Continúa el tratamiento del proyecto de ley de política ambiental en la Legislatura Provincial
FUNDEPS participó de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia, donde se discutió especialmente sobre mecanismos de participación en el Proyecto de Ley General del Ambiente de la Provincia.
En el marco del tratamiento parlamentario del proyecto de política ambiental impulsado por el Poder Ejecutivo, y en el que FUNDEPS ha venido participando, el día 20 de Mayo se convocó a una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de la Provincia. En este caso, la audiencia se realizó para que los diferentes bloques partidarios expusiesen lo que vienen trabajando en relación al Proyecto, y presentasen sus propuestas acerca de los principales instrumentos de política ambiental que se regularían en el texto normativo en debate.
El eje central de la reunión fue la discusión sobre la institución de la participación ciudadana, su alcance en materia ambiental, y su progresiva importancia desde la reforma constitucional del año 1994. El debate se centró respecto a qué mecanismos de participación deberían establecerse en el nuevo texto legal, quién tiene la potestad y el deber de convocarlos, quiénes están legitimados para solicitarlos, quiénes son los destinatarios de tales medidas de participación, en qué casos, para qué clase de proyectos productivos y/o económicos, cómo sería el funcionamiento de los mismos, qué efectos jurídicos producirían, en qué marco se insertan, cómo dialogan y se complementan con otros instrumentos de política y gestión ambiental. En fin, cuestiones sumamente relevantes a la hora de trazar políticas públicas en el territorio, teniendo en cuenta la conflictividad social creciente a nivel provincial.
Los instrumentos de participación ciudadana que se mencionaron, y que muchos de ellos ya están contemplados tanto en leyes nacionales como provinciales, fueron el acceso irrestricto a la información, la obligación tanto de las autoridades públicas como de las empresas privadas de dar a conocer y difundir públicamente información completa y veraz sobre el proyecto u obra a desarrollarse, las encuestas a la población, la consulta previa mediante la organización de talleres en los barrios o localidades que podrían verse afectados por la ejecución de actividades de impacto ambiental relevante, la audiencia pública como instancia de dialogo entre las autoridades y los ciudadanos, y la consulta popular como un mecanismo innovador a nivel provincial.
El principal foco de disputa política fue la definición acerca de la consulta popular, en qué consiste, qué implica y qué efectos produce, a pesar de lo que ya norma la ley 7811 del año 1989. El representante del bloque del Frente Cívico, Santiago Clavijo, expresó que se debería legislar sobre la consulta popular vinculante para la autorización de proyectos de alto impacto ambiental, contemplados en el anexo I del decreto reglamentario 2131/00 de la ley 7343, en el contexto del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental. La legisladora Cintia Frencia, del Frente de la Izuierda y los Trabajadores (FIT), aclaró que el llamado a consulta popular no equivale a prohibición de determinadas actividades, sino que se someten también a la decisión de la población, además de los requisitos legales que debe cumplir el emprendimiento. En el mismo sentido, Alfredo Leytes, también del FIT, sostuvo que la población, en la mayoría de los casos, recibe positivamente el arribo de actividades productivas, dado que ofrecen puestos de trabajo y desarrollo a la comunidad, mientras no traiga perjuicios mayores. Dante Heredia, presidente de la Comisión, y representante del bloque oficialista Unión por Córdoba, consideró excesivo e inflexible el criterio de legislar una consulta popular vinculante.
Los ejemplos que más se han mencionado desde el inicio de las conversaciones legislativas, y que han cobrado importancia práctica para el tratamiento del proyecto de ley, son la fábrica de Porta de Biocombustibles, su localización en el ejido urbano y los impactos negativos que viene generando sobre los barrios lindantes, y el conflicto por la radicación de la planta acondicionadora de semillas de la empresa Monsanto SAIC, que ha despertado múltiples controversias de orden científico, numerosas resoluciones judiciales e incertidumbre sobre su licencia social ambiental para localizarse.
Se espera que en el mes de junio pueda elevarse el proyecto de ley para ser sometido a votación en la unicameral, si es posible un único proyecto consensuado por todos los bloques políticos. En este marco, desde FUNDEPS abogamos por establecer los estándares más altos posibles para asegurar la efectiva vigencia del derecho a la participación ciudadana, especialmente de aquellos directamente afectados por decisiones públicas como las que se mencionaron en este debate. Por ello, recordamos nuestra preocupación por la restricción al principio de participación ciudadana a través de condicionamientos que dependen de la discrecionalidad de la Autoridad Ambiental, tal como dejamos claro en nuestro documento “Contribuciones al Debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba”.
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Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos
