Desde Fundación Sanar, Fundeps y Fagran lanzamos “Construyamos una escuela más saludable”, materiales dirigidos a la comunidad educativa. Tienen como objetivo promover la implementación de la ley de etiquetado en los entornos escolares y reflexionar sobre la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

La Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado, es una política integral que busca proteger y promover el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud, en especial de niños, niñas y adolescentes. Para lograrlo plantea un paquete de medidas que buscan transformar los entornos donde crecen y se desarrollan, limitando la oferta de productos no saludables en escuelas y la exposición al marketing, educando en aspectos alimentarios y nutricionales, y promoviendo el acceso equitativo a alimentos saludables.

En este marco, las escuelas constituyen un espacio clave para la implementación de la ley y tienen regulaciones específicas que cumplir. Allí niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo y por lo tanto, es un lugar propicio para promover hábitos saludables. 

A un año del comienzo de la aplicación de la ley, aún quedan muchos desafíos para su implementación dentro de las instituciones educativas, considerando también las diversas realidades que encontramos en todo el país.

En este contexto, el proceso de adecuación a la norma requiere una comunidad educativa acompañada e informada. Por eso, desde Fundeps, Fundación Sanar y Fagran lanzamos el kit de materiales “Construyamos una escuela más saludables”.

El objetivo es brindar herramientas para fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en la promoción de prácticas alimentarias más saludables y sostenibles. Incluye materiales para que cada integrante pueda repensar su rol dentro del proceso y convertirse en agente de cambio de la alimentación en las escuelas.

¿Qué materiales integran el kit?

  • Un documento con información sobre la ley como una política pública integral. Brinda información acerca de la evidencia que la respalda y el propósito de cada uno de sus ejes. A su vez acerca una actividad práctica de carácter reflexivo para lograr un trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad.
  • 3 Vídeos: uno dirigido a autoridades y tomadores de decisión del ámbito educativo, otro a responsables de niñeces y adolescentes; y uno para niñeces (que puede ser de utilidad en el aula).

ACCEDER AL KIT DE MATERIALES

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

Más información

 

Autora:

Candela Jauregui

Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Durante los últimos meses participamos de instancias internacionales de formación, intercambio y fortalecimiento de la lucha por el derecho al acceso al aborto en el continente.

Tanto la organización para la incidencia y las dificultades que conlleva, son un factor común de los movimientos en la lucha por el acceso al aborto en toda la región. Con sus diferencias y particularidades locales, un gran grupo de personas formamos parte de instancias internacionales para compartir experiencias y perspectivas. 

Una marea que traspasa fronteras

En el mes de febrero, a partir del nuevo escenario que se configuró con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el afamado fallo “Roe v. Wade”, se llevó a cabo el Green Wave Gathering en Washington. Participaron más de cien personas líderes y activistas de las Américas bajo una premisa fundamental del movimiento feminista: unir fuerzas. Durante tres días tuvieron lugar múltiples mesas de intercambio y exposición de las problemáticas de cada país y las maneras de abordarlos, con foco en la construcción de una perspectiva interseccional y decolonial de lucha. El encuentro terminó con un pañuelazo en Freedom Plaza, en donde se exhibe la obra de arte creada por la artista Paola Mendoza que representa la conexión entre los dos continentes por la justicia reproductiva. Además, la obra rinde tributo a las activistas que han trabajado sin descanso para promover los derechos reproductivos en ambas regiones.

 

Persistir en el cambio: el aborto es nuestro derecho

En junio también participamos de la VII Conferencia Regional de CLACAI (Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro) que en esta oportunidad tuvo lugar en la Ciudad de Panamá. La Conferencia reunió a profesionales de la salud, del derecho y a periodistas que trabajan por la defensa del derecho al aborto provenientes de dieciocho países de Latinoamérica. Tuvieron lugar múltiples espacios de debate, formación y construcción colectiva para el abordaje integral de la propuesta. Destacamos especialmente la realización de la primera reunión presencial de la reciente Red de Jóvenes por el derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, que se presenta como un potente espacio con miras al futuro del movimiento.

El intercambio de experiencias regionales y fortalecimiento de las redes, es una de las grandes muestras de que la lucha es colectiva. 

 

El derecho en red

En consonancia con el fortalecimiento de las redes y como parte de la Red Jurídica de CLACAI, presentamos recientemente un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia. Esta acción se enmarca en una causa sobre una situación de múltiples violencias en la atención de una interrupción del embarazo de una joven. 

A través de estas instancias luchamos por la participación y construcción colectiva y regional del reconocimiento legal del derecho al acceso a abortos seguros, la construcción de políticas públicas y estándares respetuosos de los derechos humanos y fundamentales de las personas gestantes.

 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Desde Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast lanzamos “Exceso de Todo”, un podcast narrado por Lucas Fridman, que se corre de la polémica alrededor de los octógonos y se centra en la alimentación saludable. 

Hace casi un año comenzó a implementarse en Argentina la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de Etiquetado Frontal. Los octógonos negros que vemos en los productos son los que más debate generaron, pero representan uno de los componentes de la ley.

El objetivo de este podcast es acercar todos los puntos que la integran y relatar en 5 episodios, cómo comemos en Argentina y qué necesitamos para alimentarnos mejor. Además aborda desde la regulación publicitaria hasta lo que se puede comer en las escuelas, cómo se manejan las compras públicas para comedores escolares y comunitarios y por qué cuando hablamos de alimentación no se trata de elecciones individuales. 

Los testimonios que reúne son de integrantes de organizaciones que la promovieron, periodistas, referentes en temáticas de nutrición y alimentación, ambiente, personas provenientes de la industria de la publicidad, entre otres.

Escuchá el podcast acá

Los episodios se estrenarán por semana los días jueves hasta el 17 de agosto. La difusión del podcast se realizará por Spotify y en todas las plataformas de audio. 

 

Contacto

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

Los días 9 y 10 de agosto realizaremos el 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está organizado por Fundeps y Fundación Sanar. 

Con la participación de disertantes nacionales e internacionales, durante 2 días conversaremos sobre los avances y desafíos al cumplirse 1 año de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado.

Compartiremos miradas y oportunidades para el trabajo conjunto entre estudiantes y profesionales de la salud, comunidad educativa, autoridades del estado, organizaciones que trabajan por el derecho a la salud, al ambiente, entre otros actores.

Los principales temas del congreso incluyen:

  • Desafíos para la implementación de la ley en las provincias. 
  • Entornos escolares saludables: recomendaciones y herramientas. 
  • Transformación de los programas alimentarios. 
  • Estrategias de marketing de la industria alimentaria. 

Cronograma:

  • Primer día (9 de agosto): comienza a las 8.30h con las acreditaciones. Habrá 3 mesas de debate y disertantes finalizando la jornada a las 17.15h.
  • Segundo día (10 de agosto): inicia a las 8.30h y finaliza a las 12.40h. Habrá 2 mesas de diálogo.

El congreso tendrá lugar en SCALA HOTEL (BERNARDO DE IRIGOYEN 740, CABA).

Es gratuito y con cupos limitados. Requiere inscripción previa.

 

Mirá el programa completo y disertantes acá.

QUIERO INSCRIBIRME

Desde el 5 de agosto al 30 de septiembre realizaremos un ciclo de formación sobre Economía Feminista en la UPC. Está dirigido a  organizaciones autogestivas, emprendimientos , cooperativas, sindicatos, espacios académicos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y feministas y personas interesadas de la Provincia de Córdoba.

¿Sabías que las mujeres le dedican el doble de tiempo que los varones a trabajos domésticos y de cuidado, y que esto las afecta llevándolas a situaciones de mayor precariedad y pobreza? 

Esto datos los conocemos por los aportes de la Economía Feminista. Esta ofrece una perspectiva crítica que nos permite discutir los límites de la economía convencional, reconociendo las actividades que suceden en el ámbito de “lo privado” y demostrando que son esenciales para que la vida suceda. Contribuye a las reflexiones sobre los aspectos económicos de la vida de las mujeres y LGTBIQANoBi+ y cómo se relacionan con el acceso a sus derechos.

El enfoque crítico de la Economía Feminista nos permite analizar la complejidad de la realidad económica, no sólo para comprenderla mejor sino también para transformarla. Por eso es una apuesta a establecer las bases hacia “otra economía más justa» de la que podemos ser partícipes.

Por esta razón, invitamos a participar de un ciclo de formación para el aprendizaje mutuo y la reflexión crítica desde las herramientas que brinda la Economía Feminista. Está dirigido a organizaciones autogestivas, emprendimientos y cooperativas, sindicatos, espacios académicos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y feministas y personas interesadas en la temática de la Provincia de Córdoba. 

Esperamos que este espacio genere diálogos potentes entre los presupuestos conceptuales de esta perspectiva y las propias experiencias vitales y organizativas, para problematizar las condiciones de vida y construir cimientos que sostengan y fortalezcan experiencias que apuestan a la sostenibilidad de la vida. 

Cronograma y contenidos 

El ciclo se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba, los días sábado 5, 19 y 26 de agosto y 9, 23 y 30 de septiembre. Los encuentros serán desde las 11h hasta las 16h. 

La formación está compuesta por 4 módulos organizados de manera integral y secuenciada para poder ir profundizando sobre temas y debates concretos en cada encuentro. 

Para obtener más información descargá el programa de contenidos haciendo click.

Inscripción

Es posible inscribirse al ciclo completo como a 1 o más módulos separados. Recomendamos la participación en todo el ciclo para tener una comprensión cabal y profunda de las temáticas propuestas. 

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de este formulario

Priorizaremos la participación de sujetas feminizadas y de la comunidad LGTTTBIQ+.

La fecha límite de inscripción es el día 30 de julio inclusive. 

Becas de traslado

Brindaremos becas de traslado para que la distancia no sea un impedimento para la participación desde diferentes puntos de la provincia de Córdoba. 

Debido a que contamos con un cupo de becas de traslado, priorizaremos a quienes no residan en la Ciudad de Córdoba y no puedan costear el transporte.

La solicitud de estas becas se realizan a través del formulario de inscripción. Nos comunicaremos directamente con quienes accedan a la beca hasta una semana antes del inicio del ciclo.

Acreditaciones

Las personas que asistan a la formación, ya sea al ciclo completo o a alguno/s de sus módulos, recibirá el certificado de acreditación correspondiente avalado por el Espacio de Economía Feminista, Fundeps y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Provincial de Córdoba. 

 

Organizan: Fundeps, Espacio de Economía Feminista y Fundación Heinrich Böll.

Apoya: Universidad Provincial de Córdoba

 

Más información:

La Defensoría del Pueblo de Argentina presentó la Línea Nacional de Base sobre Empresas y Derechos Humanos. Este insumo servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción en este tema.

La Línea Nacional de Base es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este estudio se realizó un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los tres pilares de los Principios Rectores: «Proteger, respetar y remediar» con una visión general de los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. Entre los temas abordados se destacan: la función regulatoria y de políticas, el nexo entre el Estado y las empresas,  la coherencia política a través de la actividad estatal y el deber de las empresas de respetar y de remediar.

Con la intención de que la elaboración de esta Línea de Base sea un proceso participativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una serie de encuentros entre octubre y noviembre de 2022 con partes interesadas para la recolección de insumos. Buscó recabar sus experiencias, opiniones y detectar necesidades. Los encuentros contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, el sector privado, empresas estatales, Agencias de la Administración, sindicatos, defensorías del pueblo y autoridades públicas. Asimismo, para la elaboración de la Línea Nacional de Base, la Defensoría del Pueblo de la Nación contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante este proceso, desde Fundeps participamos activamente, enviando insumos escritos sobre brechas normativas y de políticas públicas, poniendo a disposición diferentes documentos de trabajo e investigaciones realizadas y participando en los  diversos espacios de encuentro multiactor en que hemos sido convocades.

Cabe aclarar que la Línea de Base no describe conflictos,  tampoco  realiza un estudio sobre el impacto en los derechos humanos en sectores específicos de la economía, ni estudia normativas y políticas públicas provinciales y/o municipales, sino que constituye un análisis de brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los Principios Rectores a nivel  nacional.

¿Qué es un Plan Nacional de Acción?

Un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento transversal desarrollado por un Estado que tiene como objetivo ordenar y dar coherencia a las políticas públicas para cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto a los impactos negativos de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos se comprometen a hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , así como otros estándares en la materia. 

Entre los ejes temáticos que se abordarán en el plan de Argentina se encuentran:  estándares laborales;  igualdad de género; diversidad y no discriminación; proteccion del ambiente; empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia; gobierno corporativo; debida diligencia y remediación en empresas; tecnología, datos personales y privacidad; acceso a la información y participación pública en general; promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; y gobernanza pública.

Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca el decisivo papel que los planes de empresas y derechos humanos pueden desempeñar para promover la aplicación plena y efectiva de los Principios Rectores. Por lo tanto, su elaboración debe realizarse de manera participativa y transparente, de forma tal que se aborden los principales problemas y afectaciones a derechos en el contexto de actividad empresarial en el país.

Accedé  al documento completo de la Línea Nacional de Base acá:  https://www.dpn.gob.ar/linea-nacional-de-base.php 

 

Más información: 

 

Autora

Julieta Boretti

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Hasta el 6 de julio inclusive se encuentra abierta la consulta pública sobre la propuesta del plan de acción sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú. Este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, en la 1° Conferencia de las Partes (COP1) de 2022, los países acordaron crear un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Actualmente este grupo desempeña su función en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el liderazgo y coordinación de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Su tarea principal es la elaboración de un plan de acción para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la COP para su consideración y aprobación en el año 2024. Este documento, en etapas de elaboración, se encuentra recibiendo comentarios y en un proceso de consulta con la sociedad civil y el público del cual pueden participar todas las personas interesadas.

Recordemos que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Particularmente el artículo 9 del Acuerdo establece que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, cada Parte deberá tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los mismos puedan sufrir en el ejercicio de los derechos del Acuerdo”.

Se entiende por personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales a toda persona que defienda el derecho a un ambiente sano y saludable, el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Esto supone un gran riesgo, especialmente en América Latina, donde a diario se verifican casos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, así como agresiones específicas a mujeres defensoras del ambiente en razón de su género.

En ese contexto, se encuentra en consulta pública una propuesta preliminar del Índice Anotado del Plan de Acción, la cual se lleva adelante mediante una encuesta, que tiene el objetivo registrar los comentarios y observaciones del público al índice propuesto. Esta encuesta facilita la sistematización de la totalidad de las propuestas que se reciban, así como su posterior revisión y análisis. Tenés tiempo para participar hasta el 6 de julio  a las 23.59 horas.

Resulta fundamental la participación del público en este proceso, ya que este plan establecerá las acciones y trabajos prioritarios, específicos y estratégicos a ser desarrolladas a nivel regional para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

 

ACCEDER A ENCUESTA

 

Autora

Ananda Lavayén

Contacto 

Maria Laura Carrizo Morales, lauracarrizo@fundeps.org

A través de las resoluciones Nº 436/2023 y Nº 543/2023, el Ministerio Público de la Defensa decidió dejar sin efecto el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública invocando razones presupuestarias. Si bien hay una funcionaria interina cumpliendo esas tareas, no se garantiza la idoneidad técnica, la autonomía y la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo, lo que implica un grave retroceso para la garantía de este derecho.

Uno de los avances más relevantes de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública fue la creación de instituciones autónomas y especializadas en cada uno de los poderes del Estado nacional, que tienen a su cargo controlar su adecuado cumplimiento, así como promover mejores prácticas y proteger el interés de las personas que solicitan información pública. En el año 2018, el Ministerio Público de la Defensa conformó la Agencia y designó a su titular, quien culminó sus funciones en abril del presente año. 

El día 18 de abril de 2023, por medio de la Resolución 436/2023, el Ministerio Público de la Defensa dejó sin efecto el reglamento para el nombramiento de la persona responsable de la Oficina de Acceso a la Información de la entidad y dispuso que sus funciones fueran asumidas por personal de la Asesoría Jurídica, de forma interina. Dicha decisión fue sustentada en una nota presentada por la Oficina de Administración General y Financiera en la que informó que en atención a la situación de déficit presupuestario existente en la proyección de gastos anuales de este Ministerio Público de la Defensa, no se cuenta con la posibilidad de mantener la estructura de cargos existente en la Oficina de Acceso a la Información Pública”.

Posteriormente, a través de la Resolución 543/2023 se designó a la persona de la Asesoría Jurídica que, además de cumplir las funciones que actualmente tiene en esa dependencia, llevará a cabo las tareas encomendadas a la Oficina de Acceso a la Información. 

El esquema actual no permite garantizar el derecho de acceso a la información pública y constituye un grave retroceso en la materia. Las resoluciones 436 y 543 de 2023 son ilegales e inconstitucionales, en tanto que: 

  1. La persona que ocupa interinamente el cargo de responsable de la Oficina de Acceso a la Información no cuenta con la idoneidad técnica, la autonomía, ni la dedicación exclusiva requerida para desempeñar adecuadamente el cargo. Dicho nombramiento debe ajustarse al contenido de la ley 27.275 que ordena que el proceso de selección sea abierto, público y transparente (art. 28), lo que no se ha respetado en este caso.
  2. Dejan la dirección de la Oficina de Acceso a la Información en un estado de interinato sin reglas claras que con el tiempo puede llegar a transformarse en una situación de permanencia indefinida. Las reglas para su elección fueron dejadas sin efecto y a la fecha no se han expedido nuevos lineamientos conducentes a subsanar la situación actual.
  3. Ambas resoluciones se basan en motivos presupuestarios, pero no se ha acreditado que se intentaron otras medidas menos lesivas del derecho, como podría ser el recorte del gasto de servicios no esenciales. 

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra preocupación por esta situación y enfatizamos en la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa respete la institucionalidad prevista por la ley 27.275 para garantizar el derecho de acceso a la información pública, que fortalece y afianza nuestra democracia, facilita el ejercicio de otros derechos y ostenta un rol esencial en la prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia en el Estado. Por ello, solicitamos a la Defensora General de la Nación que deje sin efecto las resoluciones 436 y 543 de 2023 y que inicie el proceso de selección para que se cubra adecuadamente el puesto. La nota presentada puede consultarse acá.

  • Adhieren:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Democracia en Red

Directorio Legislativo

Fundación Conocimiento Abierto

Fundeps- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 

INECIP- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Nuestra Mendoza

Poder Ciudadano

Salta Transparente

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Presentamos “Pañuelos en lucha”, una serie de cuatro episodios que pone en valor los testimonios de distintas personas que lucharon por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina y siguen levantando los pañuelos para defenderla.

El proyecto, realizado junto a Parque Podcast  y con el apoyo del Fondo Mujeres del Sur, tiene como protagonistas las voces de mujeres y disidencias sexogenéricas integrantes de la marea verde, que tuvieron algún tipo de participación en el proceso previo a la sanción de la ley, y en su posterior implementación y defensa. 

A partir de la recolección de los testimonios y del archivo sonoro que reúne experiencias de distintos puntos del país, contamos la historia de la sanción de la ley de IVE y lo que vino después. El objetivo de este ensayo sonoro es servir como un relato histórico que recupera y reconstruye diversas formas de organización y estrategias de lucha de los movimientos a favor de la autonomía reproductiva.

Nos propusimos reflejar cómo a pesar de las acciones y estrategias implementadas por los grupos conservadores y fundamentalistas religiosos, se pudo conseguir la sanción y se sigue trabajando por una plena implementación.

Cada episodio plantea un escenario de lucha. En el primero, “El deseo hecho ley”, desarrollamos cómo se vivió el proceso de conquista en el Congreso, durante las vigilias, y qué significa el logro colectivo de una ley. En el segundo, “Ni un paso atrás”, reflejamos cómo se accede a este derecho en los sistemas de salud. En el tercero, “Ganar los tribunales”, contamos cómo el escenario judicial se constituye como un espacio de disputa. Finalmente, en el cuarto, “El aborto después del aborto”, proponemos algunas reflexiones en torno a los desafíos pendientes y cómo vemos el futuro. 

El proceso de ideación de cada episodio y la recolección de los testimonios estuvo a cargo del staff y las voluntarias de las áreas de Géneros y Diversidad Sexual y de Comunicación de Fundeps. El guión fue escrito por Florencia Flores Iborra. La grabación estuvo a cargo de Leticia Riera. La mezcla y diseño de sonido estuvo a cargo de Paula Manini y la locución fue de Constanza Barbisan. 

 

¡Te invitamos a escucharlo!

ACCEDÉ A TODOS LOS EPISODIOS 

 

Y por acá te compartimos las transcripciones de los guiones de cada episodio:

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En un contexto de avasallamiento de derechos fundamentales, como el derecho a una retribución justa, a la participación en los procesos políticos de reformas constitucionales y al cuidado de la tierra, la protesta se constituye en una forma legítima de reclamo para las comunidades y para la ciudadanía en general. 

La pretendida reforma constitucional en la provincia de Jujuy vulnera derechos ampliamente reconocidos, como el derecho a la protesta, limitando la libertad de expresión y la propiedad a las tierras indígenas, y habilitando que se sigan violando derechos fundamentales para la todas las personas, tal como ocurre desde el pasado 17 de junio.

En este contexto, las comunidades indígenas reclaman que esta reforma constitucional avanza sobre sus derechos adquiridos y sobre sus territorios. Las comunidades tienen derechos que deben ser respetados en los procesos de toma de decisiones por parte del Estado.  En este sentido, destacamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas”. 

Por otro lado, ONU Derechos Humanos expresó su preocupación ante los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de las protestas en Jujuy. Realizó un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas las partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales. 

Exigimos al gobierno cesar la violencia institucional y la represión hacia la población, y convocar a espacios de diálogo y consulta de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, en un contexto en que circula desinformación, y se utilizan recursos que relativizan la violencia institucional y estigmatizan a los pueblos originarios, a trabajadores y sus organizaciones, hacemos un llamado a que los medios de comunicación realicen una difusión responsable de los hechos, incorporando la voz de las personas cuyos derechos están siendo vulnerados. 

 

*Foto: @susi.maresca

A través de esta iniciativa, FIC Argentina, FAGRAN, Fundación Sanar, Fundeps y Consciente Colectivo buscan impulsar una ciudadanía comprometida con la ley de etiquetado y así generar el primer reporte ciudadano sobre su cumplimiento. La iniciativa surge a partir de la identificación de diversos incumplimientos y de la falta de una efectiva fiscalización por parte del Estado.

No lo dejemos pasar” es la nueva campaña que lanzan hoy FIC Argentina, FAGRAN, Fundación Sanar, Fundeps y Consciente Colectivo para impulsar una ciudadanía informada y comprometida con la efectiva implementación de la ley de etiquetado. La campaña de alcance nacional busca generar un reporte ciudadano sobre el estado de cumplimiento de la ley, a 10 de meses del comienzo de su implementación.

Las organizaciones impulsaron en 2021 la campaña “Que no nos tapen los ojos” para promover la aprobación de la ley y, en esta ocasión, vuelven a reunirse para que esta medida de salud pública se cumpla de forma efectiva. La campaña enfatiza sobre algunos componentes de la ley referidos a la presencia y características de los sellos (su tamaño, ubicación en el envase, por ejemplo) así como de su disposición en góndola. 

“Hace unos meses realizamos un estudio de investigación para conocer cómo se está implementando la ley y detectamos que en el 83% de los supermercados relevados había incumplimientos sobre la disposición de los productos en la góndola, los sellos no estaban visibles al consumidor. En el 67% encontramos promociones asociadas al precio (como “15% de descuento” y “50% de descuento en la segunda unidad”) en productos con sellos, lo cual también evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en la ley, y en el 12% de los productos relevados los sellos no se encontraban en la cara principal del envase. El Estado debe sancionar estos incumplimientos y con la campaña buscamos visibilizarlos”, señaló Leila Guarnieri de FIC Argentina.

«Es prioridad que el compromiso se extienda a lo largo y a lo ancho del país, contando con la representatividad federal de las provincias, que monitorean el cumplimiento de la Ley a través de la ciudadanía comprometida y los profesionales de la nutrición que, a través de acciones de educación e incidencia ponen en el centro de escena la visibilización de esta Ley. Como Federación aunamos los esfuerzos de las entidades que nucleamos para el cumplimiento efectivo de la Ley, sin excepción», declaró Ana Caceres de FAGRAN.

 

“Para una plena implementación de la Ley de Etiquetado, es fundamental que como ciudadanía nos involucremos y exijamos su cumplimiento. Si bien es el Estado quien tiene la obligación de controlar, estamos observando que esos mecanismos pueden ser deficientes e inoportunos. Además, hasta el momento no tenemos datos de que se hayan aplicado sanciones a las empresas que incumplen la ley. Por eso, es importante que permanezcamos en alerta y reportemos los incumplimientos para exigirle a las autoridades que fiscalicen y sancionen adecuadamente”, indicó Maga Merlo de Fundeps. Y agregó: “Recordemos que esta ley viene a proteger derechos fundamentales como la salud, la alimentación adecuada y la información de las y los consumidores, y en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad, como las infancias. La participación ciudadana es esencial para construir políticas públicas transparentes.” 

“La plataforma surge también de la necesidad de visibilizar las acciones de las empresas que incumplen la ley de distintas maneras, interfiriendo principalmente en la garantía del derecho a la información de las y los consumidores. Poder documentar, sistematizar la información y así vehiculizar el reclamo a las autoridades de aplicación permitirá que el Estado actúe de forma que pueda poner en funcionamiento, estrategias propias para mitigar los incumplimientos”, señaló Ignacio Porras de Fundación SANAR.

“Para que una norma sea efectiva y no muera en la sanción, es fundamental que nos involucremos y exijamos su correcta implementación. Es cuestión de apropiarnos de la Ley y conocerla para poder reclamar por nuestros derechos y construir nuevos horizontes”, declaró Ariana Krochik de Consciente Colectivo.

¿Cómo participar en esta campaña?

Contacto

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org