Agencia de Acceso a la Información: El Ejecutivo deberá presentar una nueva propuesta para designar a su autoridad

Comunicado conjunto de ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundeps, Poder Ciudadano, Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en ocasión de la culminación de la audiencia en la que se debía discutir el conjunto de observaciones presentadas en torno al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes.

Celebramos que, luego de la audiencia pública en la que la ciudadanía pudo expresarse respecto de la candidatura de Gustavo Fuertes para liderar la AAIP, el Poder Ejecutivo no haya avanzado en su designación. Vencido el plazo con el que contaba para confirmar dicha propuesta, es necesario ahora que se generen en forma urgente espacios de discusión abiertos respecto del nuevo perfil que debe impulsar la Jefatura de Gabinete, para cubrir mediante un proceso participativo la vacancia en la Agencia.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública en la que se discutió la candidatura del abogado Gustavo Fuertes para ocupar el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se encuentra vacante desde el 1° de enero de 2021. La audiencia representó una oportunidad para que distintas personas y organizaciones de la sociedad civil detallaran las numerosas observaciones a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo, las cuales coincidieron en la falta de idoneidad y garantías de autonomía del candidato.

Luego de esta instancia participativa, el Poder Ejecutivo decidió no confirmar finalmente la postulación de Fuertes al cargo. Tal como indica la Ley 27.275 en su artículo 21 inciso f, la Jefatura de Gabinete contaba con un plazo de siete días desde la celebración de la audiencia para aprobar la designación. Superado este plazo, entonces, el Poder Ejecutivo debe volver a iniciar el proceso de selección a partir de la propuesta de una nueva persona para ocupar el cargo.

La decisión de escuchar los argumentos brindados por distintas organizaciones de la sociedad civil y personas en una instancia ideada para que la ciudadanía pueda participar en decisiones públicas relevantes, y con ello revisar una propuesta oficial, resulta un paso muy valioso en la construcción de una democracia deliberativa en la que las razones importen. Por ello, que el Poder Ejecutivo haya desistido de avanzar en una decisión que fue cuestionada con argumentos de suma relevancia producto de los impactos que podría tener para la vigencia del derecho humano de acceder a información pública, debe ser destacado.

Este cargo, que ya lleva vacante más de cuatro meses, es fundamental para el  sistema democrático. En primer lugar, porque tiene el rol de asegurar la plena transparencia de la totalidad de instituciones e identidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo (lo que alcanza organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas públicas y con participación estatal, concesionarias de servicio públicos, contratistas del Estado, entre otras). A su vez, tiene entre sus funciones asegurar la protección del derecho a la privacidad y la plena aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas funciones, por sus implicancias en el ejercicio de otros derechos, no pueden verse postergadas por ninguna razón, menos aún en un contexto de emergencia como el actual.

Por todas estas razones, es urgente que el Poder Ejecutivo envíe una nueva candidatura al cargo acorde a los estándares de idoneidad y autonomía recogidos en la  normativa argentina y en el derecho internacional. Esto implica, entre otros antecedentes, que la persona cuente con una amplia trayectoria en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, de forma tal que pueda corroborarse su compromiso con la efectividad de estos derechos humanos. Para ello, resulta deseable que se generen instancias abiertas para discutir en torno al perfil que se requiere para la persona que resulte propuesta, y que ello derive en la pronta designación de una nueva autoridad y la consecuente normalización del funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública.