Responder pedidos de información, una cuenta pendiente de la Provincia y el municipio

• Sólo una de cada 10 solicitudes de cuatro organizaciones civiles fue contestada de manera satisfactoria por Provincia y municipio.
• La actual gestión municipal intentó sancionar una ordenanza de Gobierno Abierto antes de irse.
• La Provincia tiene una ley de hace 20 años.

En Córdoba, solamente el 10 por ciento de los pedidos de acceso a la información pública obtiene una respuesta satisfactoria en tiempo y forma. De las 140 solicitudes que presentaron este año cuatro organizaciones de la sociedad civil –tanto a la Provincia como al municipio capitalino– sólo 14 recibieron una respuesta completa por parte de las autoridades.

La cifra surge de los datos suministrados por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Fundeps, Foro Ambiental y Córdoba de Todos a partir de los pedidos realizados hasta la semana pasada. En la mayoría de los casos no lograron ninguna respuesta. Otras organizaciones del tercer sector también reconocieron que fue dificultoso obtener datos de calidad del Estado en años anteriores, aunque en 2019 no realizaron ningún pedido de acceso a la información.

A fines de octubre pasado, Fundeps además presentó un recurso de amparo ante la Justicia por la falta de respuesta por parte de la Provincia sobre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en los hospitales provinciales. En abril de este año, la misma fundación logró –luego de nueve años– que el Tribunal Superior de Justicia le habilitara un pedido presentado en 2010.

De acuerdo al portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba, este año la Oficina de Acceso a la Información Pública recibió 274 pedidos de datos estatales. Sobre ese total elaboró 75 respuestas, tanto de requerimientos de ONG como de personas particulares, informaron desde el municipio. En muchos casos se trató de consultas repetidas y/o que estaban dirigidas a otras órbitas del Estado.

Desde la Municipalidad indicaron que el índice de respuesta estará disponible en los próximos días, cuando se cierre el balance del Plan de Metas 2019. La mayoría de los pedidos está relacionada con problemáticas urbanas, la situación de la planta de Bajo Grande, la disposición de residuos sólidos urbanos y el estado del transporte.

Por su parte, la Provincia no amplió su respuesta. El 20 de noviembre se la consultó sobre cuántos pedidos de acceso a la información pública se realizaron este año, cuántos fueron respondidos, qué mecanismo se implementó para gestionar estos pedidos, si hay una oficina a cargo y cuál es el rol de la mesa de Gobierno Abierto.

La respuesta fue: “La Mesa de Gobierno Abierto se formó para el trabajo que se realizó vinculado a la meta provincial que se incluyó en el tercer plan de acción nacional de Gobierno Abierto. Además, nos acompañó en iniciativas relacionadas con el piloto de territorialización de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Ocde, en el que la Provincia participa”.

En 2017 se implementó esa Mesa de Gobierno Abierto como una forma de canalizar las demandas de las organizaciones. Sin embargo, su operatividad –reconocen estas entidades– es una muestra de voluntad política.

Vigencia

En materia legislativa, la Provincia tiene una normativa de más de 20 años, que data del 6 octubre de 1999, cuando recién asumía su primer mandato el exgobernador José Manuel de la Sota. La Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado era parte de una serie de reformas que apuntaban a dotar de mayor transparencia al poder político, que hacia fines de la década del ’90 era blanco de fuertes denuncias de corrupción, sobre todo a nivel nacional.

El texto vigente de 11 artículos estipula que se puede pedir información en cualquier dependencia estatal de los tres poderes del Estados, incluidas las agencias, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, de manera escrita. Y fija un plazo de 10 días hábiles (más una prórroga de otros 10) para su entrega.

“La actual ley tiene más de 20 años, cuando muchas de las nociones de Gobierno Abierto y de acceso a la información pública aún no estaban concebidas. Habla de actos administrativos y no de acceso a la información pública. Pensemos que Internet se hace masiva después de 2000. Además, no se contempla una oficina que centralice los pedidos. En lugar de eso hay que esperar a tener suerte con una nota que se sube al Sistema Único de Atención al Ciudadano (Suac)”, señala María Victoria Sibilla, coordinadora del área de Democracia de Fundeps.

A nivel municipal, la última modificación de la ordenanza de acceso a la información pública se realizó durante la gestión de Daniel Giacomino, el 20 de noviembre de 2010. Entre los cambios que introduce este texto se encuentra la creación de la oficina de acceso a la información pública, que recién nació en la gestión de Ramón Mestre.

“La ventaja de la Municipalidad es que tiene una oficina dedicada a gestionar los pedidos de acceso a la información pública. No obstante, muchas veces eso no se traduce en una respuesta concreta o satisfactoria”, dice Virginia Romanutti, coordinadora de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

“Es común que el municipio no responda a los pedidos de acceso a la información; inclusive nos han contestado diciendo que no van a responder”, comenta Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.

Gobierno Abierto

El 30 de octubre pasado ingresó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza de Gobierno Abierto, una de las políticas de gestión de las que Ramón Mestre siempre hizo gala junto con los parques educativos.

La apertura de datos y su portal le valieron al municipio varios reconocimientos, como el del Ministerio de Modernización y de diversas entidades.

“Los avances en términos de Gobierno Abierto son conquistas respecto a transparencia, trabajo colaborativo y participación ciudadana, y son para siempre. Aun así, son prácticas que necesitan profundizarse. Seguramente nos falta, pero hemos abierto muchísimos datos, desde las declaraciones juradas de los funcionarios hasta la nómina salarial de los empleados. Esperamos que a este trabajo lo continúe la próxima gestión”, señaló el secretario de Modernización de la Municipalidad, Marcelo Cossar.

Todo indica que no lograría en la sesión de hoy el apoyo legislativo y quedaría para la próxima gestión. “La ordenanza enviada al Concejo es una gran oportunidad para asegurarle al ciudadano ese avance. Honestamente, no le encontraría lógica si es que los caprichos o egoísmos políticos desestiman una ordenanza que es objetivamente incuestionable”, dice Cossar.

Distintas organizaciones reconocen el trabajo que realizó el municipio en materia de apertura de datos. Inclusive destacaron que sea en formatos abiertos y reutilizables (un requisito indispensable para trabajar sobre ellos). No obstante observan –también en el caso de la Provincia– que la publicación de datos no sigue una sistematización y que en muchos casos está en función de los intereses de una determinada gestión.

“Hay iniciativas que apuntan a mejorar la transparencia y el acceso de la información del Estado; no obstante, vemos que hay muchos datos que se abren y no necesariamente son útiles. Es decir, debe haber criterios a la hora de publicar datos que realmente sirvan para diseñar políticas públicas y saber cuál es la situación en que estamos”, apunta Gabriela Larrauri, de la Asociación Gobierno Abierto (AGA).

Portal

En materia de finanzas, el Portal de Transparencia de la Provincia fue reconocido por su calidad por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en varias oportunidades. Y logró durante cuatro años seguidos la calificación más alta del país en esta materia.

En el sitio se pueden observar todos los detalles sobre el Presupuesto provincial, sus recursos y la ejecución de los gastos. Hasta se puede llegar a una factura de compra. De hecho, este nivel de acceso a la información le sirve a la Provincia como carta de presentación a la hora de gestionar financiamiento en el extranjero.

Más allá de la apertura de datos y su disponibilidad en la web, para el director ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, Sebastián Freille, las plataformas tienen que ser lo más amigables posibles ya que cada clic que hay hacer para buscar información supone una barrera.

“La Provincia está abriendo la ejecución presupuestaria a nivel muy detallado. Esa información está disponible pero no es de fácil acceso. Se llega a la información pero si yo quisiera llegar a ciertos rubros no es fácil de hacerlo y tampoco se puede acceder de manera rápida”, observa Freille.

Acceso: Solicitudes

Pedidos. Los datos se trabajaron en función de lo que aportaron las organizaciones. Recibieron 14 respuestas satisfactorias, 16 regulares, una está en trámite y los 109 restantes aún no obtuvieron respuesta. A su vez, Fundeps presentó el viernes pasado 37 nuevas solicitudes que están en plazo.

Nacional. La normativa aprobada en 2016 prevé que los tres poderes del Estado brinden información en un plazo de 15 días hábiles (con una prórroga por 15 más) y establece una serie de definiciones amplias sobre los mecanismos de las solicitudes y las respuestas.

Nación, Provincia, municipio

 

 

 

 

 

Nación.En septiembre de 2016, el Congreso aprobó la ley de acceso a la información pública, luego de 15 años de debate.