La agenda ciudadana de las ONG para Llaryora
Organizaciones del tercer sector le enviaron una carta al intendente con sus principales inquietudes.
¿Cuál es la agenda en materia de políticas públicas que plantea el tercer sector para la nueva administración municipal?
Esta semana media docena de organizaciones sociales –Fundeps, Open Data Córdoba, Oajnu, Cuerpo de Abogadas Feministas, Desarrolla Digital y Terravida– le hicieron llegar al intendente Martín Llaryora una carta donde le sugieren 10 puntos para que tenga en cuenta en la gestión.
“La agenda que marcamos no es excluyente de todas las otras problemáticas que tiene la ciudad, sino que tiene que ver con las que trabajamos desde estas organizaciones. Nos pareció interesante participar de manera propositiva para un acercamiento amigable con la nueva gestión y esperamos poder sentarnos en una mesa de diálogo”, apuntó Carolina Tamagnini, presidenta Fundeps.
Algunos señalamientos apuntan a la necesidad de soluciones estructurales a problemas que el municipio evidencia desde hace tiempo, otros en cambio apuntan a reforzar las políticas que se implementaron en otros gobiernos.
“El cambio de gestión no tiene que implicar un retroceso en los derechos adquiridos. Por eso es que hacemos referencia las políticas que se habían llevado bien en los últimos años”, agregó Tamagnini.
Emergencia ambiental
El primer punto que señala la carta es la grave situación ambiental y sanitaria que vive el barrio Chacra de la Merced, que sufre las consecuencias de la contaminación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.
“Las aguas cloacales que ingresan a la planta salen prácticamente en las mismas condiciones, contaminando el río Suquía y todo su entorno”, dice la carta. Y solicita que se tomen acciones “reales” que tiendan a sanear el problema y le piden al municipio el cumplimiento del fallo judicial que le exige minimizar el daño ambiental.
Uno de los primeros anuncios que realizó la nueva gestión fue que la Provincia fondeará las obras necesarias para la reparación de Bajo Grande y que además buscará implementar un mecanismo para unir esa estación con la nueva planta que se construye contiguamente.
A mediados de febrero vence la emergencia ambiental decretada por el exintendente Ramón Mestre.
Residuos Sólidos Urbanos
Las ONG le plantean al municipio la necesidad de trabajar sobre dos ejes. El primero, implementar prácticas e incentivos que tiendan al reciclado y, en segundo término, elaborar una solución para el enterramiento definitivo de residuos sólidos urbanos de la Capital.
A fines del año pasado la Justicia provincial falló en contra de la instalación del complejo ambiental propuesto por Cormecor en la localidad de Villa Parque Santa Ana.
La Cámara Contencioso Administrativa N° 1 objetó el enterramiento sanitario por no cumplir con la distancia recomendada de 4 kilómetros y no respetar el estudio socioambiental. La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Planeamiento y desarrollo urbano
“La planificación urbanística sustentable debe contemplar tanto aspectos ecológicos como factores de inclusión socioeconómica”, remarca el texto de las organizaciones.
Este pedido se refiere a una regulación sobre el uso del suelo en la ciudad –pone la lupa sobre los convenios urbanísticos–, para lograr un crecimiento organizado que permite la eficiencia del transporte público y el acceso a los servicios de saneamiento.
Paridad de género
La carta plantea que también haya paridad en los cargos políticos de la gestión. “Es necesario que la gestión entrante cuente con la voluntad política necesaria para lograr un gabinete con paridad y generar mecanismos para brindar información pública acerca del cumplimiento de las medidas de equidad y paridad política mediante informes, estadísticas y datos de fácil acceso”, comenta.
El gabinete municipal cuenta con dos mujeres entre los 16 cargos más importantes: la secretaria General, Verónica Bruera; y la secretaria de Modernización, Alejandra Torres.
Cupo de personas trans
Una de la últimas polémicas que se dio en el anterior Concejo Deliberante fue el cupo laboral para personas trans. Finalmente no se aprobó.
“En este sentido, y frente al último fracaso de aprobación de un proyecto de cupo laboral trans y su remisión a comisiones a los fines de intentar unificar propuestas, creemos necesario que esta nueva gestión habilite y garantice los escenarios políticos necesarios para la discusión”, explican las organizaciones.
Además demandan que en caso de aprobarse se arbitren los medios para su implementación.
Acceso a la ILE
En la anterior gestión los casos de Interrupción Legal del Embrazo (ILE) recibieron atención en los centros de salud municipal.
“A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, se garantizan consejerías, se entregan métodos anticonceptivos y se consiguen las dosis necesarias de misoprostol, medicamento que se usa para concretar la interrupción del embarazo de manera ambulatoria”, destacan las organizaciones, que piden que se mantenga esta política como forma de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Adhesión a la Ley Micaela
“El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó por unanimidad en mayo del año pasado la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Hasta ahora no contamos con información acerca de la implementación de la adhesión y del comienzo de las capacitaciones”, puntualizan las ONG.
Señalan que la capacitación en género debe ser además un elemento a la hora de tomar personal.
Acceso a la información pública
Las organizaciones le solicitan al municipio que facilite el acceso a la información pública a través de la creación de una oficina específica como establece la ordenanza.
A su vez le piden que conserve los canales que se desarrollaron durante la gestión anterior como el portal de Datos Abiertos.
“Garantizar este derecho humano fundamental, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando a la ciudadanía en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las mismas”, señalan.
Entornos escolares saludables
La Municipalidad cuenta con 37 escuelas y cinco parques educativos. En la anterior gestión, se sancionó la ordenanza 12.256 donde se implementó el Programa Cantinas Escolares Saludables que abarca a 28 establecimientos y consiste en brindar una oferta variada de alimentos con alta calidad nutricional en los quioscos.
“Dado que la institución educativa es un escenario privilegiado para promover la salud y el desarrollo de una alimentación y estilo de vida saludables, a partir de estándares internacionales se considera fundamental propiciar los entornos escolares saludables a través de una política integral, que defienda los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que les provea una protección sustancial”, reza la carta.
Ambientes libre de humo
Córdoba fue una de las primeras ciudades en el país en prohibir fumar en lugares cerrados y semicerrados. Las organizaciones piden mayores controles para que se mejore el cumplimiento de la ordenanza.
Fuente: La Voz