Junto a la comunidad de Marcos Juárez presentamos un amparo ambiental en la Justicia de Córdoba. Solicitamos que se modifique la ordenanza vigente sobre agrotóxicos con el objetivo de ampliar la zona de resguardo, se cumpla con los controles y se efectivice el funcionamiento de la Comisión Asesora sobre Medio Ambiente.

La aplicación de agrotóxicos en Argentina continúa siendo uno de los principales problemas ambientales y acarrea una grave contaminación del agua, el suelo, el aire y el consecuente daño en la biodiversidad y en la salud de las personas.

Existen miles de estudios científicos alrededor del mundo que prueban la toxicidad de estos productos y su vinculación con el desarrollo de enfermedades crónicas  que afectan a personas adultas y principalmente a niñeces. Entre ellas se encuentran: el desarrollo neurológico anormal, cáncer, incremento en la incidencia del linfoma no–hodking, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos.

El problema de los agrotóxicos ya no se limita solo a las comunidades campesinas quienes ven fumigadas sus casas, hospitales y escuelas cotidianamente, sino que afecta a millones de personas en nuestro país. A modo de ejemplo, la organización Democracia en Red, en el marco del proyecto Pesticidas Introducidos Silenciosamente (PIS), analizó 200 muestras de orina en las localidades de Lobos, Saladillo, Barrio Nicole (La Matanza), Mar Chiquita y la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados demostraron que en todos los distritos hubo casos positivos para glifosato.

Desde Fundeps venimos hace tiempo abordando esta problemática, desarrollando e implementando distintas estrategias para lograr políticas públicas adecuadas para garantizar la sostenibilidad socioambiental. En ese sentido, en el año 2019 publicamos nuestro sitio web Emergencia Agroquímica donde sistematizamos la inmensidad de conflictos socioambientales que se dan en nuestra provincia a partir del uso/mal uso de agrotóxicos, además aportamos herramientas para que las comunidades puedan reclamar por sus derechos. De modo simultáneo desarrollamos modelos de ordenanzas que proponen restricciones al uso de estos productos y la creación de zonas de resguardo, buscando promover avances locales para mejorar la calidad de vida comunitaria.

Siguiendo este camino en el mes de mayo presentamos un primer amparo ambiental por la contaminación con agrotóxicos en Colonia Tirolesa, proceso donde aún y a pesar de la evidencia científica sobre los diversos problemas de salud que padece la comunidad continuamente, no se ha encontrado ninguna solución.

Marcos Juárez: ¿qué pasa con los agrotóxicos?

Marcos Juárez es una localidad situada en el sudeste de la provincia de Córdoba una zona conocida por su crecimiento económico vinculado a la explotación agropecuaria y la agroindustria, que utiliza grandes cantidades de productos químicos como fungicidas, herbicidas, insecticidas y a pesar de que Marcos Juárez cuenta con la ordenanza 2446, que regula el uso y aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario y que la Municipalidad adhiere a la Ley Provincial 9140, gran parte de la población se encuentra expuesta cotidianamente a estos productos.

La Ordenanza de Marcos Juárez surgió a partir de un proceso de lucha colectiva en el 2010, cuando integrantes de la comunidad se organizaron en contra de las fumigaciones desmedidas con agrotóxicos debido a las consecuencias sociales y sanitarias que ocasiona esta forma de producción y que se se fue intensificando con el transcurso del tiempo. Esta ordenanza significó un verdadero hito histórico para Córdoba, ya que fija zonas de resguardo ambiental para la aplicación de agroquímicos. Sin embargo con el paso de los años la comunidad comenzó a observar que esta regulación es insuficiente. A esto se le suma que la Municipalidad no logra hacer efectivo el cumplimiento de esta regulación (existen decenas de denuncias por infracciones).

En ese contexto, en el año 2015 el Grupo de Genética y Mutación Ambiental perteneciente al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Río Cuarto a cargo de la Dra. Delia Aiassa, evaluaron el nivel de daño en el material genético en niñeces expuestos a plaguicidas en la localidad. Del estudio surge que del total de niñes expuestos, 20 (40%) presentaron síntomas persistentes de diversa índole. Por otra parte sostiene: “Tratándose de una ciudad relativamente pequeña, este resultado pone de manifiesto que las pulverizaciones podrían alcanzar (por vía aérea) toda la localidad y que la población vulnerable de niños se encuentra sometida a una exposición extremadamente alta y continua, dado que vive rodeada por los cultivos. Teniendo en cuenta que no existen diferencias entre los grupos de niños en estudio en cuanto a distancias de pulverización hasta un máximo de 1095 m, debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza”.

A partir de allí, y considerando que la ordenanza establece distancias que se encuentran muy por debajo de lo recomendado, por ejemplo en algunas zonas de riesgo alto (art. 4) la  zona de exclusión de 150 metros (cuando en otras localidades es de 1500mts.), la comunidad se organiza nuevamente y comienza un largo recorrido de reclamos para salvaguardar sus vidas y las de las niñeces.  

En este marco, desde Fundeps comenzamos a apoyar este legítimo reclamo y luego de un largo camino decidimos acudir a la justicia en busca de soluciones.

La Acción de Amparo Ambiental 

Por estos motivos en virtud del principio precautorio, preventivo y de equidad intergeneracional, el  día 27 de noviembre presentamos una acción colectiva ambiental ante la justicia de Córdoba solicitando entre otras cosas:

  • La creación de una zona de resguardo ambiental no inferior a los 1095 metros de distancia desde el límite externo de las zonas pobladas, donde se prohíba la fumigación terrestre.
  • Y una zona de resguardo ambiental no inferior a los 3000 metros dónde se prohíban las fumigaciones áreas con cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario.

La finalidad de esta acción es resguardar y proteger los derechos de quienes habitan la localidad.

Esperamos que la justicia, haciendo uso de las facultades que le otorga la legislación en materia ambiental, ordene rápidamente a la Municipalidad de Marcos Juárez adoptar medidas concretas  y urgentes. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de la comunidad a la vida, a la salud y a un ambiente sano.

 

Autoras 

Katen Moldes y María Laura Carrizo

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundeps y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown) anunciamos el lanzamiento un novedoso curso de formación para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre marzo y octubre del 2024 a través de encuentros sincrónicos y culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, habilidades y herramientas incorporados.

Inscripciones en el este formulario

Brochure – información sobre cronograma, módulos y docentes

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

En junio de este año, La Casita Trans presentó una demanda en el fuero de violencia contra el Consejo de Médicos por ofrecer una capacitación con contenidos patologizantes. Desde Fundeps presentamos un amicus curiae en la causa.

La Casita Trans es una Asociación Civil de Córdoba que acompaña a las identidades trans y sus familias. A través de distintas acciones cumplen con uno de sus objetivos fundamentales: trabajar por el reconocimiento y la protección de sus derechos.Además son un centro de contención y referencia, con foco en las masculinidades trans. 

A comienzos de este año, a través de publicaciones en redes sociales del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba sobre una capacitación dirigida a profesionales de la salud, la entidad promocionó un programa de actualización que cuenta con un módulo nombrado como “Disforia de género”. La Casita intervino realizando una denuncia ante el INADI, solicitando la rectificación de la capacitación ya que, con ese nombre, incumple las leyes vigentes y configura contenido violento y discriminatorio contra las identidades trans.

Ante la falta de acuerdo y respuesta apropiada por parte del Consejo de Médicos, la organización presentó una demanda judicial para evitar que ese módulo de la capacitación se lleve a cabo. La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 3ra Nominación de Córdoba. 

Desde Fundeps intervinimos a través de una herramienta judicial denominada amicus curiae  que permite participar del litigio ofreciendo voluntariamente opinión técnica jurídica. En este amicus ratificamos que la patologización de las identidades trans viola la legislación vigente, la actualidad de la información científica y configura un tipo de violencia. Resulta particularmente peligroso que la entidad que regula y supervisa la profesión médica en nuestra provincia, dicte una capacitación con contenido científico desactualizado. Hay que tener en cuenta que el organismo tiene a su cargo la formación de profesionales que luego reproducirán dichos aprendizajes en las relaciones médico-paciente, con el riesgo de generar situaciones de violencia, discriminación y vulneración de los derechos humanos. 

Las disposiciones internacionales y nacionales vigentes, que en nuestro país han sido pioneras y vanguardistas en la materia, son esenciales para la protección y reconocimiento de los derechos humanos de las diversidades. Por eso, las intervenciones judiciales que buscan garantizar su respeto y evitar vulneraciones futuras, son una herramienta clave para velar por su cumplimiento.

En un contexto socio-cultural que aún tensiona los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTIQ+, es necesario actuar ante las violencias simbólicas. Estas vulneraciones se relacionan directamente con tratos hostiles en el ámbito de la salud, lo que influye en que las personas trans lo eviten para no ser (re) victimizadas. 

El Estado, las entidades privadas y la sociedad deben enfocarse en apoyar la diversidad de experiencias de género, celebrar la identidad de cada persona y crear espacios inclusivos que promuevan el bienestar y la seguridad de las personas trans.  

Ver Amicus curiaeacá

 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

A días de las elecciones de este domingo 19 de noviembre, una nueva polémica se instaló en la agenda pública: uno de los partidos en competencia en el balotaje decidió entregar menos boletas a la Justicia Electoral para que sean repartidas en las mesas de votación, alegando el miedo a que las mismas desaparecieran y la ciudadanía no pudiese ejercer su derecho a sufragar. Sin embargo, esta denuncia presenta varias inconsistencias.

Los responsables de la impresión de las boletas y de su distribución son los partidos políticos, para lo cual el Estado les otorga los fondos necesarios para hacerlo. Para estos comicios, la Dirección Nacional Electoral valuó cada boleta en $2,92 otorgándole a cada partido el equivalente de 2 padrones y medio. Esto significa que se imprimen 2 boletas y media por partido para cada elector. 

Por ejemplo, solo para la categoría de presidencia y vicepresidencia en las PASO 2023, se le otorgó a cada partido poco más de 103 millones de pesos para que lo destinasen exclusivamente en la impresión de boletas. Si bien los partidos pueden decidir imprimir menos boletas de las que marca la Ley, de hacerlo están obligados a devolver el monto no devengado. 

Los partidos pueden elegir repartir las boletas por su cuenta o dárselas a la Junta Electoral para que las lleve a los centros de votación, repartiendo fajos de 350 boletas para cada mesa además de 2 fajos extras para contingencias, o cuatro más si el centro tiene más de 9 mesas.  

Aun si se le diera a la Justicia Electoral un fajo de 350 boletas por mesa -lo que alcanzaría para cubrir a todas las personas que vayan a votar-, el partido retendría un total de un padrón y medio de boletas para disponer libremente, ya sea repartiéndolas los días previos a la elección o utilizándolas como boletas de contingencia durante el proceso electoral, con lo cual no solo no faltarían boletas, sino que sobrarían. 

Es que el problema pasa por otro lado. El sistema asegura que cada votante tenga a disposición su boleta partidaria para votar, pero ¿por qué los partidos no entregarían a las autoridades electorales las boletas necesarias? ¿No habría allí un derroche de recursos y, sobre todo, una posible “caja negra”? Según una investigación de El Ruido y Connectas, en las PASO de este año solo una lista de las 1.818 que se presentaron a elecciones devolvió el sobrante de boletas no impresas. Más aun, 8 mil millones de pesos se destinaron a boletas de partidos que no superaron el 1,5% de los votos. 

Por cosas como estas es que muchas organizaciones pedimos, desde largo tiempo atrás, que se instaure un sistema de Boleta Única Papel. Pero también es cierto que el procedimiento actual es confiable y ha reflejado hasta aquí la voluntad del electorado, no habiendo ni un solo indicio que permita hablar de fraude. En realidad, a veces, hay quienes prefieren agitar el fantasma del fraude, antes que aceptar que no fueron una opción para la ciudadanía. 

El Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba presentó el proyecto de ley de presupuesto 2024. El pasado 9 de noviembre nos presentamos en la Audiencia Pública realizada en la Legislatura.

Como cada año, se presenta el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Este 2023, por las elecciones, se adelantaron los tiempos y el proyecto fue presentado el pasado 24 de octubre, algo que suele suceder el 15 de noviembre. Luego de ser presentado, el proyecto se discute en varias Comisiones y se aprueba en dos sesiones legislativas, denominadas de 1° y 2° lectura. Y entre medio, se lleva a cabo una Audiencia Pública.

Desde Fundeps nos presentamos a la Audiencia Pública el pasado jueves 9 de noviembre. En ese sentido, es de destacar que a partir de este año se publicó de forma unificada en este sitio web de la Legislatura, toda la información relativa al debate de la ley de presupuesto público 2024, con el proyecto y sus documentos complementarios, así como con el calendario de sesiones, fechas de las sesiones de Comisiones y de la Audiencia. Además, se mejoró, en comparación con otros años, la forma de inscribirse a través de un formulario web. Sí, debemos observar que sería de mucha utilidad que en futuras ocasiones se publique las Comisiones que sesionan en cada fecha y que se admita participación externa, aunque sea de oyentes. En la actualidad, las sesiones de comisiones se suben al canal de YouTube de la Legislatura una vez que sucedieron. 

En la audiencia, efectuamos algunas observaciones generales que entendemos hacen a la posibilidad de analizar mejor aún el presupuesto y comentarios sobre un programa relativo a Agua y Saneamiento. En primer lugar, expusimos que las descripciones de los Programas Presupuestarios son muy genéricas y es necesario que estén acompañados de metas físicas e indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, a los fines de su seguimiento. En el caso del Programa 572 analizado, su contenido permanece igual desde su creación en 2018. En el caso de las Obras, contenidas en los Planes de Inversiones Públicas directamente no se describen, al menos en los documentos presupuestarios. Luego, nos adentramos a exponer sobre el Programa 572 sobre Agua y Saneamiento, el cual está compuesto por dos subprogramas, uno relativo a Agua Potable y otro a Líquidos Cloacales y Servicios Sanitarios. En ambos casos observamos su evolución y comportamiento en los años 2022, 2023 y cómo se proyectan en 2024. En ese sentido, en los dos subprogramas se observa la misma tendencia de subejecuciones en el año 2022 (de un 32% y 53% respectivamente), una mayor ejecución en el corriente año (del 87% y 75%) y una merma en la asignación presupuestaria para el 2024. Más notable en el primer subprograma, que para el segundo. En ese sentido, apelamos a que se observen dichos programas por parte de les  Legisladores presentes, de cara a la aprobación presupuestaria en la segunda sesión del miércoles 15 de noviembre.

Un presupuesto garante de derechos, como en este caso al agua potable y servicios sanitarios que impactan de forma directa en los derechos a la salud y un ambiente sano, se rige por los principios de progresividad y no regresividad, en el cual hay que cuidar que en la asignación de recursos no haya retrocesos, evitando recortar o disminuir los pisos alcanzados. 

La participación en la audiencia fue muy variada. Estuvieron Colegios Profesionales (como el de Abogados o Escribanos), asociaciones civiles de vivienda, deporte sociales, acompañantes de niñeces en situaciones de vulnerabilidad, entre otros actores. Esto demuestra que, si bien esta instancia es sumamente valiosa y permite un acercamiento directo de las autoridades a problemáticas que acercan distintos actores sociales, deja en evidencia también la falta de más espacios de participación.  A los fines de que las personas y ciudadanía que muchas veces afronta y resuelve problemas públicos, puedan canalizar sus demandas de forma más efectiva. Esto, podría saldarse con audiencias periódicas o una mayor participación social en las comisiones temáticas de la Legislatura

Es de suma relevancia, que estos espacios sean cada vez más accesibles, abiertos y difundidos. Esto es clave para que la mayor cantidad de actores sociales, puedan acercarse y presentar sus puntos de vista y observaciones en el desarrollo de las políticas públicas que les afectan de forma directa. 

Más información

Podés consultar acá toda la Audiencia Pública, y nuestra participación en los minutos: 2:55,50 – 3:06,20. 

Notas relacionadas

Contacto

Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Democracia es mucho más que ir a votar y elegir autoridades periódicamente. Es construir colectivamente una sociedad y un sistema político basados en el respeto de la diversidad, sin violencias, donde se reconozca que el camino para el desarrollo va de la mano de la defensa de las instituciones democráticas. En estas elecciones, tengamos presente 40 años de aprendizajes como sociedad. No tiremos por la borda la democracia que supimos conseguir.   

En estos 40 años, hemos aprendido a respetar las diferencias, a valorar la pluralidad de voces, a preferir el diálogo a la violencia. El pacto democrático se sintetizó en el Nunca Más, y desde allí -con dificultades y muchas cuestiones pendientes- hemos avanzado en más derechos para más personas. Esta sociedad votó en 30 elecciones que reflejan de manera fidedigna la voluntad del electorado. Es un sistema electoral en el que podemos confiar. 

Hoy, las organizaciones de la sociedad civil firmantes vemos con preocupación cómo la contienda electoral se desarrolla en medio de propuestas y discursos de odio y violencia política, ofensivos y discriminatorios.

Estos discursos son inaceptables, y promueven que nos apartemos del pacto democrático que tanto costó sostener. La idea, que creímos perimida, de que un adversario político es un enemigo nos remonta a nuestros peores tiempos y sólo puede traer caos y violencia a nuestra vida cotidiana.

La democracia argentina tiene deudas, sin dudas. Por eso, nuestro nuevo pacto democrático, el de los próximos 40 años, tiene que incorporar bases para el desarrollo y, además, promover prácticas que acerquen las instituciones públicas a la ciudadanía para mejorar la vida de todos. La democracia se mejora con más democracia.

 

Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes)

Amnistía Internacional Argentina

ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina) 

Asociación Conciencia

Asociación Pensamiento Penal

CAREF

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)

Democracia en Red

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Escuela de fiscales

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación Cambio Democrático

Fundación Endeavor Argentina

Fundación Huésped

Fundar

Fundeps

Greenpeace Argentina

INECIP

Intercambios

Nuestra Mendoza

Poder Ciudadano

Proyecto Educar 2050

RACI

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)

Reset, políticas de drogas y Derechos Humanos

Salta Transparente

Xumek Mendoza

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

Autora

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Se presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto para promover la alimentación saludable que adhiere a la ley nacional de etiquetado frontal. La iniciativa establece escuelas libres de sellos, favorece la compra pública de alimentos saludables y crea una comisión de monitoreo integrada por organizaciones de la sociedad civil, entre otras cosas. 

El 16 de agosto ingresó a la Legislatura de Córdoba un proyecto de adhesión a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), más conocida como “ley de etiquetado”, que presenta los mejores estándares entre las leyes de adhesión sancionadas hasta el momento. Se logró a partir del trabajo colaborativo entre el equipo del legislador Miranda y la legisladora Labat,  junto con el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba y Fundeps. Espera contar con el apoyo de todos los bloques que consideren prioritario defender la salud pública y el acceso a una alimentación adecuada para todas las personas consumidoras y, fundamentalmente, de las infancias. 

Para entender la importancia del avance subnacional en relación a la ley nacional de etiquetado frontal debemos dirigirnos, no sólo a la letra de la ley sino también a su puesta en práctica. El texto explícitamente obliga a las provincias a garantizar la implementación de la ley en sus territorios, pero no dice cómo. No manda a adherir. Por eso, al momento de la sanción y reglamentación de la ley nacional, se instaló la pregunta sobre ¿es necesario que las provincias adhieran? ¿Qué deben y qué pueden hacer las provincias para garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos fundamentales reconocidos? ¿Cómo garantizar la igualdad en el goce de estos derechos en todo el territorio? Pese a los interrogantes, lo que no se puso en cuestión es que la norma nacional es obligatoria en todo el país más allá de las estrategias que defina la provincia. 

Es importante resaltar que la norma se propone abordar la cuestión alimentaria de una manera integral y transversal. Por este motivo, no sólo introduce el etiquetado frontal que permite advertir sobre la verdadera composición de lo que se está consumiendo, sino que también regula aspectos como: entornos escolares saludables, educación alimentaria nutricional, estrategias de marketing de las industrias alimentarias, las compras públicas realizadas por el Estado, etc. Es por ello que se reconoce esta ley como una especie de sutura de la gran dispersión normativa que existe en la regulación del derecho a la alimentación en Argentina, y también es vista como una ley modelo de la región. 

Ahora bien, la puesta en práctica de todos estos componentes de la ley puso en el centro los desafíos propios del federalismo y el sistema de distribución de competencias, y exige la articulación entre diferentes ministerios, organismos y niveles de gobierno. En este escenario el dictado de normas de adhesión o complementarias surgió como el mejor camino para asegurar la plena implementación de todas las medidas que la ley establece, y así proteger efectivamente la salud de la población.

Al día de la fecha contamos con sólo 7 provincias adheridas, lo que según el mapa normativo del etiquetado en Argentina refleja el 63,3 % de avance a nivel nacional, y ello tiene que ver con que ninguna de las normas regulan la implementación de los diferentes componentes de la ley que lo requieren.

El proyecto de ley en Córdoba

En este escenario el proyecto de ley presentado en Córdoba aparece como modelo a seguir por el resto de las provincias. Propone una regulación local amplia e integral, que asegura la aplicación efectiva de todas las medidas que dispone la ley nacional. Es así que no sólo asume la responsabilidad de controlar y fiscalizar el cumplimiento del etiquetado frontal de los productos alimenticios y de las regulaciones nacionales sobre publicidad, promoción y patrocinio de estos productos, sino que amplía el alcance de la restricciones sobre publicidad en los ámbitos de jurisdicción local, como son los puntos de venta y la vía pública. También define qué se entiende por publicidad dirigida a niñes  y adolescentes, subsanando una importante deficiencia de la normativa nacional. Así, el texto logra una plena protección del entorno ante las estrategias de marketing que agresivamente incentivan la compra de productos que dañan la salud. 

También, se pronuncia respecto a los dos componentes cruciales que requieren el accionar de las provincias. 

  • Sobre entornos escolares: prohíbe la oferta, venta y publicidad de productos con sello dentro de las escuelas de todos los niveles, formales e informales y exige la oferta permanente y gratuita de agua potable ; dispone la inclusión de educación alimentaria en las currículas escolares y en los planes de formación docente; establece que en los comedores escolares se debe priorizar la oferta de alimentos frescos o mínimamente procesados y que provengan de agricultores locales; y dispone que los menú sean diseñados por profesionales de la nutrición y se realicen mejoras en la infraestructura escolar.
  • Sobre compras públicas: el proyecto recepta el criterio de la ley nacional y prioriza la compra de alimentos saludables en todo tipo de contrataciones y programas alimentarios. Prioridad que se torna absoluta si las personas destinatarias son niñes y adolescentes. 

Otros puntos a destacar de la normativa propuesta tiene que ver con la definición del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación en coordinación con otros ministerios involucrados. Esto es fundamental para que todas las medidas que se tomen en los diferentes ámbitos sean planteadas desde un enfoque de salud pública. También consideramos un acierto la disposición de vías de denuncias, sistemas de sanciones y registro de infractores a nivel local, que permiten reforzar los mecanismo nacionales que vienen presentando ciertas limitaciones en la práctica.

Otro punto de interés, que tiene que ver con fortalecer la disponibilidad de alimentos saludables, es el incentivo al consumo de alimentos no procesados y naturales producidos por economías regionales y agriculturas campesinas, indígenas (y/o) familiares.

Finalmente, queremos hacer hincapié en que el proyecto dispone la creación de una Comisión de Consumidores integrada por organizaciones de la sociedad civil, de consumidores y colegios de profesionales que tengan como objeto la protección de los derechos involucrados. Comisión que garantiza la participación ciudadana en el monitoreo de la implementación de la ley y en la elaboración de políticas complementarias. 

Por estos motivos resulta una ley de avanzada para la promoción de la alimentación saludable en la provincia. Puede sentar el camino a seguir por otras provincias que no se han pronunciado y también para que las provincias con adhesiones simples dicten normas complementarias que aseguren el cumplimiento integral de esta política de salud pública que está siendo referencia en la región. 

Invitamos a la ciudadanía a apoyar y seguir el proceso de tratamiento de la ley en la legislatura. Es fundamental su involucramiento para que la balanza no se incline en favor de los intereses de las grandes industrias de alimentos y sean protegidos los derechos de la población y fundamentalmente de las infancias, a gozar de una vida sana y una alimentación saludable.

Accedé al proyecto de ley 

Más información

Ley de Etiquetado: es el tiempo de las provincias

Autora

María Laura Fons

Contacto

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org 

Sabemos que en pocos días toca volver a las urnas, esta vez a la elección de presidencia y legisladores nacionales, según lo que se vote en tu provincia. La información que circula es mucha, y la desinformación también. Por eso, te dejamos acá un test para que puedas identificar red flags (banderas rojas, alertas) sobre las propuestas de los distintos espacios y candidatos/as y pensar tu voto desde los derechos humanos. ¿Te animás a contar las que encontrás en las ideas de tu candidato/a?

1. Amenaza a la gratuidad de servicios esenciales: Argentina es un modelo a seguir por su educación pública de calidad y su cobertura de salud universal y gratuita. Si bien en algunos casos depende de las provincias y seguramente hay mucho espacio para mejorar, la garantía de derechos tan básicos es parte fundamental de nuestra calidad de vida. ¿Vos o alguien cercano fue a una escuela pública o pública de gestión privada?  ¿O asististe alguna vez a una clínica pública u hospital? ¿Cómo sería tu vida o la de tu gente cercana sin esas posibilidades? 

2. Cuestiona el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: uno de los consensos más fuertes de la vuelta de la democracia es que no queremos nunca más gobiernos autoritarios ni terrorismo de Estado. Los procesos de investigación, con evidencia judicial y científica, y los juicios a las juntas, dieron cuenta del plan sistemático de las fuerzas armadas para exterminar activistas estudiantiles, sindicales y  a través de la  persecución política, el secuestro, la desaparición de personas, la creación de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato durante los 70s y 80s. No hay lugar a discusión sobre los crímenes cometidos por los militares y sus cómplices civiles de entonces. 

3. Niega la evidencia sobre el cambio climático: el planeta se está incendiando, en Córdoba esto es literal. Durante las últimas décadas es abrumadora la evidencia científica en relación a que el comportamiento humano y los niveles de consumo redundan en más gases de efecto invernadero en la atmósfera, subidas de las temperaturas globales y consecuencias negativas como inundaciones, sequías, tormentas y fenómenos climáticos extremos. Negar esto sólo nos deja más vulnerables a lo que es inminente. El cambio climático ya está acá y hay que adaptarnos a él, mientras mitigamos sus efectos.

4. Subestima las políticas que promueven la igualdad de oportunidades: las brechas salariales y las desigualdades de género son una realidad. El premio Nobel de economía de este año lo recibió una mujer que se dedicó a demostrar esto.  Por más que el mercado laboral tome conciencia de la dimensión de las brechas, las políticas públicas todavía son necesarias para avanzar en la reducción de estas y otras desigualdades. Es fundamental que el Estado valore el aporte de las mujeres para el cuidado de las vidas, garantice servicios de cuidados y alivie la carga de tareas de las cuidadoras, y que también promueva su participación en la economía 

5. Desconoce la violencia de género: entre enero y agosto de este año se registraron en nuestro país 224 víctimas de violencia de género – 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños – según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano». En ocho meses casi se alcanza el total de casos del año 2022. Esto demuestra la importancia y la urgencia de que el Estado reconozca la dimensión de la problemática, y fortalezca todas las regulaciones y medidas que protejan especialmente a estas poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente  vulneradas.

6. Desconoce los acuerdos internacionales: Argentina está integrada al mundo a través de múltiples organismos, tratados y acuerdos. El sistema de Naciones Unidas tiene amplio reconocimiento internacional como foro de cooperación entre países y para el avance de los derechos. El Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible son marcos de gobernanza global que han demostrado ser útiles y la tendencia es hacia su cumplimiento, no hacia su desconocimiento y desintegración de los sistemas de gobernanza globales. 

Si encontraste que un candidato o candidata tiene una o más red flags, lamentablemente, tu voto no es con el cuidado de la democracia y los derechos, ni con la sostenibilidad de las vidas humanas y del ambiente. A continuación te invitamos a reflexionar al respecto.

¿Y si nadie me convence y quiero que se rompa todo de una vez?

Primero y principal, es importante que ejerzas tu derecho al voto. Puede que ninguna opción te convenza del todo, o que estés completamente decepcionade de las opciones para la presidencia. Sin embargo, nuestra democracia de apenas 40 años necesita de nuestra participación y en contextos tan revueltos, tu voto no da lo mismo. Este domingo andá a votar e incentivá a otres a que lo hagan, cada voto vale. 

Está claro que tenemos muchos problemas en lo económico y que las condiciones de vida empeoran a causa de la inflación, empleo informal, bajos salarios y altos niveles de endeudamiento en los hogares. Y todo esto duele, porque precariza nuestras vidas, nuestro acceso a los alimentos y a la vivienda. Las respuestas radicales pueden sonar tentadoras en este contexto, pero los costos en materia de derechos son muchos y son altos, por eso te invitamos a votar y a pensar tu voto.

También te invitamos a que puedas involucrarte y discutir reformas del Estado, porque sabemos que no alcanza, que mucho de lo que existe hoy en día no funciona, que en ocasiones reproduce desigualdades en lugar de reducirlas. La democracia que supimos construir y lo público es de todos, todas, todes (como más te guste) y hay que cuidarla. No da lo mismo romper todo que pensar futuros comunes posibles, participar como ciudadanía activa en distintos espacios civiles, políticos o en organizaciones sociales, y en este contexto particular, votar opciones que no atenten contra nuestros derechos fundamentales. 

Si querés saber más sobre las distintas propuestas, te compartimos algunas iniciativas de organizaciones de sociedad civil que las condensan o ponen foco en algunas: 

  • #MeRepresenta: te cuenta las propuestas de cada candidato/a con juegos e información general de las elecciones, ¡es muy divertida! 
  • Si te interesan los temas ambientales, entrá a yovotoambiente
  • Si querés saber quiénes proponen avances, dan continuidad o plantean retrocesos en materia de igualdad y violencias de género, mirá mujeresenelpoder
  • Si querés enterarte sobre algunas desinformaciones que circulan en este período electoral, entrá a contextual.la
El equipo de Fundeps

El 3 de octubre el gobierno nacional presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue aprobado por Argentina en 2020 y busca efectivizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la Justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

La Secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación fue designada para avanzar hacia la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. Este recorrido se diseñó en dos etapas: la primera, orientada a realizar un diagnóstico para determinar el estado de cumplimiento del Acuerdo en nuestro país, del cual surgieron recomendaciones: y la segunda estuvo enfocada en diseñar el Plan. Para eso, se realizó una consulta pública, encuentros virtuales y presenciales colaborativos, mesas de diálogo regionales y un buzón de propuestas. En total se recibieron 533 aportes de la ciudadanía en el diseño del Plan y la mayoría (65%) de las personas que participaron fueron mujeres. Desde Fundeps acompañamos todo este proceso brindando aportes en las distintas instancias participativas.

El Plan se estructura en 6 ejes: acceso a la Información pública ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensoras y defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales, fortalecimiento de capacidades, sistema de gobernanza para la ejecución y seguimiento de la implementación del Acuerdo. Se establecen también objetivos e indicadores, que son muy importantes para la evaluación del avance en la implementación. La ejecución del Plan será en un período de 3 años y estará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 

El proceso de creación del Plan fue un proceso abierto, participativo y transparente, centrado en asegurar la participación ciudadana y construir los consensos necesarios para atender las necesidades de las comunidades y hacer efectivo el Acuerdo. Celebramos la presentación de este Plan, que significa un hito hacia la consolidación de la aplicación del Acuerdo de Escazú en Argentina y brinda herramientas concretas para facilitar su implementación. Ahora instamos al estado nacional y a las provincias a hacer efectiva su puesta en marcha  y a la ciudadanía a exigir su efectiva aplicación para lograr el fin último del Acuerdo de Escazú: el cumplimiento del derecho a un ambiente sano.

 

Más información 

 

Autora

Manuela Fernández Grassani 

Contacto

María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.

Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.

Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.

Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI  acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.

 

Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.

La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.

Argentina y su vínculo con el FMI

Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos. 

Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.

Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.

Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación.  El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.

Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.

Contacto

Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org

Junto a la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia presentamos una acción de amparo por mora en contra de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, por no haber respondido a un pedido de información pública que realizamos sobre la obra de provisión de agua potable para el Country Club “El Potrerillo de Larreta”.

Desde hace meses, la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia (MAyA), integrada por personas de la comunidad, intenta obtener información certera acerca del acueducto que se pretende llevar adelante para proveer de agua potable al Country Club “El Potrerillo de Larreta”. Según se ha podido constatar, este acueducto se desprende del caño maestro que lleva agua a toda la localidad y tendría 160 milímetros, por lo que podría abastecer a 20 mil personas aproximadamente pero el country tiene solo 347 lotes.

Recordemos que el mismo country mantiene hace más de 10 años un alambre de 4 kilómetros en el arroyo Los Paredones que es el principal afluente del arroyo Chicamtoltina (o arroyo de Alta Gracia), impidiendo el acceso de la comunidad y violando normativas que establecen el derecho al uso común de las aguas terrestres.

La preocupación por la construcción y posterior funcionamiento de este acueducto radica en que actualmente el caño maestro provee de agua a toda la comunidad de Alta Gracia y a otras localidades como Falda del Carmen y Villa del Prado, quienes en distintas épocas del año padecen de graves problemas de abastecimiento. Por lo que, de llevarse a cabo esta obra de conexión al caño maestro, la problemática se incrementará en el futuro, provocando que parte de la ciudadanía acceda al agua potable mientras que otra gran porción no. Lo que implicaría la violación de un derecho humano fundamental.

Ahora bien, ante esta situación, la Mesa por el Agua y el Ambiente presentó diversos pedidos de acceso a la información pública a las distintas reparticiones que estarían involucradas en el desarrollo de la obra. La Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias Alta Gracia respondieron los pedidos realizados. Dijeron que únicamente tenían conocimiento de que en el año 2018 ingresó una solicitud de autorización de uso de la vía pública para la construcción de una obra que buscaba proveer de agua al Potrerillo De Larreta. Además expusieron que en el año 2021 se solicitó autorización para el comienzo de la obra, dando lugar a las inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación. 

También realizaron un pedido de información sobre esta obra a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), repartición que ejerce la titularidad de los recursos hídricos de la provincia. Ante la falta de respuesta, desde Fundeps y la comunidad vecinal, presentamos un amparo por mora para la entrega de la información solicitada. 

¿Qué es un amparo por mora? ¿Qué respondió la Administración Provincial de Recursos Hídricos?

 Un amparo por mora es una acción judicial que tiene por única finalidad obtener, por medio del Poder Judicial, la información que no ha sido otorgada anteriormente.

Una vez presentada la acción, la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación, intimó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que otorgue la información que había sido solicitada. Recién el 6 de septiembre de 2023 respondió manifestando que, en el año 2014, la entonces Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia había otorgado el visado técnico para llevar a cabo la construcción del acueducto. Este proyecto prevé abastecer al country Potrerillo de Larreta una dotación de 1000 lts por conexión y en el año 2017 se le dio visado técnico a una planta de potabilización. 

Denegación a la Democracia Ambiental

Ante la falta de información confiable al respecto, en primer lugar debemos decir que ha sido sistemáticamente vulnerado el derecho a acceder a la información pública de forma completa y veraz. Tampoco la Administración Pública cumplió con el deber de, en caso que no tenga la información que se solicita, redirigir la solicitud al organismo competente. Asimismo resulta sumamente cuestionable que haya sido necesario recurrir a la justicia para obtener información ya que esto provoca un desgaste jurisdiccional, e insume tiempos y recursos que limitan el acceso al derecho a la información.

El derecho a solicitar y acceder a la información pública se encuentra garantizado en diversas normativas:

  • la Constitución Provincial.
  • Ley Provincial N° 8803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
  • Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, Ley N° 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley N° 25.675 General del Ambiente. 
  • Ley N° 27566 mediante la cual Argentina aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En definitiva, la conducta de los distintos organismos involucrados implica una seria denegación de derechos de la ciudadanía que debe ser corregida ya que acceder a la información pública permite conocer y participar en todos los procesos políticos, gubernamentales y administrativos en donde se encuentre comprometido el ambiente.

 

Autora

Ananda Lavayén

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

 

*Foto extraída de la cuenta de Facebook «Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia»