Oscar Cabrera: A nuestros políticos no les interesa prevenir enfermedades

El analista internacional en derecho y en salud pública asegura que los países de la región están más ocupados en abrir hospitales que en frenar el avance del tabaquismo y de la obesidad.

Oscar Cabrera es contundente en afirmar que las enfermedades crónicas no transmisibles son una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol se traducirán en un aumento de muertes tempranas y, a la larga, en un incremento en los costos de salud.

Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill de la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, “nuestros políticos están más preocupados en abrir hospitales y sacarse una foto” que en atender problemáticas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.

Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones cordobesas en la articulación del derecho y de la salud pública.

El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, se ven vulnerados por determinados grupos de poder.

–Por lo general, se piensa que los litigios en salud se limitan a casos puntuales en los que algunas personas no pueden acceder a determinados medicamentos. Acá se discute sobre la independencia de poderes. Hasta qué punto el poder judicial entiende los costos de las decisiones que toma y el impacto que pueda tener en una obra social. Pero existe otra dimensión más amplia en la que la Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya sea porque no se garantizan derechos o porque determinados grupos de poder intentan poner barreras.

–¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?

–Hoy existe un movimiento, motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tratar de establecer una cobertura universal. No se trata de decir a los países lo que tienen que hacer, sino de establecer reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras sociales y cuáles serán las excepciones. Tampoco se puede cubrir todo al infinito. A veces, nuestros políticos se enfocan en reducir enfermedades para bajar los costos en salud, pero se olvidan de detener el impacto de las crónicas no transmisibles.

–¿Cuál es el riesgo?

–¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?

–Porque estas medidas tienen resultados a mediano y largo plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para que el próximo que venga se lleve los beneficios. Ellos están más ocupados en lograr ventajas de alto impacto, como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con resultados que se verán en el tiempo.

–Las leyes nacionales y provinciales no siempre representaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar lugares libres de humo o en dotar de ciertas infraestructuras, pero estas políticas no representaron un costo significativo. Más bien tuvieron ganancias a través de los impuestos. Los países que implementaron normas completas de control de tabaco vieron los resultados muchos años después. Tomó tiempo reducir el cáncer o el infarto. Pero en los países de la región, el juego político pasa por la inmediatez.

–Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó regular el consumo de azúcar.

–Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que hay intereses económicos muy fuertes que terminan limitando el accionar el Estado. Cuando Estados Unidos intentó regular la publicidad de comida chatarra dirigida hacia los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se aprobaron normativas de carácter voluntario. Lo mismo pasa con la industria del tabaco y del alcohol, que pueden llegar a afectar el desarrollo de una política pública.

–Las provincias deben decidir si adhieren a las normas nacionales ¿Cree que esto termina limitando?

–El federalismo no debiera ser una limitación, pero se termina articulando de esa manera. Muchos grupos conservadores o sectores económicos usaron ese argumento para tratar de generar confusión. Para retrasar la implementación de normas y crear inseguridad. Pero el federalismo debiera ser lo contrario. La Nación fija un piso mínimo, un estándar de derecho y cada provincia, si verdaderamente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.

–¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?

–Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras legales para afectar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Argentina, con el fallo F.A.L., la Corte Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e incorporó estándares de derecho internacional. Pero hay grupos que, con discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan afectando el goce efectivo de derechos, como pasó en Tucumán con una niña de 11 años.

–¿Cree que faltó voluntad política?

–No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero creo que, si verdaderamente hubiera voluntad política de garantizar derechos fundamentales, ya lo habría hecho.

Convenio para estudiantes de abogacía

Estudiantes avanzados de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba pueden acceder a una pasantía rentada durante enero, febrero y marzo para trabajar en Washington DC. El convenio se realiza todos los años entre Fundeps, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la UNC.

Para más información, escribir a info@fundeps.org.