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En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justaasí como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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MapaInversiones es una iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es apoyar la mejora de la 7 transparencia y la eficiencia de la inversión pública mediante el fortalecimiento en la provisión de información sobre proyectos de infraestructura y desarrollo en países de América Latina y el Caribe (ALC). Funcionando en condiciones óptimas, esta herramienta permite a la ciudadanía, autoridades y otras partes interesadas acceder a información detallada y actualizada sobre proyectos de infraestructura y desarrollo a través de plataformas digitales que integran y visualizan datos públicos.

Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

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Autora:

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Panamá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente de la Institución, Ilan Goldfajn, en un intento de fortalecer el vínculo entre las partes.

Entre el 16 y 19 de marzo pasados se llevó a cabo, en la Ciudad de Panamá, la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del BID Invest. Se trata de un foro de debate en el cual les integrantes de la institución, junto a quienes presiden los bancos centrales y otras autoridades de alto nivel, discuten y abordan temáticas sobre los asuntos considerados prioritarios. 

En el discurso inaugural, el actual presidente del BID, Ilan Goldfajn, expuso algunas de las prioridades de la institución, que giran en torno a problemáticas sociales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la salud y la educación. A su vez, hizo hincapié en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, recalcando la necesidad de hacer frente a los desastres naturales cada vez más frecuentes en la región de América Latina y el Caribe.También se destacó la importancia de preservar la biodiversidad a través de la elaboración de un Programa Regional Amazónico. 

La Asamblea de Gobernadores encomendó la elaboración de una propuesta de ampliación de capital para BID Invest con el fin de implementar un nuevo modelo de negocio que aumente su impacto en el desarrollo a través del sector privado. Además, reiteró la importancia de elaborar una nueva propuesta de Estrategia Institucional para el Grupo BID, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión anual en 2024.

La participación limitada de la sociedad civil

Tras reiteradas solicitudes realizadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Banco habilitó la participación de las mismas en el evento, aunque de manera limitada y cerrada a aquellas que recibieron una invitación. Además, se logró conciliar una reunión con el presidente del BID el día 17 de marzo. En dicho encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y hacer expresas las demandas de la sociedad civil en relación al banco. Tanto la posibilidad de participar en el evento, como la posibilidad de reunirse con el presidente representan avances positivos, aunque resta por ver si estos son cambios reales en la institución. Por lo pronto, el banco ha invitado a continuar el diálogo en los próximos meses para lograr una participación más efectiva en las reuniones anuales de 2024.

Desde Fundeps hemos venido siguiendo y participando en este proceso junto con organizaciones de la región que conformamos el Grupo de Trabajo sobre BID, y seguiremos activamente en los procesos de diálogo planteados por el banco.

 

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Autoras

Candela Jauregui

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.

Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.

Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.

Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando.  Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas,  y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.

La próxima Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest se celebrará en Panamá del 16 al 19 de marzo. 

Organizaciones firmantes:

  1. Accountability Counsel
  2. AMATE El Salvador
  3. Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
  4. Asociación Ambiente y Sociedad
  5. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  6. Bank Information Center
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
  9. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  12. Ecoa – Ecologia e Ação
  13. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
  14. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
  15. Gender Action
  16. International Rivers
  17. International Accountability Project
  18. Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
  19. Plataforma Internacional contra la Impunidad
  20. Protection International Mesoamérica
  21. Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
  22. Sustentarse (Chile)
  23. Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)

Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.  

En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil  de la región, enviamos  un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.

Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan,  las siguientes:

  • Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
  • Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
  • Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos. 
  • Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
  • Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación. 
  • Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer  criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción. 
  • Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y  prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
  • Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados. 

Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.

Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia. 

Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí

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Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.

El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.

La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.

De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.

El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.

Las alianzas detrás de la elección

El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.

Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID. 

Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense. 

Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal. 

 

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Autoras:

Candela Jauregui

Clara Labat

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Ante la apertura de un nuevo proceso de elección para la presidencia del grupo BID, organizaciones de la sociedad civil de la región y comunidades afectadas por proyectos,  enviamos una carta abierta con recomendaciones sobre el perfil de quien presidirá el Banco.

En la carta instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que se aproveche esta oportunidad para que la persona que resulte seleccionada sea alguien con probidad, capaz de liderar las transformaciones que hoy requiere la institución y de hacer frente de manera efectiva  a las urgencias y desafíos ambientales y sociales en América Latina y el Caribe.

Asimismo, consideramos que la descripción del puesto debe ser clara, el proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resulta elegida cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La elección está prevista para el 20 de noviembre, con un poder de voto que varía según el número de acciones que posee cada país miembro. La persona que finalmente resulte designada a la presidencia del Grupo BID tiene la oportunidad de liderar un Banco más fuerte, responsable, efectivo y, sobre todo, más cercano a los pueblos de la región, marcando el camino hacia un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo. 

Más información

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en agosto la apertura del proceso de consulta pública para recibir insumos sobre la propuesta de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI). Dicho proceso tendrá una duración de 150 días y contemplará consultas asincrónicas e intercambios directos.

El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales instituciones multilaterales que financia proyectos en gran parte de los países latinoamericanos. En el ámbito de trabajo del BID, la transparencia y la integridad resultan fundamentales. Es en esta esfera donde se promueven reformas que buscan mejorar la calidad de la normativa y de las instituciones, como también, ampliar el acceso a la información.

En este sentido, el BID anunció una nueva Propuesta de Política de Acceso a Información, que reemplazará la actual Política de Acceso a la Información del Banco, vigente desde el año 2011. Es en torno a este nuevo borrador, que se realiza la consulta pública, la cuál fue lanzada el 29 de agosto del corriente año y tendrá una duración de 150 días. 

El objetivo de la consulta pública radica en la posibilidad de recibir, ya sea de forma escrita o verbal, opiniones e insumos de aquellas partes que quieran contribuir a enriquecer la calidad del documento y la comprensión de la organización sobre las perspectivas y percepciones de les diversos actores de la sociedad civil respecto al acceso a la  información en las actividades del Banco en la región.

El período de tiempo estipulado por el procedimiento está dividido en tres fases. En un primer momento, en el mes de septiembre, se establecieron tres diálogos sincrónicos virtuales (en inglés, español y portugues), lo que le permitirá al Banco recoger pareceres e identificar nuevos referentes que puedan enriquecer la nueva PAI. A partir de octubre, inició la segunda parte del procedimiento, hablamos de la fase de consulta asincrónica, que estará disponible por un período de 90 días, en donde se buscará fortalecer la versión final del documento de la nueva PAI. También se realizarán reuniones presenciales en Costa Rica (25 de octubre), Uruguay (15 de Noviembre) y en un país del Caribe aún no definido (3 de noviembre). En principio, para participar de las instancias de consulta virtual será necesario el registro previo en la Plataforma Virtual para Procesos de Consultas Públicas y solicitar acceso a la consulta. Por último, con respecto a la tercera fase, la misma tiene estipulada una duración de 30 días durante todo el mes de marzo y busca informar a las personas participantes sobre el cierre del proceso de consulta y de los insumos recibidos y considerados, tanto los que fueron incluidos como los que no fueron incluidos en la versión final de la política aprobada por el Directorio Ejecutivo.

Dado que uno de nuestros principales pilares de trabajo se basa en la transparencia, hemos enviado una carta, junto a otras  organizaciones de la sociedad civil regionales, detallando nuestras preocupaciones y recomendaciones para fortalecer y perfeccionar el proceso de consulta. Las mismas se encuentran estructuradas en siete grandes pilares, entre los cuales podemos mencionar: actualizar y organizar la información respecto del proceso de consulta en un solo lugar en la página web del BID para garantizar que todas las partes interesadas y comunidades afectadas se encuentren efectivamente informadas; incorporar un período público de 30 días para enviar comentarios y recomendaciones a un segundo borrador de la PAI; solicitar proactivamente la opinión de las partes interesadas para facilitar su participación en los procesos de consulta, de manera que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar forma al debate; eliminar las barreras que existen en el plan de consulta para garantizar una participación efectiva, barreras que giran en torno, sobretodo, a la plataforma electrónica, la cual es condición para poder participar de ésta instancia; confirmar y difundir con anticipación el calendario con las fechas y lugares de las consultas presenciales planificadas para la segunda fase; abrir una instancia de comentarios públicos para las directrices de implementación de la futura PAI; y, por último, reunirse con sociedad civil en la Reunión Anual del Grupo BID en Panamá 2023.

De esta forma, esperamos poder colaborar con la administración del BID para asegurar que el proceso de consulta sea realmente provechoso y participativo y que permita fortalecer y perfeccionar la nueva Política de Acceso de Información del Banco.

Para acceder al borrador de la nueva política que está siendo sometido a consulta pública ingrese aquí. Los comentarios y sugerencias al borrador pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: consultapai@iadb.org 

 

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Autora

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

En el marco del actual proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del BID, Fundeps, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista realizaron, el pasado 29 de septiembre, el webinar “Revisión de la Política de Acceso a la Información del BID. Una oportunidad para mejorar la transparencia del Banco”. En el evento se debatió sobre las falencias de la actual política en revisión, las dificultades en su implementación y las prioridades en torno al proceso de consulta pública en curso.

La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada. Data de 2010 y su entrada en vigencia tiene como fecha 2011. Hasta el momento no ha sido modificada, pese a que el contexto actual dista mucho en cuanto a los derechos adquiridos por las personas a partir de los avances normativos en materia de  participación ciudadana y al acceso a la información y la Justicia. A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su Política de Acceso a la Información que fue suspendido meses después y, recientemente, se ha reactivado. 

En este contexto resulta preciso subrayar que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, en tanto condición necesaria para que las personas, comunidades y organizaciones puedan informarse y participar activamente de los procesos de toma de decisiones, a la vez que es un pilar de la transparencia y rendición de cuentas. 

Partiendo de lo anterior, el webinar se estructuró en 3 momentos principales: para comenzar,  se presentó el informe Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”, elaborado de forma conjunta por las 3 organizaciones arriba mencionadas, que tiene como objetivo analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente y las dificultades en su implementación, el proceso de revisión iniciado y el perfil de política pretendido. Asimismo, se identificaron sus falencias y recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta efectivamente garantice el derecho de acceso a la información. En segundo lugar, se enfatizó en el estado de situación actual del proceso de revisión de la PAI. Por último, desde la organización chilena Sustentarse comentaron experiencias y casos prácticos en Latinoamérica en los que es posible percibir las falencias que aún conserva el BID en materia de acceso a la información. El webinar finalizó con preguntas y reflexiones de las personas que expusieron y asistieron al evento.

Para ver el webinar grabado, accedé aquí

 

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org