En enero de 2019, y tras más de 10 años desde que el proyecto comenzó a plantearse, el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por finalizadas las obras de los gasoductos troncales. A pesar de los evidentes beneficios de la obra, cabe preguntarse acerca del verdadero saldo que deja la experiencia de este proyecto, sobre todo respecto a transparencia y rendición de cuentas en materia de políticas públicas.

A inicios de 2019, con la habilitación del último ramal de alimentación y la planta reguladora de presión en Tala Cañada (Pocho), el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por concluido el controvertido proyecto para la construcción de la red de gasoductos troncales. De acuerdo al gobierno, la red de gas alcanzó así a casi el 98% de los cordobeses; aunque cabe aclarar que la gran mayoría de las industrias y vecinos beneficiados aún no cuentan con acceso efectivo al servicio, ya que aún resta resolver el problema de la conexión a las redes domiciliarias e internas.

Con la obra finalizada, el eje se movió entonces a la necesidad de conectar las redes troncales con las redes domiciliarias, para que las familias y empresas puedan acceder efectivamente al beneficio. La empresa Ecogas y los municipios son los responsables de acercar la red de gas a los domicilios particulares, para lo cuál recibirán apoyo económico por parte de la provincia. Mientras el Banco de Córdoba puso a disposición una línea de crédito -Dale Gas!- a tasa de intereses cero y con devolución a 48 meses para la instalación domiciliaria de gas; el Gobierno provincial lanzó un plan de financiamiento para que las empresas puedan conectarse a la red. Este plan llamado “Conectar Gas Industria” contiene tres líneas de créditos para que accedan los comercios, pymes, parques industriales, estaciones de GNC y establecimientos turísticos.

Una obra controvertida

Esta obra, según datos que maneja el Gobierno provincial, beneficia a 973.490 cordobeses de 228 localidades. Algunas poblaciones recibirán por primera vez el gas natural y, en otras localidades, el servicio reforzará al existente. Sin embargo, a pesar de los evidentes beneficios de la obra, el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba ha sido eje de diversas controversias y ha estado bajo la mirada atenta de la opinión pública desde sus mismos inicios. Así, por ejemplo, en cuanto al financiamiento de la obra, nunca se aclararon oficialmente los motivos de la caída del financiamiento tanto del BNDES en un primer momento, como de los bancos chinos más adelante; y generó controversia la decisión del gobierno provincial de avanzar con la obra recurriendo al endeudameinto público.

De igual modo, la falta de acceso a la información para el control del avance del proyecto ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de ejecución. Adicionalmente, el proyecto ha sido objeto de investigación por presuntos hechos de corrupción en la licitación de los tramos a construir, llegando a estar mencionado incluso en la causa Lava Jato en Brasil a partir de la participación de la empresa Odebrecht en las obras. 

Así, por ejemplo, en febrero del 2018 los legisladores de la oposición al Gobierno provincial, Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero, realizaron una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación al posible pago de coimas por la obra de los gasoductos troncales. Esto se desprende a partir del secuestro del listado de coimas pagadas a diferentes gobiernos del continente perteneciente al banquero brasileño  Alberto Youssef, donde nombra por lo menos cuatro veces la obra en cuestión. Esta lista sirvió como herramienta a los investigadores brasileños de la causa Lava Jato para probar la existencia de un club de la obra pública conformada por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa y otras constructoras. Según los denunciantes, se habría pagado una coima de 36 millones de dólares. También, sostienen que el cobro de la misma se realizó mediante la sesión de un proyecto inmobiliario en Puerto Madero (Buenos Aires) a una empresa del grupo de Horacio Miró, exfuncionario de la administración de José Manuel de la Sota. Esta acusación fue desmentida por los empresarios involucrados.

A mediados del 2018, la posibilidad de que Argentina llegue a un acuerdo con Brasil para que los jueces argentinos puedan acceder a la información presente en la investigación del Lava Jato generó una gran expectativa en Córdoba. Las causas por presunto delitos de corrupción en la obra pública en nuestro país tendría la posibilidad de avanzar mediante la utilización de esta información. Este acuerdo generó expectativa dado la denuncia por el supuesto pago de coimas por 36 millones de dólares a la empresa del grupo de Horacio Miró. En este sentido, las administraciones del exgobernador de la Sota y del actual, Juan Schiaretti, negaron todo tipo de acusación. Esta denuncia se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía 1 del fuero Anticorrupción la cual se basa en los datos brindados por Brasil. 

 Ahora bien, el escándalo provocado por la irrupción de la causa de los cuadernos  en agosto del 2018 golpeó a varias de las empresas involucradas en la construcción de los gasoductos troncales. Desde el Gobierno provincial aclararon que todas las licitaciones se llevaron a cabo de forma transparente. Entre las empresas involucradas y que tienen obras en marcha en la provincia de Córdoba se encuentra Electroingeniería, aliada con la  empresa china Petroleum Pipeline Boreau para la construcción del 30% de los gasoductos troncales. Además, se encuentra el Grupo Albanesi que a través de Generación Mediterránea S.A. es propietaria de la central termoeléctrica Modesto Maranzana ubicada en Río Cuarto. También, la empresa Iecsa (ahora Sacde) a cargo de los tramos de los gasoductos en el interior provincial en sociedad con la empresa china Communications Construction Company (CCC). Por último, las empresas BTU y Esuco también han llevado a cabo obras de gasoductos en Córdoba.

¿Saldo positivo o negativo?

En definitiva, tras más de una década de marchas y contramarchas, los gasoductos troncales son finalmente una realidad. La que ha sido la obra de infraestructura más grande de Córdoba en los últimos tiempos nos deja, sin dudas, un saldo positivo en relación a los potenciales beneficios de la obra. Permitirá acceder al gas natural no sólo a miles de ciudadanos y cientos de localidades cordobesas; sino también a numerosas industrias, pymes y negocios del interior de la Provincia que podrán potenciar su actividad y productividad a partir del acceso a la red de gas. Sin embargo, si analizamos el proyecto desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas que necesariamente debe rodear a cualquier obra que cuente con fondos de carácter público para su realización; el saldo resulta indudablemente negativo. 

En ese sentido, continuaremos monitoreando el avance de las siguientes etapas de la obra. Procurando también obtener más información acerca de los detalles de su realización, los verdaderos motivos de la caída del financiamiento de los bancos chinos y la participación de Odebrecht en el proyecto y su vinculación con la causa Lava Jato, para lo cuál estamos preparando solicitudes de información que serán remitidas a la administración provincial.

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Autores

Mariano Camoletto

Gonzalo Roza

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