Organizaciones exigimos la continuidad de las pensiones de discapacidad
Las vagas explicaciones brindadas por la Ministra Stanley son insuficientes, y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado. Entre sus falencias se observa que no precisan qué pensiones se restablecerán y cuáles no, omiten detallar en qué casos consideran que ha habido errores, cuál será el procedimiento que se aplicará, ni qué criterios se aplicarán para resolver sobre el otorgamiento y continuidad de las pensiones.
La suspensión masiva de pensiones se produjo sin respetar garantías mínimas del debido proceso, y aplicó criterios restrictivos e inconstitucionales.
La baja y suspensión de las pensiones, no solo implica la suspensión de la prestación económica, sino que restringe el acceso a servicios médicos. La interrupción de tratamientos médicos, es una de las graves consecuencias que esta medida ha ocasionado.
De los reclamos recibidos observamos que en ciertos casos el Ministerio continúa sosteniendo criterios irrazonables, lo que se ve en el sostenimiento de la suspensión por ser titular de un vehículo automotor. Asimismo, a algunas personas el Ministerio les ha dicho que no se tiene certeza de cuándo se restablecerá su prestación, afirmando que podría ser recién el mes siguiente o más adelante. La no aplicación del procedimiento reglado, las imprecisiones de las comunicaciones oficiales y las respuestas concretas que a varios días del anuncio oficial están recibiendo las personas afectadas, generan que muchas de ellas continúen en la incertidumbre respecto de si recuperarán su pensión, o cómo hacer para controvertir una suspensión que consideran arbitraria. Su estado de indefensión agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
Los criterios utilizados, mediante una interpretación aislada del decreto 423/97, que incluyen el análisis de bienes y/o ingresos en el grupo familiar, refuerzan los vínculos de dependencia de las personas con discapacidad, desconociendo su derecho vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad, reconocido en el art. 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Ministerio debe restablecer de manera inmediata las pensiones suspendidas o dadas de baja en violación al debido proceso, tanto durante el mes de junio, como en meses anteriores, e implementar un mecanismo de información y discusión que asegure de manera efectiva y real el derecho a ser oído y a ejercer la defensa, ofrecer y producir prueba, con la suficiente antelación, por parte de todas aquellas personas titulares de una pensión por discapacidad.
El debilitamiento de medidas de protección a personas con discapacidad realizado en forma arbitraria y sin una adecuada explicitación de las razones implica una violación al principio de progresividad. De acuerdo a este principio, deben existir razones excepcionales para justificar cualquier debilitamiento en estándares de protección de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se denomina prohibición de regresividad. Al suspender y dar de baja pensiones, el Estado de redujo el nivel de protección a derecho como la salud, a la vivienda o a la educación. De esta forma, estaría violando el principio de progresividad y no regresividad.
Por último, se ha solicitado que genere espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de adecuación del decreto 432/97 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de derechos humanos y asegure que hasta tanto ello suceda su interpretación se haga de acuerdo con dichos instrumentos.
Más información
– Nota presentada al Ministerio de Desarrollo Social
Contacto
Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
