Tres días después del 9° aniversario de Ni Una Menos y cinco después de la publicación del informe de femicidios que confirmó que en 2023 hubo 250 víctimas en nuestro país, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Una mujer muere cada 35 horas en Argentina, mientras que una de cada dos mujeres en pareja ha sufrido o sufre violencia doméstica y no existen estructuras estatales para resolverlo. 

Según los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia han habido entre 226 y 260 víctimas de femicidio por año de 2017 a 2023. Es claro que la violencia letal por razones de género está lejos de ser resuelta. El problema es real y no ideológico. A estos datos de letalidad hay que sumar los 124.000 llamados a la línea 144, una política de estado que lleva 10 años de existencia y que es nodal para la prevención.

Las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos internacionales y por eso hace casi 40 años se crearon institucionalidades de género que las llevan adelante. Argentina ocupa un rol privilegiado en el cumplimiento de esos acuerdos y ha sido pionera en la toma de medidas contra la discriminación y la violencia contra mujeres y personas LGBT. Es tomada como ejemplo a nivel internacional. 

Sin órganos especializados en el abordaje integral ni personal y presupuesto suficiente, el Estado argentino no podrá diseñar e implementar políticas adecuadas para prevenir y sancionar estos actos. Pero, además, no estará cumpliendo con sus obligaciones. Con el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género el Estado argentino se retrotrae a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer y desanda un camino de avance progresivo que logró en estos últimos 37 años.

Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) comprometiéndose a la elaboración de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones y consagra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) en 1996 a través de la Ley N° 24.632. Con el cierre de la Subsecretaría, los compromisos dejan de tener autoridad de referencia para el diseño de políticas y presupuesto y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dejará de tener autoridad de aplicación. 

El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población. Nuestra sociedad ha construido un consenso frente a la violencia de género. No es una opción dar marcha atrás con cuatro décadas de avances. 

Exigimos al gobierno que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa. Instamos al Congreso a observar que las leyes que define para la protección social sean ejecutadas.

VER ADHESIONES: La protección contra la violencia de género es un compromiso con toda la sociedad

Esta cartilla es una recopilación de lo que trabajamos en seis encuentros desarrollados en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en el marco del Ciclo de formación «Repensando la Economía: una mirada feminista». Entre agosto y octubre del 2023, desde Fundeps y el Espacio de Economía Feminista de Córdoba, llevamos a cabo este ciclo con el fin de generar un espacio de aprendizaje mutuo sobre los conceptos y problemáticas que nos acerca la Economía Feminista, para idear formas de resistencia que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida.

La interferencia de la industria de alimentos y bebidas se define como la influencia sobre los marcos legales y entornos políticos a fin de retrasar, debilitar o impedir el desarrollo de políticas de alimentación saludable. Estas empresas y los grupos afines a sus intereses realizan distintas acciones para intervenir en el desarrollo de políticas públicas y para influir en el mundo académico y en la ciencia.

El presente reporte busca documentar el caso de interferencia de la industria alimentaria en Argentina, en el marco del debate y sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642), más conocida como Ley de Etiquetado, así como las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil para contrarrestar esta interferencia.

Este reporte, realizado con el apoyo financiero de Global Health Advocacy Incubator (GHAI), recopila la mirada de cinco organizaciones de la sociedad civil que participaron activamente y de forma conjunta en la promoción de la ley, y actualmente continúan trabajando en pos de su correcta implementación: la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Consciente Colectivo, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la Fundación
SANAR y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN). Estas organizaciones, libres de conflicto de interés, comenzaron a trabajar de forma conjunta en el año 2021 y aportaron evidencia científica para justificar la elección del etiquetado. Además, realizaron acciones de incidencia con distintos decisores políticos durante todos los años en que la política se debatió, y realizaron campañas de comunicación para informar y apoyar la aprobación de la ley.

NO NOS QUEDEMOS AFUERA.

Argentina es el único país del Mercosur que no ratificó el Convenio Marco para el Control de Tabaco, apesar de tener una de las tasas de prevalencia en la adicción más altas de la región. Esta infografía explica qué herramientas nos brindaría este tratado en la lucha contra el tabaquismo y por qué es urgente su ratificación.

EL CIGARRILLO NOS DEJA SIN VOZ NI VOTO.

Argentina no participa en los espacios de decisiones globales sobre control del tabaco, a pesar de tener una de las tasas más altas de prevalencia en la adicción. Esta infografía reúne datos que sustentan la importancia de avanzar en la ratificación del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presente infografía brinda información acerca de la responsabilidad que les corresponde a comerciantes de productos alimenticios y bebidas analcohólicas que presentan sellos de advertencia y/o leyendas precautorias, tal cual surge de la incorporación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable al sistema normativo nacional de alimentos, como así también a principios internacionales que rigen la actividad empresarial.

Este informe brinda información acerca de la responsabilidad que les corresponde a comerciantes de productos alimenticios y bebidas analcohólicas que presentan sellos de advertencia y/o leyendas precautorias, tal cual surge de la incorporación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable al sistema normativo nacional de alimentos, como así también a principios internacionales que rigen la actividad empresarial. En ese sentido, resulta fundamental el compromiso del sector a fin de poder garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en cuestión y proteger la salud de la población.

«Desmitificando la financiación del desarrollo» ofrece una visión reveladora de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y su profundo impacto en el mundo. Desde el dinero que invierten hasta las normas que establecen, estos bancos influyen en nuestras vidas y en el bienestar del planeta de un modo que a menudo subestimamos.

En los últimos años, los BPD han abogado por desempeñar un papel aún más importante para hacer frente al cambio climático, la pobreza mundial y otras crisis. Sin embargo, los estudios de casos y la evidencia presentada en este informe demuestran que, en realidad, los BPD están agravando problemas que dicen resolver. El empuje hacia la privatización, el enfoque extractivista y de arriba hacia abajo, y las limitaciones de las salvaguardias sociales y medioambientales a menudo profundizan las desigualdades, provocan violaciones de derechos humanos, alientan el cambio climático y aumentan la deuda.

Elaborado por más de 100 activistas de la sociedad civil, este análisis conjunto pretende abrir un debate muy necesario sobre el papel que desempeñan los bancos de desarrollo en la economía mundial actual y sobre lo que podemos hacer para que rindan cuentas.

Este documento explora argumentos utilizados por las compañías de productos alimenticios contra las políticas de salud de Chile, Uruguay, México y Perú, y las respuestas de los Estados. El objetivo es brindar herramientas que aseguren la defensa legal de las políticas en otros países, tomando como ejemplo lo que ha sucedido anteriormente.

El objetivo del presente trabajo fue identificar aquellos factores que facilitan y obstaculizan la implementación de la Ley 27.642 en lo referido a las compras públicas para comedores escolares de 5 provincias argentinas. Al mismo tiempo se realizan recomendaciones para ser distribuido entre los poderes ejecutivos y legislativos de las jurisdicciones.

El presente documento sistematiza las razones por las que Argentina debe ratificar el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS para fortalecer los estándares de protección de la salud.

El objetivo del presente documento es brindar información sencilla, clara y oportuna acerca del alcance de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable para que las diversas personas que componen la comunidad educativa se conviertan en agentes de cambio que acompañen el nuevo paradigma alimentario en los entornos escolares.