VOLVEMOS A DECIR: NO A LA LEY BASES
El jueves 25 de abril, el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró el dictamen sobre la nueva ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos (ex ley ómnibus). Hoy lunes la ley será tratada en el recinto, junto al llamado “Paquete fiscal”, la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que introduce modificaciones en el régimen impositivo. Desde Fundeps, volvemos a decir #NoALaLeydeBases, porque:
- Su tratamiento y aprobación en Comisiones fue en tiempos acelerados. Y el proceso de debate no fue abierto ni participativo. De este modo no se permitió una discusión amplia y particularizada de cada uno de los temas que aborda.
- Permite que puedan intervenirse, escindirse, disolverse parcialmente o perder funciones y competencias instituciones como el CONICET, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, la ANMAT, el INTA, el INCUCAI, el INCAA, el Enacom, la CONEAU, entre otros organismos descentralizados o centralizados.
- En función de estas facultades, y al no ser explícitamente excluidos de la lista, podría afectar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permite identificar a los nietos y las nietas que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan desde la dictadura; y de la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANP), poniendo en riesgo nuestras áreas protegidas.
- Introduce modificaciones al régimen previsional, que en un contexto de amplia informalidad laboral, implica que 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), y que 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional.
- El paquete fiscal introduce la eliminación del Monotributo Social, que fue una categoría diseñada para promover la formalización de los sectores de menos ingresos. Esta medida podría afectar a más de 600.000 trabajadores.
- La reforma laboral, en sintonía con el capítulo del DNU 70/2023 que fue judicializado, implica una enorme quita de derechos, ya que fomenta el trabajo no registrado al eliminar multas e indemnizaciones, extender el período de prueba, entre otras medidas.
Insistimos en que este proyecto, aún con las modificaciones que se hicieron desde febrero hasta hoy, debe contar con un mayor debate público y no puede ser aprobado. Afecta los derechos de trabajadores y trabajadoras, profundiza las desigualdades de género, atenta contra los la protección de la naturaleza, pone en riesgo el sistema de ciencia y técnica; y somete a procesos de privatización a varias empresas públicas, que son estratégicas para el desarrollo de nuestro país y la defensa de la soberanía.
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
