El día 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo la 2° reunión anual de la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) en la ciudad de Córdoba. En este marco, se realizó un encuentro con periodistas para charlar sobre corrupción y acceso a la información. 

El tema central que nos convocó fue el pedido de actualización de la ley de acceso a la información pública en Córdoba, apoyado por la ROCC y otras ONGs de Córdoba. En el encuentro se conversó sobre el estado de situación de este derecho a nivel de las provincias y a nivel nacional, y las diferencias entre la existencia de una normativa y la aplicación de la misma. Periodistas y ONGs concluyeron en la necesidad de un trabajo colaborativo conjunto para poder trabajar en materia de acceso a la información pública.

¿Cuál es la situación en Córdoba?

Las conclusiones del encuentro evidencian la necesidad, en la mayoría de los casos, de tener que judicializar pedidos de acceso a la información pública en Cördoba, y tener que esperar a los tiempos judiciales. 

Córdoba, no solo necesita actualizar su ley de acceso a la información, sino que además la normativa que existe está lejos de poder aplicarse correctamente. Fundeps solo recibió respuestas del 5% de los pedidos de información presentados en 2019 al municipio y a la provincia; y cuando judicializó un caso, el TSJ lo resolvió 10 años después

¿Y en las otras provincias?

Desde las organizaciones de Mendoza, CLADH (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos) y Nuestra Mendoza se resaltó que hubo claros avances en relación al acceso a la información pública en su provincia, sobre todo legislativos. Desde 2018 cuentan con una nueva ley de AIP y en 2019 se reglamentó. La misma contempla cuestiones de transparencia activa e incluso una oficina que dedicada a su implementación, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Sin embargo advierten que ésta no funciona correctamente y que sería útil un sistema de contralor, interprovincial por ejemplo, a los fines de que éste rinda cuentas ante un tercero. 

Por su parte tanto la organización de Salta como la de Santa Fe, Salta Transparente y Acción Colectiva respectivamente, dieron a conocer que su situación legislativa es la más preocupante. Salta no cuenta a nivel provincial con una ley de acceso a la información pública, sí a nivel municipal de la ciudad de Salta con una ordenanza que contempla, entre otras cuestiones, la transparencia activa y sanciones para el caso de incumplimiento de la misma. Por su parte en Santa Fe, el próximo intentarán por novena vez ingresar la ley a la Legislatura el proyecto de ley sobre acceso a la información pública. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de la ciudad autónoma de Buenos Aires, adelantó que está confeccionando un informe sobre la aplicabilidad de la ley nacional de AIP, que se publicará a comienzos del año 2020. 

¿Cómo continuó el evento de la ROCC?

En el encuentro, se invitó a otras organizaciones de la sociedad civil de Córdoba para que expusieran sus proyectos en materia de Gobierno Abierto. Asistió Virginia Romanutti de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, quien expuso su trabajo en el marco del Plan de Metas de la Municipalidad de Córdoba. Asimismo asistieron representantes de PARES que trabaja alrededor de tres ejes estratégicos: género, ciudadanía y desarrollo; y Minka que se dedica a temas vinculados a derecho y tecnología. 

En relación a la Red de Organizaciones contra la Corrupción, se hizo un balance de las actividades del 2019, destacándose:

  • La nota que se presentó el 25 de enero al presidente de la nación en relación al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó sobre Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.
  • Aporte de comentarios a la presentación del Anteproyecto de Ley de Estado Abierto en Salta. 
  • Participación activa en el Consejo Federal para la Transparencia.
  • El Acuerdo Social Anticorrupción.

Y, se plantearon algunas acciones para llevar adelante el próximo año como: 

  • Participar del Consejo Federal para la Transparencia. 
  • Realizar campañas de concientización sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública. 
  • Fiscalizar las obras de infraestructura a nivel nacional por constituirse éstas en unos de los nichos más importantes de corrupción. 
  • Trabajo con miras a regularizar el lobby. 
  • Consolidar un plan de trabajo sobre usos indebidos de recursos públicos. 
  • Exigir una ley sobre ética pública en provincias o municipios que no posean una. 

Contacto

Nina Sibilla, [email protected]