Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

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Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Sabemos que en pocos días toca volver a las urnas, esta vez a la elección de presidencia y legisladores nacionales, según lo que se vote en tu provincia. La información que circula es mucha, y la desinformación también. Por eso, te dejamos acá un test para que puedas identificar red flags (banderas rojas, alertas) sobre las propuestas de los distintos espacios y candidatos/as y pensar tu voto desde los derechos humanos. ¿Te animás a contar las que encontrás en las ideas de tu candidato/a?

1. Amenaza a la gratuidad de servicios esenciales: Argentina es un modelo a seguir por su educación pública de calidad y su cobertura de salud universal y gratuita. Si bien en algunos casos depende de las provincias y seguramente hay mucho espacio para mejorar, la garantía de derechos tan básicos es parte fundamental de nuestra calidad de vida. ¿Vos o alguien cercano fue a una escuela pública o pública de gestión privada?  ¿O asististe alguna vez a una clínica pública u hospital? ¿Cómo sería tu vida o la de tu gente cercana sin esas posibilidades? 

2. Cuestiona el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: uno de los consensos más fuertes de la vuelta de la democracia es que no queremos nunca más gobiernos autoritarios ni terrorismo de Estado. Los procesos de investigación, con evidencia judicial y científica, y los juicios a las juntas, dieron cuenta del plan sistemático de las fuerzas armadas para exterminar activistas estudiantiles, sindicales y  a través de la  persecución política, el secuestro, la desaparición de personas, la creación de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato durante los 70s y 80s. No hay lugar a discusión sobre los crímenes cometidos por los militares y sus cómplices civiles de entonces. 

3. Niega la evidencia sobre el cambio climático: el planeta se está incendiando, en Córdoba esto es literal. Durante las últimas décadas es abrumadora la evidencia científica en relación a que el comportamiento humano y los niveles de consumo redundan en más gases de efecto invernadero en la atmósfera, subidas de las temperaturas globales y consecuencias negativas como inundaciones, sequías, tormentas y fenómenos climáticos extremos. Negar esto sólo nos deja más vulnerables a lo que es inminente. El cambio climático ya está acá y hay que adaptarnos a él, mientras mitigamos sus efectos.

4. Subestima las políticas que promueven la igualdad de oportunidades: las brechas salariales y las desigualdades de género son una realidad. El premio Nobel de economía de este año lo recibió una mujer que se dedicó a demostrar esto.  Por más que el mercado laboral tome conciencia de la dimensión de las brechas, las políticas públicas todavía son necesarias para avanzar en la reducción de estas y otras desigualdades. Es fundamental que el Estado valore el aporte de las mujeres para el cuidado de las vidas, garantice servicios de cuidados y alivie la carga de tareas de las cuidadoras, y que también promueva su participación en la economía 

5. Desconoce la violencia de género: entre enero y agosto de este año se registraron en nuestro país 224 víctimas de violencia de género – 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños – según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano». En ocho meses casi se alcanza el total de casos del año 2022. Esto demuestra la importancia y la urgencia de que el Estado reconozca la dimensión de la problemática, y fortalezca todas las regulaciones y medidas que protejan especialmente a estas poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente  vulneradas.

6. Desconoce los acuerdos internacionales: Argentina está integrada al mundo a través de múltiples organismos, tratados y acuerdos. El sistema de Naciones Unidas tiene amplio reconocimiento internacional como foro de cooperación entre países y para el avance de los derechos. El Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible son marcos de gobernanza global que han demostrado ser útiles y la tendencia es hacia su cumplimiento, no hacia su desconocimiento y desintegración de los sistemas de gobernanza globales. 

Si encontraste que un candidato o candidata tiene una o más red flags, lamentablemente, tu voto no es con el cuidado de la democracia y los derechos, ni con la sostenibilidad de las vidas humanas y del ambiente. A continuación te invitamos a reflexionar al respecto.

¿Y si nadie me convence y quiero que se rompa todo de una vez?

Primero y principal, es importante que ejerzas tu derecho al voto. Puede que ninguna opción te convenza del todo, o que estés completamente decepcionade de las opciones para la presidencia. Sin embargo, nuestra democracia de apenas 40 años necesita de nuestra participación y en contextos tan revueltos, tu voto no da lo mismo. Este domingo andá a votar e incentivá a otres a que lo hagan, cada voto vale. 

Está claro que tenemos muchos problemas en lo económico y que las condiciones de vida empeoran a causa de la inflación, empleo informal, bajos salarios y altos niveles de endeudamiento en los hogares. Y todo esto duele, porque precariza nuestras vidas, nuestro acceso a los alimentos y a la vivienda. Las respuestas radicales pueden sonar tentadoras en este contexto, pero los costos en materia de derechos son muchos y son altos, por eso te invitamos a votar y a pensar tu voto.

También te invitamos a que puedas involucrarte y discutir reformas del Estado, porque sabemos que no alcanza, que mucho de lo que existe hoy en día no funciona, que en ocasiones reproduce desigualdades en lugar de reducirlas. La democracia que supimos construir y lo público es de todos, todas, todes (como más te guste) y hay que cuidarla. No da lo mismo romper todo que pensar futuros comunes posibles, participar como ciudadanía activa en distintos espacios civiles, políticos o en organizaciones sociales, y en este contexto particular, votar opciones que no atenten contra nuestros derechos fundamentales. 

Si querés saber más sobre las distintas propuestas, te compartimos algunas iniciativas de organizaciones de sociedad civil que las condensan o ponen foco en algunas: 

  • #MeRepresenta: te cuenta las propuestas de cada candidato/a con juegos e información general de las elecciones, ¡es muy divertida! 
  • Si te interesan los temas ambientales, entrá a yovotoambiente
  • Si querés saber quiénes proponen avances, dan continuidad o plantean retrocesos en materia de igualdad y violencias de género, mirá mujeresenelpoder
  • Si querés enterarte sobre algunas desinformaciones que circulan en este período electoral, entrá a contextual.la
El equipo de Fundeps

Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.

Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.

Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.

Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI  acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.

 

Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.

La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.

Argentina y su vínculo con el FMI

Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos. 

Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.

Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.

Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación.  El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.

Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.

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Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org

Del 22 al 24 de agosto se llevó adelante la XV Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, Jefes de Estado de los países miembro (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas siglas forman el acrónimo) se reunieron en un foro de alto nivel para discutir asuntos claves para las economías emergentes más destacadas.

Durante la XV cumbre, se reunieron los Jefes de Estado con integrantes del sector empresarial en diálogo con el Nuevo Banco del Desarrollo, para delinear los ejes principales que guiarán la política del BRICS. Entre los temas de agenda este año se incluyó la potencial “desdolarización” del comercio global, con China y el yuan a la cabeza de esta ambición, así como los posibles efectos de la guerra ruso-ucraniana sobre la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto sobre la expansión de los BRICS para incluir a los países que han presentado solicitudes oficiales de membresía: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. 

Finalmente, durante la cumbre, Argentina, al igual que el resto de los países mencionados, fue invitada formalmente a participar de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Por tratarse de un foro internacional que no implica un proceso de integración supranacional, la decisión de ingresar quedará a discrecionalidad del Poder Ejecutivo que asuma el 10 de diciembre. Parte de les candidates presidenciales, como Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) han manifestado posturas críticas frente a la adhesión, alegando una fuerte diferencia con el accionar internacional de los países pertenecientes a los BRICS, especialmente en referencia a sus violaciones al derecho internacional, como durante la guerra en Ucrania. 

En este sentido, es posible identificar algunos elementos claves sobre las implicancias que tendría la participación Argentina en los BRICS. Principalmente, se hace referencia a la dimensión cuantitativa del grupo BRICS, que concentra el 40% de la población mundial y el 25% del PBI del mundo, un porcentaje que, en conjunto, iguala al de Estados Unidos (World Bank Data Center). A estos números se suman aquellos que vinculan a Argentina específicamente con los países fundadores: los principales receptores de exportaciones argentinas incluyen a Brasil, China e India; mientras que sus principales importaciones provienen de China y Brasil (OEC). 

El rol del Nuevo Banco de Desarrollo

El factor económico toma más relevancia si se tienen en cuenta las posibilidades de financiamiento por parte del Nuevo Banco del Desarrollo (NBD). El banco de desarrollo de los BRICS fue fundado por las naciones integrantes del bloque en 2014, durante la sexta cumbre celebrada en Fortaleza, Brasil. Este banco internacional se posiciona como alternativa al FMI y el Banco Mundial, con créditos orientados principalmente a proyectos de infraestructura y que, según el sitio oficial, priorizan “operaciones de alto impacto que son ambientalmente inteligentes, resilientes, integradas tecnológicamente y socialmente inclusivas”. 

Actualmente, el Nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos en sólo 6 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh) por un total de 32,8 mil millones de dólares. Según fuentes como Ámbito Financiero, Argentina ya se encontraría negociando con Dilma Rousseff, quien ocupa la presidencia, una posible línea de crédito que ayudaría a aliviar la presión sobre las deudas con el FMI. Para concretar su incorporación al NBD, Argentina debe hacer un aporte de capital de “US$250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de otras vías” (La Nación). Un elemento clave de la participación en el NBD es que en su estrategia general se comprometen a otorgar el 30% de sus préstamos en moneda local del país receptor, para mitigar el riesgo de la inversión extranjera (NBD). En el caso de Argentina, esto podría diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia al dólar y al FMI. Sin embargo, continúa preocupando la transparencia del banco y la posibilidad de acceso a consultas públicas o información sobre el proceso de inversión (Diálogo Chino). 

BRICS se ha posicionado desde su creación como un foro de cooperación multilateral alternativo para las economías emergentes, que enfatiza la multipolaridad y un posicionamiento “desideologizado” priorizando el diálogo informal y el intercambio comercial. En este sentido, el ingreso de Argentina al foro presenta un espacio de acercamiento con las grandes economías del mundo que están disputando un modelo alternativo de financiamiento al desarrollo.

 

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Autora

Lourdes Álvarez Romagnoli

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

*Fuente de la imagen: El Cronista

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

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Autora:

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

La Defensoría del Pueblo de Argentina presentó la Línea Nacional de Base sobre Empresas y Derechos Humanos. Este insumo servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción en este tema.

La Línea Nacional de Base es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este estudio se realizó un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los tres pilares de los Principios Rectores: «Proteger, respetar y remediar» con una visión general de los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. Entre los temas abordados se destacan: la función regulatoria y de políticas, el nexo entre el Estado y las empresas,  la coherencia política a través de la actividad estatal y el deber de las empresas de respetar y de remediar.

Con la intención de que la elaboración de esta Línea de Base sea un proceso participativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una serie de encuentros entre octubre y noviembre de 2022 con partes interesadas para la recolección de insumos. Buscó recabar sus experiencias, opiniones y detectar necesidades. Los encuentros contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, el sector privado, empresas estatales, Agencias de la Administración, sindicatos, defensorías del pueblo y autoridades públicas. Asimismo, para la elaboración de la Línea Nacional de Base, la Defensoría del Pueblo de la Nación contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante este proceso, desde Fundeps participamos activamente, enviando insumos escritos sobre brechas normativas y de políticas públicas, poniendo a disposición diferentes documentos de trabajo e investigaciones realizadas y participando en los  diversos espacios de encuentro multiactor en que hemos sido convocades.

Cabe aclarar que la Línea de Base no describe conflictos,  tampoco  realiza un estudio sobre el impacto en los derechos humanos en sectores específicos de la economía, ni estudia normativas y políticas públicas provinciales y/o municipales, sino que constituye un análisis de brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los Principios Rectores a nivel  nacional.

¿Qué es un Plan Nacional de Acción?

Un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento transversal desarrollado por un Estado que tiene como objetivo ordenar y dar coherencia a las políticas públicas para cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto a los impactos negativos de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos se comprometen a hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , así como otros estándares en la materia. 

Entre los ejes temáticos que se abordarán en el plan de Argentina se encuentran:  estándares laborales;  igualdad de género; diversidad y no discriminación; proteccion del ambiente; empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia; gobierno corporativo; debida diligencia y remediación en empresas; tecnología, datos personales y privacidad; acceso a la información y participación pública en general; promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; y gobernanza pública.

Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca el decisivo papel que los planes de empresas y derechos humanos pueden desempeñar para promover la aplicación plena y efectiva de los Principios Rectores. Por lo tanto, su elaboración debe realizarse de manera participativa y transparente, de forma tal que se aborden los principales problemas y afectaciones a derechos en el contexto de actividad empresarial en el país.

Accedé  al documento completo de la Línea Nacional de Base acá:  https://www.dpn.gob.ar/linea-nacional-de-base.php 

 

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Panamá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente de la Institución, Ilan Goldfajn, en un intento de fortalecer el vínculo entre las partes.

Entre el 16 y 19 de marzo pasados se llevó a cabo, en la Ciudad de Panamá, la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del BID Invest. Se trata de un foro de debate en el cual les integrantes de la institución, junto a quienes presiden los bancos centrales y otras autoridades de alto nivel, discuten y abordan temáticas sobre los asuntos considerados prioritarios. 

En el discurso inaugural, el actual presidente del BID, Ilan Goldfajn, expuso algunas de las prioridades de la institución, que giran en torno a problemáticas sociales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la salud y la educación. A su vez, hizo hincapié en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, recalcando la necesidad de hacer frente a los desastres naturales cada vez más frecuentes en la región de América Latina y el Caribe.También se destacó la importancia de preservar la biodiversidad a través de la elaboración de un Programa Regional Amazónico. 

La Asamblea de Gobernadores encomendó la elaboración de una propuesta de ampliación de capital para BID Invest con el fin de implementar un nuevo modelo de negocio que aumente su impacto en el desarrollo a través del sector privado. Además, reiteró la importancia de elaborar una nueva propuesta de Estrategia Institucional para el Grupo BID, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión anual en 2024.

La participación limitada de la sociedad civil

Tras reiteradas solicitudes realizadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Banco habilitó la participación de las mismas en el evento, aunque de manera limitada y cerrada a aquellas que recibieron una invitación. Además, se logró conciliar una reunión con el presidente del BID el día 17 de marzo. En dicho encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y hacer expresas las demandas de la sociedad civil en relación al banco. Tanto la posibilidad de participar en el evento, como la posibilidad de reunirse con el presidente representan avances positivos, aunque resta por ver si estos son cambios reales en la institución. Por lo pronto, el banco ha invitado a continuar el diálogo en los próximos meses para lograr una participación más efectiva en las reuniones anuales de 2024.

Desde Fundeps hemos venido siguiendo y participando en este proceso junto con organizaciones de la región que conformamos el Grupo de Trabajo sobre BID, y seguiremos activamente en los procesos de diálogo planteados por el banco.

 

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Autoras

Candela Jauregui

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.

Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.

Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.

Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando.  Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas,  y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.

La próxima Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest se celebrará en Panamá del 16 al 19 de marzo. 

Organizaciones firmantes:

  1. Accountability Counsel
  2. AMATE El Salvador
  3. Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
  4. Asociación Ambiente y Sociedad
  5. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  6. Bank Information Center
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
  9. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  12. Ecoa – Ecologia e Ação
  13. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
  14. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
  15. Gender Action
  16. International Rivers
  17. International Accountability Project
  18. Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
  19. Plataforma Internacional contra la Impunidad
  20. Protection International Mesoamérica
  21. Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
  22. Sustentarse (Chile)
  23. Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)

Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID

 

Más Información

Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.  

En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil  de la región, enviamos  un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.

Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan,  las siguientes:

  • Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
  • Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
  • Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos. 
  • Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
  • Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación. 
  • Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer  criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción. 
  • Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y  prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
  • Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados. 

Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.

Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia. 

Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí

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Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID

Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra coordinando el  proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los avances hasta el momento y los próximos pasos?

¿Qué son los Planes de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos?

Los Planes de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH), son políticas públicas transversales que tienen por objetivo abordar la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto de las consecuencias negativas de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos buscan comprometerse para hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como otros estándares de empresas y derechos humanos y Conducta Empresarial Responsable (CER). 

Los PNAEDH contribuyen a lograr una mayor coherencia y coordinación entre los distintos marcos regulatorios y políticas públicas con incidencia en la temática de empresas y derechos humanos, y coadyuvan en la detección de obstáculos y brechas. Esto permite establecer prioridades y compromisos de acción. Dado el carácter transversal y colaborativo, su elaboración requiere de la participación representativa, amplia y plural de múltiples actores: agencias del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas, organizaciones empresarias y de las personas trabajadoras, pueblos originarios y comunidades potencialmente afectadas, entre otros.

Primeros pasos 

Argentina, en base a recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, asumió el compromiso de elaborar un Plan de Acción en materia de Empresas y Derechos Humanos, hecho que tuvo lugar de cara a su reelección al Consejo de Derechos Humanos el 14 de octubre de 2021. Para la coordinación y liderazgo del proceso de elaboración del Plan, se designó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (MRECIC). 

En cuanto a las acciones realizadas, uno de los primeros pasos consistió en la elaboración de una Hoja de Ruta, que fue validada internamente por el MRECIC. Seguidamente, según informan fuentes oficiales, se efectuó un mapeo de grupos de interés y agencias con incidencia en la materia y se relevaron las iniciativas y políticas, en proceso de ejecución en el país, con alguna proximidad a la materia de empresas y derechos humanos y, Conducta Empresarial Responsable  para identificar posibles alianzas dentro del Gobierno. 

Áreas prioritarias del Plan de Acción y elaboración de la Línea Nacional de Base

La Dirección de Derechos Humanos encargó a la Defensoría del Pueblo de la Nación la elaboración de la Línea Nacional de Base (LNB) que servirá como insumo central para el diseño del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. La LNB es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos dentro de un Estado. Es un diagnóstico previo para la elaboración del Plan y genera la información requerida para la posterior planificación por parte de quien formula la política pública.

El Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos incluirá 11 ejes temáticos:

  1. Estándares laborales (trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, condiciones de salud y seguridad, libertad sindical);
  2. Igualdad de género (paridad salarial, acceso a puestos jerárquicos, acoso y violencia en el mundo del trabajo, tareas de cuidado, conciliación de la vida laboral y familiar, etc.);
  3. Diversidad y no discriminación;
  4. Ambiente (protección del ambiente, participación y acceso a la información pública ambiental, evaluación de impacto ambiental; cambio climático; transición energética);
  5. Empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia;
  6. Derechos de personas consumidoras y usuarias;
  7. Gobierno corporativo (debida diligencia y remediación en empresas – compromisos políticos de empresas en temas de derecho humano y buen gobierno, políticas empresariales y estándares internacionales de empresas y derechos humanos, reporte de sostenibilidad, gestión de riesgos);
  8. Tecnología, datos personales y privacidad;
  9. Acceso a la información y participación pública en general;
  10. Promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados (personas con discapacidad, personas migrantes, personas afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTIQ+, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas defensoras u otros) y,
  11. Gobernanza Pública (ética, integridad, transparencia, acceso a la información, anticorrupción, contratación pública, gestión de empresas públicas).

Un proceso participativo

El proceso de elaboración de la Línea Nacional de Base debe ser participativo y brindar la posibilidad de que las distintas partes relacionadas con el tema, así como aquellas personas que tengan interés, puedan colaborar. En este marco, a principios del mes de noviembre de 2022, en respuesta a una invitación recibida, enviamos insumos y recomendaciones sobre cinco de los ejes temáticos arriba mencionados: Ambiente, Derechos de personas consumidoras y usuarias, Gobierno corporativo: debida diligencia y remediación en empresas, Acceso a la información y participación pública en general, y Gobernanza Pública.  

También participamos virtualmente del primer encuentro con sociedad civil y academia, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la elaboración de la Línea Nacional de Base para el Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, en el mes de septiembre, estuvimos en la mesa de discusión multiactor, organizada por el proyecto CERALC en Buenos Aires, en la que se debatió sobre los retos, oportunidades y perspectivas para avanzar en la debida diligencia para una conducta empresarial responsable en Argentina. Cabe mencionar que, desde el inicio del desarrollo del PNAEDH, la Dirección cuenta con el apoyo y asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el marco del Proyecto CERALC.

Próximos pasos

Según el calendario de trabajo estimado por el gobierno nacional, el proceso de elaboración del Plan se divide en 4 etapas principales, cada una de ellas con actividades puntuales. La primera es la elaboración de la Línea Nacional de Base. Luego, como segunda instancia, el fortalecimiento de capacidades a actores clave. Como tercera etapa se estima la redacción y aprobación del PNAEDH, de enero a marzo de 2023. Por último, se espera la publicación del PNAEDH, aproximadamente en junio de 2023. 

Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/recursos/plan-de-trabajo.pdf 

La implementación de la agenda de derechos humanos y empresas representa una oportunidad a la que todos los actores están llamados a aportar. Es el momento de una discusión urgente, profunda y real que aumente las chances de que este debate global sea tomado en serio, y evaluado en la perspectiva de las políticas públicas para que un Plan de Acción Nacional, muy sobrio y voluntario, no sea su único destino.

 

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Autoras

Camila Victoria Bocco

Camila Busso

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

 

*Foto extraída de la página oficial de la Cancillería Argentina

El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.

El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.

La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.

De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.

El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.

Las alianzas detrás de la elección

El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.

Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID. 

Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense. 

Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal. 

 

Más información:

Autoras:

Candela Jauregui

Clara Labat

 

Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org