Listado de la etiqueta: Ambiente

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Debates necesarios: Fundeps realizó un conversatorio sobre la Transición Energética en Argentina

El evento organizado por Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), Fundación CAUCE (Cultura Ambiental – Causa Ecologista), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la Universidad Siglo 21, realizado el 11 de noviembre, fue un encuentro de análisis y debate sobre los principales desafíos que enfrenta Argentina en el marco de la transición energética global.

El evento, que tuvo formato de conversatorio, se organizó en mesas temáticas, una de ellas fue: “El rol de China, la banca multilateral y las empresas transnacionales en la transición energética argentina”  participaron la Dra. Virginia Busilli y la Lic. Maitén Fuma (UCC), Valeria Enderle (Fundación CAUCE), Francisco Zanichelli (UNC) y Carolina Juaneda (Bank Information Center), con la moderación de Matías Cena Trebucq (FARN). La segunda mesa “Los desafíos de la explotación de litio en Argentina en un contexto de incentivo a inversiones y desregulación ambiental” contó con la participación de Edgardo Litvinoff (Red RUIDO), María Laura Carrizo Morales (Fundeps), Leandro Gómez (FARN), Federico Trebucq (UES21, CONICET), con la moderación de Paula Hernández (Fundeps).

En esta oportunidad, Fundeps también presentó el informe “La explotación de Litio en los salares altoandinos: un análisis socioambiental a partir del caso argentino”, que tiene por objetivo el abordaje integral de las distintas miradas y componentes conceptuales, legislativos y discursivos, que intervienen en este contexto de transición energética global. También aborda y la consecuente aceleración en la demanda del litio en nuestro país y región para una discusión informada. 

No cualquier transición energética es una transición energética justa

La carrera por controlar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, o minerales para la transición energética, abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. Países de Norteamérica, Europa, y de Asia, en particular China, compiten no solo por dominar las tecnologías de los productos finales, sino también por el acceso a los depósitos de estos minerales. Al mismo tiempo, se evidencia que la búsqueda por desarrollar “soluciones verdes” es la narrativa políticamente correcta en la actualidad, pero ¿realmente se está avanzando hacia una transición energética justa en términos sociales y ambientales? ¿Qué roles adoptan el sur global y el norte global en esta nueva dinámica “verde”? ¿Qué lugar tienen las comunidades en este proceso? Estos fueron algunos de los cuestionamientos abordados en el conversatorio.

Argentina es hoy el cuarto productor mundial de litio y cuenta con aproximadamente 50 proyectos en diferentes fases. Con el foco puesto en la generación de divisas que requiere el repago de la deuda externa, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional priorizan estas inversiones, sin la realización de los correspondientes estudios para determinar si las operaciones pueden ser realizadas sin producir daños irreversibles al ambiente y a las comunidades que allí habitan desde hace cientos de años. La pérdida de biodiversidad, formas de vida, saberes y culturas andinas, no solo convierte a estos territorios en zonas de sacrificio del modelo hiper-consumista del Norte global, que no busca reducir su demanda de minerales y naturaleza, sino que también refuerza desigualdades existentes, y obtura la posibilidad de pensar en un cambio de paradigma que coloque al cuidado de la vida de personas y ecosistemas en el centro, y que nos enseñe a vivir dentro de los límites planetarios.

Indudablemente, las consecuencias del aumento de demanda de extracción y producción del litio en esta “carrera verde”, genera debates de orden social, ambiental, legal, discursivo e ideológico al ponerse en disputa los diversos sentidos y objetivos de los diferentes actores involucrados. Durante las más de dos horas que duró el conversatorio, expertos y representantes de la sociedad civil, de la academia y periodistas de Córdoba y otras provincias, debatieron e intercambiaron sus opiniones sobre el impacto de la minería de litio en el ambiente, la economía y las comunidades locales, dejando de manifiesto que no cualquier transición energética es una transición energética justa y que la lógica extractivista reproduce los roles históricos de los países del Norte y del Sur Global y replica, también, las prácticas extractivistas y de violaciones de derechos humanos de las comunidades locales e indígenas, a la vez que refuerza el ciclo vicioso de continuar explotando la naturaleza. 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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La explotación de Litio en los salares altoandinos: un análisis socioambiental a partir del caso argentino

El presente informe tiene por objetivo el abordaje de las distintas miradas y componentes conceptuales, legislativos y discursivos que intervienen en este contexto de transición energética global y la consecuente aceleración en la demanda del litio en nuestro país y región. Se busca realizar un enfoque integral de la explotación de litio en Argentina y la región aportando elementos para una discusión informada.

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¡Queremos el lago San Roque limpio ya!

En Fundeps trabajamos desde 2009 por el derecho a un ambiente sano. Entendemos el ambiente desde una perspectiva integral y amplia que incluye la interacción entre los bienes comunes naturales y la sociedad. Desde esta mirada nos preocupa el agua de la provincia, por eso, en esta nota te contamos cronológicamente las acciones que llevamos adelante en la búsqueda de soluciones por un lago San Roque saneado.

Realizamos en el año 2020 un Diagnóstico Situacional de los Recursos Hídricos de Córdoba: Lago Los Molinos y Lago San Roque, con el objetivo de analizar el estado de las principales cuencas de la provincia, entender acabadamente la problemática y analizar posibles cursos de acción.

La Cuenca del Lago San Roque se encuentra en una situación de extrema gravedad por su avanzado estado de eutrofización. Esto quiere decir: la proliferación de algas en agua dulce como consecuencia de un exceso de nutrientes, particularmente de fósforo; este proceso natural se ve profundizado en épocas de calor. La situación se debe principalmente a la falta de saneamiento en la zona de Punilla, sistema de cloacas deficitario, falta de control sobre autorización de vertidos, degradación del lago, incendios, desmontes, entre otras. Con esa base, realizamos gestiones con personas tomadoras de decisión con el objetivo de emprender acciones para su remediación.

La contaminación de la Cuenca del San Roque no solo pone en riesgo la salud de las personas que de modo directo o indirecto están en contacto con la cuenca, sino que también afecta la calidad de vida, el paisaje, las economías regionales y la diversidad biológica de la provincia. 

Al no obtener respuestas positivas por parte de la administración provincial y como último recurso, en noviembre de 2022 presentamos una acción de Amparo Ambiental Colectivo, demandando a la Provincia, las comunas y municipios que conforman la Cuenca del Lago San Roque, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI), al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, y a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba (ahora Ministerio). Chequeá la línea de tiempo de la causa acá.

En el amparo solicitamos a la Justicia, entre otras medidas, hacer cesar de manera progresiva las actividades contaminantes como volcamientos de residuos peligrosos, cloacales, industriales; se ordene a los demandados construir, concluir o ampliar las obras de cloacas necesarias, y  la creación de un Comité de Cuencas autónomo y autárquico, compuesto por los diversos actores de la cuenca. Solicitamos, además, diversas medidas cautelares como la suspensión de cualquier autorización para efectuar volcamientos sin tratamiento, crear un plan de manejo de carácter transitorio, diseñar un plan de comunicación de riesgos, entre otros. 

En el mes de marzo de 2023, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación, admitió parcialmente la medida cautelar solicitada y ordenó al Gobierno de Córdoba la elaboración y presentación de un Plan provisorio de Saneamiento y Desarrollo Sostenible en el plazo de 60 días. 

La provincia apeló esta resolución y simultáneamente presentó un plan no dando cumplimiento a la resolución. El plan presentado tiene serias deficiencias: no estipula plazos, presupuesto, ni organismos encargados de ejecución. Además se trata de un plan que excede ampliamente los límites de la medida cautelar ya que fue diseñado para ejecutarse en un plazo de 15 años. Desde Fundeps efectuamos diversas observaciones. Al día de hoy, la Cámara interviniente aún no se expidió. Consideramos que el diseño de un programa de gestión ambiental de tamaño impacto y extensión temporal, que compromete a generaciones presentes y futuras vinculadas a la Cuenca del San Roque, debe necesariamente diseñarse en diálogo con la población y que no puede decidirse el futuro de la cuenca en el acotado plazo de 60 días. 

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso y mientras tanto la provincia, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Cuencas (creada en noviembre de 2023 por ley 10.941), están llevando adelante acciones de saneamiento insuficientes: son las mismas que se han realizado durante años y que no han evitado la situación de contaminación actual. 

De cara a la temporada de verano, con altísimas temperaturas, miles de hectáreas incendiadas recientemente y una profunda sequía, creemos que es momento de exigir acciones que lleven a resultados diferentes que transformen la gestión de la cuenca y promuevan un cambio real. Es un momento clave para solicitar participación ciudadana en el diseño, ejecución e implementación de las políticas públicas destinadas al saneamiento de la cuenca.

 

Tu participación es clave para lograr el saneamiento de la cuenca. ¡FIRMÁ ACÁ!

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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(Re) ordenando el territorio: Escazú y la participación ciudadana

En un esfuerzo por promover la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local, desde Fundeps llevamos adelante tres encuentros durante el mes de agosto, dirigidos a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en fortalecer las competencias  en derecho ambiental y en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, esenciales para una planificación urbana sostenible.

El público destinatario de estos encuentros fueron  quienes integran las Secretarías de Desarrollo Urbano, Integración Regional y Vinculación Institucional, y de Ciudad Inteligente de la Municipalidad de Córdoba. El objetivo central fue brindar las herramientas necesarias para comprender y aplicar el Acuerdo de Escazú en las políticas y prácticas de planeamiento urbano de la ciudad.

Los dos primeros talleres se centraron en aspectos teóricos y específicos sobre las leyes de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú. Para el último encuentro, pusimos especial énfasis en la participación ciudadana. Durante esta sesión, exploramos diversos modelos de participación ciudadana exitosa, tanto a nivel nacional como regional, destacando ejemplos prácticos que han sido implementados en distintas ciudades de nuestro país, así como también en países de América Latina y localidades de Europa.

Propusimos discusiones sobre casos en los que la participación activa de la ciudadanía ha resultado en mejoras significativas en la planificación y gestión urbana, subrayando cómo estos procesos inclusivos pueden ser adaptados a nuestra ciudad. Además,  analizamos las herramientas y mecanismos disponibles para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfatizando en la importancia de la transparencia, la comunicación efectiva, el lenguaje claro y la construcción de confianza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.

Continuamos trabajando para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local. El Acuerdo es una herramienta fundamental para la protección del ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Si querés profundizar sobre el Acuerdo de Escazú, ingresá a nuestra web: https://acuerdodeescazu.org/

 

Autores

Lourdes Zanotti

Federico Marengo Ligoria

 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba

A través de la recopilación de algunas de las experiencias de luchas de las comunidades cordobesas, pretendemos dar respuesta colectiva a los desafíos que surgen alrededor de los procesos de conflictividad ambiental.

Lo cierto es que no existe una única manera para organizarse, una única forma de pedir respuestas a las autoridades, ni mucho menos una única manera de afrontar un conflicto socioambiental. Sin embargo, observamos que sí existen prácticas comunes que se han ido afianzando y que sirven como guía para otras luchas.

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La salud de Marcos Juárez sigue en riesgo: comunicado sobre amparo por fumigaciones

La justicia provincial resolvió tener por no presentado el amparo iniciado por vecinos/as de Marcos Juárez y Fundeps por errores relacionados con las formalidades del proceso que fueron subsanados al momento de ser requeridos. Sigue sin discutirse la cuestión de fondo, que es la distancia para la aplicación de agroquímicos dentro del ejido municipal, ya que la ordenanza vigente no se cumple. Esta resolución afecta el acceso a la justicia y los derechos a la salud y al ambiente sano de la comunidad. 

En noviembre de 2023, desde Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez y Fundeps presentamos un amparo ambiental con el objetivo de aumentar las distancias entre las zonas pobladas y la aplicación de agroquímicos, debido a las afecciones que estos causan en la salud comunitaria. Este paso judicial se dio después de haber realizado diversos reclamos y pedidos de diálogo ante las autoridades locales, y no encontrar respuestas acordes.  

Luego de la presentación del amparo, la Cámara Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Marcos Juárez dio inicio al trámite, ordenando su publicación y solicitando a la Municipalidad de Marcos Juárez que conteste la demanda. En esa oportunidad, el Municipio señaló errores vinculados con el formato de la presentación del escrito del amparo, que resultó luego en una resolución judicial que decidió tenerlo como no presentado. Este error de formato se debió pura y exclusivamente a la manera en que fueron colocadas las firmas de los/as vecinos/as en el expediente electrónico, y fue subsanado inmediatamente a través de una ratificación. Además, las personas que firmaron se pusieron a disposición del Tribunal para ratificar el amparo de forma presencial y no dejar lugar a dudas sobre su intención de continuar con el proceso. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron considerados por la justicia. 

Se trató solamente de una cuestión de formas. La justicia no brindó una sentencia sobre el contenido de fondo del amparo, que son las distancias en la aplicación de agroquímicos, ni tampoco opinó sobre la información técnica aportada que da cuenta de la existencia de daños en la salud de la población, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial, en definitiva, parte de las preocupaciones que desde hace muchos años tenemos como vecinos/as de Marcos Juárez que vemos afectada nuestra salud, debido al incumplimiento e ineficacia de la legislación actual, y hemos decidido buscar una respuesta, con el acompañamiento de Fundeps, una organización cordobesa que trabaja hace 15 años promoviendo derechos y acompañando a comunidades afectadas en toda la provincia.

Esta decisión afecta gravemente el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales de la comunidad de Marcos Juárez, ya que no se dio lugar a la discusión sobre el uso de agroquímicos ni su impacto en la salud y el ambiente. Este tipo de resoluciones va en contra del principio precautorio que debe primar en cualquier proceso ambiental, en donde no solo deben plantearse medidas para eliminar los daños ambientales, sino minimizar la posibilidad de que se sigan produciendo.

Reafirmamos que nuestra lucha por un ambiente libre de agrotóxicos sigue en pie y más firme que nunca. Nuestro compromiso con un ambiente sano para toda la población de Marcos Juárez es inquebrantable. 

Seguiremos trabajando arduamente para garantizar un entorno libre de contaminantes y agrotóxicos, amparándonos en los principios constitucionales que nos respaldan.

 

Más Información:

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Organizaciones rechazan el discurso del presidente a favor de la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental

Las organizaciones aquí firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental.

El presidente manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones. La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.

Las afirmaciones del presidente suponen, además, un mundo que ya no existe. La inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países. No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo.

El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias. Lamentablemente, la mención a las “minorías ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.

Los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible.

De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legítimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo.

A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta.

En este marco, reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental.

 

Organizaciones firmantes:

  • Agencia de Cooperación para el Desarrollo
  • Ahora qué?
  • Alianza x el Clima
  • AsAE
  • Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
  • Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
  • Asociana
  • Aves Argentinas
  • Banco de Bosques
  • CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista)
  • CeDePesca
  • CeIBA (Centro de Investigación del Bosque Atlántico)
  • CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
  • Circulo de Políticas Ambientales
  • Comunidad Verde
  • Conciencia Solidaria
  • Consciente Colectivo
  • Ecohouse
  • FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
  • FSAC
  • Fundación Ambiente y Medio
  • Fundación Avina
  • Fundación Biodiversidad Argentina
  • Fundación Cambio Democrático
  • Fundación Hábitat y Desarrollo
  • Fundación Mil Aves – Córdoba
  • Fundación Patagonia Natural
  • Fundación Protestante Hora de Obrar
  • Fundación Somuncura
  • Fundación Yuchan
  • Fundeps
  • Futuro
  • IIED-AL (Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED-América Latina)
  • Instituto de Conservación de Ballenas
  • Isla Verde – Sembrando conciencia
  • Jóvenes por el Clima
  • Laudato Si – Ecología integral
  • Los Verdes
  • Natura Argentina
  • PEM (Por El Mar)
  • Plurales
  • Proyectar ONG
  • Proyecto Quimilero
  • Red Agroforestal Chaco Argentina
  • Red de Mujeres en diálogo ambiental
  • RUCC
  • SAREM
  • Somos Red – agroecología y cooperación
  • Surfrider – Foundation Argentina
  • Sustentabilidad Sin Fronteras
  • UICN – Comité Nacional Argentina
  • Unidos por Nuestras Acequias
  • Viento Sur – Zapala
  • WCS Argentina
  • Wetlands International

 

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Presentamos la web “Escazú para comunidades”: una herramienta para defender el ambiente

Lanzamos la plataforma web “Acuerdo de Escazú para comunidades”, que brinda información sobre el Acuerdo y los derechos que contempla con datos y modelos prácticos para hacerlos efectivos. Además, dentro del sitio se encuentra disponible para descargar un documento que reúne las experiencias y aprendizajes de distintas comunidades de Córdoba que enfrentan problemáticas ambientales y luchan desde hace años.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primer tratado del mundo en contener disposiciones relativas a la protección y promoción de la labor que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Desde Fundeps, venimos acompañando el proceso del Acuerdo desde antes de su aprobación en 2018, por el rol central que cumple en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la justicia climática. En el marco de este proceso, cuando entró en vigor en la Argentina lanzamos un Recursero del Acuerdo de Escazú y una Guía sobre el Acceso a la Información Ambiental. Luego , realizamos un ciclo de formación sobre acceso a la información pública ambiental y una introducción a Escazú, y en 2023, como parte del proyecto denominado “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, dictamos talleres en distintas localidades de la provincia atravesadas por conflictos socioambientales.

Todo este recorrido, sumado al acompañamiento diario a comunidades de Córdoba, nos permitió detectar la necesidad de realizar una herramienta que reúna todos los insumos creados, información relativa al Acuerdo de Escazú y que brinde instrumentos prácticos para facilitar el ejercicio de los derechos que regula. Por eso, lanzamos “Escazú para comunidades” (acuerdodescazu.org), una plataforma que brinda información sobre qué es el Acuerdo, qué derechos contempla y cómo se ejercen , cuál es la historia del Acuerdo, qué países de la región son parte, las respuestas a dudas frecuentes que surgen entre quienes defienden el ambiente, entre otros contenidos. Nuestro objetivo es poner a disposición de las comunidades las herramientas que ofrece Escazú para impulsar y monitorear su efectiva implementación, y fortalecer las luchas de las personas y grupos que defienden el ambiente,  la salud colectiva y a sus territorios. 

Entre las herramientas del sitio, se pueden encontrar: modelos para pedir información pública ambiental, explicaciones sobre cómo debe garantizarse y hacerse efectiva la participación ciudadana en decisiones que impacten sobre el ambiente, tipos de acciones judiciales que se pueden presentar para reclamar; las obligaciones de los Estados para garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, entre otras cuestiones.

También desde Fundeps venimos trabajando en reforzar las estrategias y abordajes de los conflictos socioambientales, poniendo en el centro a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso, dentro del sitio web también se puede acceder a “Resistiendo y re-existiendo en comunidad. Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba”. Este documento es el resultado de una serie de entrevistas realizadas durante 2023 y 2024 a siete comunidades  en lucha de la provincia de Córdoba  (OMAS, VUDAS, Todxs por nuestros arroyos, Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez, Preservando el Parque de la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y Amigos de la Reserva San Martín), a las cuales les agradecemos profundamente su apoyo y colaboración. El  propósito es la puesta en común de las experiencias de las comunidades, sus historias y sus consejos útiles para quienes están iniciando un proceso de lucha socioambiental. 

Apostamos a que este sitio web sirva como  material de consulta y de fortalecimiento de capacidades ambientales.También promovemos la difusión de las estrategias de luchas y de los aprendizajes de quienes las llevan adelante en la provincia, para que los desafíos socioambientales sean transitados con solidez, conocimiento, en base a experiencias compartidas y sobre todo, en red. 

Esperamos que les resulte de utilidad para las personas interesadas, y sobre todo, para quienes  defienden  los derechos humanos en asuntos ambientales.

VISITÁ EL SITIO WEB

Autora

Ananda María Lavayen

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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De Córdoba a Brasil: Defensores/as ambientales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Del 20 al 29 de mayo, se celebró en Brasil el 167° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En esta oportunidad, continuaron las Audiencias Públicas de la Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos” presentada por Chile y Colombia. El 27 de abril la Fundación CIEL y VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano) estuvieron exponiendo en el marco del amicus curie presentado por Fundeps junto a otras organizaciones de la sociedad civil, representantes del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, relativo a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en contexto de cambio climático y transición energética. 

En enero de 2023, Chile y Colombia presentaron ante la Corte, una solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. A través de esta solicitud, se le pidió a la CoIDH que se expida en relación a las obligaciones estatales de protección, prevención y garantía de las personas y territorios en contexto de emergencia climática.

Decenas de organizaciones y personas defensoras de la región vieron en esta solicitud de opinión consultiva, una oportunidad para presentarle a la CoIDH sus observaciones, argumentos e inquietudes en torno a los puntos de análisis presentados por Chile y Colombia. El nivel de participación ciudadana, efectivizado a través de amicus curiae, hace que la solicitud sea histórica y pone de manifiesto la preocupación que existe alrededor de las temáticas presentadas ante la CoIDH para su consideración.

En este sentido, en el amicus curie, desde Fundeps, junto a más de 15 organizaciones de la sociedad civil, representantes electos del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, aportamos argumentos relacionados a:

a. la importancia que reviste la ratificación del Acuerdo de Escazú por los países que aún no lo han hecho.

b. Lo fundamental que sería que la Corte IDH aplique los estándares de protección del Acuerdo de Escazú en sus decisiones.

c. La interseccionalidad que existe entre las desigualdades estructurales, la vulnerabilidad ante la emergencia climática y los riesgos que enfrentan las mujeres y en particular, las mujeres defensoras. 

d. Los desafíos que presenta la transición energética en relación a la protección de los derechos humanos.

En representación del amicus, viajaron a participar de la audiencia en  la ciudad de Manaos Brasil, Luisa Gómez de la Fundación CIEL y Silvia Cruz y Maria Rosa Viñolo de Vecinas Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS). El lunes 27 de mayo  expusieron respecto a los principales puntos argumentativos del amicus. Podés ver sus intervenciones a partir del minuto 51:27 de este video.

Ellas hace más de 10 años que llevan adelante una lucha socioambiental contra la instalación y funcionamiento de una planta de elaboración de bioetanol en su barrio, en la Ciudad de Córdoba. Desde Fundeps, acompañamos a las VUDAS en su lucha y en esta oportunidad, presentamos su caso testigo en el sistema interamericano ya que ilustra los desafíos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y más aún las mujeres defensoras. Las VUDAS, como otras organizaciones, transitan a diario las contradicciones de una transición energética injusta, que genera zonas de sacrificio y pone en jaque a los derechos humanos. Muchas de las alternativas o soluciones que se presentan como “verdes” en el contexto de transición energética, trae aparejadas múltiples problemáticas y violaciones a derechos que de no abordarse de manera integral, pone en peligro a las comunidades y a los territorios. 

La resolución de esta solicitud de opinión consultiva, que se espera para finales de este año, genera gran expectativa por la necesidad que existe en el sistema interamericano de derechos humanos, de que la CoIDH se expida en torno a las obligaciones y responsabilidades de los Estados en contexto de emergencia climática y transición energética.

 

Autora

Manuela Fernandez Grassani

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Diversos sectores de Córdoba nos reunimos para conversar sobre el retroceso de derechos

Este viernes 24 de mayo, se desarrolló el encuentro «Córdoba tiene impacto: Conversatorio por los derechos en disputa» con la participación de más de 100 personas en el Museo de Antropologías. Fue organizado por Fundeps, con la adhesión de más de 30 espacios.

Durante tres horas, se desarrollaron reflexiones en torno a:

  • cómo la reducción del gasto público afecta a la educación universitaria, el sistema científico-tecnológico,  a los sectores populares y a los medios de comunicación;
  • las consecuencias de la propuesta de reforma previsional y laboral, con foco en trabajadoras de casas particulares; y la inconstitucionalidad del DNU 70/23.
  • las regresiones normativas en relación a la explotación de recursos naturales, cómo viven las comunidades estas desregulaciones y el impacto ambiental del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). 

El conversatorio reunió a referentes de diversos ámbitos, incluyendo la academia, organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y sindicatos. 

Un evento con diversas voces y perspectivas que nos ayudan a entender algunos de los desafíos que enfrentamos y cómo construir estrategias colectivas frente a la regresión de derechos.

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Participamos de la 3° Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile.  Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil. 

En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. 

Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia  participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas: 

  1. generación de conocimiento;
  2. reconocimiento;
  3. fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
  4. evaluación, seguimiento y revisión.

Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.

 Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.

Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior,  se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes. 

Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.

 

Autoras

Manuela Fernández Grassani

Ananda María Lavayen

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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VOLVEMOS A DECIR: NO A LA LEY BASES

El jueves 25 de abril, el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró el dictamen sobre la nueva ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (ex ley ómnibus). Hoy lunes la ley será tratada en el recinto, junto al llamado “Paquete fiscal”, la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que introduce modificaciones en el régimen impositivo. Desde Fundeps, volvemos a decir #NoALaLeydeBases, porque:

  • Su tratamiento y aprobación en Comisiones fue en tiempos acelerados. Y el proceso de debate no fue abierto ni participativo. De este modo no se permitió una discusión amplia y particularizada de cada uno de los temas que aborda. 
  • Permite que puedan intervenirse, escindirse, disolverse parcialmente o perder funciones y competencias instituciones como el CONICET, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, la ANMAT, el INTA, el INCUCAI, el INCAA, el Enacom, la CONEAU, entre otros organismos descentralizados o centralizados. 
  • En función de estas facultades, y al no ser explícitamente excluidos de la lista, podría afectar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permite identificar a los nietos y las nietas que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan desde la dictadura; y de la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANP), poniendo en riesgo nuestras áreas protegidas. 
  • Introduce modificaciones al régimen previsional, que en un contexto de amplia informalidad laboral, implica que 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), y que 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional.
  • El paquete fiscal introduce la eliminación del Monotributo Social, que fue una categoría diseñada para promover la formalización de los sectores de menos ingresos. Esta medida podría afectar a más de 600.000 trabajadores.
  • La reforma laboral, en sintonía con el capítulo del DNU 70/2023 que fue judicializado, implica una enorme quita de derechos, ya que fomenta el trabajo no registrado al eliminar multas e indemnizaciones, extender el período de prueba, entre otras medidas. 

Insistimos en que este proyecto, aún con las modificaciones que se hicieron desde febrero hasta hoy, debe contar con un mayor debate público y no puede ser aprobado. Afecta los derechos de trabajadores y trabajadoras, profundiza las desigualdades de género, atenta contra los la protección de la naturaleza, pone en riesgo el sistema de ciencia y técnica; y somete a procesos de privatización a varias empresas públicas, que son estratégicas para el desarrollo de nuestro país y la defensa de la soberanía. 

 

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org