Un villano delicioso, alimentación e industria

Seductor, rico y placentero, el azúcar es un ingrediente omnipresente en la dieta argentina. Ante el alarmante crecimiento de la obesidad, bajar su consumo depende de una enredada dialéctica entre la industria, la ciencia, el gobierno y la sociedad civil cuya respuesta se hace esperar

Al sol del ímpetu creativo de los año 1990, el cine retrató la gesta histórica legal contra la Brown & Williamson Company en El Infiltrado, película protagonizada por Russell Crowe y Al Pacino. El argumento partía de la decisión de la empresa de añadir a los cigarrillos «cumarina», una sustancia moderadamente tóxica para el hígado y los riñones que incrementa la adicción del consumidor a los cigarrillos. Fuente de energía de fácil y rápida asimilación, disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, extraído principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha, seductora y omnipresente, la sacarosa es el más popular comodín de sabor y representa, además, el símbolo de la nueva cruzada por la salud pública. Tal como el secreto celosamente oculto de la cumarina, la composición química del azúcar, agregada en alimentos y bebidas, es el centro del debate actual sobre alimentación y enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y la obesidad en Argentina aumentó, entre 2005 y 2013, un 42,5%. Por si fuera poco, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar nacional de 2012, en un lapso de cinco años, en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el sobrepeso aumentó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. «La alimentación del lactante con alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de los principales factores que propician la obesidad infantil. (…) Deben evitarse alimentos complementarios ricos en grasas, azúcar y sal», cita la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil de la OMS en su página web.

La dieta

Las cifras reflejan que en la dieta argentina hay gran déficit de verduras y frutas, de acuerdo a la licenciada en Nutrición Pilar Llanos, quien forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). En simultáneo, explica Llanos, hay excesiva presencia de productos que aportan alta densidad calórica, tales como harinas (sin fibras), galletitas dulces y saladas, masas pre-listas y pastas y panificados blancos. La presencia de carnes como aves, pescados y carnes rojas en muchas mesas, continúa Llano, «es sustituida por productos industrializados, prelistos, de fácil y rápido consumo y del agrado de los niños con la compañía de las calorías vacías que aportan las gaseosas». Argentina es el primer consumidor mundial de bebidas gaseosas con 137 litros per cápita por año, según Euromonitor 2014, líder mundial en investigación de mercado. «Está probado cómo la industria alimenticia está promoviendo el consumo amplio de bienes cuyo consumo regular a lo largo del tiempo genera impactos negativos en la salud -plantea Juan Carballo, abogado y director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), con sede en la ciudad de Córdoba-. En Argentina, en particular, la información en los envases de los alimentos es baja, nadie lee en detalle la etiqueta y las publicidades son simplemente persuasivas.»

Desacuerdos

Ante un problema evidente, la dialéctica de la discusión es compleja. La industria, la sociedad civil, el Estado y la comunidad científica –que a primera vista comparten la verdad de Perogrullo de que una dieta protagonizada por el azúcar, las grasas saturadas y el sodio es mala para la salud pública– no están tan de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Las opciones son varias: gravar un impuestazo al azúcar como Inglaterra en 2016, hacer un acuerdo internacional como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2003, garantizar la libre empresa, sancionar una estricta norma sobre el etiquetado de alimentos como la ley chilena 20.606, entre muchas otras. Durante la Mesa Redonda sobre la Implementación del Plan de Acción para la prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en Washington en mayo de 2016, organizaciones civiles de toda América discutieron sobre barreras y oportunidades en el cuidado de la salud pública. En la reunión, Carballo planteó que había insuficiencia de normas voluntarias y autorregulación de parte de la industria sobre la publicidad y la comercialización de alimentos dirigidos a niños.

La investigación

La omnipresencia de los ingredientes azucarados en la dieta de los argentinos es una realidad rica, natural y placentera difícil de discutir. Son percepciones que atraviesan a todos los grupos sociales, edades y sexos. Su inocuidad, largamente descartada, es objeto de estudio de instituciones y asociaciones científicas encargadas de desempatar posturas sobre cuánto tiene que ver el azúcar en Enfermedades No Transmisibles (ENT) que causan morbimortalidad. Las cosas, a priori, no son tan claras. Documentos internos de la industria azucarera publicados en 2016 en la revista Jama Internal Medicine por Stanton Glantz, investigador en la Universidad de California en San Francisco, sugieren que durante cinco décadas abundanor los estudios que minimizaban el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamaban a las grasas saturadas. La ciencia, condicionada por la industria, encubrió a un villano acusando a otro malhechor. «La industria opera a través del financiamiento a equipos de investigación reales, algunos confiables, pero también con ‘organizaciones fachada’ -agrega Carballo-, que tienen una cáscara institucional que es aparentemente respetable pero que sólo tienen financiamiento del sector de la industria alimenticia. Su objetivo es poner en duda conclusiones probadas o condicionar las políticas públicas».

El caso Coca-Cola

A pesar de que el tráfico de influencias develado en los documentos data de casi 50 años atrás, informes más recientes muestran que la industria continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. El 4 de enero, la ONG The Praxis Project y el Centro para la Ciencia en el Interés Público, de Estados Unidos, demandaron judicialmente a Coca Cola por engañar al público derribando las investigaciones que vinculan las bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes tipo 2 y similares. «Coca Cola tiene una larga historia de apoyo y relacionamiento fructífero con organizaciones de investigación y sin fines de lucro en los países en donde está presente -afirma Francisco Do Pico, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Argentina-. Estas colaboraciones siempre se dan en un contexto transparente y en ningún caso tienen condicionantes tendientes a favorecer temas de interés propio de la Compañía». La compañía ofrece información actualizada en su sitio www.transparency.coca-colacompany.com sobre las sumas de dinero que destina a actividades de investigación. Sin embargo, dentro de su política de transparencia, aún no fueron difundidas, explícitamente, todas las instituciones académicas a las que Coca-Cola destina fondos.

Intereses cruzados

La alimentación, por caso, está íntimamente ligada a la producción de alimentos, de parte de la industria; y a la regulación de la comercialización de productos sanos en el mercado, de parte del Estado. En el medio de ambos actores están los hechos obtenidos a partir de investigaciones científicas. Pese a todo, las zonas grises aparecen por doquier. La periodista y autora del libro Malcomidos, Soledad Barruti, publicó el año pasado un artículo denunciando que la International Life Sciences Institute (ILSI) era en realidad una ONG financiada por corporaciones de la industria alimentaria que realizaba estudios de campo en escuelas públicas porteñas, con aval y fondos del programa estatal de la ciudad «Mi Escuela Saludable», para indagar los hábitos infantiles con relación a la comida. «Para mí es fundamental que empecemos a preguntar quién financió una investigación. ¿Quién patrocina a las sociedades de nutrición y pediatría de Argentina? ¿Por qué yo veo sellos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) en los paquetes de sal si se supone que tenemos que consumir menos sal, que está fortificada con hierro? Me parece que basta con decir quién pagó el estudio y en qué paradigma de la nutrición está inserto».

El caso Cormillot

A pocas horas de difundir la nueva lista de Precios Cuidados, en agosto de 2016, el Gobierno nacional volvió sobre sus pasos y retiró del programa los cuatro productos marca «Cormillot» que ingresaron luego de que el doctor Alberto Cormillot asumiera como funcionario del Ministerio de Salud y asesorara en la elaboración de la política oficial de precios regulados. Los alimentos Dulcor con licencia Cormillot generaron un estado de sospecha sobre un posible conflicto de interés en el que el televisado profesional sería, al mismo tiempo, parte y contraparte. «No puede haber un funcionario que tenga vínculos directos con una empresa de alimentación que lleve su nombre -dice Barruti- o venda productos alimentarios, dietas o servicios alrededor de su nombre.»

El triunfo de la sacarosa

La carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos perteneciente al Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de UNLa (Universidad de Lanús) hizo en noviembre de 2016 una encuesta de preferencias de consumo de alimentos con azúcar en Argentina. El trabajo reveló que el 92% de los argentinos que incorpora alimentos dulces diariamente a su alimentación lo hace porque es rico y el 82% de ellos porque es placentero. «Es tema de Educación Alimentaria concientizar a las instituciones para que no incluyan alimentos como golosinas y snacks en la alimentación de los escolares», resume la licenciada Llanos, de la SAN-. Tal vez un primer paso sería tomar cartas en espacios en los que, como las escuelas, el Estado tiene un rol fuerte. Los quioscos escolares podrían ser la semilla de un perfil alimenticio distinto asociado al proceso educativo. Un lugar en el que el sector privado, sin ser mala palabra, pueda participar junto con la sociedad civil. La naturalidad de la presencia de la sacarosa en la dieta argentina, como triunfo del placer frente a la antítesis de la buena salud, hace que el consumo de bebidas y alimentos azucarados sea parte del statu quo del menú diario. Una idea prevalece: cada cual es responsable de sí mismo sin perjuicio del Estado, la sociedad civil y la ciencia -es decir, conceptos similares a los que deslizan las tabacaleras sobre los fumadores-. Éticas varias resultado de un proceso de purificación química cuyo éxito depende del porcentaje de sacarosa que contienen sus cristales.

La posición de la industria

Grupos de empresas representadas por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (Alaiab), reunidas en Washington D.C. en 2015, manifestaron su desacuerdo con «aquellos planteamientos que buscan encasillar al sector privado como un actor (…) incompatible con el desarrollo de propuestas en materia de política pública relacionada con la salud (…). Alaiab considera que los denominados ‘conflictos de interés’ no deben retrasar el diálogo proactivo». «Está claro que las cámaras y empresas de Copal -explica Daniel Funes de Rioja, presidente de la asociación- han bregado por la calidad de los alimentos que producimos. Nosotros y los ministerios de Salud y Agroindustria celebramos, recientemente, un acuerdo para promover hábitos de vida saludables y proveer de información adecuada a la sociedad a través de los etiquetados y la publicidad.» La reunión, a la que no fue invitada ninguna organización de la sociedad civil, fue un paso de coordinación entre el Estado y las empresas. En el plano legal y parlamentario, queda pendiente el debate de leyes profundas vinculadas al marketing y etiquetado, dos temas sensibles para la industria. Rumores de que podría debatirse en Argentina una ley que establezca el etiquetado frontal de los envases con grandes sellos negros fácilmente visibles que alertan sobre alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías (tal como lo hace la legislación chilena) despiertan críticas. «Creemos que esa es una ley absolutamente equivocada -agrega Funes de Rioja-, ya que no sólo tiene distorsiones desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista práctico. Nuestro país, a diferencia de Chile, es un exportador mundial de alimentos. Muchas veces se crean normas técnicas sin base científica-sanitaria que implican barreras comerciales.» Las empresas reunidas en Copal afirman hacer investigaciones para documentarse sobre los ingredientes y los efectos que pueden tener ciertos alimentos. «Todo esto se hace con suma solvencia científica -explica Fines de Rioja-. Lo hacen cámaras o empresas con entidades como la Sociedad Argentina de Nutrición, por ejemplo, y otras instituciones de tipo académicas con las que trabajamos.»

Fuente: La Voz Del Interior