Listado de la etiqueta: Derecho a la protesta

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las personas detenidas durante la manifestación contra el proyecto de ley conocido como Ley Bases. Protestar es un derecho y es esencial que se respeten las normas y los estándares internacionales. Desde Fundeps, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de estas personas.

El pasado 12 de junio, en el marco del tratamiento del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en el Congreso de la Nación, se desarrolló una manifestación que terminó en detenciones arbitrarias luego de la represión de las fuerzas de seguridad. 

El operativo ejecutado por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval avanzó  sobre las personas utilizando gases, camiones hidrantes y balas de goma. Este accionar recibió las felicitaciones de la Oficina del Presidente quien calificó como “terroristas” a quienes se manifestaron, acusándoles de intentar un “golpe de estado”. 

La criminalización de la protesta social es una grave violación de los derechos humanos. La libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica están protegidos por leyes nacionales, nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país está adherido.

Por todo esto, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas, quienes se encuentran en esa situación por hechos que no constituyen delito alguno. Además, sin claridad de sus condiciones, motivos de detención y en violación de sus derechos en los procesos iniciados.

La democracia se fortalece garantizando el derecho a manifestarse y a poder expresar las ideas de forma libre, sin temor a la represión y a la criminalización. Bajo ningún punto de vista puede asimilarse un reclamo social con un golpe de estado.

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

 

*Fuente imagen: Agencia FARCO

Las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia. 

El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas. En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza. 

Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas. 

Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares. 

Convocamos a los partidos políticos, a todas las autoridades con responsabilidades públicas y a los distintos sectores de la comunidad a hacer un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión. 

 

Firmas:

Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

ELA (Equipo argentino de justicia y género)

Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

Fundación Protestante Hora de Obrar

Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos Xumek

Fundación SES

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

CAREF – Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes

Consciente Colectivo

Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue ampliamente cuestionado por la sociedad civil por favorecer a las grandes corporaciones globales y carecer de la urgencia que justificaría su adopción, miles de manifestantes se convocaron en distintos puntos del país para expresar su repudio. 

En la ciudad de Córdoba la convocatoria se llevó a cabo en el Patio Olmos, en donde cientos de personas se concentraron alrededor de las 21h y cortaron la calzada de la Av. Vélez Sarsfield en una manifestación pacífica. Cerca de las 22h, la Policía de Córdoba enfrentó a las personas reunidas y arrojó gas pimienta y balas de goma para desalojar la protesta, llevándose detenidos a 5 manifestantes. 

Como organización de derechos humanos, sostenemos que el derecho de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta tienen un papel clave en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Se encuentran protegidos por nuestra Constitución y por diversos instrumentos internacionales.

La protesta social debe ser gestionada democráticamente y no criminalizada ni reprimida.  Los poderes públicos deben respetar los estándares internacionales relacionados a la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.

Por eso, exigimos a las autoridades locales que se arbitren las medidas necesarias para un adecuado abordaje de la conflictividad social, en cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Exigimos además la inmediata liberación de las personas detenidas.

El pueblo tiene derecho a expresarse y a salir a las calles a luchar. Basta de reprimir. Basta de perseguir.