Federación Agraria quiere 1,9 millones de hectáreas menos

La Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814. Las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto. Según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo.

Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.

Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas. Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.

Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.

“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo. Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.

El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha. En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).

El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA. “Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.

Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.

Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.

“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.

Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.

Fuentes: La Voz del Interior