Organizaciones y comunidades exigen respeto a los derechos en la Asamblea Anual del BID en Asunción

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe participaremos esta semana en la Asamblea Anual del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realizará en Asunción del 11 al 14 de marzo. El objetivo es expresar preocupaciones sobre el rumbo de las inversiones del Banco y exigir que sus operaciones respeten los derechos humanos, protejan la naturaleza y aseguren que las comunidades puedan decidir si los proyectos se desarrollan en sus territorios y participar de manera efectiva en la toma de decisiones de principio a fin.

Las organizaciones que integramos el Grupo de Trabajo sobre el BID aprovecharemos la Asamblea para sostener reuniones con autoridades del Banco, gobiernos y otros actores. Entre los temas que buscamos poner en la agenda están las crecientes restricciones al espacio cívico en la región, los riesgos asociados a la mercantilización de la naturaleza, el rol del BID en la Amazonía, el desarrollo de corredores regionales de infraestructura y los desafíos de impulsar una transición energética verdaderamente justa.

Agenda de participación

Durante la semana de la Asamblea, participaremos en diversas actividades de diálogo y articulación.

• El 9 de marzo se realizará un taller con organizaciones paraguayas, en colaboración con grupos locales como Henoi, Sunu, Axial y Climate Reality, para analizar los impactos de proyectos financiados por el BID en el país y fortalecer la coordinación regional de la sociedad civil.
• El 10 de marzo tendrá lugar un taller de trabajo de día completo con el Banco sobre su Estrategia y Plan de Acción de relacionamiento con la sociedad civil.
• El 11 de marzo, Suhayla Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social (México) e integrante del Grupo de Trabajo sobre el BID, intervendrá en el Foro BID–Sociedad Civil/Partes Interesadas en el panel «La importancia del relacionamiento multilateral con las organizaciones de la sociedad civil: retos y perspectivas», centrado en los desafíos para garantizar una participación informada y significativa de la sociedad civil en las decisiones del Banco.
• Ese mismo día está prevista una reunión con el presidente del Banco, Ilan Goldfajn. Estos intercambios se enmarcan en un proceso de diálogo que el grupo de trabajo ha venido sosteniendo con la presidencia del BID en los últimos años. También se desarrollarán mesas de diálogo entre el BID y organizaciones sociales sobre los siguientes temas: corredores logísticos regionales, el programa Amazonía Siempre, la nueva política de adquisiciones y las restricciones al espacio cívico.

Alertas sobre el programa Conexión Sur

En el marco de la Asamblea, presentaremos observaciones sobre el programa South Connection Regional Program for South American Connectivity (Conexión Sur en español), una iniciativa del BID orientada a impulsar corredores regionales de transporte, logística, energía y conectividad digital en América del Sur.

Si bien reconocemos la importancia de mejorar la conectividad regional, el diseño actual del programa presenta riesgos sociales, ambientales y de gobernanza si no se introducen cambios sustantivos.

El programa prioriza la competitividad global y la integración en cadenas de valor internacionales, con fuerte énfasis en corredores logísticos, puertos y transmisión energética, mientras dedica poca atención a los impactos territoriales, las economías locales y las necesidades de las comunidades que habitan las zonas donde se desarrollarán estas infraestructuras.

Sin estrategias complementarias de desarrollo productivo local, los nuevos corredores podrían reforzar patrones económicos basados en la exportación de materias primas y actividades extractivas, sin generar mejoras sustantivas en la calidad de vida de las poblaciones locales.

En iniciativas como el apoyo a corredores logísticos de la Amazonía y a grandes emprendimientos de transición energética, el BID corre el riesgo de repetir errores del pasado y promover falsas soluciones que provocan graves consecuencias socioambientales, en gran medida debido a la falta de espacios efectivos de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, que coloquen en el centro de las discusiones las necesidades y el respeto a los derechos de las comunidades locales.

Brent Millikan, GT Infraestrutura (Brasil)

Proyecto BID en Paraguay

Por otra parte, el Corredor Vial Bioceánico, financiado por el BID con un préstamo de 200 millones de dólares al gobierno de Paraguay, busca conectar el puerto de Santos en Brasil con puertos del norte de Chile, con el objetivo de facilitar el comercio internacional y el acceso a mercados en la región occidental del país. Sin embargo, organizaciones y comunidades locales han expresado preocupación por la falta de consulta adecuada con pueblos indígenas como los ayoreo, y por los posibles impactos del proyecto, que podrían incluir desplazamientos, pérdida de medios de vida, riesgos de violencia de género, presión sobre los territorios indígenas y daños a la biodiversidad en una de las zonas más frágiles del Chaco paraguayo.

Participación y transparencia

Desde el grupo de trabajo también expresa preocupación por la limitada participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales y poblaciones afrodescendientes en el diseño de varias iniciativas estratégicas del Banco, entre ellas Conexión Sur, el programa Amazonía Siempre y el Plan de Acción sobre Biodiversidad y Capital Natural.

Estos procesos han ofrecido pocos espacios de diálogo significativo con los actores que viven en los territorios donde se implementarán estas iniciativas. En el caso del Plan de Biodiversidad, por ejemplo, organizaciones advierten que, pese a las referencias a enfoques inclusivos en el documento, no hubo instancias sustantivas de intercambio con estos grupos durante su elaboración.

Fortalecer la participación temprana, la transparencia y la rendición de cuentas es clave para mejorar la calidad de las políticas del Banco y prevenir conflictos socioambientales.

En este contexto, un espacio de la agenda estará dedicado a un diálogo con equipos del Banco para presentar un relevamiento sobre las tendencias actuales de restricciones al espacio cívico. Esperamos compartir recomendaciones desde la sociedad civil y conocer los pasos concretos que el Banco está tomando para abordar estas situaciones.

Transición energética justa

Finalmente, estaremos presentando nuestras preocupaciones sobre cómo el BID está abordando la transición energética en la región. Si bien reconocemos la urgencia de avanzar hacia matrices energéticas bajas en carbono, el enfoque actual del BID aún reproduce lógicas de “business as usual”.

Entre las principales críticas se encuentra el continuo apoyo a infraestructura de combustibles fósiles, incluyendo la promoción del gas como tecnología de transición, la expansión de la minería y del hidrógeno verde en la región sin procesos adecuados de información, consulta y evaluación de impactos. Frente a ello, demandamos al BID que priorice la justicia social y ambiental, fortalezca la aplicación de salvaguardas, garantice la participación efectiva de las comunidades afectadas y desarrolle un plan energético alineado con el Acuerdo de París y los derechos humanos.

“A través de instrumentos como la Iniciativa del BID sobre los minerales en América Latina y el Caribe, mediante la cual se presenta como socio multilateral clave de la región para la extracción de minerales críticos, el BID busca consolidarse como referente en el financiamiento de la transición energética. Sin embargo, esta estrategia posiciona a América Latina y el Caribe como zona de sacrificio de “minerales críticos” para la transición global, con limitada participación de comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la definición de políticas y proyectos. Instamos al BID a priorizar la justicia social y ambiental, garantizando la participación efectiva de las comunidades afectadas y promoviendo una transición realmente justa.”

Gonzalo Roza, Fundeps (Argentina)

 

En un contexto regional marcado por crisis climática, conflictos socioambientales y reducción del espacio cívico, la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas son condiciones fundamentales para asegurar que las inversiones en infraestructura y energía contribuyan realmente al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades.

 

Contacto:

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org