La importancia de la misión asignada al Defensor del Pueblo exige que su elección sea el resultado de un mecanismo de selección que asegure la transparencia del procedimiento y la participación ciudadana. La definición de criterios objetivos de selección, el análisis exhaustivo de los antecedentes y la experiencia previa de los candidatos, así como la efectiva participación de la ciudadanía devienen aspectos claves para alcanzar una decisión razonada. En efecto, la legitimidad de quien ocupe tan relevante cargo para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos dependerá en buena medida de la calidad de dicho proceso.
Durante el mes de diciembre de 2016, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables decidió llevar a cabo un proceso de encuestas en el barrio Chacras de la Merced, con la finalidad de obtener información precisa acerca del estado de situación de la comunidad allí radicada.
Fuimos parte de una de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada adelante los días 17, 18, 20, 21 y 22 de marzo del corriente en Washington.
En el marco las audiencias públicas, aquella que nos convoca se trata sobre “Derecho de acceso a la información relevante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Ésta fue solicitada a la CIDH por en conjunto con organizaciones de la región como Fundación Construir (Bolivia); Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur, Uruguay); Alianza Regional Por la Libre Expresión e Información (Uruguay); ARTICLE 19 (Brasil); Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, Uruguay); Fundar – Centro de Análisis e Investigación (México); y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Argentina).
La audiencia de la que fuimos parte, expuso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la necesidad de consolidar estándares acerca de la producción y el acceso a información que permitan avanzar hacia la efectiva implementación y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Existen compromisos internacionales y regionales en este ámbito que muestran claras obligaciones respecto a la producción y el acceso a la información, de necesario cumplimiento para poder avanzar en la exigibilidad y ejercicio de estos derechos. Sin embargo, en los países de la región subsisten serias falencias en su cumplimiento.
Diversos organismos internacionales no han encontrado información necesaria para poder determinar si los DESCA se respetan en los países de la región. Específicamente, han notado deficiencias relativas a la recopilación y sistematización de información sobre el ejercicio de los derechos a la educación, al empleo, a la salud y a la seguridad social de mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas; afrodescendientes y trabajadores migratorios y sus familiares. En esta misma línea, es que han precisado que es una obligación estatal la de producir información a partir de la cual sea posible la validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las garantías cubiertas por cada derecho social.
Argentina y Córdoba no son la excepción en este aspecto. El caso de contaminación por la planta de EDAR Bajo Grande, que afecta a la comunidad Chacras de la Merced, es un ejemplo claro de las vulneraciones de derechos humanos agravadas por la deficiencia en acceso a la información. Desde el Estado no se proveen datos sobre los niveles de contaminación de aire y suelo, así como tampoco la información relevada sobre afectaciones a la salud a la gente del barrio, principalmente a mujeres, niños y niñas. De esta manera, se ponen trabas a la exigibilidad de los derechos de las personas afectadas.
Es por ello que resulta fundamental fortalecer la implementación de estándares en torno al alcance de las obligaciones estatales de producción, disponibilidad y acceso oportuno a información sobre DESCA. Esto último, además de ser esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, permite robustecer las estrategias de exigibilidad de la sociedad civil, generando las condiciones para que muchas vulneraciones de derechos sean reparadas.
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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org
Esta publicación revisa cuál ha sido la actividad comercial y en materia de inversiones de un país con una actividad económica importante a nivel global y en ascenso como lo es China, hacia la región de América Latina y el Caribe (ALC), mirando más a detalle los casos de Argentina, Colombia, México y Perú. El objetivo particular es brindar un análisis detallado, de las inversiones chinas a nivel nacional en cada uno de los países antes señalados. Para ello, se ahonda en los antecedentes, la situación actual y las tendencias a futuro de las relaciones bilaterales entre cada uno de los países y China en materia de IED. A su vez, se analizan los marcos normativos nacionales, los principales sectores de inversión y se brindan datos de la experiencia de cada una de las organizaciones que participaron en la elaboración del documento en el proceso de investigación, búsqueda de información y monitoreo del financiamiento chino en estos países.
Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.
Acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales en la región del Gran Chaco Argentino. Participamos y apoyamos la elaboración de un informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, contemplando su vinculación con otros derechos interrelacionados. El mismo fue presentado en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Estuvimos presentes en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que se presentó el resultado del trabajo realizado sobre violencia de género y políticas públicas de comunicación. Este informe fue realizao por FUNDEPS, junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, enfocándose en el grado de cumplimiento de Argentina del artículo 5 de la Convención, que compromete a los Estados a la eliminación de los patrones socioculturales que perpetúen la inferioridad de la mujer en comparación al hombre.
Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres. Participamos y apoyamos la elaboración de un informe realizado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM, ALIAR y el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. El mismo fue presentado en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con el propósito de destacar las obligaciones del Estado en la protección de la salud de las mujeres. El reporte aborda las falencias del Estado Argentino en la protección de las mujeres y niñas de las consecuencias de la epidemia del tabaquismo.
En septiembre de 2016 se presentaron los 17 principios para una comunicación convergente, anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule el sector de las comunicaciones; y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres. Tanto los 17 principios para una comunicación convergente como el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, son medidas que colaboran en el diseño de un nuevo mapa vinculado a las políticas públicas de comunicación y género, con características diversas al vigente hasta diciembre del 2015. Junto a la Asociación Comunicación para la Igualdad hacemos una lectura crítica de las disposiciones en el presente documento
Este documento se propone desarrollar un relevamiento descriptivo y comparativo de la normativa de la provincia de Córdoba, de diecinueve de sus municipios, y de otras ocho provincias argentinas, sobre las regulaciones de las distancias que deben respetarse para la aplicación de agroquímicos, teniendo en cuenta si las fumigaciones son terrestres o aéreas y las clases de productos pueden utilizarse en las mismas.
En el presente documento, se han seleccionado una serie de fallos dictados por tribunales de diferentes instancias judiciales, y de distintas jurisdicciones, que dan cuenta de la problemática de las aplicaciones de agroquímicos en nuestro país.
En este documento se exponen una serie de comentarios en relación al Borrador de Propuesta para la conformación de un Grupo Consultivo Externo (GCE) para el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).