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Organizaciones de la sociedad civil escribimos una carta a los legisladores y legisladoras pidiéndoles que se aboquen al inmediato tratamiento y rechazo del decreto de “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, nuestra norma fundamental admite que excepcionalmente, y de conformidad con determinados requisitos, se utilice la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Este tipo de decretos son admisibles únicamente cuando existieran circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Es decir, los DNU proceden cuando la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite parlamentario normal.

Resulta evidente que los fundamentos del Decreto 70/2023 no cumplen los requisitos para la emisión de una norma de esta naturaleza. No surgen de allí argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso reunirse, y tampoco se prueba que la solución
que se requiere sea incompatible con el debate legislativo. De hecho, antes de la entrada en vigor del decreto, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, y hoy en día el Congreso se encuentra sesionando. Además, tampoco se explica la  relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen.

Lejos de entender la naturaleza de la herramienta, el DNU 70/2023 efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica. Dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias. Adicionalmente, es el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido, debe recordarse que, tal como señaló nuestra Corte Suprema de Justicia, “la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Por otro lado, resulta esencial destacar que el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, abordando cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras. Dichas modificaciones suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan.

Es justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se determine su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.

Habiendo vencido los plazos establecidos en la ley 26.122 para el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, el Congreso tiene el deber de pronunciarse sobre el decreto. Por eso, solicitamos a las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Nación que se aboquen a su expreso e inmediato tratamiento, y lo rechacen por no satisfacer los requisitos constitucionales.

El silencio, la espera, los cálculos asociados al rédito político implican un aval implícito a una conducta que desborda ostensiblemente los contornos de nuestra norma fundamental. En defensa de la Constitución, del sistema de frenos y contrapesos, de la justicia y de la seguridad jurídica, el Congreso está llamado a hacer que el Poder Ejecutivo se desenvuelva dentro de los límites del Estado de derecho. El deber con nuestra Constitución Nacional y con la ciudadanía debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Organizaciones:
● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
● Amnistía Internacional Argentina
● Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
● Fundeps
● Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
● Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
● Jóvenes por el Clima
● Hora de Obrar
● Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
● Asociación Civil para la promoción y Protección de los Derechos Humanos
(Xumek)
● Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
(ANDHES)
● Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
● Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales (CIDC)
● Democracia en Red
● Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia. 

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza. 

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas. 

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares. 

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión. 

 

Firmas:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

ELA (Equipo argentino de justicia y género)

Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

Fundación Protestante Hora de Obrar

Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek

Fundación SES

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes

Consciente Colectivo

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

El 22 de diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo de la Nación convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a fin de someter a su tratamiento el proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

La iniciativa contiene más de 600 artículos que abarcan una extensa variedad de temas: salud, educación, empleo, seguridad social, niñez y familia, cultura, ambiente, turismo, justicia, seguridad y defensa, sistema electoral, política fiscal, deuda, desregulación económica y reorganización administrativa, entre otros. Se proponen en este proyecto modificaciones a Códigos y leyes que fueron debatidos durante años, que se sancionaron luego de haber escuchado a un amplio espectro de actores y que reconocieron luchas históricas de diversos colectivos, y se incluyen en él cambios que producirán consecuencias directas y de gran trascendencia en la vida de las personas.  

Resulta evidente que comprender, estudiar y fijar una posición respecto de semejante cantidad y tipo de reformas requiere un proceso deliberativo de análisis, fundamentación, argumentación y discusión. No es posible asegurar un debate parlamentario informado y robusto ni analizar en profundidad los impactos que tendría cada una de las modificaciones normativas en los tiempos propuestos por el Poder Ejecutivo. La calidad del debate público hace a la calidad de nuestra democracia.

También deviene imposible garantizar, en unas pocas semanas, un proceso de participación ciudadana real, que permita escuchar a todos los actores con experticia y trayectoria en las materias incluidas en el proyecto y a aquellos sectores que podrían verse más afectados por él. Si bien durante la última semana algunas entidades pudieron exponer sus visiones frente a diputados y diputadas, cada una contó con solo 5 minutos para hacerlo, y -al limitarse la convocatoria a 3 días- muchas quedaron fuera del debate. Además, no se previeron instancias para que quienes integran el cuerpo legislativo pudieran hacer preguntas o solicitar información adicional, y tampoco plazos razonables para que analizaran integralmente los aportes recibidos. 

Por otro lado, no debe perderse de vista que algunas de las reformas comprendidas en el proyecto resultan violatorias de derechos humanos reconocidos en tratados con jerarquía constitucional en nuestro país y desconocen los estándares de Comités especializados. De aprobarse esos cambios normativos, podría producirse una situación social aún más crítica, se incrementaría la conflictividad judicial en diferentes fueros y se comprometería la responsabilidad del Estado frente a organismos internacionales, lo que refuerza la necesidad de abordar la discusión con seriedad.

En virtud de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes solicitamos al Congreso de la Nación que continúe en sesiones ordinarias el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” a fin de que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que amplíe las instancias de participación, asegurando que se convoque a audiencias públicas que permitan, a la ciudadanía en general y a los sectores afectados por las reformas en particular, expresarse sobre ellas. Aunque las sesiones extraordinarias se hayan prorrogado hasta el 15 de febrero, dicho plazo sigue siendo ostensiblemente insuficiente para discutir semejante cantidad de cambios normativos. 

Una vez más, necesitamos un Poder Legislativo que defienda el sistema de frenos y contrapesos diseñado por nuestra Constitución y que elija una democracia pluralista, deliberativa y participativa.  

Organizaciones firmantes:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) 

Consciente Colectivo

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Fundación SES 

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek

Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF)

Fundación Igualdad 

Abogados y Abogadas del Noroeste en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)

Jóvenes por el Clima

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Democracia en Red

Amnistía Internacional Argentina

Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP)

Escuela de Fiscales

Fundación Protestante Hora de Obrar

Salta Transparente

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC)

Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática

El Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba presentó el proyecto de ley de presupuesto 2024. El pasado 9 de noviembre nos presentamos en la Audiencia Pública realizada en la Legislatura.

Como cada año, se presenta el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Este 2023, por las elecciones, se adelantaron los tiempos y el proyecto fue presentado el pasado 24 de octubre, algo que suele suceder el 15 de noviembre. Luego de ser presentado, el proyecto se discute en varias Comisiones y se aprueba en dos sesiones legislativas, denominadas de 1° y 2° lectura. Y entre medio, se lleva a cabo una Audiencia Pública.

Desde Fundeps nos presentamos a la Audiencia Pública el pasado jueves 9 de noviembre. En ese sentido, es de destacar que a partir de este año se publicó de forma unificada en este sitio web de la Legislatura, toda la información relativa al debate de la ley de presupuesto público 2024, con el proyecto y sus documentos complementarios, así como con el calendario de sesiones, fechas de las sesiones de Comisiones y de la Audiencia. Además, se mejoró, en comparación con otros años, la forma de inscribirse a través de un formulario web. Sí, debemos observar que sería de mucha utilidad que en futuras ocasiones se publique las Comisiones que sesionan en cada fecha y que se admita participación externa, aunque sea de oyentes. En la actualidad, las sesiones de comisiones se suben al canal de YouTube de la Legislatura una vez que sucedieron. 

En la audiencia, efectuamos algunas observaciones generales que entendemos hacen a la posibilidad de analizar mejor aún el presupuesto y comentarios sobre un programa relativo a Agua y Saneamiento. En primer lugar, expusimos que las descripciones de los Programas Presupuestarios son muy genéricas y es necesario que estén acompañados de metas físicas e indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, a los fines de su seguimiento. En el caso del Programa 572 analizado, su contenido permanece igual desde su creación en 2018. En el caso de las Obras, contenidas en los Planes de Inversiones Públicas directamente no se describen, al menos en los documentos presupuestarios. Luego, nos adentramos a exponer sobre el Programa 572 sobre Agua y Saneamiento, el cual está compuesto por dos subprogramas, uno relativo a Agua Potable y otro a Líquidos Cloacales y Servicios Sanitarios. En ambos casos observamos su evolución y comportamiento en los años 2022, 2023 y cómo se proyectan en 2024. En ese sentido, en los dos subprogramas se observa la misma tendencia de subejecuciones en el año 2022 (de un 32% y 53% respectivamente), una mayor ejecución en el corriente año (del 87% y 75%) y una merma en la asignación presupuestaria para el 2024. Más notable en el primer subprograma, que para el segundo. En ese sentido, apelamos a que se observen dichos programas por parte de les  Legisladores presentes, de cara a la aprobación presupuestaria en la segunda sesión del miércoles 15 de noviembre.

Un presupuesto garante de derechos, como en este caso al agua potable y servicios sanitarios que impactan de forma directa en los derechos a la salud y un ambiente sano, se rige por los principios de progresividad y no regresividad, en el cual hay que cuidar que en la asignación de recursos no haya retrocesos, evitando recortar o disminuir los pisos alcanzados. 

La participación en la audiencia fue muy variada. Estuvieron Colegios Profesionales (como el de Abogados o Escribanos), asociaciones civiles de vivienda, deporte sociales, acompañantes de niñeces en situaciones de vulnerabilidad, entre otros actores. Esto demuestra que, si bien esta instancia es sumamente valiosa y permite un acercamiento directo de las autoridades a problemáticas que acercan distintos actores sociales, deja en evidencia también la falta de más espacios de participación.  A los fines de que las personas y ciudadanía que muchas veces afronta y resuelve problemas públicos, puedan canalizar sus demandas de forma más efectiva. Esto, podría saldarse con audiencias periódicas o una mayor participación social en las comisiones temáticas de la Legislatura

Es de suma relevancia, que estos espacios sean cada vez más accesibles, abiertos y difundidos. Esto es clave para que la mayor cantidad de actores sociales, puedan acercarse y presentar sus puntos de vista y observaciones en el desarrollo de las políticas públicas que les afectan de forma directa. 

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Podés consultar acá toda la Audiencia Pública, y nuestra participación en los minutos: 2:55,50 – 3:06,20. 

Notas relacionadas

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Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

El 3 de octubre el gobierno nacional presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue aprobado por Argentina en 2020 y busca efectivizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la Justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

La Secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación fue designada para avanzar hacia la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. Este recorrido se diseñó en dos etapas: la primera, orientada a realizar un diagnóstico para determinar el estado de cumplimiento del Acuerdo en nuestro país, del cual surgieron recomendaciones: y la segunda estuvo enfocada en diseñar el Plan. Para eso, se realizó una consulta pública, encuentros virtuales y presenciales colaborativos, mesas de diálogo regionales y un buzón de propuestas. En total se recibieron 533 aportes de la ciudadanía en el diseño del Plan y la mayoría (65%) de las personas que participaron fueron mujeres. Desde Fundeps acompañamos todo este proceso brindando aportes en las distintas instancias participativas.

El Plan se estructura en 6 ejes: acceso a la Información pública ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensoras y defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales, fortalecimiento de capacidades, sistema de gobernanza para la ejecución y seguimiento de la implementación del Acuerdo. Se establecen también objetivos e indicadores, que son muy importantes para la evaluación del avance en la implementación. La ejecución del Plan será en un período de 3 años y estará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 

El proceso de creación del Plan fue un proceso abierto, participativo y transparente, centrado en asegurar la participación ciudadana y construir los consensos necesarios para atender las necesidades de las comunidades y hacer efectivo el Acuerdo. Celebramos la presentación de este Plan, que significa un hito hacia la consolidación de la aplicación del Acuerdo de Escazú en Argentina y brinda herramientas concretas para facilitar su implementación. Ahora instamos al estado nacional y a las provincias a hacer efectiva su puesta en marcha  y a la ciudadanía a exigir su efectiva aplicación para lograr el fin último del Acuerdo de Escazú: el cumplimiento del derecho a un ambiente sano.

 

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Autora

Manuela Fernández Grassani 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre estuvimos participando de distintas actividades vinculadas al Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Cuestiones Ambientales de América Latina y el Caribe. Este Foro es organizado por la CEPAL en su rol de Secretaría del Acuerdo de Escazú.

América Latina y el Caribe continúa siendo la zona más peligrosa del mundo para llevar adelante la defensa del ambiente. El año pasado asesinaron a 177 personas defensoras del ambiente y el 88 % de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. Es por ello que los Estados deben realizar más y mejores esfuerzos para garantizar la seguridad y propiciar un entorno seguro para el desarrollo de esta tarea. 

Recordemos que el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia – conocido como Acuerdo de Escazú – es el primer tratado regional ambiental en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras. Específicamente el artículo 9 prevé que los Estados deben garantizar  un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

En ese contexto, junto a comunidades indígenas y personas defensoras de toda la región, nos reunimos en Panamá para realizar aportes sobre la propuesta de  borrador del Plan de Acción Regional sobre Defensores que se presentará el año que viene en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3). Se trata de una verdadera oportunidad de incidencia en las cuestiones ambientales que afectan a nuestra región.  

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que cuenta con espacios de diálogo abiertos y horizontales. Estos procesos participativos son una verdadera herramienta para la construcción colectiva de políticas públicas.

El principal reclamo por parte de las comunidades es la urgente ratificación del Acuerdo por parte de todos los estados de la región. Por otra parte quedaron expuestas las violencias que continuamente atraviesan los grupos y personas que protegen el ambiente, más aún en el contexto de cambio climático. En este sentido, es esencial poner especial atención a las situaciones de violación de derechos humanos en el contexto de procesos extractivos vinculados a la transición energética. 

Por otra parte, se solicitó principalmente la incorporación transversal de perspectiva de género y de interculturalidad al Plan, dando reconocimiento específico a las comunidades indígenas, quienes históricamente han sido guardianas de nuestros bienes comunes. 

Esperamos que más estados de la región ratifiquen en un corto plazo el Acuerdo y que los reclamos que fueron reiterados por las comunidades sean considerados e incluidos en el Plan.

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

«Desmitificando la financiación del desarrollo» ofrece una visión reveladora de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y su profundo impacto en el mundo. Desde el dinero que invierten hasta las normas que establecen, estos bancos influyen en nuestras vidas y en el bienestar del planeta de un modo que a menudo subestimamos.

En los últimos años, los BPD han abogado por desempeñar un papel aún más importante para hacer frente al cambio climático, la pobreza mundial y otras crisis. Sin embargo, los estudios de casos y la evidencia presentada en este informe demuestran que, en realidad, los BPD están agravando problemas que dicen resolver. El empuje hacia la privatización, el enfoque extractivista y de arriba hacia abajo, y las limitaciones de las salvaguardias sociales y medioambientales a menudo profundizan las desigualdades, provocan violaciones de derechos humanos, alientan el cambio climático y aumentan la deuda.

Elaborado por más de 100 activistas de la sociedad civil, este análisis conjunto pretende abrir un debate muy necesario sobre el papel que desempeñan los bancos de desarrollo en la economía mundial actual y sobre lo que podemos hacer para que rindan cuentas.

Hasta el 6 de julio inclusive se encuentra abierta la consulta pública sobre la propuesta del plan de acción sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú. Este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, en la 1° Conferencia de las Partes (COP1) de 2022, los países acordaron crear un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Actualmente este grupo desempeña su función en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el liderazgo y coordinación de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Su tarea principal es la elaboración de un plan de acción para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la COP para su consideración y aprobación en el año 2024. Este documento, en etapas de elaboración, se encuentra recibiendo comentarios y en un proceso de consulta con la sociedad civil y el público del cual pueden participar todas las personas interesadas.

Recordemos que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Particularmente el artículo 9 del Acuerdo establece que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, cada Parte deberá tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los mismos puedan sufrir en el ejercicio de los derechos del Acuerdo”.

Se entiende por personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales a toda persona que defienda el derecho a un ambiente sano y saludable, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Esto supone un gran riesgo, especialmente en América Latina, donde a diario se verifican casos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, así como agresiones específicas a mujeres defensoras del ambiente en razón de su género.

En ese contexto, se encuentra en consulta pública una propuesta preliminar del Índice Anotado del Plan de Acción, la cual se lleva adelante mediante una encuesta, que tiene el objetivo registrar los comentarios y observaciones del público al índice propuesto. Esta encuesta facilita la sistematización de la totalidad de las propuestas que se reciban, así como su posterior revisión y análisis. Tenés tiempo para participar hasta el 6 de julio  a las 23.59 horas.

Resulta fundamental la participación del público en este proceso, ya que este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios, específicos y estratégicos a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

 

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Autora

Ananda Lavayén

Contacto 

Maria Laura Carrizo Morales, lauracarrizo@fundeps.org

A través de las resoluciones Nº 436/2023 y Nº 543/2023, el Ministerio Público de la Defensa decidió dejar sin efecto el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública invocando razones presupuestarias. Si bien hay una funcionaria interina cumpliendo esas tareas, no se garantiza la idoneidad técnica, la autonomía y la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica un grave retroceso para la garantía de este derecho.

Uno de los avances más relevantes de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública fue la creación de instituciones autónomas y especializadas en cada uno de los poderes del Estado nacional, que tienen a su cargo controlar su adecuado cumplimiento, así como promover mejores prácticas y proteger el interés de las personas que solicitan información pública. En el año 2018, el Ministerio Público de la Defensa conformó la Agencia y designó a su titular, quien culminó sus funciones en abril del presente año. 

El día 18 de abril de 2023, por medio de la Resolución 436/2023, el Ministerio Público de la Defensa dejó sin efecto el reglamento para el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información de la entidad y dispuso que sus funciones fueran asumidas por personal de la Asesoría Jurídica, de forma interina. Dicha decisión fue sustentada en una nota presentada por la Oficina de Administración General y Financiera en la que informó que en atención a la situación de déficit presupuestario existente en la proyección de gastos anuales de este Ministerio Público de la Defensa, no se cuenta con la posibilidad de mantener la estructura de cargos existente en la Oficina de Acceso a la Información Pública”.

Posteriormente, a través de la Resolución 543/2023 se designó a la persona de la Asesoría Jurídica que, además de cumplir las funciones que actualmente tiene en esa dependencia, llevará a cabo las tareas encomendadas a la Oficina de Acceso a la Información. 

El esquema actual no permite garantizar el derecho de acceso a la información pública y constituye un grave retroceso en la materia. Las resoluciones 436 y 543 de 2023 son ilegales e inconstitucionales, en tanto que: 

  1. La persona que ocupa interinamente el cargo de responsable de la Oficina de Acceso a la Información no cuenta con la idoneidad técnica, la autonomía, ni la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo. Dicho nombramiento debe ajustarse al contenido de la ley 27.275 que ordena que el proceso de selección sea abierto, público y transparente (art. 28), lo que no se ha respetado en este caso.
  2. Dejan la dirección de la Oficina de Acceso a la Información en un estado de interinato sin reglas claras que con el tiempo puede llegar a transformarse en una situación de permanencia indefinida. Las reglas para su elección fueron dejadas sin efecto y a la fecha no se han expedido nuevos lineamientos conducentes a subsanar la situación actual.
  3. Ambas resoluciones se basan en motivos presupuestarios, pero no se ha acreditado que se intentaron otras medidas menos lesivas del derecho, como podría ser el recorte del gasto de servicios no esenciales. 

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra preocupación por esta situación y enfatizamos en la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa respete la institucionalidad prevista por la ley 27.275 para garantizar el derecho de acceso a la información pública, que fortalece y afianza nuestra democracia, facilita el ejercicio de otros derechos y ostenta un rol esencial en la prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia en el Estado. Por ello, solicitamos a la Defensora General de la Nación que deje sin efecto las resoluciones 436 y 543 de 2023 y que inicie el proceso de selección para que se cubra adecuadamente el puesto. La nota presentada puede consultarse acá.

  • Adhieren:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Democracia en Red

Directorio Legislativo

Fundación Conocimiento Abierto

Fundeps- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 

INECIP- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Nuestra Mendoza

Poder Ciudadano

Salta Transparente

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

En un contexto de avasallamiento de derechos fundamentales, como el derecho a una retribución justa, a la participación en los procesos políticos de reformas constitucionales y al cuidado de la tierra, la protesta se constituye en una forma legítima de reclamo para las comunidades y para la ciudadanía en general. 

La pretendida reforma constitucional en la provincia de Jujuy vulnera derechos ampliamente reconocidos, como el derecho a la protesta, limitando la libertad de expresión y la propiedad a las tierras indígenas, y habilitando que se sigan violando derechos fundamentales para la todas las personas, tal como ocurre desde el pasado 17 de junio.

En este contexto, las comunidades indígenas reclaman que esta reforma constitucional avanza sobre sus derechos adquiridos y sobre sus territorios. Las comunidades tienen derechos que deben ser respetados en los procesos de toma de decisiones por parte del Estado.  En este sentido, destacamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas”. 

Por otro lado, ONU Derechos Humanos expresó su preocupación ante los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de las protestas en Jujuy. Realizó un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas las partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales. 

Exigimos al gobierno cesar la violencia institucional y la represión hacia la población, y convocar a espacios de diálogo y consulta de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, en un contexto en que circula desinformación, y se utilizan recursos que relativizan la violencia institucional y estigmatizan a los pueblos originarios, a trabajadores y sus organizaciones, hacemos un llamado a que los medios de comunicación realicen una difusión responsable de los hechos, incorporando la voz de las personas cuyos derechos están siendo vulnerados. 

 

*Foto: @susi.maresca

El pasado 23 de mayo estuvimos en la presentación del 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto, un instrumento de política pública co-creado con sociedad civil y ciudadanía que contiene 7  compromisos de gobierno abierto a implementar por distintas dependencias del estado nacional. Compartimos el panel con Delfina Pérez de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, Andrés Bertona de la Oficina Anticorrupción y Florencia Caffarone de Democracia en Red. 

El actual Plan se co-creó en 2022, desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, en diálogo con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto y el resto de la ciudadanía que participó de este proceso. Desde Fundeps formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020 – 2022) y desde ese espacio contribuimos a la co-creación del 5° Plan, articulando entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y distintas organizaciones que se involucraron en el mismo. 

Este Plan de Acción se enmarca en las obligaciones asumidas por Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual ingresó en el año 2012. Desde entonces, y cada dos años, el país co-crea e implementa distintas políticas y compromisos concretos en este ámbito. 

¿Cómo fue el proceso de co-creación del 5° Plan de Gobierno Abierto?

Por primera vez, y a los fines de garantizar una participación igualitaria entre todas las personas ubicadas en distintos puntos del país, este Plan se co-creó en su totalidad de forma virtual, a través de plataformas de reuniones, el sitio argentina.gob.ar y su portal de Consulta Pública. A su vez, en el seno de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y siguiendo las recomendaciones de los Estándares de Participación y Co Creación (2022) de la Alianza para el Gobierno Abierto, se acordó diseñar un Plan de máximo 10 compromisos. 

Para esto, se efectuó una priorización de temas en consulta con la Red de OSC para el Estado Abierto. Los temas seleccionados fueron: Ambiente e implementación del Acuerdo de Escazú; Obra Pública; Género y Políticas de Cuidados; Salud Mental; Estado Abierto y Federalización; Agua y Saneamiento en el AMBA; Información sobre prestadores de Salud; Alimentación e implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). No todos, sin embargo, concluyeron en compromisos del Plan, por diversos motivos. Especialmente, y en materia de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde Fundeps seguiremos aportando en la construcción de propuestas que contribuyan a la aplicación de dicha ley.    

Luego de ésto, comenzaron las instancias públicas de diseño del 5° Plan en agosto del 2022, con una serie de Talleres de Identificación de Desafíos, por cada uno de los temas pre-seleccionados. El objetivo de éstos fue identificar en conjunto cuáles eran los desafíos a los que el 5° Plan, pudiera dar respuesta. Luego, en octubre se abrió la instancia pública de recepción de propuestas, con la consigna de que se sugieran soluciones de políticas de gobierno abierto, que puedan dar respuesta a aquellos desafíos planteados. Con estos insumos, cada área de gobierno involucrada hizo su redacción preliminar de compromiso, el que fue sometido a consulta pública para recepción de comentarios. A la par, se desarrolló una instancia de diálogo por cada tema – compromiso y finalmente se llevó a cabo la redacción final. 

¿En qué consiste el 5° Plan Plan de Gobierno Abierto? 

El actual Plan está compuesto por 7 compromisos asumidos por distintas dependencias del gobierno nacional. 

 

Compromiso Dependencia a cargo
1. Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
2. Participación y control ciudadano en la obra pública Dirección Nacional de Transparencia – Ministerio de Obras Públicas de la Nación
3. Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Economía
4. Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos –

Ministerio de Salud de la Nación

5. Acceso a la información y políticas de cuidados Dirección de Mapeo Federal de Cuidado – Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
6. El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria – Ministerio de Salud de la Nación
7. Programa Federal de Estado Abierto  Dirección Nacional de Gobierno Abierto – Jefatura de Gabinete de Ministros

Dirección de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior

 

Acá podrás acceder al detalle de cada uno de ellos, desde la página 37 en adelante. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con el 5° Plan? 

Una vez diseñado el Plan de Gobierno Abierto, el objetivo es que se implemente, en este caso, durante el 2023 y el 2024. Para esto,  cualquier persona interesada u organización de la sociedad civil puede involucrarse, sea dando seguimiento a cada etapa de su implementación o participando de forma más activa, cuando los compromisos lo permitan, en algunas fases de su cumplimiento. En ese sentido, se previó en cada compromiso al menos una instancia de diálogo abierto con sociedad civil y ciudadanía interesada en los temas abordados y se desarrolló la plataforma Metas de seguimiento del Plan. Esto busca  facilitar y dinamizar esta instancia de implementación, que de acuerdo a la experiencia previa, es siempre la más difícil si de articulación y sostenimiento de incentivos se trata. 

Como organización comprometida con las políticas de gobierno abierto y varios de los temas abordados en el presente Plan, seguiremos de cerca y acompañaremos cada instancia de avance y estaremos alertas ante signos de estancamiento o retrocesos del mismo.

Nos parece un gran logro compartido, entre distintas organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, como la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, activistas y reformadores de políticas de gobierno abierto, que Argentina siga desafiándose con cada nuevo Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto. 

 

Más información

Conocé el 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá 

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Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org 

 

Los días 19, 20 y 21 de abril participamos en Buenos Aires de la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), de carácter extraordinario. El principal objetivo fue elegir a las primeras personas integrantes del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del tratado, órgano que acompañará a los países en la implementación del Acuerdo.

Durante esos días se dio continuidad al trabajo que había iniciado hace un año en la COP1 de Santiago de Chile, donde se acordó realizar la reunión extraordinaria del 2023 con la finalidad de llegar a ciertos “acuerdos” entre los países miembros que permitan la aplicación efectiva de Escazú lo antes posible. En ese sentido, se dieron distintas discusiones en torno a los desafíos existentes para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

La Conferencia oficial se llevó a cabo en los Salones del Hotel Libertador y de forma paralela también allí se realizaron una serie de charlas, mesas de trabajo y reuniones organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Los eventos paralelos fueron enriquecedores ya que se dieron intercambios de experiencias, saberes y conocimientos en torno a la implementación del Acuerdo en los distintos países.

En el segundo día de la COP, desde la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), presentaron la Guía de implementación, que proporciona información, orientación y diferentes opciones para que los Estados lleven adelante el Acuerdo. El secretario Carlos de Miguel señaló que “Escazú debe interpretarse de un modo integral, con enfoque holístico y de buena fe”. Algunos Estados también presentaron sus planes de implementación, Argentina comunicó las acciones que se vienen desarrollando en el marco del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Sin embargo, los intercambios e intervenciones más significativas se dieron al momento de abordar el Plan de Acción para Defensoras y Defensores Ambientales, instrumento que permitirá avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo, el cual establece que cada Estado parte deberá garantizar un entorno seguro a las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales. Esto resulta fundamental ya que América Latina y el Caribe son regiones más peligrosas para les defensores del ambiente. Allí los pueblos originarios fueron les protagonistas al manifestar todo el camino que falta recorrer y las innumerables necesidades existentes, entre ellas, tener participación efectiva en las medidas de protección y justicia ambiental, acorde a sus realidades. 

Les defensores de la provincia de Córdoba también pudieron expresar sus reclamos a través de la voz de una vecina integrante de Vecinxs Unidxs del Barrio San Antonio, quien manifestó la grave situación de les defensores a quienes imputaron por la causa de la Autovía de Punilla y el conflicto con la empresa Porta Hnos, entre otros.

Además, las defensoras pusieron sobre la mesa la necesidad de que el Acuerdo contenga una perspectiva de género. En este sentido manifestaron que hace falta visibilizar los riesgos diferenciados que tienen las mujeres defensoras, reivindicar y visibilizar el rol de la mujer como defensora de la vida y el ambiente.

En cuanto a la elección del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Tratado, los Estados Parte fueron los encargados de elegir a les siete integrantes de esta nueva instancia: Andrés María Napoli (Argentina), Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá). Para la elección se tomaron en cuenta criterios de experiencia en la temática, distribución geográfica, paridad de género y trayectoria jurídica.

Se presentó además la elaboración de un Plan de Acción que establece estándares de protección para las personas defensoras de derechos humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este plan se encuentra puesto a disposición y consideración mediante una Consulta Pública disponible hasta el 21 de junio en la página web de la CEPAL.

Resulta fundamental remarcar que la participación ciudadana, una de las fortalezas del Acuerdo de Escazú, ha sido materia de discusión desde el principio de la conferencia ya que muchas personas no pudieron participar del evento debido al sistema de acreditaciones para las actividades oficiales. Debemos manifestar nuestra molestia y preocupación en este sentido, debido a que muchas personas defensoras no pudieron ingresar a las sesiones aún cuando había espacio en la sala. Por otro lado, celebramos el compromiso de Brasil de formar parte del Acuerdo en el corto plazo, e instamos a los demás Estados de la región a ratificarlo. 

Resaltamos, una vez más, que Escazú se constituye como una herramienta esencial para la protección del ambiente en la región, fortalece el trabajo que vienen llevando adelante las comunidades locales y provee herramientas concretas para lograr hacer efectivo el derecho humano a un ambiente sano. Por estos motivos, consideramos esencial que se sigan generando y fomentando espacios de discusiones a los fines de que el Acuerdo sea implementado lo antes posible en todos los países de la región.  

 

Más Información

 

Autoras 

Ananda Lavayén

Carrizo María Laura

Contacto

lauracarrizo@fundeps.org