Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante la Cámara de Senadores de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.
Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.
Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura.
Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes.
Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales.
Además, en esta oportunidad algunas organizaciones remitieron preguntas y cuestionamientos para que sean contestadas por parte de los candidatos de manera pública, tal como lo habilita el procedimiento de la Cámara Alta.
Las preguntas presentadas a García Mansilla incluyen: ¿Cómo justifica su candidatura a la Corte Suprema en un contexto donde se exige una representación equitativa de género y su nombramiento perpetuaría la subrepresentación de mujeres en el tribunal? ¿Qué acciones concretas ha tomado para avanzar en los derechos de las mujeres y diversidades en su carrera?. Mientas que las preguntas formuladas a Lijo fueron: ¿Cómo puede su candidatura contribuir a una representación equitativa de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cómo garantiza la transparencia y ética en sus decisiones judiciales?
En estos contextos, creemos imprescindible que desde el Senado se consulte a los candidatos en las líneas aquí expresadas, así como también se indague en forma pormenorizada sobre los puntos neurálgicos que hemos advertido en nuestras impugnaciones.
Exigimos que las y los Senadoras y Senadores estén a la altura de las circunstancias, y NO presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los Derechos Humanos y los más altos valores de justicia.
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
