La habilitación comercial de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, dispuesta por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Nº 549/2026 y la ANMAT a través de la Disposición N° 2543/2026, es un retroceso en la política nacional de control de tabaco. Las organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre los impactos en la salud pública y exigimos el cumplimiento pleno de la Ley  Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687 y una fiscalización efectiva.

El 4 de mayo de 2026 se publicaron en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Salud Nº 549/2026 y la Disposición ANMAT Nº 2543/2026, que derogan las prohibiciones de importación, comercialización, distribución, publicidad, promoción y patrocinio de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, vigentes desde 2011 y 2023, respectivamente. Además, establecen un régimen de habilitación comercial regulada para estos productos y para las bolsas de nicotina. De este modo, se abre paso a la comercialización de productos con efectos nocivos comprobados para la salud humana y con un alto potencial adictivo, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Contexto: De dónde venimos y a dónde vamos

La política de control del tabaco en Argentina tiene una historia de esfuerzos articulados entre el sector público, los organismos internacionales, profesionales de la salud y la sociedad civil. La Ley Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687, sancionada en 2011, constituyó un hito en materia de protección de la salud pública: estableció ambientes libres de humo, prohibió la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, impuso advertencias sanitarias en los envases y restringió la venta a menores. Ese mismo año, ANMAT prohibió la comercialización del cigarrillo electrónico y el Ministerio de Salud en 2023 extendió la prohibición a los productos de tabaco calentado (PTC).

Esas medidas no fueron arbitrarias. Respondieron al principio precautorio -base del derecho sanitario internacional- ante la evidencia de que ninguno de estos productos es inocuo, de que la nicotina genera dependencia severa y de que la industria tabacalera ha demostrado históricamente su capacidad para diseñar estrategias de captación de consumidores jóvenes.

La propia Resolución Nº 549/2026 reconoce en sus considerandos que el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos alcanza al 35,5% de los estudiantes de nivel secundario, según un estudio de SEDRONAR de 2025. Esa cifra, que debería encender todas las alarmas y reforzar las políticas de protección, es utilizada en cambio para justificar la apertura del mercado, bajo el argumento de que las prohibiciones no funcionaban. Esa afirmación genérica es, cuanto menos, parcialmente falsa y una señal preocupante sobre la orientación de la política pública. 

Si bien el cumplimiento de la prohibición del cigarrillo electrónico presentaba deficiencias, se debía en gran medida a la evidente incapacidad del Estado de fiscalizar. Además, a diferencia de los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado prácticamente no habían ingresado al mercado argentino y ahora podrán hacerlo. Lo que no funcionaba no era la ley, sino el control por parte del Estado: ¿Cómo podrán fiscalizar ahora lo que no pudieron fiscalizar antes? 

Lo que cambia con la nueva normativa

La Resolución Nº 549/2026 deroga la prohibición de productos de tabaco calentado y crea el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), bajo el cual cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina podrán ser importados y comercializados en Argentina, sujetos a requisitos de registro. Por su parte, la Disposición ANMAT Nº 2543/2026 deroga la prohibición del cigarrillo electrónico vigente desde 2011.

La nueva normativa establece expresamente que la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos continúan prohibidos bajo la Ley 26.687, y dispone restricciones técnicas particulares para los diferentes productos regulados. Sin embargo, pasar de un modelo de prohibición basado en el principio precautorio a un modelo de habilitación comercial regulada, en un contexto de prevalencia creciente del consumo entre adolescentes y de capacidad de aplicación incierta, es una apuesta de altísimo riesgo sanitario y un claro retroceso en la protección de las infancias y adolescencias.

Las bolsas de nicotina merecen una mención especial. Si bien no estaban expresamente prohibidas -como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado- sí se las consideraba alcanzadas por el marco general de la Ley 26.687. Aun así, a fines de 2025, estos productos  irrumpieron masivamente en el mercado argentino, comercializándose sin cumplir con el empaquetado y las advertencias previstas por la ley nacional, y utilizando estrategias de marketing prohibidas. La nueva resolución las regula expresamente y aclara que son productos de tabaco o equiparables alcanzados por toda la normativa vigente. De esta forma, se reconoce que su comercialización operaba al margen de la ley, sin que el Estado hiciera nada para impedirlo.

Una fundamentación que no se sostiene

Los considerandos de la Resolución Nº 549/2026 construyen su justificación sobre cuatro afirmaciones encadenadas: que el principio precautorio no puede ser absoluto ni permanente; que países de referencia internacional incorporaron estos productos a sus sistemas de vigilancia epidemiológica;  y que el aumento del consumo detectado por SEDRONAR y la existencia de un mercado informal requieren regulación. Ninguno de esos argumentos sostiene la conclusión que la resolución extrae de ellos. 

• El principio precautorio no es absoluto, es cierto, y las medidas adoptadas bajo su amparo están sujetas a revisión permanente. Sin embargo, la resolución no explicita la orientación y los fundamentos de esta revisión. El principio precautorio establece que, ante la sospecha fundada de daño grave a la salud, la falta de certeza científica absoluta no puede ser usada para postergar medidas de protección. La Resolución Nº 549/2026 invierte ese principio: argumenta que, como la prohibición no fue efectiva para frenar el mercado informal, corresponde habilitar la comercialización regulada. La evidencia acumulada desde 2011, sin embargo, no muestra que estos productos sean seguros. Por el contrario, muestra que son dañinos y adictivos, que favorecen la iniciación juvenil y que su uso combinado con cigarrillos convencionales aumentan la exposición a sustancias tóxicas y los riesgos para la salud. Una revisión basada en esa evidencia debería fortalecer las medidas de protección, no revertirlas.
• La resolución argumenta también que ciertos países líderes incorporaron preguntas sobre el uso de estos productos en sus encuestas epidemiológicas, lo que habría permitido dimensionar el problema. Ese argumento confunde dos cosas distintas: vigilar un fenómeno no equivale a habilitarlo. La vigilancia epidemiológica es compatible con cualquier régimen regulatorio, incluida la prohibición. Que un país mida el consumo de un producto no implica que lo haya habilitado ni que recomiende hacerlo.
• El dato relevado por SEDRONAR —35,5% de consumo de cigarrillo electrónico en estudiantes secundarios— es invocado para justificar la apertura del mercado. Esa lectura invierte la lógica de protección de la salud pública. Un alto consumo adolescente de un producto adictivo y dañino es, en el marco del derecho a la salud y de la Convención sobre los Derechos del Niño, un argumento para reforzar las restricciones, no para normalizarlas.
• El argumento del mercado informal merece una mención especial. El razonamiento según el cual la prohibición favoreció canales ilegales sin control de composición es la estrategia más utilizada por la industria tabacalera para presionar por la flexibilización regulatoria en distintos países y contextos. No es exclusivo de este caso ni de Argentina: aparece sistemáticamente cada vez que se intenta debilitar los estándares de control de tabaco, apelando a la inseguridad de los productos informales y a la supuesta incapacidad del Estado para sostener la prohibición. No es falso que exista un mercado informal. Es falso que la solución sea necesariamente la habilitación. El problema que Argentina enfrenta no es de diseño normativo, sino de capacidad de aplicación, y ese problema no se resuelve abriendo el mercado, sino invirtiendo en fiscalización.

Falta de transparencia, participación y una fundada desconfianza

La Disposición ANMAT Nº 2543/2026 funda parte de su decisión en el Acta Complementaria Nº 1 y en el Informe Técnico del Programa Nacional de Control del Tabaco, identificados por número de expediente interno. Ambos documentos son citados como sustento de la decisión, pero no están incorporados al expediente ni publicados en el Boletín Oficial. Sus conclusiones aparecen mencionadas de manera sintética y selectiva en los considerandos, pero el contenido completo, es decir, la evidencia técnica, los argumentos, los datos que habrían sustentado el giro regulatorio,  permanece inaccesible para la ciudadanía. En este sentido, corresponde señalar que los actos administrativos que afectan derechos deben ser autosuficientes: sus fundamentos tienen que estar expuestos en el propio acto, de manera que cualquier persona pueda conocer, evaluar y eventualmente impugnar las razones que justifican la decisión. 

Además de la falta de transparencia sobre la evidencia utilizada, también corresponde señalar la falta de participación y de instancias de consulta a las organizaciones especializadas y profesionales de salud, a diferencia del proceso que dio origen a las normas hoy derogadas.

La resolución invoca además la necesidad de monitoreo, fiscalización y estudios específicos como parte de su justificación. Pero esa promesa choca con una realidad documentada: desde la sanción de la Ley 26.687, el Estado no ha aplicado sanciones por incumplimientos al marco regulatorio de control de tabaco ni ha generado evidencia epidemiológica sistemática para evaluar su propia política. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo data de 2018. La Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes de Argentina también tiene datos de ese año. El único dato reciente disponible es el de SEDRONAR 2025, que mide consumo de sustancias en estudiantes secundarios, pero no es un instrumento específico de vigilancia del tabaquismo. Si el Estado no produjo evidencia actualizada durante quince años ni implementó las prohibiciones vigentes, no hay razón para suponer que lo hará ahora bajo un régimen más complejo, con más productos, más actores y más variables técnicas a controlar, y sin recursos adicionales asignados para esa tarea. La pregunta que la resolución no responde es la central: si el Estado no pudo implementar las prohibiciones que ya existían, ¿con qué capacidad concreta va a implementar un régimen regulatorio más complejo?

Mejorar no puede ser retroceder

Desde Fundeps reconocemos que la normativa de control de tabaco es perfectible y trabajamos activamente para mejorarla. Pero en un contexto de avance de la epidemia del tabaquismo entre niños, niñas y adolescentes, fortalecer la política significa cerrar vacíos de fiscalización, actualizar la evidencia epidemiológica y garantizar el cumplimiento efectivo de las restricciones ya vigentes. No significa habilitar mercados de productos adictivos bajo la promesa de una regulación que el Estado no ha demostrado capacidad de sostener. Las nuevas disposiciones exponen a las infancias y adolescencias a que estos productos invadan los comercios, los kioscos, la vía pública y el entorno digital.

Destacamos que la Ley Nº 26.687, y por lo tanto la protección en materia de ambientes libres de humo y prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, permanecen vigentes y se aplican íntegramente a los nuevos productos.  Exigimos su cumplimiento pleno, fiscalización efectiva con recursos específicos, así como publicación íntegra de los documentos técnicos que fundan las recientes medidas.

Desde Fundeps continuaremos monitoreando la implementación del nuevo régimen, documentando incumplimientos, presentando denuncias ante los organismos competentes y articulando con organizaciones de la sociedad civil, académicas y de salud pública para sostener la exigencia de políticas de control del tabaco basadas en evidencia libre de conflictos de interés y en el derecho a la salud. 

Autora: María Laura Fons

Contacto: Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

Junto con Proyecto Squatters, lanzamos una campaña de monitoreo colectivo para identificar y visibilizar la publicidad ilegal de productos de tabaco y nicotina en entornos digitales. La iniciativa busca reunir evidencia para exigir el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

En redes sociales, circulan muchas publicidades de tabaco y nicotina, a veces de manera sutil y encubierta. Se trata de cigarrillos tradicionales o electrónicos, tabaco para armar, bolsitas de nicotina, productos de tabaco calentado y sus accesorios, que aparecen integrados en publicaciones, videos o contenidos que simulan ser espontáneos.

A pesar de los cambios normativos recientes que habilitaron la comercialización de estos productos, en Argentina la publicidad de productos de tabaco y nicotina sigue estando prohibida tanto en medios tradicionales como en entornos digitales. Las modificaciones presentes en las nuevas reglamentaciones implican un claro retroceso en los marcos de protección a la salud de la población y de las nuevas generaciones en particular. 

Sin embargo, en esta nueva resolución, los cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado e incluso las bolsitas de nicotina quedan expresamente abarcados por la Ley Nacional de Control de Tabaco. Por lo cual, aunque ahora se permite la comercialización de estos productos emergentes, esta queda estrictamente prohibida para menores de 18 años y las restricciones al marketing se mantienen vigentes. Con este escenario, ahora más que nunca, se torna necesario exigir una adecuada implementación de la ley nacional, que controle y fiscalice las publicidades de la industria tabacalera que de forma engañosa buscan constantemente llegar a las nuevas generaciones y normalizar el consumo de estos productos.

Ya sabíamos que los esfuerzos de la industria por expandir su mercado entre las nuevas generaciones habían logrado posicionar a los cigarrillos electrónicos entre las sustancias más consumidas por la población estudiantil, aun cuando su comercialización estaba prohibida. Esto se observó en un estudio realizado en 2025 por la SEDRONAR, donde también se advirtió que el 35,5% de las y los adolescentes ya habían probado los cigarrillos electrónicos, entonces ilegales, mientras que el 28,7% refirió haber probado cigarrillos (de paquetes o armados), a pesar de que su venta está prohibida para menores de 18 años. Además, un estudio del CEDES del mismo año arrojó que el consumo de bolsas de nicotina entre adolescentes ya rondaba el 4,3%.

La promoción de estos productos se presenta como parte de estilos de vida aspiracionales, asociada al disfrute, la pertenencia o la libertad. A través de influencers, eventos culturales, sorteos o contenidos patrocinados, las marcas logran reducir la percepción de riesgo y normalizar el consumo, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

Frente a este escenario, desde Fundeps impulsamos una campaña de monitoreo colectivo que invita a detectar, registrar y reportar publicidades ilegales en redes sociales y plataformas digitales. El objetivo es reunir evidencia que permita visibilizar estas prácticas y fortalecer la exigibilidad de las normas que protegen el derecho a la salud.

¿Qué se puede reportar?

Se pueden reportar distintos tipos de contenidos, entre ellos:

• Publicidades directas de productos de tabaco y nicotina realizadas por marcas, comercios o influencers.
• Exhibición o venta de vapeadores, bolsitas de nicotina o productos de tabaco calentado.
• Contenidos de influencers que muestran o promocionan estos productos.
• Promociones, descuentos, sorteos o juegos vinculados a estos productos.
• Patrocinio de eventos musicales, deportivos o recreativos.
• Invitaciones a establecer contacto directo con marcas o empresas.
• Anuncios o banners en sitios web.

¿Dónde se pueden encontrar?

Este tipo de publicidades circula en sitios web, canales de streaming y redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X.

¿Cómo participar?

Para participar, registra la publicidad que ves y completa el formulario disponible en la web. Los datos se recopilan de forma anónima y no constituyen una denuncia formal.

Cada registro contribuye a construir evidencia colectiva sobre estas prácticas, visibilizar el incumplimiento de la ley y fortalecer las acciones para proteger la salud de la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes.

Para conocer más sobre cómo identificar estas infracciones, se puede consultar el instructivo también disponible en la plataforma.

Más Información

• Campaña Menos Humo, Más Data
• Una industria que no cede
• La interferencia de la industria en la regulación de productos de tabaco y nicotina
• Estrategias digitales de la industria tabacalera: cómo nos está convenciendo de comprar sus nuevos productos
• Organizaciones de la sociedad civil pedimos políticas públicas libres de interferencia de la industria tabacalera

Contacto: 

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

Un nuevo informe de Fundeps analiza las estrategias de marketing y persuasión psicológica que utilizan las tabacaleras para normalizar el consumo de tabaco y nicotina entre jóvenes y adolescentes, eludiendo regulaciones y reduciendo la percepción del riesgo.

El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte evitable en el mundo. Cada año provoca más de 7 millones de muertes, entre ellas 1,6 millones por la exposición involuntaria al humo de productos de tabaco y nicotina. Para sobrevivir, la industria tabacalera necesita nuevos consumidores: fumadores de reemplazo.

En este marco, presentamos el informe “Juventudes capturadas. Marketing y psicología de las tabacaleras para enganchar a una nueva generación”, un trabajo que analiza cómo la industria tabacalera logró reposicionar productos históricamente asociados a la adicción, la enfermedad y la muerte como símbolos de disfrute, pertenencia y libertad entre jóvenes y adolescentes.

En el informe, Julián Pellegrini, Lic. en psicología (UBA) y Director de Proyecto Squatters, explora las técnicas psicológicas que utiliza el marketing tabacalero para explotar vulnerabilidades propias de las audiencias juveniles. A partir de inseguridades, deseos de pertenencia y búsquedas de gratificación inmediata, la industria construye estrategias que transforman esas experiencias en oportunidades de expansión de su negocio.

Lejos de desaparecer, las viejas recetas publicitarias se adaptaron a nuevos formatos. Hoy, la promoción de productos de tabaco y nicotina se camufla en redes sociales, influencers, eventos culturales, estéticas aspiracionales y relatos de autenticidad y diversión. No venden productos: venden identidades, experiencias y estilos de vida.

De este modo, un producto adictivo y letal se presenta como un accesorio estético asociado a la modernidad, el éxito y la aceptación social. Estas tácticas sofisticadas y opacas permiten eludir las regulaciones vigentes, reducir la percepción del riesgo y normalizar el consumo en los mismos espacios donde se construye la identidad juvenil.

El foco del informe no es solo denunciar estas prácticas, sino comprender sus mecanismos: cómo se moldean percepciones, cómo se prepara el terreno simbólico para la iniciación temprana y cómo estas estrategias tensionan —y muchas veces superan— los marcos regulatorios actuales.

Entender cómo opera el marketing de la industria tabacalera es un paso fundamental para fortalecer las políticas públicas de prevención y control de tabaco, proteger a las juventudes y garantizar el derecho a la salud.

Contacto:

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en Argentina. Mientras tanto, la industria tabacalera orienta su estrategia hacia nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, buscando mantener su mercado y esquivar las regulaciones existentes.

Frente a este escenario, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), junto a Fundeps, AsAT, ETESA IECS, GRANTAHI del Hospital Italiano, UATA, FEIM, Fundación Sales, Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón y CEDES, elaboró el documento “Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones”, con el objetivo de sistematizar la evidencia científica disponible y proponer medidas concretas para proteger la salud pública.

La evidencia científica actual muestra que los productos emergentes no son inocuos. Un metaanálisis reciente encontró que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y disfunción metabólica es similar entre quienes usan cigarrillos electrónicos y quienes fuman cigarrillos convencionales. Además, otras revisiones reportaron asociaciones con neumonía, bronquitis, disminución del recuento de espermatozoides, mareos, cefaleas, migrañas y daño a la cavidad oral. El documento también destaca que el uso dual (cigarrillo electrónico y convencional) aumenta el riesgo de enfermedad, y que las investigaciones que sostienen lo contrario suelen provenir de autores con conflictos de interés.

Una puerta de entrada al consumo: Los datos disponibles en Argentina son claros: 

• Según la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2018), el 7,1% de los adolescentes de 13 a 15 años usaba cigarrillos electrónicos.
• Una encuesta más reciente, que realizamos en 2023 desde FIC Argentina, identificó que el 8,9% de los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires es consumidor actual de estos productos.
• Estos resultados confirman que los productos emergentes pueden funcionar como puerta de entrada al consumo de tabaco, incluso entre adolescentes que nunca habían fumado antes.

Ni más ni menos, otro daño: El concepto más adecuado para abordar el impacto del vapeador es el de un riesgo distinto, no necesariamente menor.

Una verdadera estrategia de reducción de daños debe ser implementada por autoridades sanitarias, perseguir objetivos de salud pública y aplicarse sobre grupos específicos, no a través de la libre comercialización de productos dañinos.

Las organizaciones firmantes recomendamos:

• Fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes.
• Coordinar acciones entre organismos públicos para mejorar la fiscalización y sanción.
• Promover la cooperación con organizaciones de la sociedad civil libres de conflicto de interés para reducir el consumo de tabaco y nicotina.

Los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura. Representan un riesgo diferente, con evidencia creciente sobre su impacto en la salud y su papel en la iniciación al consumo de tabaco. Proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, exige decisiones basadas en evidencia independiente, libres de la influencia de la industria.

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