¿Es posible una nueva arquitectura financiera internacional?

Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.

Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.

Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.

Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI  acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.

 

Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.

La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.

Argentina y su vínculo con el FMI

Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos. 

Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.

Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.

Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación.  El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.

Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.

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Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org