciendo voluntariamente opinión técnica jurídica. En este amicus ratificamos que la patologización de las identidades trans viola la legislación vigente, la actualidad de la información científica y configura un tipo de violencia. Resulta particularmente peligroso que la entidad que regula y supervisa la profesión médica en nuestra provincia, dicte una capacitación con contenido científico desactualizado. Hay que tener en cuenta que el organismo tiene a su cargo la formación de profesionales que luego reproducirán dichos aprendizajes en las relaciones médico-paciente, con el riesgo de generar situaciones de violencia, discriminación y vulneración de los derechos humanos. 

Las disposiciones internacionales y nacionales vigentes, que en nuestro país han sido pioneras y vanguardistas en la materia, son esenciales para la protección y reconocimiento de los derechos humanos de las diversidades. Por eso, las intervenciones judiciales que buscan garantizar su respeto y evitar vulneraciones futuras, son una herramienta clave para velar por su cumplimiento.

En un contexto socio-cultural que aún tensiona los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTIQ+, es necesario actuar ante las violencias simbólicas. Estas vulneraciones se relacionan directamente con tratos hostiles en el ámbito de la salud, lo que influye en que las personas trans lo eviten para no ser (re) victimizadas. 

El Estado, las entidades privadas y la sociedad deben enfocarse en apoyar la diversidad de experiencias de género, celebrar la identidad de cada persona y crear espacios inclusivos que promuevan el bienestar y la seguridad de las personas trans.  

Ver Amicus curiaeacá

 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org