Desde Fundeps y Ruido, publicamos el informe Litio y Transparencia en Argentina, una investigación que aborda la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio…
Listado de la etiqueta: Acceso a la Información
A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.
En el mes de marzo daremos inicio al ciclo de talleres “¿Cómo acceder a los derechos ambientales? Acuerdo de Escazú para comunidades”, en el marco del proyecto “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, que tiene por objetivo promover capacidades respecto a los derechos que prevé el Acuerdo en nuestra provincia y fortalecer las herramientas de la comunidad para exigir su aplicación.
A fines del año pasado, desarrollamos la primera etapa del proyecto a través de un monitoreo y diagnóstico del cumplimiento de los derechos previstos en el Acuerdo de Escazú (derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia) en nuestra provincia. Los resultados que obtuvimos despertaron una gran preocupación en torno al acceso limitado, por parte de las comunidades, a los derechos y a las herramientas que el Acuerdo concede.
A partir de lo anterior, el objetivo de esta segunda etapa consiste en avanzar en la promoción y consolidación de capacidades de la comunidad local, a través de un ciclo de talleres de empoderamiento sobre las herramientas que brinda este acuerdo, el cual fue incorporado a nuestra legislación. En ese marco, desarrollaremos cuatro talleres en distintas localidades estratégicas de la provincia, con el siguiente cronograma:
- Alta Gracia: 18 de marzo – 9 a 12h (Club Central – San Martin 160)
- Villa María: 31 de marzo – 17 a 20h (Universidad Nacional de Villa María – Arturo Jauretche 1555 (Campus) – Aula de posgrado)
- Cosquín: 15 de abril – 9 a 12h – (Sociedad Española – J. C. Gerónico 937)
- Córdoba: 28 de abril – 17 a 20h (en el Anfiteatro de la Universidad Siglo 21 – Ituzaingó 484, Nueva Córdoba)
El contenido de los encuentros se presenta en 2 grandes módulos:
- en el primero se abordan los conflictos ambientales y nociones esenciales del derecho humano a un ambiente sano y la política ambiental;
- mientras que en el segundo se profundiza en el Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia.
La disertante será la abogada y docente universitaria María Laura Foradori, quien, además, es especialista en educación ambiental y magister en ambiente y desarrollo sustentable, integrante de ACACIA, una red de abogadas ambientalistas.
Consideramos que estos encuentros son muy importantes para la construcción de redes y saberes colectivos desde los territorios en lucha frente a los conflictos ambientales de nuestra provincia. ¡Esperamos que todas las personas interesadas puedan sumarse!
INSCRIPCIONES ACÁ
Esta actividad cuenta con el acompañamiento de:
Mesa por el Agua y el Ambiente Alta Gracia – Feria Agroecológica Córdoba – Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (Fuera Porta) – Vecinos autoconvocados por la salud y el ambiente Marcos Juárez – ACACIA Derecho Ambiental – RACC (Red de Abogacía Comunitaria) – Legal Empowerment Fund – Universidad Villa María – Universidad Siglo 21
Más Información
- ACUERDO DE ESCAZÚ: Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales
- Preguntas y respuestas sobre Acceso a la Información Ambiental
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.
En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”.
Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.
Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.
Más información:
Autora
Maitén de los Milagros Fuma
Contacto
María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.
El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.
En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la región, enviamos un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.
Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan, las siguientes:
- Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
- Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
- Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos.
- Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
- Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación.
- Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción.
- Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
- Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados.
Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.
Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia.
Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí
Más información
- Recomendaciones y comentarios de Sociedad Civil al Borrador de la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2022
- BID inició consulta pública para la nueva Política de Acceso a la Información – Fundeps
- Propuesta de nueva Política de Acceso a Información – BID
- Plan de Consulta– BID
Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El cambio climático es el principal desafío y amenaza en el siglo XXI. Desde Fundeps realizamos un relevamiento y análisis de los fenómenos climáticos ocurridos en Córdoba entre 2000 y 2020, los resultados obtenidos son realmente alarmantes. Las autoridades deben avanzar de modo urgente en el diseño de políticas públicas tendientes a prevenir y afrontar la crisis climática.
El cambio climático afecta sin diferenciar a la población en general, sin embargo las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas que viven en condiciones de pobreza, niñes y adolescentes, personas en situación de discapacidad, mujeres y diversidades sexogenéricas, se ven afectadas de manera diferenciada profundizando las desigualdades estructurales existentes.
Desde Fundeps llevamos adelante la recopilación y análisis de modo integral de los diversos fenómenos climáticos ocurridos entre el año 2000 y 2020 en la provincia de Córdoba. A partir de este diagnóstico pudimos identificar que los fenómenos climáticos son cíclicos y que año a año se profundizan. El cambio climático suele percibirse como algo abstracto y lejano, contrario a esta percepción generalizada, muestra lo concreto, cercano y lo graves que resultan los efectos del fenómeno. También permite descifrar la línea de (in)acción trazada desde el Estado. Incendios, tornados, inundaciones, sequías, temporales de granizo y olas de calor son algunos de los fenómenos que padecemos y que se agravan año a año y además que tienen severas consecuencias para las comunidades. Estos deben ser abordados como parte de un fenómeno integral y no como problemáticas aisladas y de forma tardía.
Existen en la provincia ciertas políticas destinadas a la promoción de prácticas sostenibles.Sin embargo no se trata de acciones tendientes a mitigar de un modo significativo las causas, ni de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Ante la ocurrencia de estos fenómenos las respuestas por parte del Estado siempre son tardías, ineficientes o desde una perspectiva de contingencia.
Consideramos que si Córdoba desea hacer frente de un modo responsable a la crisis climática debe plantear estrategias participativas urgentes a mediano-largo plazo. Para ello debe tomar en consideración los efectos acumulativos de esta consecución de fenómenos de comportamiento errático, garantizando el acceso a elementos básicos para la supervivencia, como el agua y los alimentos de calidad.
Además, es necesario y urgente concentrar esfuerzos en el diseño e implementación de políticas públicas que partan de una adecuada identificación de las condiciones de vulnerabilidad estructural de la que parten algunos sectores de la sociedad. Las acciones del Estado deben focalizarse en disminuir/eliminar esas condiciones estructurales. Sobre esa base equitativa se deben diseñar acciones de mitigación y adaptación.
El Plan de Respuesta Climática que exige la Ley 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, surge como un instrumento fundamental para dar respuesta al fenómeno. Recordemos que según el art. 20 , cada provincia debe diseñar este “plan de respuesta” que contenga información sobre los gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad y capacidad de adaptación de las comunidades, metas en torno a mitigación de gases y a medidas de adaptación, hoja de ruta de cada medida a adoptar, entre otros componentes. El plazo de cumplimiento, de acuerdo a la normativa, vencería el 18 de diciembre de 2023, aunque puede presentarse con anterioridad.
El diagnóstico realizado permite afirmar que el cambio climático en Córdoba no es una amenaza lejana, sino desde hace tiempo una vivencia cotidiana que se agravará si no se adoptan medidas adecuadas.
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Este resumen plasma los principales datos relevados y sistematizados a partir de la realización de un diagnóstico de fenómenos climáticos en la Provincia de Córdoba entre los años 2000 a 2020.
El presente trabajo pretende relevar los fenómenos climáticos ocurridos a lo largo de los años 2000 a 2020 en la provincia de Córdoba y con base en ello, visibilizar la realidad local y los graves impactos del cambio climático año tras año, como así también las políticas públicas existentes a la fecha.
El pasado jueves 17 de noviembre realizamos un encuentro sobre la actual gestión de los programas alimentarios para comedores escolares en las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y Buenos Aires. Se hizo especial énfasis en los sistemas de compras de alimentos y en la necesidad de garantizar la efectiva aplicación de la ley N 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS) en el marco de los programas de asistencia escolar de cada una de esas provincias. El evento fue organizado desde Fundeps, Nuestra Mendoza, Andhes, Salta Transparente, el Centro de Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC) y contó, además, con el apoyo de SANAR.
Del encuentro participaron, además de referentes de las organizaciones de la sociedad civil anteriormente mencionadas: Claudia Oliva y Victoria Lo Valvo, Directora General del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.Cor) y Directora de Asuntos Legales de la Dirección General de Compras de Córdoba; Franco Pullido y Gabriel Sciola, Director de Alimentación Escolar de Mendoza y Subsecretario de Administración de la Dirección General de Escuelas de Mendoza y Matías Molina, Director General de Seguimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios de la provincia de Salta.
En un primer momento se abordaron, a través de una dinámica participativa, las diferentes representaciones e imágenes sociales vinculadas a las enfermedades crónicas no transmisibles y, específicamente, a la malnutrición por exceso y la comúnmente conocida “ley de etiquetado”. Luego se describieron los diferentes componentes de dicha ley y, finalmente, se profundizó en las disposiciones vinculadas a las compras públicas para comedores escolares.
Se destacó que, al tratarse de compras destinadas a los establecimientos educativos, éstas debían garantizar que no ingresaran productos con sellos negro a las escuelas, ya sea que se tratara de productos ya envasados o de los ingredientes empleados para la elaboración de las viandas. Ello, dado que los productos con al menos un sello o leyenda precautoria no se pueden ofrecer, comercializar, promocionar, publicitar ni patrocinar dentro de las escuelas, en virtud del art 12 de la ley PAS.
En un segundo momento, se le dio la palabra a cada una de las personas referentes de las provincias, autoridades en el caso de que estuvieran o de ONG, para que comentaran cómo era la gestión de los programas alimentarios en cada una de ellas, cómo se decidían las compras de alimentos, con qué criterio nutricional, si esta información era accesible a la ciudadanía, todo ello con el objetivo de ir identificando algunos puntos en común y ventanas de oportunidades para la efectiva aplicación de la ley PAS.
A modo de conclusión, cada asistente identificó oportunidades, desafíos y posibilidades de articulación entre la sociedad civil y los organismos del Estado involucrados.
Autoras
Maria Victoria Sibilla
Maga Merlo
Contacto
Maria Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en agosto la apertura del proceso de consulta pública para recibir insumos sobre la propuesta de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI). Dicho proceso tendrá una duración de 150 días y contemplará consultas asincrónicas e intercambios directos.
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales instituciones multilaterales que financia proyectos en gran parte de los países latinoamericanos. En el ámbito de trabajo del BID, la transparencia y la integridad resultan fundamentales. Es en esta esfera donde se promueven reformas que buscan mejorar la calidad de la normativa y de las instituciones, como también, ampliar el acceso a la información.
En este sentido, el BID anunció una nueva Propuesta de Política de Acceso a Información, que reemplazará la actual Política de Acceso a la Información del Banco, vigente desde el año 2011. Es en torno a este nuevo borrador, que se realiza la consulta pública, la cuál fue lanzada el 29 de agosto del corriente año y tendrá una duración de 150 días.
El objetivo de la consulta pública radica en la posibilidad de recibir, ya sea de forma escrita o verbal, opiniones e insumos de aquellas partes que quieran contribuir a enriquecer la calidad del documento y la comprensión de la organización sobre las perspectivas y percepciones de les diversos actores de la sociedad civil respecto al acceso a la información en las actividades del Banco en la región.
El período de tiempo estipulado por el procedimiento está dividido en tres fases. En un primer momento, en el mes de septiembre, se establecieron tres diálogos sincrónicos virtuales (en inglés, español y portugues), lo que le permitirá al Banco recoger pareceres e identificar nuevos referentes que puedan enriquecer la nueva PAI. A partir de octubre, inició la segunda parte del procedimiento, hablamos de la fase de consulta asincrónica, que estará disponible por un período de 90 días, en donde se buscará fortalecer la versión final del documento de la nueva PAI. También se realizarán reuniones presenciales en Costa Rica (25 de octubre), Uruguay (15 de Noviembre) y en un país del Caribe aún no definido (3 de noviembre). En principio, para participar de las instancias de consulta virtual será necesario el registro previo en la Plataforma Virtual para Procesos de Consultas Públicas y solicitar acceso a la consulta. Por último, con respecto a la tercera fase, la misma tiene estipulada una duración de 30 días durante todo el mes de marzo y busca informar a las personas participantes sobre el cierre del proceso de consulta y de los insumos recibidos y considerados, tanto los que fueron incluidos como los que no fueron incluidos en la versión final de la política aprobada por el Directorio Ejecutivo.
Dado que uno de nuestros principales pilares de trabajo se basa en la transparencia, hemos enviado una carta, junto a otras organizaciones de la sociedad civil regionales, detallando nuestras preocupaciones y recomendaciones para fortalecer y perfeccionar el proceso de consulta. Las mismas se encuentran estructuradas en siete grandes pilares, entre los cuales podemos mencionar: actualizar y organizar la información respecto del proceso de consulta en un solo lugar en la página web del BID para garantizar que todas las partes interesadas y comunidades afectadas se encuentren efectivamente informadas; incorporar un período público de 30 días para enviar comentarios y recomendaciones a un segundo borrador de la PAI; solicitar proactivamente la opinión de las partes interesadas para facilitar su participación en los procesos de consulta, de manera que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar forma al debate; eliminar las barreras que existen en el plan de consulta para garantizar una participación efectiva, barreras que giran en torno, sobretodo, a la plataforma electrónica, la cual es condición para poder participar de ésta instancia; confirmar y difundir con anticipación el calendario con las fechas y lugares de las consultas presenciales planificadas para la segunda fase; abrir una instancia de comentarios públicos para las directrices de implementación de la futura PAI; y, por último, reunirse con sociedad civil en la Reunión Anual del Grupo BID en Panamá 2023.
De esta forma, esperamos poder colaborar con la administración del BID para asegurar que el proceso de consulta sea realmente provechoso y participativo y que permita fortalecer y perfeccionar la nueva Política de Acceso de Información del Banco.
Para acceder al borrador de la nueva política que está siendo sometido a consulta pública ingrese aquí. Los comentarios y sugerencias al borrador pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: consultapai@iadb.org
Más información:
Autora
Valentina Rasso
Contacto
Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org
En el marco del actual proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del BID, Fundeps, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista realizaron, el pasado 29 de septiembre, el webinar “Revisión de la Política de Acceso a la Información del BID. Una oportunidad para mejorar la transparencia del Banco”. En el evento se debatió sobre las falencias de la actual política en revisión, las dificultades en su implementación y las prioridades en torno al proceso de consulta pública en curso.
La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada. Data de 2010 y su entrada en vigencia tiene como fecha 2011. Hasta el momento no ha sido modificada, pese a que el contexto actual dista mucho en cuanto a los derechos adquiridos por las personas a partir de los avances normativos en materia de participación ciudadana y al acceso a la información y la Justicia. A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su Política de Acceso a la Información que fue suspendido meses después y, recientemente, se ha reactivado.
En este contexto resulta preciso subrayar que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, en tanto condición necesaria para que las personas, comunidades y organizaciones puedan informarse y participar activamente de los procesos de toma de decisiones, a la vez que es un pilar de la transparencia y rendición de cuentas.
Partiendo de lo anterior, el webinar se estructuró en 3 momentos principales: para comenzar, se presentó el informe “Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”, elaborado de forma conjunta por las 3 organizaciones arriba mencionadas, que tiene como objetivo analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente y las dificultades en su implementación, el proceso de revisión iniciado y el perfil de política pretendido. Asimismo, se identificaron sus falencias y recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta efectivamente garantice el derecho de acceso a la información. En segundo lugar, se enfatizó en el estado de situación actual del proceso de revisión de la PAI. Por último, desde la organización chilena Sustentarse comentaron experiencias y casos prácticos en Latinoamérica en los que es posible percibir las falencias que aún conserva el BID en materia de acceso a la información. El webinar finalizó con preguntas y reflexiones de las personas que expusieron y asistieron al evento.
Para ver el webinar grabado, accedé aquí
Más información
- Política de Acceso a la Información de 2011 – BID
- Participamos de la consulta pública sobre la revisión de la política de acceso a la información del BID – Fundeps
- Presentación conjunta sobre el perfil de la política de acceso a la información del BID – Fundeps
- El BID actualizará su política de acceso a la información en 2020 – Fundeps
- Plan de Consulta- BID
- Actualización de la Política de Acceso a la Información- BID
- Informe “Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”
Autora
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El programa Integral de Infraestructura Gasífera – o el programa de Gasoductos Troncales – impulsado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, llegó a su fin en el año 2019 con la culminación de las obras. Hacia 2022 las obras continúan a nivel municipal, y el programa ya ha comenzado su etapa de conexión a la red de gas natural. Sin embargo, aún quedan las dudas respecto a cómo podrá tener acceso al servicio la ciudadanía, en especial quienes se ubican en los sectores en situación de vulnerabilidad.
El acceso a la información pública y la transparencia se constituyen como un derecho humano fundamental. Las personas tienen derecho a conocer lo que será planeado para sus comunidades y con base en ello, tomar las decisiones informadas y pertinentes acerca de los procesos de desarrollo que afectarán sus vidas.
En el campo de las políticas públicas, proveer y garantizar el acceso a la información pública es la piedra angular de la buena gobernanza. La transparencia es vital para permitir que las personas y las comunidades exijan rendición de cuentas a sus instituciones, y se fomente la confianza en los gobiernos y la reducción de la corrupción. Asegurar este derecho tiene como resultado la generación de oportunidades para que la ciudadanía aprenda, crezca y tome mejores decisiones para sí y quienes les rodean.
La referencia a esto es relevante cuando se analizan políticas y programas públicos que tienen por objeto la contribución al desarrollo a gran escala. Tal es el caso del programa Integral de Infraestructura Gasífera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta serie de obras de infraestructura comenzó a ejecutarse en el año 2015 y concluyó en 2019, con el propósito de “potenciar el abastecimiento con gas natural a viviendas, comercios e industrias”. De acuerdo con el Gobierno, se invirtieron 890 millones de dólares para desplegar 2.801 kilómetros de cañerías que darán la posibilidad de conectarse a la red de gas natural a 972.430 habitantes de la provincia sin servicio. Sin embargo, la planificación comenzó con mucha anterioridad al año de implementación y bajo un escepticismo sostenido en la falta de información y transparencia alrededor de su financiamiento, sus potenciales impactos ambientales y sociales, la cantidad de beneficiarios totales, entre otros.
Posterior a la finalización del proyecto en 2019, aún existían dudas respecto a cómo sería el proceso de conexión para las localidades y de qué manera la ciudadanía tendría acceso efectivo al servicio. De igual manera, también quedaban obras de infraestructura por concluir a nivel municipal. Hacia julio de 2021, el Gobierno declaró que 75 localidades ya contaban con acceso a gas natural luego del programa de gasoductos troncales. Se hizo mención a la cantidad de habitantes que se beneficiarán , sin reparar en información respecto de su ubicación y otros datos que demuestren si las brechas de desigualdad en el acceso se han comenzado a cerrar o podrán cerrarse como producto de esta obra. Esto es de vital importancia siendo que el gobierno también expuso acerca de la red de créditos Bancor para viviendas y negocios, que facilitarían la conexión y la obtención del servicio. Quedaba por saber de qué manera se apoyará a aquellos grupos marginalizados y en situación de vulnerabilidad a quienes se les dificultará acceder a este beneficio, y que por lo tanto no llegarán -o podrán hacerlo en un futuro lejano- a contar con gas natural.
Hacia 2022 las dudas respecto del alcance de este proyecto para la población cordobesa aún no se disipan. De acuerdo con los portales de noticias cordobeses, la conexión de empresas y negocios a la red de gas natural avanza a un paso mucho más rápido que la conexión de viviendas. Esta discrepancia se suscita más que nada porque la conexión a la red es costosa e implica la toma de decisiones a nivel familiar. Aún cuando se han proporcionado las condiciones para facilitar el acceso -mediante créditos, y el ahora sí confirmado apoyo del gobierno provincial para familias vulnerables-, no todas las personas están en igualdad de condiciones para rápidamente decidir sumarse a la red. En muchos casos la conexión también requiere la adaptación estructural de las casas y la compra de electrodomésticos.
Sobre esto último es que el acceso a la información y la transparencia juegan un rol fundamental. En primer lugar, porque de haberse publicado y socializado el proyecto de manera correcta con las poblaciones de las localidades afectadas, las familias podrían haber decidido planificar con antelación la conexión a la red. En segundo lugar, se evidencia el rol que cumplen los funcionarios gubernamentales a la hora de informar y publicar la documentación referente a un proyecto de este calibre. Esto quedaba en manos del nivel municipal y de sus intendentes, y en muchos casos su accionar para informar a la población fue deficiente -sobre todo considerando que también se han necesitado obras a nivel municipal para garantizar la conexión-.
La práctica de la publicación de información como la publicación de documentos no significa ni redunda en una ciudadanía informada. A las iniciativas de datos abiertos y transparencia activa se suman las acciones destinadas a informar a la población, como por ejemplo las consultas públicas. Estos espacios funcionan -o deberían funcionar- como oportunidades para socializar información sobre proyectos y políticas públicas, obtener una devolución de la ciudadanía y trabajar en un proceso de co-creación. Durante los comienzos de la obra de gasoductos troncales, una buena parte de los desafíos identificados tuvo que ver con la falta de consultas públicas -exigidas por ley- y la desinformación general de las personas acerca de los posibles impactos y beneficios del proyecto.
Hacia 2022 no se cuenta con información certera sobre las obras llevadas adelante en las localidades y las consultas públicas que se hayan realizado con vecines. La existencia de estas instancias juegan un rol crucial para la toma de decisiones de la ciudadanía . Especialmente en estos casos cuando es un deber informar sobre el proyecto, advertir de los impactos, aclarar los beneficios y clarificar las alternativas con que las familias contarían para acceder al servicio de gas de red.
En este sentido, aún cuando la obra de Gasoductos Troncales supone un gran avance para la Provincia de Córdoba, y la posibilidad para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al gas natural, todavía relucen los graves problemas respecto del acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Un proyecto de esta envergadura debiera haber contado desde un principio con información clara y concisa para la población, canales de comunicación con la ciudadanía, procesos de adjudicación de obra mucho más transparentes, etc. El proceso aún no ha finalizado, y existe la oportunidad para que el gobierno provincial haga un esfuerzo para transparentar lo que queda por hacer.
Más información
- Gasoductos troncales: realizamos pedidos de información a dependencias de la provincia de Córdoba
- Gasoductos Troncales y la dificultad para acceder a información pública en la provincia
- Con los Gasoductos Troncales concluidos: ¿saldo positivo o negativo?
Autora
Agustina Palencia
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
*Foto extraída de losprimeros.tv