Interrupción del embarazo en Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley 27.610
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, Fundeps presenta un relevamiento provincial que sistematiza avances, barreras y buenas prácticas en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Córdoba. El informe aporta evidencia producida junto a equipos de salud y activismos feministas, en un contexto nacional desafiante para la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
A más de cinco años de la sanción de la Ley N° 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), el acceso efectivo al aborto seguro continúa presentando desafíos en su implementación que requiere monitoreo, producción de evidencia y estrategias sostenidas de fortalecimiento de la política pública. En este marco, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentamos la investigación “Interrupción del embarazo en la provincia de Córdoba: avances y desafíos en la implementación de la Ley N° 27.610”, que sistematiza barreras persistentes y buenas prácticas en el sistema público de salud de la provincia de Córdoba.
Este informe es el resultado de una investigación desarrollada entre los meses de mayo y octubre de 2025, orientada a identificar las condiciones reales de acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva en Córdoba. A partir de un relevamiento participativo con efectores y efectoras de la salud, el estudio realizado por Consuelo González Clariá, en articulación con el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, aporta información relevante para mejorar la implementación de los servicios y consolidar prácticas que garanticen derechos, especialmente en contextos adversos.
La investigación se desarrolló con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Incluyó 80 encuestas a trabajadores y trabajadoras de la salud de distintos departamentos y jurisdicciones de la provincia, con un análisis estadístico descriptivo no probabilístico, y cinco entrevistas semiestructuradas seleccionadas mediante una muestra intencionada. La encuesta fue respondida mayoritariamente por profesionales de medicina familiar o general (51,2%) y de trabajo social (22,5%), y en menor medida por ginecología y obstetricia (11%) y psicología (7,5%). Lo que da cuenta del carácter interdisciplinario que hoy asume la garantía del derecho al aborto en el sistema público.
Un diagnóstico situado sobre el acceso al aborto en la provincia
Los resultados de la investigación muestran un proceso sostenido de expansión y normalización de la práctica del aborto en la provincia. La interrupción del embarazo —ya sea con el uso de misoprostol solo, el esquema combinado de misoprostol y mifepristona, o mediante la Aspiración Manual Endouterina (AMEU)— se garantiza en todos los niveles de atención, con variaciones a nivel regional.
Casi el 80 % de las personas encuestadas afirmó que la práctica se resuelve en una o dos consultas, lo que da cuenta de un proceso de simplificación de la atención y de fortalecimiento de circuitos institucionales.
Persisten desafíos en la implementación del procedimiento instrumental de AMEU que se concentra en algunos centros de salud con trayectoria en su realización, a los que se suman algunas experiencias más recientes en el primer y segundo nivel de atención. Sólo el 22 % de las personas encuestadas afirmó que se realiza la práctica de AMEU en las instituciones en las que trabajan. Los principales obstáculos los constituyen la falta de formación técnica, práctica supervisada, articulación con servicios de emergencia y la posibilidad de garantizar espacio y baño para la recuperación.
En términos de apoyo institucional a los equipos de salud que garantizan abortos, se observan diferencias significativas entre la ciudad capital y el interior provincial. En la ciudad de Córdoba, la mayoría de las y los profesionales de salud manifestaron recibir “bastante” (55%) o “mucho apoyo” (25%) para la realización de IVE. En el interior, en cambio, el escenario es más dispar: el 90 % de las respuestas se reparte casi en tercios entre “mucho”, “bastante” y “poco” apoyo, con menores niveles de apoyo en el norte y oeste provincial.
Los conflictos institucionales se concentran principalmente en las áreas de farmacia, guardia y ginecología. En este sentido, se destaca como buena práctica la prolijidad administrativa, que permite construir alianzas internas y generar confianza a partir de la identificación del equipo de IVE con valores como la transparencia y la responsabilidad.
Las entrevistas permiten afirmar que el reconocimiento institucional de la práctica no fue un proceso automático ni lineal: el conocimiento, el compromiso y la legitimidad de los equipos se construyeron a lo largo de los años, mediante estrategias sostenidas de formación, trabajo interdisciplinario, construcción de consensos y acumulación de experiencia dentro de las instituciones.
En este sentido, las condiciones precarias de contratación atentan contra la estabilidad de los equipos y la sostenibilidad del servicio. Mientras en la capital se concentran los cargos de planta permanente que existen, en los centros de atención primaria del interior el monotributo sigue siendo la modalidad principal, configurándose además como un factor central de desgaste para quienes garantizan cotidianamente este derecho.
Barreras persistentes y buenas prácticas que sostienen el acceso
Si bien los avances son evidentes, el mapeo identifica barreras estructurales que continúan condicionando el acceso, especialmente en el interior provincial. Más de la mitad de las personas encuestadas señaló que las personas usuarias tienen dificultades vinculadas al transporte y los traslados (52%), seguidas por la falta de personal (41%) y obstáculos para la obtención de turnos y problemas económicos en general (33,8%).
En relación con los recursos disponibles para garantizar el acceso al aborto, solo el 20 % refirió dificultades para acceder a medicamentos, siendo la mifepristona el insumo más problemático, seguida por el misoprostol. Ante la falta de insumos, el 50 % afirmó que suspende la práctica y deriva, mientras que el 43 % indicó que realiza el reclamo. Esto se explica por la decisión institucional de los gobiernos provincial y municipal de la capital de Córdoba de garantizar el acceso a la práctica, a pesar del recorte a nivel nacional en el envío de medicamentos. Así mismo, cobra una fundamental importancia la presencia de redes feministas en los espacios de atención, gestión y en organizaciones que articulan con el sistema de salud para garantizar el derecho. En cuanto a las capacitaciones, poco más de la mitad de las personas encuestadas recibió formación específica en IVE, con marcadas desigualdades regionales.
El estudio también reveló la existencia de malos tratos hacia personas usuarias: un tercio de las y los profesionales identificó este tipo de situaciones en los centros de salud en los que trabaja, aunque es posible que exista un subregistro.
En contraposición, se observa una amplia extensión de buenas prácticas en la atención de niñas, niños y adolescentes. Persisten desafíos en la atención a la población LGBTIQ+ y a personas con discapacidad, lo que se vincula con las dificultades para sostener abordajes interdisciplinarios en las condiciones laborales actuales.
Un proceso colectivo en un contexto desafiante
La presentación de este relevamiento se inscribe en un escenario nacional restrictivo, marcado por el debilitamiento de políticas públicas y la retracción del financiamiento destinado a las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, resulta clave reafirmar la vigencia de la Ley 27.610 y la necesidad de su institucionalización más allá del gobierno de turno. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de garantizar el acceso oportuno, digno y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo, y de remover activamente las barreras que lo obstaculizan.
Hoy su implementación se sostiene en un entramado histórico de redes feministas, activismos territoriales, organizaciones sociales y el compromiso de los equipos de salud.
El pasado 9 de diciembre, en el Museo de Antropologías de la UNC, Fundeps presentó un avance de este informe en el encuentro “Acceso al aborto en Córdoba: miradas y recursos para su fortalecimiento”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del activismo feminista, equipos de salud, funcionarias y organizaciones sociales. Allí se compartieron los principales hallazgos de la investigación, se presentó un recursero digital para equipos de salud —con guías, publicaciones y recursos audiovisuales desde una perspectiva de derechos— y una campaña de comunicación dirigida a usuarias jóvenes, orientada a fortalecer el acceso a información clara, confiable y oportuna.
Apuestas sostenidas desde Fundeps
Desde el área de Géneros y Diversidad, durante 2025 trabajamos intensamente para fortalecer los derechos sexuales y (no) reproductivos , aún en un contexto de profunda crisis para las organizaciones sociales. Entre las principales acciones destacamos la realización del segundo Encuentro Provincial de Profesionales de la Salud: “Redes de compromiso y cuidados: la práctica de AMEU en Córdoba y el acceso al aborto en niñeces, juventudes y diversidades”; y las capacitaciones en AMEU a equipos de salud de Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero y Del Campillo con el acompañamiento de la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez. Además, seguimos trabajando en la promoción a través de talleres de ESI con docentes y estudiantes de nivel medio, junto a la Diplomatura de ESI de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en articulación con Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Asimismo, desarrollamos un curso virtual autoadministrado sobre el acceso al aborto legal en Córdoba, que estará disponible a partir de marzo de 2026.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la articulación con el Equipo del Consultorio de Salud Integral, la Dirección de Adolescencias, Juventudes y Adultez, la Diplomatura de ESI de la FFyH, La Casita Trans, UEPC, y sin el compromiso cotidiano de los activismos feministas y de los equipos de salud que garantizan el acceso muchas veces en el anonimato.
El relevamiento que presentamos es una herramienta más para seguir fortaleciendo redes y construir estrategias conjuntas para defender un derecho conquistado.
Invitamos a activistas, equipos de salud, organizaciones sociales, funcionarias y a todas las personas interesadas en el fortalecimiento del derecho al aborto a leer, compartir y usar este informe como insumo para la acción colectiva.
Garantizar el acceso al aborto no es solo cumplir una ley: es sostener, todos los días, una política pública de justicia social y de derechos humanos.
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Autora:
Carola Bertona, carolabertona@fundeps.org
Contacto:
Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org
