Listado de la etiqueta: BID

,

BID: destituyeron al presidente y se abre la posibilidad para una mujer latinoamericana

El lunes 26 de septiembre, tras las recomendaciones del Directorio Ejecutivo del BID, la Asamblea de Gobernadores decretó el cese de las funciones de Claver-Carone como presidente del Banco tras la violación de varias normas éticas de la institución, lo que marcó la apertura de un período de 45 días para que los países propongan sus candidaturas. Durante este período, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como presidenta bajo la dirección del Directorio Ejecutivo.

Dos años atrás, en octubre de 2020, Donald Trump impulsó al cargo de presidencia del BID al estadounidense Mauricio Claver-Carone. El contexto era ventajoso para Washington en tanto se trataba de la primera presidencia americana desde la creación del organismo.

Cabe recordar, que si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC.

En términos de geopolítica, esta estrategia constituía al BID como un vehículo a través del cual Estados Unidos podría incrementar su influencia en la región latinoamericana y lograr un balance de poder institucional: podría discernir respecto la concesión y el destino de créditos por parte de la institución y disipar así la presencia de otras potencias sobre la región, tal como es el caso del gigante chino.

Los orígenes de la destitución de Claver-Carone

La decisión de la Asamblea de Gobernadores se remonta a una denuncia anónima por mala conducta que se presentó contra Claver-Carone. A partir de ésta, el directorio  contrató a la firma legal Davis Polk para que investigara los hechos. A raíz de los resultados que arrojó la investigación se tomó la decisión de destituir al líder de la institución. Se acusa a Claver-Carone de haber mantenido una relación amorosa con una empleada y de haberla beneficiado económicamente, lo que supone la violación de varias normas éticas internas al organismo, en tanto el BID prohíbe las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. La denuncia se agravó por la negativa de Claver-Carone a cooperar plenamente con la investigación y por la creación de un clima de miedo a las represalias entre el personal del Banco.  

De esta forma, el déficit de legitimidad que acompañó los orígenes de la presidencia de Claver-Carone, se fue combinando con un déficit de legitimación, y hoy llevan a una crisis de liderazgo. 

En este contexto, ante la espera de las propuestas de candidatura para la presidencia del BID cabe preguntarse ¿Cuáles son las alternativas a nivel regional e institucional? 

En términos de regionalismo, se trata de una excelente oportunidad para renovar el (deteriorado) diálogo intrarregional en América Latina y el Caribe y profundizar las prácticas de concertación. Para que la región pueda obtener una ventaja en las elecciones presidenciales del organismo internacional esta debería lograr consenso y convergencia a la hora de elegir candidates. De esta forma evitaría que se repita el escenario del 2020 donde el haber ofrecido varias candidaturas erosionó las posibilidades de ganar las elecciones.   

En particular, Brasil podría aprovechar este escenario para renovar su rol de liderazgo regional, en tanto  es uno de mayores accionistas del Banco junto con Argentina y Estados Unidos, contando en conjunto con casi el 53% del poder de voto. De todas formas, el país se encuentra actualmente inmerso en la campaña para las elecciones presidenciales, cuyo resultado puede llegar a influir en la postura que adopte respecto a la transición en el BID.

En términos institucionales, es una oportunidad para renovar las estratégias mediante las cuales la institución promueve su principal objetivo: alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe mejorando la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la participación en el BID debería incentivar la integración regional en América Latina y el Caribe y permitir el desenvolvimiento del Banco como un puente entre la región y el mundo. Aumentar el regionalismo y la participación de los países que integran la región fortalecería las vías de desarrollo y la inserción de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Además, permitiría que el BID sobresalga como un Banco, no pro estadounidense o pro chino, sino pro latinoamericano, permitiendo una convergencia entre la globalización y la regionalización a la hora de perseguir el desarrollo.

Finalmente, en términos de las cualidades que debería tener la persona designada para la presidencia del BID, esta es una gran oportunidad para que una mujer latinoamericana se encargue del liderazgo de la institución. 

De hecho, el nombre de tres mujeres latinoamericanas comienza a resonar como potenciales candidatas. Entre ellas: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; y  Alicia Bárcena, jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En este sentido, algunos aspectos son clave: 1) que la persona cuente con una formación y experiencia destacadas y una propuesta de modernización efectiva del Banco con un énfasis en las cuestiones sociales y ambientales; 2) que adopte  un claro y expreso compromiso por el multilateralismo y la reivindicación de la legitimidad del cargo presidencial; y 3) que cumpla con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en el accionar de la Institución. 

Más información

Autora

Victoria Márquez

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

,

Proyectos financiados por el BID durante la pandemia en Latinoamérica ¿riesgos y beneficios para quién?

El día 16 de junio participamos del WEBINAR en el que se presentó el documento: “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quien?”, creado en colaboración con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Fundeps.   

Es de amplio conocimiento que los Bancos Multilaterales de desarrollo tienen  un rol fundamental en la respuesta y recuperación al COVID – 19, esto es debido a su capacidad de rápida movilización de financiamiento para apoyar y ayudar a los países a responder a los impactos que ha generado esta situación imprevista. Dentro de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumple un rol clave en este sentido, ya que, en 2020, aprobó 7.9 mil millones y, a junio de 2021, llevaba aprobados 597.6 mil millones de dólares.

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos relacionados con temáticas de salud, como de menor riesgo de daño ambiental y social, por lo que la aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho de que muchos de los proyectos fueron aprobados con una modalidad de desembolso rápido o fast track, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social.

Sin embargo, los hallazgos del informe presentado demuestran que la implementación de este tipo de proyectos de salud y otros en el contexto de la pandemia, tienen un riesgo significativo de daño, especialmente, cuando los grupos más susceptibles de contraer COVID-19, quedan excluidos del acceso a los beneficios del proyecto. El contexto de crisis preocupa por la tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a flexibilizar los parámetros ambientales y sociales en pos de respuestas rápidas.

El documento presenta seis recomendaciones resultantes del análisis de la situación latinoamericana post-pandemia. Estas enfatizan la importancia de tener en consideración a los grupos marginados, como aquellos más susceptibles de ser afectados y relegados en una situación de crisis, y destacan la necesidad de transparencia y evaluación de riesgos para evitar que se perpetúen las medidas extraordinarias que restringen el espacio público.

Dentro de este marco, el webinar tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre los principales hallazgos en relación a los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales de las inversiones del BID,  aprobadas durante la pandemia por COVID-19.

Desde Fundeps impulsamos la aplicación de los marcos normativos socioambientales, los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la información en los proyectos vinculados al financiamiento para el desarrollo, incluso (y más aún), cuando los mismos se dan en un contexto extraordinario de pandemia.

 

Ver Informe

Más información

Autoras

  • Lourdes Alvarez Romagnoli
  • Valentina Rasso

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

,

Túnel Internacional de Agua Negra: Beneficios y preocupaciones en torno a una obra estratégica en la integración entre Argentina y Chile

El presente informe tiene como objetivo llevar adelante un abordaje integral y en profundidad sobre el proyecto del Túnel Internacional de Agua Negra (TIAN) entre Argentina y Chile, incluyendo sus dimensiones técnicas, estratégicas, políticas, económicas, sociales y ambientales.

Descargar Documento / Download File
,

Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo

La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada.  A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su PAI que fue suspendido meses después y todavía no se ha reactivado. En dicho proceso, el Banco puso a consideración de la sociedad civil y demás partes interesadas el perfil pretendido para su nueva política, en el que se destacan 22 brechas a mejorar en materia de acceso a la información.

El presente documento tiene como objeto analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente, el proceso de revisión iniciado y suspendido, y el perfil de política pretendido. Se identifican sus falencias y se las analiza con una mirada crítica a fin de realizar recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta garantice el derecho de acceso a la información.

Descargar Documento / Download File
,

Enviamos observaciones al BID para fortalecer su vínculo con la sociedad civil

En el marco del proceso de revisión del segundo Plan de Acción del Grupo BID-Sociedad Civil (2022-2024), más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Presidente del BID,Claver-Carone, con observaciones y recomendaciones para fortalecer la relación del BID con sociedad civil y comunidades afectadas.

Si bien celebramos el hecho de que el BID revise el Plan de Acción para fortalecer la relación con la sociedad civil y las comunidades afectadas, creemos que la forma en que se está estructurando la revisión inhibe la participación de la sociedad civil en el proceso. Por este motivo las recomendaciones enviadas al Presidente y su Secretaría Ejecutiva, se orientan en 2 sentidos:

  • Por un lado, se solicita al Banco que proporcione espacios específicos e información completa y accesible para que la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas,comunidades locales, personas afectadas por los proyectos del Grupo BID (comprendidos los solicitantes del MICI) y organizaciones críticas al BID puedan participar e involucrarse efectivamente. En este sentido, resulta fundamental que las agendas comiencen a ser construidas de forma participativa, que las invitaciones a las consultas sean al menos con 30 días de anticipación y que incluyan una amplia gama de partes interesadas. También se torna necesario la optimización y ajuste de los procesos de consultas públicas ya que actualmente son excesivamente rígidos y no propician una discusión significativa ni directa entre las partes, generando finalmente insumos poco productivos que continúan debilitando la transparencia y rendición de cuentas en el Banco. 
  • Por otro lado, se enfatiza que luego de la consulta o diálogo,el BID debe garantizar la comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y proporcionar información sobre cómo sus aportes influyeron en las decisiones tomadas.

Creemos que el compromiso del Grupo BID con la sociedad civil y las comunidades

afectadas ha sido y sigue siendo preocupantemente débil en comparación con otras instituciones pares.El presidente del BID tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un banco más responsable y debe fomentar una cultura institucional en la que se  acepte que el Banco comete errores y sea más receptivo no sólo a las interacciones y críticas constructivas de los actores externos, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas, sino también a sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Para acceder a la carta completa enviada al BID acceda aquí

Más información:

Autora

Camila Victoria Bocco

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

,

La sociedad civil responde a la evaluación del MICI

El pasado abril de 2021, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) publicó la Evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Posterior a la evaluación, el MICI ha modificado su política excluyendo la claúsula que evita el registro de quejas que forman parte de procesos judiciales nacionales abiertos. 

La evaluación llevada a cabo intentó determinar si el MICI es efectivo y eficiente en tres áreas: (1) la resolución de quejas, (2) la promoción de aprendizaje institucional, (3) accesibilidad, independencia objetiva, imparcialidad y transparencia. Finalmente, OVE hizo 5 recomendaciones generales sobre cómo el Directorio, el Banco y el MICI pueden mejorar la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales del BID.  

En general, el documento identificó elementos que impiden el funcionamiento efectivo del MICI, incluyendo barreras de accesibilidad, limitaciones innecesarias a su independencia y una falta sistémica de remediación por parte del Grupo BID cuando los proyectos no cumplen con las salvaguardas. Fundeps junto con otras organizaciones de la sociedad civil, decidimos publicar una respuesta y enviar recomendaciones/comentarios al MICI. 

A continuación, resumimos nuestros puntos de discusión y preocupación para cada una de las recomendaciones realizadas por OVE:

Recomendación #1 – Implementar y mejorar el sistema de gestión del Banco para los reclamos ambientales y sociales: Estamos de acuerdo con los hallazgos de OVE que demuestran que el requerimiento para que las comunidades hagan esfuerzos de contacto previo con la Administración, es una barrera problemática para el acceso al MICI. Las personas afectadas que presentan quejas al MICI han experimentado de primera mano la inefectividad de presentar ciertos reclamos a la Administración. No obstante, la propuesta de OVE para establecer un mecanismo propio de la Administración del Banco es una medida que consideramos incompleta. Para asegurar la efectividad del mecanismo y del Banco, lo mejor sería remover el requerimiento para que las comunidades primero se contacten con la Administración. 

Recomendación # 2 – Derogar la exclusión legal: Los hallazgos del reporte sobre la impropiedad de la exclusión legal, y su severa restricción a la accesibilidad, son claros. Aplaudimos al reporte por mencionar que la exclusión legal debe ser eliminada. El rol de un mecanismo de rendición de cuentas dentro de una institución es único y diferente a los procedimientos judiciales. Un mecanismo debiera examinar el cumplimiento de los propios estándares de la institución, un mandato que no se superpone con las cortes o tribunales judiciales. Con la aprobación de la Evaluación de OVE por parte del Directorio, la decisión de eliminar la exclusión legal se hace efectiva a partir del 1 de julio de 2021. Sin embargo, la resolución que aprueba la eliminación de la exclusión legal debería ser publicitada o publicada para asegurar que sea ampliamente conocida la decisión de remover este requisito. 

Recomendación #3 – Reforzar la independencia del MICI: La importancia de la independencia del MICI, así como con otros mecanismos de rendición de cuentas, no puede ser lo suficientemente resaltada. La independencia es una condición esencial para otros atributos como la objetividad, imparcialidad, y transparencia. El reporte encuentra a la necesidad del MICI de asegurar la aprobación del Directorio del Banco antes de comenzar las investigaciones, como un gran problema que ha generado “situaciones que comprometen la independencia del mecanismo”. Desde la sociedad civil consideramos que para asegurar su independencia, el MICI debería tener la autoridad para determinar cuándo iniciar una investigación sin aprobación del Directorio. Ésta es una buena práctica que, como es notado por el reporte, es adherida por muchos otros mecanismos. Como una alternativa a la política actual, para mitigar el efecto perjudicial en la independencia del MICI, la política debería ser actualizada delineando específica y estrechamente los motivos técnicos para que el Directorio revise la decisión del MICI de iniciar una investigación

Recomendación #4 – Asegurar la acción correctiva cuando hay hallazgos de incumplimiento y daño asociados:  La Evaluación claramente declaró la falta de remedio para casos de verificación de la observancia siendo que “no han tenido resultados concretos para los solicitantes, a pesar de los hallazgos de incumplimiento y daños relacionados  establecidos por el MICI”. Esto lo hemos visto en nuestro trabajo de casos. La recomendación de la Evaluación para que todos los actores -el Directorio, la Administración y el MICI- adhieran a la práctica de consistentemente proveer acciones correctivas, es un paso en la dirección adecuada. No obstante, este resultado se conseguiría de mejor manera con un cambio claro en la política que incluya puntos como: (a) Consultas durante el desarrollo de planes de acción correctivos, (b) aprobación de los planes de acción con base en su suficiencia, (c) monitoreo de cumplimiento de los planes de acción, y (d) alertar al Directorio en casos de incumplimiento de los planes.  Finalmente, mientras que la evaluación de OVE documenta múltiples instancias en las que las comunidades han quedado sin remedio, a pesar que los reportes de verificación de la observancia han encontrado una causa del daño en el incumplimiento del Banco, lamentablemente no se provee ninguna recomendación para estas comunidades.

Recomendación #5 – Fortalecer la capacidad interna del MICI: Uno de los focos de la Evaluación del MICI sobre su funcionamiento interno es la dependencia del modelo de consultores para el personal. La importancia del personal del MICI con relación a su efectividad para resolver reclamos es evidente. El Banco debería comprometerse a proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar este cambio y evitar que la falta de recursos humanos se traduzca en demoras durante los procesos de queja. El Banco debería asegurar además, el incremento de su capacidad en términos de recursos como sea necesario. 

Ahora bien, desde la sociedad civil consideramos que las consultas públicas e inclusivas son requeridas para la implementación de todas las recomendaciones. De igual manera, creemos que la implementación de estas recomendaciones requerirá cambios a la política del MICI. Los pasos que se tomen para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y la rendición de cuentas en casos de incumplimiento, deben ser informados por aquellas personas afectadas por los proyectos (quienes viven y trabajan en los sitios de implementación). Para escuchar a quienes han sido afectados y sus representantes, el BID y el MICI deberían consultar públicamente acerca de sus planes para implementar las recomendaciones de OVE. 

El MICI juega un rol fundamental dentro del BID, proveyendo un canal para que las personas afectadas por los proyectos, beneficiarias del trabajo del Banco, eleven sus reclamos en búsqueda de remediación. Sin embargo, como la Evaluación de OVE deja en claro, existen brechas en las prácticas actuales del MICI -y las prácticas relacionadas del Directorio y la Administración- que previenen la efectividad del mecanismo. Para asegurar la legitimidad del MICI, el Banco tiene que actuar para abordar estos problemas completamente. 

 

Más información:

Evaluación interna del BID plantea la necesidad de reformas en el funcionamiento del MICI

Autora: 

Agustina Palencia

Contacto:

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

,

Evaluación interna del BID plantea la necesidad de reformas en el funcionamiento del MICI

El pasado 1 de abril, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) presentó un informe de evaluación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) correspondiente al período 2015-2020. La evaluación examinó la política del Mecanismo y la aplicación de la misma, con el objetivo de informar a los Directorios del BID y de BID Invest sobre la medida en la que el MICI ha sido un mecanismo efectivo y eficiente en la resolución de reclamos asociados a impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el Banco.

En su informe la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) determinó que la actual política del MICI corrigió importantes temas identificados en su evaluación pasada de 2012. Entre los principales avances, destacó la solución a los problemas de rendición de cuentas y conflictos de interés asociados a la estructura organizacional previa, así como los problemas de duplicación de la instancia de elegibilidad; el establecimiento de plazos para la gestión de las solicitudes; y la creación de instancias para la participación de la administración. Asimismo, destacó una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. 

La evaluación también resaltó los avances que se dieron en el funcionamiento interno del MICI, producto de la reestructuración del mecanismo, así como del proceso de consolidación y aprendizaje institucional. El mecanismo ha logrado definir su plan de trabajo y gestionar sus recursos humanos y presupuestarios con independencia de la administración del Grupo BID.

Sin embargo, la exclusión judicial, un tema clave, quedó pendiente. La misma es una de las excepciones de la política interna a la elegibilidad de solicitudes y establece que no son elegibles aquellos asuntos planteados en una solicitud que estén siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales en un país miembro del Grupo BID. 

 Si bien la exclusión judicial fue identificada por OVE en 2012 como un factor limitante para el funcionamiento efectivo e independiente del MICI, se mantuvo en la política reformulada en 2014. Asimismo, existen otras limitaciones que han surgido en la aplicación de la política en los últimos 5 años pero que, en gran medida, han sido solventadas por el MICI. Esto evidencia que existe suficiente margen para que el mecanismo gestione las limitaciones de la actual política.

Acceso al MICI

En cuanto al acceso al mecanismo, OVE identificó que el MICI no es aún muy conocido entre solicitantes. Dando cuenta de que entre los diferentes niveles institucionales hay una falta de consenso  sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo  y la forma de lograrlo. Cuestión que no debe ser pasada por alto, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por su parte, quienes lograban acceder al MICI se encontraban con que sus solicitudes no quedaban registradas debido a la dificultad para cumplir con algunos requisitos. Al respecto, el Grupo BID no cuenta con un sistema de gestión de reclamos  lo que imposibilita conocer la cantidad de inquietudes que recibe la administración. 

Gestión de casos

Respecto a la gestión de casos, si bien el MICI se encuentra operando en conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia; ve afectada su capacidad para actuar de manera independiente a raíz de la sujeción a las decisiones del Directorio Ejecutivo.  

De acuerdo con su política, el Directorio controla la posibilidad de iniciar una investigación en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO) y decide si se aprueban o no las recomendaciones de una investigación del MICI. Originalmente, la aprobación del Directorio para continuar con una investigación se pensó como un procedimiento corto pero ha llegado a conformarse como un procedimiento contencioso afectando la independencia del MICI.

Por último, muchas investigaciones en curso han presentado demoras vinculadas con la complejidad de los proyectos y temáticas. También se presentaron quejas por parte de los solicitantes sobre la extensión y lentitud de los procesos en la Fase de Verificación de la Observancia (FVO), lo que disminuye las posibilidades de reparación efectiva. 

Recomendaciones

Luego de identificar las principales dificultades en el actual funcionamiento del mecanismo, OVE propuso una serie de recomendaciones a adoptar por parte del MICI. Entre las principales se destacan, en primer lugar, dejar sin efecto la exclusión judicial, y fortalecer sus capacidades internas.  A su vez, OVE destacó la necesidad de reforzar la independencia del mecanismo y asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados. 

Recordando que uno de los objetivos principales del Grupo BID es la mejora en la calidad de vida en la región, el monitoreo de su política se conforma como una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas socioambientales y de transparencia en el desarrollo de los proyectos financiados. De aplicarse las recomendaciones elaboradas por OVE implicaría una declaración de compromiso por parte de MICI para con las personas usuarias, quienes entre otros reclamos, han insistido sistemáticamente por una mejora en las condiciones para acceder al mecanismo. 

A partir de esta evaluación, cabría preguntarse si las limitaciones de la actual política pueden rectificarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, medida que se encuentra descartada por OVE hasta el momento.

Desde Fundeps, consideramos que aún quedan muchos obstáculos por superar para garantizar una actuación efectiva e independiente del mecanismo, especialmente lo referido a la necesidad de dejar sin efecto la exclusión judicial. No obstante, resaltamos la importancia de este tipo de instancias beneficiosas tanto para el sector público como privado, y especialmente, para las comunidades afectadas por las inversiones del Grupo BID. 

Más información: 

Autoras:

Clara Labat 

Julieta Boretti

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

,

Participamos en un conversatorio con la nueva directora del MICI, Andrea Repetto

El pasado 27 de abril participamos de un conversatorio con sociedad civil organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con motivo de la reciente asunción de su nueva directora, Andrea Repetto. Participaron organizaciones de la sociedad civil, individuos y personas del sector público y académico de diferentes países. Uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la evaluación del funcionamiento del Mecanismo recientemente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Grupo BID.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) fue establecido en 2010 como una instancia de último recurso para que personas que se consideren afectadas por proyectos financiadas por el Grupo BID puedan acudir al mecanismo en busca de una solución. En este sentido, cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

Al inicio del conversatorio, la nueva directora se introdujo personalmente, realizó  una revisión de los hechos más destacados del 2020  e indicó cuáles serán las prioridades del mecanismo durante 2021.

Manejo de casos en épocas de COVID-19 y prioridades en la gestión durante 2021

En 2020, el MICI adoptó acciones para mitigar los impactos de la pandemia en la gestión de reclamos. Gestionó un total de 21 reclamos de comunidades potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID en 9 países: 17 reclamos se refieren a proyectos del BID con el sector público y cuatro a operaciones de BID Invest, con el sector privado. Además, el MICI empezó, por primera vez, un proceso de resolución de disputas de forma totalmente remota en Colombia (Ruta del Cacao).

Análogamente, con la reciente asunción de Repetto como directora, se identificaron 2 áreas prioritarias durante 2021: por un lado, la apertura del mecanismo, buscando que este sea más accesible para las comunidades que lo necesitan y, por otro, el aprendizaje institucional, con el objetivo de aportar más valor al Grupo BID y reforzar su rendición de cuentas y la sustentabilidad.

Evaluación del MICI por parte de la OVE 

La OVE realizó en 2012 una primera evaluación del MICI e identificó problemas significativos en términos de su política, estructura y funcionamiento, recomendando poner fin a la fase piloto del MICI y reformular su política y estructura. Así, en diciembre de 2014 el Directorio del Banco aprobó una nueva política y estructura para el mecanismo y desde inicios de 2016 el MICI también es responsable de gestionar las solicitudes relacionadas con operaciones del BID Invest, es decir, del sector privado. 

En la  siguiente evaluación (2015-2020) se analizaron 19 casos (entre diciembre 2014 – junio 2020) y se llegó a la conclusión que el MICI, en general, está operando de conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y que  la actual política corrigió importantes temas identificados por OVE en su evaluación de 2012 como limitantes del buen funcionamiento del MICI. De igual forma, se registró una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. OVE también destacó la consolidación de capacidades en materia de resolución de conflictos al interior del MICI. 

Sin embargo, aún hay espacio para que el MICI profundice sus esfuerzos con miras a maximizar su contribución al sistema de salvaguardias y estándares ambientales y sociales del Grupo BID.

Un tema clave que quedó pendiente es la exclusión judicial, que sigue siendo un importante factor que limita el funcionamiento efectivo y eficiente del MICI.  

OVE también encontró que algunos requisitos para poder acceder al mecanismo son difíciles de cumplir para los solicitantes, tal como la necesidad de presentar sus inquietudes a la administración antes  de  recurrir  al  MICI.  A este respecto, cabe mencionar que la dificultad  de  cumplir  con  el  requisito  de  contacto previo con la administración tuvo que ver, en gran medida, con  la  falta  de  un  sistema  de  gestión  de  reclamos  al  interior  del Grupo  BID  durante  el  periodo  bajo  evaluación (2015-2020) y hacia ese objetivo apunta una de las recomendaciones de la evaluación de OVE. 

Promoción de acceso y riesgo de represalias

OVE indicó  que el mecanismo no es aún muy conocido a pesar de los importantes esfuerzos del MICI por darlo a conocer, incluyendo un importante trabajo en el ámbito de atención al riesgo de represalias que tiene implicaciones importantes para el acceso seguro al mecanismo. Tampoco queda claro que a nivel institucional exista consenso sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo y la forma de lograrlo. Cuestión no menor, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por último, otro punto que la evaluación señala que se debe fortalecer es la independencia del mecanismo, cuestión fundamental ya que la credibilidad del mecanismo depende de su capacidad de trabajar de manera independiente. Si bien el MICI es un brazo del Directorio, su valor agregado depende de la medida en que pueda presentarle informes francos y honestos sobre los reclamos asociados a los proyectos del Grupo BID.

A partir de estas y otras observaciones, OVE realizó 5 recomendaciones, dirigidas tanto al MICI como a la administración y a los Directorios del Grupo BID. Estas incluyen: 1) implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, 2) dejar sin efecto la exclusión judicial, 3) reforzar la independencia del MICI, 4) asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados y, por último, 5) fortalecer las capacidades internas del MICI.

Cabría preguntarse, no obstante, si las limitaciones de la actual política pueden remediarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, una medida que OVE ha descartado en su evaluación.

Desde Fundeps, creemos que este tipo de instancias es fundamental para intercambiar opiniones y posturas en relación a cómo el Mecanismo pudiera ser aún más eficiente y efectivo en sus intervenciones a las problemáticas que se presentan en nuestra región. Asimismo, consideramos que un robustecimiento del mecanismo, se traduce en una mejora del  sistema de rendición de cuentas del Grupo BID en su conjunto.

 Esperamos que se sigan repitiendo estas instancias con el transcurrir del tiempo y celebramos que el MICI esté dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo, siendo capaz de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener. 

Más información
Autora
  • Camila Victoria Bocco
Contacto
,

Andrea Repetto Vargas inició funciones como nueva directora del MICI

Andrea Repetto ha sido nombrada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para el periodo 2021–2026 e inició funciones el pasado 16 de marzo de 2021.

El pasado 5 de febrero, el BID comunicó el nombramiento de la chilena Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI para el periodo 2021–2026.  Repetto Vargas  es abogada y cuenta con más de 15 años de experiencia en  mecanismos de rendición de cuentas, promoción de derechos humanos y mediación. Fue Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó como especialista en resolución de conflictos para la CAO, el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial. También ha dirigido procesos de mediación y diálogo para abordar complejos problemas de proyectos ambientales y sociales en América Latina y África del Oeste. 

Al asumir el cargo el pasado 16 de marzo, Repetto Vargas manifestó su compromiso de trabajar por un MICI «aún más abierto a todas las personas y comunidades de la región que nos necesiten» enfatizando su voluntad de «potenciar el aprendizaje institucional, que permita aportar aún más valor a la institución y reforzar así la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos del Grupo BID». A su vez, destacó el trabajo realizado por la directora saliente, Victoria Márquez-Mees, y de todo su equipo señalando que permitió robustecer el Mecanismo y posicionarlo como referente. 

Desde Fundeps saludamos la designación de Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI y esperamos que esta elección permita continuar el proceso de fortalecimiento y difusión del Mecanismo que ha venido teniendo lugar desde su creación en 2010.

Más información

Autora

  • Julieta Boretti

Contacto

,

Se realizó la Asamblea Anual 2021 de Gobernadores del BID y del BID Invest

Entre los días 17 y 21 de marzo se realizó, virtualmente,  la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos líderes económicos y financieros de los países miembros y del sector privado, debatieron sobre la pandemia y la recuperación económica de América Latina y el Caribe.

Cada año, el BID celebra su Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores en uno de los países miembros. Este año, la Asamblea se realizó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y su agenda estuvo atravesada por dos temas centrales: la recuperación económica de América Latina y el Caribe frente a la crisis ocasionada por la pandemia, y la capitalización del Banco.

En primer lugar, el presidente del Banco, Mauricio Claver-Carone, afirmó el compromiso del BID en ayudar a los países a recuperarse de la actual crisis económica, reafirmando el apoyo a las necesidades de financiamiento de los gobiernos y a la asistencia para el acceso y negociación en la compra de vacunas. En base a esto, Claver-Carone apuesta por impulsar la agenda que el Banco bautizó como “Visión 2025”: reinvertir en las Américas, una década de oportunidades”.

Dicha agenda establece cinco áreas en las que el BID se enfocará en nuestra región. Estas áreas son: la integración regional, el fortalecimiento de las cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la economía digital y la priorización de las respuestas a cuestiones de género y cambio climático.

Por otro lado, Claver-Carone hizo hincapié en el trabajo del Grupo BID durante  el 2020, que en respuesta a la emergencia del COVID-19, aprobó préstamos por casi US$24.000 millones, tanto a empresas como a gobiernos, alcanzando niveles récord en el otorgamiento de préstamos. Frente a esto, el presidente se refirió a la capitalización del Banco: “Les pido que reinviertan en nosotros para que podamos reinvertir decididamente en la región (…) La región tendrá un socio comprometido para ayudar a los países a enfrentar estos desafíos históricos y estar bien equipados con los recursos financieros necesarios para marcar una gran diferencia”.

La Asamblea aprobó entonces una resolución que autoriza el trabajo necesario para considerar un potencial aumento de capital de alrededor de US$80.000 millones. Este monto fue autorizado por el Senado de Estados Unidos y  fue descrito por el presidente del Banco como “la capitalización más grande de su historia”. La capitalización es un proceso que aumentará el grado de solvencia y de capacidad de otorgamiento de préstamos del BID. Mediante ésta el capital del Banco se revalorizará y le permitirá hacer frente a su necesidad de atender los problemas de financiamiento de la región.

Por último, Claver-Carone se refirió a la necesidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe y dio a conocer nuevos aportes para la región amazónica entre Colombia y Brasil para promover el desarrollo sostenible a través de un enfoque ambientalista.

Sin dudas, la Asamblea de este año nos deja un claro pronóstico de lo que será el accionar del Grupo BID en nuestra región, atravesado por las necesidades generadas por la pandemia, por una nueva presidencia del Banco y por nuevas agendas a implementar, respaldadas por la nueva capitalización. En ese sentido, vale destacar que este proceso de capitalización debería venir acompañado de una serie de necesarias reformas internas a nivel institucional, que aseguren de manera efectiva una mayor transparencia y protección de derechos sociales y ambientales en los proyectos financiados por el Banco o sus clientes. 

A su vez, se debería fortalecer el proceso de participación ciudadana y de relacionamiento con la sociedad civil. La forma en que están estructurados y planteados espacios como la propia Asamblea de Gobernadores, por ejemplo, reflejan la poca predisposición del Banco a plantear espacios efectivos de intercambio y diálogo con la sociedad civil y las comunidades afectadas. Esperamos que estos sean algunos de los puntos a revisar por parte del Banco en vistas a una eventual capitalización.

Más información

Autora

  • Sofía Armando 

Contacto

,

El BID Invest presentó una versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

Más Información 

Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

,

Género e Instituciones Financieras Internacionales: el caso del Banco Interamericano de Desarrollo

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo sobre la implementación de la Política de Género en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como principal objetivo indagar sobre dicha implementación a partir de las debilidades y fortalezas identificadas en la política de género del Banco, a fin de que continúe avanzando en la incorporación de elementos y herramientas garantes de los derechos de las mujeres y de la diversidad.

Descargar Documento / Download File