El presente informe tiene por objetivo el abordaje de las distintas miradas y componentes conceptuales, legislativos y discursivos que intervienen en este contexto de transición energética global y la consecuente aceleración en la demanda del litio en nuestro país y región. Se busca realizar un enfoque integral de la explotación de litio en Argentina y la región aportando elementos para una discusión informada.
El presente documento es un resumen del informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.
El presente informe da cuenta de cómo se crean, ejecutan y controlan los presupuestos públicos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta, así como de la disponibilidad de información alrededor de los mismos y de la existencia o no de mecanismos de participación. Fue realizado en conjunto con las organizaciones Andhes, Nuestra Mendoza y Salta Transparente.
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto mundial sin precedentes en la era moderna. Muchos países se encuentran en emergencia sanitaria, económica y social debido a las consecuencias negativas que acarrea la lucha contra el nuevo coronavirus.
Sin dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para la Agenda 2030 de Naciones Unidas se verán afectados. En este trabajo analizamos algunos de los impactos positivos y negativos sobre los ODS, aunque adelantamos que en general el panorama es negativo, especialmente si nos enfocamos en los efectos que tendrá sobre la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.
Desde la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC) publicamos un documento que recopila la información sobre cómo son las contrataciones públicas a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta durante el estado de emergencia. Además, se proponen recomendaciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos.
Organizaciones de Córdoba y de distintos puntos del país solicitamos, a través de este documento, la actualización de la ley provincial de acceso a la información pública, de acuerdo a los estándares internacionales y a la ley nacional sancionada en 2016.
La corrupción es un fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, que afecta a todos los países, con consecuencias graves. De acuerdo con el Banco Mundial “…la corrupción es comúnmente definida como el abuso de un cargo público o privado para beneficio propio…”
El pasado 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado mediante el cual invitaba a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región. Dicha información será utilizada para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA.
La Corte Suprema instó al Congreso a regular los procesos colectivos. En la iniciativa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia se elaboró una propuesta que restringiría la posibilidad de usarlas como una herramienta para garantizar los derechos. Por eso, el Congreso debe tener presente que este es un debate en el que deben tener participación todos los sectores que pueden verse afectados. Desde la sociedad civil acercamos algunas breves notas para incentivar el debate, y pensar el contenido que podría tener una futura ley de acciones colectivas que promueva los derechos humanos y de usuarios y consumidores.
Este documento fue elaborado por:
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Directorio Legislativo, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad, Fundación Kaleidos, Justicia Colectiva, ANDHES, Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales, ABOSEX, 100% Diversidad y Derechos, Fundación Huésped, Fundación Sur Argentina, Poder Ciudadano, FUNDEPS, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), FARN, Abogadxs Culturales, Amnistía Internacional Argentina, ELA- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esta publicación busca acercar a activistas en DESCA un diagnóstico sobre las principales falencias en materia de producción y acceso a la información relevante para la implementación de los DESCA, algunos casos testigo que evidencian la importancia del empleo de estas herramientas en la incidencia por la exigibilidad de estos derechos, estándares vigentes en la materia y niveles de desagregación solicitados por órganos de tratados universales y regionales.
El documento destaca los aspectos más importantes relacionados al derecho de acceso a la información pública en los distintos distritos de Argentina (Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).