Mientras el mundo entero habla de la pandemia del COVID-19, en Argentina, principalmente en las provincias del centro y norte, también acecha otra enfermedad, el dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En el último Boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, se informó que son más de 15 provincias las que han reportado casos positivos tanto importados como autóctonos. En Córdoba, el día 25 de marzo del corriente año, se registró el pico histórico de casos, según informó el diario La Voz del Interior, con 902 infectados y con 4 víctimas fatales por esta enfermedad.

Por Ananda María Lavayén para El Entramado

Hay que recordar que este problema sanitario había sido erradicado en 1960 y reapareció en 1998 en algunas provincias como Salta, Formosa, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones, hasta la explosión de casos en 2009. Aunque su despliegue es imposible de adjudicar a un solo factor, la expansión de la enfermedad guarda relación directa con la ampliación de la frontera agropecuaria y la consiguiente tala de monte, la supremacía de los monocultivos a base de transgénicos y la masiva aplicación de pesticidas y agroquímicos que eliminan a los depredadores naturales de los mosquitos, como son los peces y anfibios, que, naturalmente, controlan la evolución poblacional de los transmisores del dengue. Año tras año, puede verse cómo los mosquitos generan resistencia genética a los agroquímicos mientras que los depredadores no lo hacen.

Es indudable que el modelo productivo basado en el monocultivo de soja transgénica, la utilización de herbicidas, fungicidas e insecticidas posee su impacto en la tasa de reproducción y supervivencia del mosquito Aedes aegypti. Sumando a esto, la deforestación y la quema de bosques y montes ha fomentado la migración de los mosquitos hacia otras zonas donde han encontrado condiciones óptimas para su supervivencia.

Además, a este problema local, hay que sumarle otro fenómeno a nivel global como es el cambio climático. Este fenómeno ejerce una notable influencia en la propagación del mosquito, ya que la elevación de las temperaturas y el cambio en las condiciones de humedad propicia tanto la zona de distribución como el incremento del número de generaciones anuales de mosquito y, por ende, mejores condiciones para la expansión de la enfermedad.

La realidad muestra que el dengue ya es una dolencia que, cada año, dice presente tanto en los territorios más cálidos del país como también en las provincias de clima más duro como Neuquén o Chubut, en las que también han aparecido casos en el último tiempo.

Mientras que el mosquito avanza, el gobierno aumenta sus acciones, campañas y recomendaciones para prevenir la reproducción del mismo, entre ellas, evitar tener en las viviendas recipientes que contengan agua estancada, vestir ropa de color clara, colocar mosquiteros, usar repelentes y mayor frecuencia en las fumigaciones realizadas por parte de las reparticiones del Estado.

En ese sentido, la Cámara de Empresas Agroaéreas de Córdoba le propuso al gobernador Juan Schiaretti combatir el dengue con aplicaciones aéreas de insecticidas, según una noticia publicada el día 27 de marzo en el diario online Agrovoz. Esta medida, sin dudas, acentuaría el desequilibrio en el ecosistema, teniendo en cuenta que, con las fumigaciones (en este caso, masivas), no solo se exterminaría el mosquito, sino también otras especies. Además, no hay un estudio acabado que indique cómo afectarían a largo plazo dichos productos en las personas, animales, plantas y cursos de agua. Hay que tener en cuenta que quienes proponen y autorizan estas soluciones (Ministerio de Salud de la Nación, el Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias) son los mismos que avalan el uso de agroquímicos y los consideran inocuos.

Para concluir, podemos decir que todos estos esfuerzos y supuestas soluciones no son suficientes ni adecuadas si no se plantea un cambio en el sistema de producción y se continúa adelante con una práctica agrícola que hace uso abusivo de las fumigaciones, como así también de la tala de bosques y monte de forma indiscriminada, generando un grave desequilibrio en el ambiente que trae, entre otras consecuencias, el brote de enfermedades transmitidas por vectores.

Fuente: La Tinta

Mujeres. Las más afectadas por la crisis climática del planeta.

Cuando hablamos de ecofeminismo, hablamos de cuidado. Si bien existen múltiples expresiones teóricas y prácticas del movimiento ecofeminista, todas confluyen en la necesidad de darle más valor al cuidado como premisa ética para la vida en sociedad.

Desde que la historia existe, la humanidad se ha parado como dueña y señora de la naturaleza y su entorno. El dominio como punto de partida para la existencia. Esta forma de relacionarnos con el mundo en que vivimos también se evidencia en los modos de vincularnos en sociedad.

Es así como las desigualdades sociales ponen de manifiesto las desproporciones de poder entre las personas, por su clase, su sexo, su género y su etnia, entre muchas otras.

El dominio y la conquista han sido las modalidades adoptadas, por sobre aquellas que fueron desplazadas por ser más débiles, complejas y, en general, vinculadas a lo femenino.

El cuidado ha sido relegado a las mujeres: el cuidado a niños y niñas, a las personas mayores, en las tareas del hogar, por ser “guardadoras” de la moral y el cariño en el seno de las familias.

Es a partir de la visibilización de la lucha ambiental de múltiples grupos de mujeres en el mundo que se resaltó la necesidad de que el cuidado comience a ser la forma de vincularnos con el ambiente. Y es ambiente y no es un medio, porque pensar desde el cuidado implica que dejemos de ver a la naturaleza como una herramienta y empecemos a comprendernos parte de ella.

En la ciudad de Córdoba, tenemos varios ejemplos de estos movimientos que han logrado mostrar la falta de cuidado que tenemos con el ambiente y con otras personas. El más claro es el de las madres de barrio Ituzaingó que pusieron en tapas de los diarios que el uso de agroquímicos puede enfermar a toda una población, y se enfrentaron con sus propios vecinos que no querían dejar de fumigar esos metros necesarios para que las personas no se intoxiquen.

Vincularnos de otro modo

Hablar de ecofeminismo es hablar de cuidado, pues este es un valor dejado de lado por femenino, pero fundamental para la supervivencia. En estos tiempos de catástrofes ambientales, de plagas y pandemias, la clave es repensar el modo de vincularnos en sociedad, con los animales y con nuestro entorno.

La competencia por las ganancias, la desidia por los resultados nocivos de los modelos extractivistas, el desinterés por el sufrimiento animal, la violación de los derechos de los trabajadores, el lobby político para que continúe la desregulación laboral y ambiental son algunos de los síntomas de la falta de empatía con la realidad social.

Si bien las teorías ecofeministas ahondan en las conceptualizaciones necesarias para el desarrollo completo de estas ideas, se pueden resumir en que el dominio y la conquista como principales valores generaron la explotación indiscriminada de la naturaleza y la reproducción interminable de las desigualdades estructurales de la sociedad.

En esta línea, el siguiente pensamiento es darnos cuenta de que tanto la naturaleza como las mujeres hemos sido objeto de dominación. Tanto en lo simbólico como en lo material, el dominio al ambiente, así como a las mujeres, ha sido con violencia explícita o disimulada, pero siempre sujeta a la apropiación y conquista.

No es casualidad que hayan sido las mujeres las principales activistas por el ambiente en el mundo. Las mujeres han sido las principales subyugadas del sistema patriarcal, pero también son las principales afectadas por la discriminación ambiental.

Por ejemplo, según el Gender and Climate Toolkit, publicación realizada con el apoyo del Parlamento Europeo, las mujeres son quienes menos huella de carbono aportan pero constituyen el 80% de los refugiados climáticos, que son los grupos de personas afectadas y desplazadas de sus centros de vida por catástrofes ambientales.

Discriminación

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género asegura que más del 80% de los puestos de toma de decisión en materia de cambio climático están ocupados por hombres, y en las empresas que aportan a la emisión de gases de efecto invernadero, el 95% de los integrantes de juntas directivas y el 86% de los senior managers son hombres.

También son las mujeres las más expuestas a la contaminación, pues están encargadas del cuidado, y las que se encuentran más en contacto con el agua que contiene tóxicos y el aire impregnado de químicos. Y no es de sorprender que las más expuestas sean las que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica.

Es necesario repensar la construcción de los vínculos humanos y con el ambiente, desde una perspectiva que incorpore la empatía y el cuidado como puntos fundamentales para el desarrollo social.

La perspectiva de género y de derechos humanos es una de las claves en la creación de políticas públicas que aborden la problemática ambiental, y tiene que ser valorada por sobre la ganancia y el lucro.

Debemos traer a la mesa los contenidos humanos que le dan sustento al desarrollo económico, y dejar de lado la promesa de crecimiento infinito.

Para adaptarnos a los tiempos que corren, hay que rescatar los viejos conceptos de justicia social, igualdad, cuidado y solidaridad, para reencontrarnos en un proceso de construcción colectiva que logre integrarnos con el ambiente como parte de este, y que incluya a los colectivos olvidados por la historia de la dominación.

VIRGINIA PEDRAZA

Directora estratégica de Fundeps

Fuente: La Voz

Los compromisos que varios países asumen de manera voluntaria para abrir sus datos no alcanzan para controlar la corrupción si no se trabaja en la participación ciudadana.

Filósofos y politólogos a lo largo de la historia han dado a entender que no existe otra manera de organizar la vida en sociedad que sea más equitativa e inclusiva que la democracia. La democracia es sinónimo de transparencia, participación, igualdad y desarrollo. ¿Y en la práctica?

Los indicadores de desarrollo de Argentina y de la mayor parte de los países del sur global demuestran que los niveles de desigualdad son grandes y fueron creciendo con el paso de los años.

En un contexto de gobiernos democráticos consolidados, esta forma de gobierno no fue capaz de cumplir con sus promesas y la exclusión constante de la ciudadanía, devino en la imposibilidad de avanzar hacia mejores niveles de desarrollo.

La idea del desarrollo como algo más que el crecimiento económico fue incorporando otros parámetros para medir el avance de una nación. La salud, la educación y las instituciones gubernamentales son algunos de ellos. Y hacia 2008, la necesidad de fortalecer estas últimas, devino en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).

La OGP reúne a más de 70 naciones con el objeto de promover la implementación de políticas de transparencia, participación y colaboración. Los Estados parte se adhieren y mantienen su estatus de “miembro” mediante la creación de planes de acción que duran dos años. Cada uno se compone de un set de compromisos o metas que el gobierno está dispuesto a cumplir en plazo estipulado. La adherencia a OGP y el cumplimiento de los planes tienen, al día de hoy, un carácter voluntario. Finalizado cada plan, los países son evaluados y obtienen recomendaciones de cara a la elaboración del siguiente plan.

La hermana mayor de OGP es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Eiti). Creada en 2003, Eiti se propone fomentar el aumento en los niveles de transparencia en los estados, con el propósito de combatir y reducir la corrupción en la actividad extractiva. De manera similar a OGP, la adhesión a este espacio es voluntaria.

Ambas iniciativas proponen un modelo de creación de políticas y toma de decisión en el que el gobierno debe compartir la mesa con la sociedad civil. Los planes de acción tanto de OGP como de Eiti deben ser delineados en conjunto, entre los estados y la ciudadanía. Esto es una condición necesaria para la permanencia del país en las iniciativas. De esta forma, OGP y Eiti vienen a proponer un modelo de democracia en el que la transparencia y la participación ciudadana son un requisito imprescindible.

¿Y Argentina?

Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde la adhesión de Argentina a estos espacio?

El carácter voluntario de la participación y del cumplimiento de los compromisos les quita fuerza a los beneficios e impactos que estos puedan tener. Cada meta incluida en los planes, si bien creada en conjunción con la sociedad civil, depende exclusivamente de aquellos ministerios y espacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que quieran participar.

Argentina en OGP adquirió un prestigio que ha llevado a que en este 2020, nuestro país ocupe la presidencia de la Alianza. No obstante, los resultados de las evaluaciones de los últimos tres planes de acción revelaron que, casi en su totalidad, los compromisos asumidos desde 2013 no fueron los suficientemente transformadores. Esto significa que muy pocas metas asumidas tienen un verdadero potencial para convertir al gobierno argentino en un gobierno abierto.

Una multiplicidad de portales de datos abiertos no significa que las instituciones sean más transparentes. Y Argentina ha orientado casi todos sus esfuerzos a la creación de estos sitios como su estrategia para abrir el gobierno.

La persistente incapacidad de la ciudadanía para comprender la información que se publica es lo que llevó a que tanto OGP como Eiti se hayan estancado.

Ambas iniciativas demuestran que se avanzó mucho hacia la transparencia de la información, pero eso no ha decantado en una mayor participación ciudadana, reducción de la corrupción o mejoras en los indicadores de desarrollo. El informe anual de 2019 de OGP evidencia que los compromisos asumidos por los países miembros se orientan sólo a la cuestión de la transparencia. Poco se hizo para ampliar los espacios de participación y colaboración.

Para la mayor parte de los países miembros, la participación en Eitiy OGP ha servido como una máscara que les permite adquirir prestigio internacional y mayores posibilidades de recibir ayuda para el desarrollo. Nada más.

El movimiento hacia la apertura gubernamental no hizo más que poner a disposición de los ciudadanos una catarata de datos casi imposible de procesar. La brecha tecnológica y la alfabetización digital son cuentas pendientes. En la medida en que no se transformen en prioridades para los gobiernos, la apertura nunca va a ser suficiente.

Si bien OGP y Eiti vinieron a proponer una remodelación de los estándares democráticos, poco fue lo que lograron. La inclusión de grupos vulnerables aún no es evidente, y desde los círculos académicos se discute si este tipo de iniciativas son modelos pensados desde el “norte global”, que buscan ser trasplantados a todo el mundo sin dimensionar los contextos particulares de cada nación. Esto se evidencia en estados donde los niveles de desigualdad, exclusión y analfabetismo son altos.

AGUSTINA PALENCIA (Investigadora asociada a Fundeps) para diario La Voz

Fuente: La Voz

Fundeps los reclamaba desde el año pasado. El informe anterior mostraba que proveedores de la Provincia habían aportado a la campaña 2015 de Schiaretti-Llaryora. La mayoría eran contratistas de obra pública.

Tras la difusión de un informe que revelaba que un tercio de las empresas aportantes a la campaña 2015 de Unión por Córdoba para la gobernación de Córdoba eran proveedoras del Estado provincial, el Fuero Electoral finalmente publicó el detalle de los gastos de campaña de los comicios de 2019, que reclamaba la fundación Fundeps.

Los listados de ingresos y egresos de todos los partidos se pueden encontrar en el sitio de la Justicia de Córdoba.

• Fuero electoral, fuera de plazo

El domingo pasado, publicamos un estudio de Fundeps que mostraba que 55 empresas (de las 158 que aportaron para la campaña de la fórmula Juan Schiaretti-Martín Llaryora en 2015) eran proveedoras o contratistas de la Provincia al momento de entregar su aporte al PJ Córdoba. La ley 9.571 (Código Electoral) prohíbe ese tipo de donaciones por parte de “concesionarias de servicios u obra pública”.

• La ley es clara, los datos son públicos

Respecto de la rendición 2019, el fuero electoral presentó el detalle total de 2019 tras varios pedidos de Fundeps, que reclamaba su publicación desde el año pasado.

Fuente: La Voz

• Ya aprobó los informes y publicó esas resoluciones.
• Pero no divulga los listados de aportantes y gastos de los partidos.
• Desde julio de 2019, Fundeps intenta que se hagan públicos.

A principios de julio de 2019, Fundeps presentó un pedido de información dirigido a las cinco primeras fuerzas electorales que participaron de las elecciones provinciales del 12 de mayo de 2019. También lo hicieron ante el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, a cargo de Marta Elena Vidal.

Ninguno de esos pedidos fue respondido.

Vale aclarar que desde el momento mismo que los partidos presentan sus informes, tanto el previo (15 días antes de las elecciones) como el final (dentro de los 60 días siguientes a los comicios) estos deben estar a disposición de la ciudadanía en el Juzgado Electoral. Así está previsto en los artículos 234 y 236 del Código Electoral (ley 9.571).

Ante la consulta de la fundación el 27 de agosto, en el juzgado informaron que habían extraviado la presentación. Hubo que hacerla de nuevo. El 1 de octubre, ante la falta de respuesta, Fundeps presentó otro pedido. No hubo respuesta.

Marta Vidal, la titular del Juzgado Electoral de Córdoba. (La Voz / Archivo)

El 20 de diciembre de 2019, el fuero electoral publicó las resoluciones en las que aprueba las rendiciones de los partidos, pero sin los informes finales de ingresos y gastos.

El 6 de febrero se presentó un nuevo pedido y la respuesta fue entonces verbal: la fecha de publicación es incierta. La misma contestación que obtuvo La Voz ante la consulta en la barandilla del juzgado. Era, además, una de las preguntas de la consulta enviada por escrito por este medio, que tampoco fue respondida.

Según la ley 9.571 (Código Electoral de Córdoba), los partidos tienen 60 días para presentar a la Justicia electoral la rendición de los gastos de campaña: ingresos (aportes de personas físicas y jurídicas) y egresos (en qué gastaron ese dinero).

La Justicia tiene 120 días corridos desde entonces para realizar el informe final de campaña. Luego, los partidos tienen otros 10 días para hacer objeciones u observaciones, y después el tribunal dispone de 10 días más para resolver y publicar.

Pasaron mucho más que 10 días desde la aprobación de los informes, el 20 de diciembre pasado.

Organizaciones del tercer sector le enviaron una carta al intendente con sus principales inquietudes.

¿Cuál es la agenda en materia de políticas públicas que plantea el tercer sector para la nueva administración municipal?

Esta semana media docena de organizaciones sociales –Fundeps, Open Data Córdoba, Oajnu, Cuerpo de Abogadas Feministas, Desarrolla Digital y Terravida– le hicieron llegar al intendente Martín Llaryora una carta donde le sugieren 10 puntos para que tenga en cuenta en la gestión.

“La agenda que marcamos no es excluyente de todas las otras problemáticas que tiene la ciudad, sino que tiene que ver con las que trabajamos desde estas organizaciones. Nos pareció interesante participar de manera propositiva para un acercamiento amigable con la nueva gestión y esperamos poder sentarnos en una mesa de diálogo”, apuntó Carolina Tamagnini, presidenta Fundeps.

Algunos señalamientos apuntan a la necesidad de soluciones estructurales a problemas que el municipio evidencia desde hace tiempo, otros en cambio apuntan a reforzar las políticas que se implementaron en otros gobiernos.

“El cambio de gestión no tiene que implicar un retroceso en los derechos adquiridos. Por eso es que hacemos referencia las políticas que se habían llevado bien en los últimos años”, agregó Tamagnini.

Emergencia ambiental

El primer punto que señala la carta es la grave situación ambiental y sanitaria que vive el barrio Chacra de la Merced, que sufre las consecuencias de la contaminación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.

“Las aguas cloacales que ingresan a la planta salen prácticamente en las mismas condiciones, contaminando el río Suquía y todo su entorno”, dice la carta. Y solicita que se tomen acciones “reales” que tiendan a sanear el problema y le piden al municipio el cumplimiento del fallo judicial que le exige minimizar el daño ambiental.

Uno de los primeros anuncios que realizó la nueva gestión fue que la Provincia fondeará las obras necesarias para la reparación de Bajo Grande y que además buscará implementar un mecanismo para unir esa estación con la nueva planta que se construye contiguamente.

A mediados de febrero vence la emergencia ambiental decretada por el exintendente Ramón Mestre.

Residuos Sólidos Urbanos

Las ONG le plantean al municipio la necesidad de trabajar sobre dos ejes. El primero, implementar prácticas e incentivos que tiendan al reciclado y, en segundo término, elaborar una solución para el enterramiento definitivo de residuos sólidos urbanos de la Capital.

A fines del año pasado la Justicia provincial falló en contra de la instalación del complejo ambiental propuesto por Cormecor en la localidad de Villa Parque Santa Ana.

La Cámara Contencioso Administrativa N° 1 objetó el enterramiento sanitario por no cumplir con la distancia recomendada de 4 kilómetros y no respetar el estudio socioambiental. La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Planeamiento y desarrollo urbano

“La planificación urbanística sustentable debe contemplar tanto aspectos ecológicos como factores de inclusión socioeconómica”, remarca el texto de las organizaciones.

Este pedido se refiere a una regulación sobre el uso del suelo en la ciudad –pone la lupa sobre los convenios urbanísticos–, para lograr un crecimiento organizado que permite la eficiencia del transporte público y el acceso a los servicios de saneamiento.

Paridad de género

La carta plantea que también haya paridad en los cargos políticos de la gestión. “Es necesario que la gestión entrante cuente con la voluntad política necesaria para lograr un gabinete con paridad y generar mecanismos para brindar información pública acerca del cumplimiento de las medidas de equidad y paridad política mediante informes, estadísticas y datos de fácil acceso”, comenta.

El gabinete municipal cuenta con dos mujeres entre los 16 cargos más importantes: la secretaria General, Verónica Bruera; y la secretaria de Modernización, Alejandra Torres.

Cupo de personas trans

Una de la últimas polémicas que se dio en el anterior Concejo Deliberante fue el cupo laboral para personas trans. Finalmente no se aprobó.

“En este sentido, y frente al último fracaso de aprobación de un proyecto de cupo laboral trans y su remisión a comisiones a los fines de intentar unificar propuestas, creemos necesario que esta nueva gestión habilite y garantice los escenarios políticos necesarios para la discusión”, explican las organizaciones.

Además demandan que en caso de aprobarse se arbitren los medios para su implementación.

Acceso a la ILE

En la anterior gestión los casos de Interrupción Legal del Embrazo (ILE) recibieron atención en los centros de salud municipal.

“A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, se garantizan consejerías, se entregan métodos anticonceptivos y se consiguen las dosis necesarias de misoprostol, medicamento que se usa para concretar la interrupción del embarazo de manera ambulatoria”, destacan las organizaciones, que piden que se mantenga esta política como forma de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Adhesión a la Ley Micaela

“El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó por unanimidad en mayo del año pasado la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Hasta ahora no contamos con información acerca de la implementación de la adhesión y del comienzo de las capacitaciones”, puntualizan las ONG.

Señalan que la capacitación en género debe ser además un elemento a la hora de tomar personal.

Acceso a la información pública

Las organizaciones le solicitan al municipio que facilite el acceso a la información pública a través de la creación de una oficina específica como establece la ordenanza.

A su vez le piden que conserve los canales que se desarrollaron durante la gestión anterior como el portal de Datos Abiertos.

“Garantizar este derecho humano fundamental, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando a la ciudadanía en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las mismas”, señalan.

Entornos escolares saludables

La Municipalidad cuenta con 37 escuelas y cinco parques educativos. En la anterior gestión, se sancionó la ordenanza 12.256 donde se implementó el Programa Cantinas Escolares Saludables que abarca a 28 establecimientos y consiste en brindar una oferta variada de alimentos con alta calidad nutricional en los quioscos.

“Dado que la institución educativa es un escenario privilegiado para promover la salud y el desarrollo de una alimentación y estilo de vida saludables, a partir de estándares internacionales se considera fundamental propiciar los entornos escolares saludables a través de una política integral, que defienda los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que les provea una protección sustancial”, reza la carta.

Ambientes libre de humo

Córdoba fue una de las primeras ciudades en el país en prohibir fumar en lugares cerrados y semicerrados. Las organizaciones piden mayores controles para que se mejore el cumplimiento de la ordenanza.

Fuente: La Voz