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Comunidades y sociedad civil buscan incidir en la reunión del BID en Chile

En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justa, así como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

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(Re) ordenando el territorio: Escazú y la participación ciudadana

En un esfuerzo por promover la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local, desde Fundeps llevamos adelante tres encuentros durante el mes de agosto, dirigidos a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en fortalecer las competencias  en derecho ambiental y en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, esenciales para una planificación urbana sostenible.

El público destinatario de estos encuentros fueron  quienes integran las Secretarías de Desarrollo Urbano, Integración Regional y Vinculación Institucional, y de Ciudad Inteligente de la Municipalidad de Córdoba. El objetivo central fue brindar las herramientas necesarias para comprender y aplicar el Acuerdo de Escazú en las políticas y prácticas de planeamiento urbano de la ciudad.

Los dos primeros talleres se centraron en aspectos teóricos y específicos sobre las leyes de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú. Para el último encuentro, pusimos especial énfasis en la participación ciudadana. Durante esta sesión, exploramos diversos modelos de participación ciudadana exitosa, tanto a nivel nacional como regional, destacando ejemplos prácticos que han sido implementados en distintas ciudades de nuestro país, así como también en países de América Latina y localidades de Europa.

Propusimos discusiones sobre casos en los que la participación activa de la ciudadanía ha resultado en mejoras significativas en la planificación y gestión urbana, subrayando cómo estos procesos inclusivos pueden ser adaptados a nuestra ciudad. Además,  analizamos las herramientas y mecanismos disponibles para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfatizando en la importancia de la transparencia, la comunicación efectiva, el lenguaje claro y la construcción de confianza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.

Continuamos trabajando para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local. El Acuerdo es una herramienta fundamental para la protección del ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Si querés profundizar sobre el Acuerdo de Escazú, ingresá a nuestra web: https://acuerdodeescazu.org/

 

Autores

Lourdes Zanotti

Federico Marengo Ligoria

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.

Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.

El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.

 

Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta)  – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA)  –  CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC –  Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa –  Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista –  INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM  – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES –  Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek

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Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba

A través de la recopilación de algunas de las experiencias de luchas de las comunidades cordobesas, pretendemos dar respuesta colectiva a los desafíos que surgen alrededor de los procesos de conflictividad ambiental.

Lo cierto es que no existe una única manera para organizarse, una única forma de pedir respuestas a las autoridades, ni mucho menos una única manera de afrontar un conflicto socioambiental. Sin embargo, observamos que sí existen prácticas comunes que se han ido afianzando y que sirven como guía para otras luchas.

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El BID aprueba una Nueva Política de Acceso a Información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Presentamos la web “Escazú para comunidades”: una herramienta para defender el ambiente

Lanzamos la plataforma web “Acuerdo de Escazú para comunidades”, que brinda información sobre el Acuerdo y los derechos que contempla con datos y modelos prácticos para hacerlos efectivos. Además, dentro del sitio se encuentra disponible para descargar un documento que reúne las experiencias y aprendizajes de distintas comunidades de Córdoba que enfrentan problemáticas ambientales y luchan desde hace años.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primer tratado del mundo en contener disposiciones relativas a la protección y promoción de la labor que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Desde Fundeps, venimos acompañando el proceso del Acuerdo desde antes de su aprobación en 2018, por el rol central que cumple en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la justicia climática. En el marco de este proceso, cuando entró en vigor en la Argentina lanzamos un Recursero del Acuerdo de Escazú y una Guía sobre el Acceso a la Información Ambiental. Luego , realizamos un ciclo de formación sobre acceso a la información pública ambiental y una introducción a Escazú, y en 2023, como parte del proyecto denominado “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, dictamos talleres en distintas localidades de la provincia atravesadas por conflictos socioambientales.

Todo este recorrido, sumado al acompañamiento diario a comunidades de Córdoba, nos permitió detectar la necesidad de realizar una herramienta que reúna todos los insumos creados, información relativa al Acuerdo de Escazú y que brinde instrumentos prácticos para facilitar el ejercicio de los derechos que regula. Por eso, lanzamos “Escazú para comunidades” (acuerdodescazu.org), una plataforma que brinda información sobre qué es el Acuerdo, qué derechos contempla y cómo se ejercen , cuál es la historia del Acuerdo, qué países de la región son parte, las respuestas a dudas frecuentes que surgen entre quienes defienden el ambiente, entre otros contenidos. Nuestro objetivo es poner a disposición de las comunidades las herramientas que ofrece Escazú para impulsar y monitorear su efectiva implementación, y fortalecer las luchas de las personas y grupos que defienden el ambiente,  la salud colectiva y a sus territorios. 

Entre las herramientas del sitio, se pueden encontrar: modelos para pedir información pública ambiental, explicaciones sobre cómo debe garantizarse y hacerse efectiva la participación ciudadana en decisiones que impacten sobre el ambiente, tipos de acciones judiciales que se pueden presentar para reclamar; las obligaciones de los Estados para garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, entre otras cuestiones.

También desde Fundeps venimos trabajando en reforzar las estrategias y abordajes de los conflictos socioambientales, poniendo en el centro a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso, dentro del sitio web también se puede acceder a “Resistiendo y re-existiendo en comunidad. Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba”. Este documento es el resultado de una serie de entrevistas realizadas durante 2023 y 2024 a siete comunidades  en lucha de la provincia de Córdoba  (OMAS, VUDAS, Todxs por nuestros arroyos, Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez, Preservando el Parque de la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y Amigos de la Reserva San Martín), a las cuales les agradecemos profundamente su apoyo y colaboración. El  propósito es la puesta en común de las experiencias de las comunidades, sus historias y sus consejos útiles para quienes están iniciando un proceso de lucha socioambiental. 

Apostamos a que este sitio web sirva como  material de consulta y de fortalecimiento de capacidades ambientales.También promovemos la difusión de las estrategias de luchas y de los aprendizajes de quienes las llevan adelante en la provincia, para que los desafíos socioambientales sean transitados con solidez, conocimiento, en base a experiencias compartidas y sobre todo, en red. 

Esperamos que les resulte de utilidad para las personas interesadas, y sobre todo, para quienes  defienden  los derechos humanos en asuntos ambientales.

VISITÁ EL SITIO WEB

Autora

Ananda María Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Participamos de la 3° Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile.  Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil. 

En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. 

Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia  participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas: 

  1. generación de conocimiento;
  2. reconocimiento;
  3. fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
  4. evaluación, seguimiento y revisión.

Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.

 Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.

Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior,  se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes. 

Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.

 

Autoras

Manuela Fernández Grassani

Ananda María Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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El Banco Asiático aprobó su primer proyecto de infraestructura en Argentina

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

Autora

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Agua potable en Alta Gracia: presentamos un amparo por falta de información pública

Junto a la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia presentamos una acción de amparo por mora en contra de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, por no haber respondido a un pedido de información pública que realizamos sobre la obra de provisión de agua potable para el Country Club “El Potrerillo de Larreta”.

Desde hace meses, la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia (MAyA), integrada por personas de la comunidad, intenta obtener información certera acerca del acueducto que se pretende llevar adelante para proveer de agua potable al Country Club “El Potrerillo de Larreta”. Según se ha podido constatar, este acueducto se desprende del caño maestro que lleva agua a toda la localidad y tendría 160 milímetros, por lo que podría abastecer a 20 mil personas aproximadamente pero el country tiene solo 347 lotes.

Recordemos que el mismo country mantiene hace más de 10 años un alambre de 4 kilómetros en el arroyo Los Paredones que es el principal afluente del arroyo Chicamtoltina (o arroyo de Alta Gracia), impidiendo el acceso de la comunidad y violando normativas que establecen el derecho al uso común de las aguas terrestres.

La preocupación por la construcción y posterior funcionamiento de este acueducto radica en que actualmente el caño maestro provee de agua a toda la comunidad de Alta Gracia y a otras localidades como Falda del Carmen y Villa del Prado, quienes en distintas épocas del año padecen de graves problemas de abastecimiento. Por lo que, de llevarse a cabo esta obra de conexión al caño maestro, la problemática se incrementará en el futuro, provocando que parte de la ciudadanía acceda al agua potable mientras que otra gran porción no. Lo que implicaría la violación de un derecho humano fundamental.

Ahora bien, ante esta situación, la Mesa por el Agua y el Ambiente presentó diversos pedidos de acceso a la información pública a las distintas reparticiones que estarían involucradas en el desarrollo de la obra. La Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias Alta Gracia respondieron los pedidos realizados. Dijeron que únicamente tenían conocimiento de que en el año 2018 ingresó una solicitud de autorización de uso de la vía pública para la construcción de una obra que buscaba proveer de agua al Potrerillo De Larreta. Además expusieron que en el año 2021 se solicitó autorización para el comienzo de la obra, dando lugar a las inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación. 

También realizaron un pedido de información sobre esta obra a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), repartición que ejerce la titularidad de los recursos hídricos de la provincia. Ante la falta de respuesta, desde Fundeps y la comunidad vecinal, presentamos un amparo por mora para la entrega de la información solicitada. 

¿Qué es un amparo por mora? ¿Qué respondió la Administración Provincial de Recursos Hídricos?

 Un amparo por mora es una acción judicial que tiene por única finalidad obtener, por medio del Poder Judicial, la información que no ha sido otorgada anteriormente.

Una vez presentada la acción, la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación, intimó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que otorgue la información que había sido solicitada. Recién el 6 de septiembre de 2023 respondió manifestando que, en el año 2014, la entonces Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia había otorgado el visado técnico para llevar a cabo la construcción del acueducto. Este proyecto prevé abastecer al country Potrerillo de Larreta una dotación de 1000 lts por conexión y en el año 2017 se le dio visado técnico a una planta de potabilización. 

Denegación a la Democracia Ambiental

Ante la falta de información confiable al respecto, en primer lugar debemos decir que ha sido sistemáticamente vulnerado el derecho a acceder a la información pública de forma completa y veraz. Tampoco la Administración Pública cumplió con el deber de, en caso que no tenga la información que se solicita, redirigir la solicitud al organismo competente. Asimismo resulta sumamente cuestionable que haya sido necesario recurrir a la justicia para obtener información ya que esto provoca un desgaste jurisdiccional, e insume tiempos y recursos que limitan el acceso al derecho a la información.

El derecho a solicitar y acceder a la información pública se encuentra garantizado en diversas normativas:

  • la Constitución Provincial.
  • Ley Provincial N° 8803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
  • Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, Ley N° 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley N° 25.675 General del Ambiente. 
  • Ley N° 27566 mediante la cual Argentina aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En definitiva, la conducta de los distintos organismos involucrados implica una seria denegación de derechos de la ciudadanía que debe ser corregida ya que acceder a la información pública permite conocer y participar en todos los procesos políticos, gubernamentales y administrativos en donde se encuentre comprometido el ambiente.

 

Autora

Ananda Lavayén

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

 

*Foto extraída de la cuenta de Facebook «Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia»

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Participamos del 2° Foro sobre Defensoras y Defensores Ambientales de América Latina y el Caribe

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre estuvimos participando de distintas actividades vinculadas al Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Cuestiones Ambientales de América Latina y el Caribe. Este Foro es organizado por la CEPAL en su rol de Secretaría del Acuerdo de Escazú.

América Latina y el Caribe continúa siendo la zona más peligrosa del mundo para llevar adelante la defensa del ambiente. El año pasado asesinaron a 177 personas defensoras del ambiente y el 88 % de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. Es por ello que los Estados deben realizar más y mejores esfuerzos para garantizar la seguridad y propiciar un entorno seguro para el desarrollo de esta tarea. 

Recordemos que el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia – conocido como Acuerdo de Escazú – es el primer tratado regional ambiental en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras. Específicamente el artículo 9 prevé que los Estados deben garantizar  un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

En ese contexto, junto a comunidades indígenas y personas defensoras de toda la región, nos reunimos en Panamá para realizar aportes sobre la propuesta de  borrador del Plan de Acción Regional sobre Defensores que se presentará el año que viene en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3). Se trata de una verdadera oportunidad de incidencia en las cuestiones ambientales que afectan a nuestra región.  

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que cuenta con espacios de diálogo abiertos y horizontales. Estos procesos participativos son una verdadera herramienta para la construcción colectiva de políticas públicas.

El principal reclamo por parte de las comunidades es la urgente ratificación del Acuerdo por parte de todos los estados de la región. Por otra parte quedaron expuestas las violencias que continuamente atraviesan los grupos y personas que protegen el ambiente, más aún en el contexto de cambio climático. En este sentido, es esencial poner especial atención a las situaciones de violación de derechos humanos en el contexto de procesos extractivos vinculados a la transición energética. 

Por otra parte, se solicitó principalmente la incorporación transversal de perspectiva de género y de interculturalidad al Plan, dando reconocimiento específico a las comunidades indígenas, quienes históricamente han sido guardianas de nuestros bienes comunes. 

Esperamos que más estados de la región ratifiquen en un corto plazo el Acuerdo y que los reclamos que fueron reiterados por las comunidades sean considerados e incluidos en el Plan.

 

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Contacto 

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Preocupación de la sociedad civil ante un grave retroceso para el derecho de acceso a la información pública

A través de las resoluciones Nº 436/2023 y Nº 543/2023, el Ministerio Público de la Defensa decidió dejar sin efecto el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública invocando razones presupuestarias. Si bien hay una funcionaria interina cumpliendo esas tareas, no se garantiza la idoneidad técnica, la autonomía y la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica un grave retroceso para la garantía de este derecho.

Uno de los avances más relevantes de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública fue la creación de instituciones autónomas y especializadas en cada uno de los poderes del Estado nacional, que tienen a su cargo controlar su adecuado cumplimiento, así como promover mejores prácticas y proteger el interés de las personas que solicitan información pública. En el año 2018, el Ministerio Público de la Defensa conformó la Agencia y designó a su titular, quien culminó sus funciones en abril del presente año. 

El día 18 de abril de 2023, por medio de la Resolución 436/2023, el Ministerio Público de la Defensa dejó sin efecto el reglamento para el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información de la entidad y dispuso que sus funciones fueran asumidas por personal de la Asesoría Jurídica, de forma interina. Dicha decisión fue sustentada en una nota presentada por la Oficina de Administración General y Financiera en la que informó que “en atención a la situación de déficit presupuestario existente en la proyección de gastos anuales de este Ministerio Público de la Defensa, no se cuenta con la posibilidad de mantener la estructura de cargos existente en la Oficina de Acceso a la Información Pública”.

Posteriormente, a través de la Resolución 543/2023 se designó a la persona de la Asesoría Jurídica que, además de cumplir las funciones que actualmente tiene en esa dependencia, llevará a cabo las tareas encomendadas a la Oficina de Acceso a la Información. 

El esquema actual no permite garantizar el derecho de acceso a la información pública y constituye un grave retroceso en la materia. Las resoluciones 436 y 543 de 2023 son ilegales e inconstitucionales, en tanto que: 

  1. La persona que ocupa interinamente el cargo de responsable de la Oficina de Acceso a la Información no cuenta con la idoneidad técnica, la autonomía, ni la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo. Dicho nombramiento debe ajustarse al contenido de la ley 27.275 que ordena que el proceso de selección sea abierto, público y transparente (art. 28), lo que no se ha respetado en este caso.
  2. Dejan la dirección de la Oficina de Acceso a la Información en un estado de interinato sin reglas claras que con el tiempo puede llegar a transformarse en una situación de permanencia indefinida. Las reglas para su elección fueron dejadas sin efecto y a la fecha no se han expedido nuevos lineamientos conducentes a subsanar la situación actual.
  3. Ambas resoluciones se basan en motivos presupuestarios, pero no se ha acreditado que se intentaron otras medidas menos lesivas del derecho, como podría ser el recorte del gasto de servicios no esenciales. 

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra preocupación por esta situación y enfatizamos en la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa respete la institucionalidad prevista por la ley 27.275 para garantizar el derecho de acceso a la información pública, que fortalece y afianza nuestra democracia, facilita el ejercicio de otros derechos y ostenta un rol esencial en la prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia en el Estado. Por ello, solicitamos a la Defensora General de la Nación que deje sin efecto las resoluciones 436 y 543 de 2023 y que inicie el proceso de selección para que se cubra adecuadamente el puesto. La nota presentada puede consultarse acá.

  • Adhieren:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Democracia en Red

Directorio Legislativo

Fundación Conocimiento Abierto

Fundeps- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 

INECIP- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Nuestra Mendoza

Poder Ciudadano

Salta Transparente

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Se presentó el 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto

El pasado 23 de mayo estuvimos en la presentación del 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto, un instrumento de política pública co-creado con sociedad civil y ciudadanía que contiene 7  compromisos de gobierno abierto a implementar por distintas dependencias del estado nacional. Compartimos el panel con Delfina Pérez de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, Andrés Bertona de la Oficina Anticorrupción y Florencia Caffarone de Democracia en Red. 

El actual Plan se co-creó en 2022, desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, en diálogo con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto y el resto de la ciudadanía que participó de este proceso. Desde Fundeps formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020 – 2022) y desde ese espacio contribuimos a la co-creación del 5° Plan, articulando entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y distintas organizaciones que se involucraron en el mismo. 

Este Plan de Acción se enmarca en las obligaciones asumidas por Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual ingresó en el año 2012. Desde entonces, y cada dos años, el país co-crea e implementa distintas políticas y compromisos concretos en este ámbito. 

¿Cómo fue el proceso de co-creación del 5° Plan de Gobierno Abierto?

Por primera vez, y a los fines de garantizar una participación igualitaria entre todas las personas ubicadas en distintos puntos del país, este Plan se co-creó en su totalidad de forma virtual, a través de plataformas de reuniones, el sitio argentina.gob.ar y su portal de Consulta Pública. A su vez, en el seno de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y siguiendo las recomendaciones de los Estándares de Participación y Co Creación (2022) de la Alianza para el Gobierno Abierto, se acordó diseñar un Plan de máximo 10 compromisos. 

Para esto, se efectuó una priorización de temas en consulta con la Red de OSC para el Estado Abierto. Los temas seleccionados fueron: Ambiente e implementación del Acuerdo de Escazú; Obra Pública; Género y Políticas de Cuidados; Salud Mental; Estado Abierto y Federalización; Agua y Saneamiento en el AMBA; Información sobre prestadores de Salud; Alimentación e implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). No todos, sin embargo, concluyeron en compromisos del Plan, por diversos motivos. Especialmente, y en materia de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde Fundeps seguiremos aportando en la construcción de propuestas que contribuyan a la aplicación de dicha ley.    

Luego de ésto, comenzaron las instancias públicas de diseño del 5° Plan en agosto del 2022, con una serie de Talleres de Identificación de Desafíos, por cada uno de los temas pre-seleccionados. El objetivo de éstos fue identificar en conjunto cuáles eran los desafíos a los que el 5° Plan, pudiera dar respuesta. Luego, en octubre se abrió la instancia pública de recepción de propuestas, con la consigna de que se sugieran soluciones de políticas de gobierno abierto, que puedan dar respuesta a aquellos desafíos planteados. Con estos insumos, cada área de gobierno involucrada hizo su redacción preliminar de compromiso, el que fue sometido a consulta pública para recepción de comentarios. A la par, se desarrolló una instancia de diálogo por cada tema – compromiso y finalmente se llevó a cabo la redacción final. 

¿En qué consiste el 5° Plan Plan de Gobierno Abierto? 

El actual Plan está compuesto por 7 compromisos asumidos por distintas dependencias del gobierno nacional. 

 

Compromiso Dependencia a cargo
1. Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
2. Participación y control ciudadano en la obra pública Dirección Nacional de Transparencia – Ministerio de Obras Públicas de la Nación
3. Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Economía
4. Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos –

Ministerio de Salud de la Nación
5. Acceso a la información y políticas de cuidados Dirección de Mapeo Federal de Cuidado – Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
6. El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria – Ministerio de Salud de la Nación
7. Programa Federal de Estado Abierto  Dirección Nacional de Gobierno Abierto – Jefatura de Gabinete de Ministros

Dirección de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior

 

Acá podrás acceder al detalle de cada uno de ellos, desde la página 37 en adelante. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con el 5° Plan? 

Una vez diseñado el Plan de Gobierno Abierto, el objetivo es que se implemente, en este caso, durante el 2023 y el 2024. Para esto,  cualquier persona interesada u organización de la sociedad civil puede involucrarse, sea dando seguimiento a cada etapa de su implementación o participando de forma más activa, cuando los compromisos lo permitan, en algunas fases de su cumplimiento. En ese sentido, se previó en cada compromiso al menos una instancia de diálogo abierto con sociedad civil y ciudadanía interesada en los temas abordados y se desarrolló la plataforma Metas de seguimiento del Plan. Esto busca  facilitar y dinamizar esta instancia de implementación, que de acuerdo a la experiencia previa, es siempre la más difícil si de articulación y sostenimiento de incentivos se trata. 

Como organización comprometida con las políticas de gobierno abierto y varios de los temas abordados en el presente Plan, seguiremos de cerca y acompañaremos cada instancia de avance y estaremos alertas ante signos de estancamiento o retrocesos del mismo.

Nos parece un gran logro compartido, entre distintas organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, como la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, activistas y reformadores de políticas de gobierno abierto, que Argentina siga desafiándose con cada nuevo Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto. 

 

Más información

Conocé el 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá 

Mirá la presentación del 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org