FUNDEPS en los Medios

Avances en una deuda de larga data en nuestra democracia

Pese a su importancia y a estos antecedentes, la aprobación de una ley nacional de acceso a la información pública continúa como una deuda de nuestra democracia.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental que se conecta con el principio de publicidad de los actos de gobierno. Es una herramienta para asegurar un adecuado control ciudadano y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Asimismo, es instrumental para la efectiva vigencia de otros derechos fundamentales. como el de un ambiente sano, a la salud, a la educación y a la vivienda.

El acceso a la información pública fue considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano vinculado a la libertad de expresión. Nuestra Corte Suprema ha destacado su importancia en decisiones en casos judiciales de los últimos años. Pese a su importancia y a estos antecedentes, la aprobación de una ley nacional de acceso a la información pública continúa 
como una deuda de nuestra democracia.

A nivel nacional, existe un decreto sobre el tema, el número 1.172, de 2003, aunque rige sólo para el Poder Ejecutivo Nacional. Además, está la ley número 25.831, de Acceso a la Información Pública Ambiental, aunque su foco temático la hace más restringida.

Al mismo tiempo, hay numerosas normas provinciales de diversos estándares, en materia de promoción de acceso a la información pública y transparencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, no logró aprobarse ninguno de los proyectos de ley discutidos a nivel nacional.

El pasado 7 de abril, el Poder Ejecutivo de la Nación elevó un proyecto de ley sobre acceso a la información pública. La semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación realizaron una consulta pública sobre este proyecto.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) participó de esta consulta, y fue la única institución de Córdoba en hacerlo.

En primera instancia, celebramos la generación del espacio y la voluntad de las autoridades nacionales de aprobar una ley de acceso a la información pública, una deuda de larga data de la democracia argentina.

Lo que hay

El proyecto cuenta con numerosos aspectos positivos, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

Sigue los estándares y las buenas prácticas en materia de acceso a la información pública, incorporando artículos que explicitan el concepto de información pública; establece autoridades de aplicación, funciones, competencias y procedimientos de solicitud de información. Tiene en cuenta las disposiciones de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información y su guía de implementación y normativa referente en el tema.

Establecimiento de un listado amplio de sujetos obligados a cumplir con la ley, que incluye concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios y permisionarios de uso del dominio público o las organizaciones empresariales, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades y cualquier otra entidad privada a la que se le hayan otorgado subsidios o aportes del Estado nacional, entre otros.

Legitimación amplia para solicitar información, para cualquier persona y sin necesidad de presentar ningún motivo para hacerlo.

Creación de un organismo centralizado para aplicar la ley: Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública.

Posibilidad de presentar solicitudes por vía electrónica. Para quienes estamos fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un aspecto bien importante.

Generación de obligación de transparencia activa, con un largo número de información a hacer accesible en portales de transparencia de los órganos obligados, que se extiende a información sobre compras públicas, auditorías, informes y escalas salariales, entre otros puntos.

Lo que falta

Por el contrario, existen varios puntos que pueden ser mejorados, a los que desde Fundeps se hizo referencia en la consulta pública en la Cámara de Diputados de la Nación:

Necesidad de asegurar la autonomía y jerarquía de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. La autoridad a cargo de una persona, los procesos de nombramiento y remoción sólo con participación del Ejecutivo y la jerarquía de subsecretaría debilitan a este órgano.

Ausencia de principios generales. Se destaca la inexistencia de algunos, como el de in dubio pro acceso o de facilitación del acceso. Se establecieron algunos principios en forma dispersa dentro de la ley, pero se omitió establecer un marco de referencia para su interpretación general.

Excesivo plazo (un año) para la efectiva entrada en vigencia de la ley. Más allá de que poner en práctica la ley llevará esfuerzos dentro del aparato estatal a nivel nacional, un año entero parece un plazo excesivo para un tema de tanta importancia.

Necesidad de fortalecer mecanismos de incentivos y desincentivos en la ley para influir en la cultura institucional.

Más allá de ser una larga deuda de nuestra democracia, esta ley necesitará de pasos firmes para modificar una cultura institucional en la que en muchos casos los pedidos de información pública son recibidos como reclamos o como acciones de oposición a los funcionarios públicos.

Por ello, no sólo las sanciones por incumplimiento son importantes. Se deberían incorporar mecanismos que incentiven a un efectivo cumplimiento.

Posibilidad de conectar las obligaciones de transparencia activa con posibilidades efectivas de participar en procesos de toma de decisiones públicas clave.

Este enfoque se basa en la importancia de la información para la participación. Habría que establecer obligaciones especiales de transparencia activa que vayan más allá de la publicación en un portal web cuando la información es relevante para una decisión pública que afectaría a ciertas comunidades.

Así, se podría exigir que autoridades nacionales faciliten información de proyectos de infraestructura de órbita nacional a través de municipios, comunas y centros vecinales, para que estén más cerca de las comunidades involucradas con estos.

La idea que subyace es la posibilidad de acceder a la información para monitorear e incidir en las políticas públicas en los distintos niveles del gobierno y generar propuestas de trabajo colaborativas entre estos y la ciudadanía.

Esperamos contar pronto con una ley nacional de acceso a la información pública que permita el fortalecimiento de nuestra democracia participativa y favorezca la efectiva vigencia de derechos humanos básicos.

Fuente: La Voz del Interior

EDICIÓN IMPRESA: El texto original de este artículo fue publicado el 28/04/2016 en la nuestra edición impresa del Diario la Voz del Interior.