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Córdoba implementará la Educación Ambiental Integral

La Legislatura de la Provincia aprobó el proyecto de ley mediante el cual se adhirió a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral.

Durante la sesión de la legislatura del 29 de junio de este año, se aprobó la ley n° 10.823. Esta incorpora la Educación Ambiental integral con perspectiva al desarrollo sostenible como una política pública.

A su vez, establece como autoridades de aplicación al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Ambiente. Su rol será el de diseñar e implementar las acciones tendientes a incorporar esta perspectiva en el ámbito de la educación formal, no formal e informal. 

Durante las sesiones en la Comisión de Asuntos Ambientales, varias organizaciones de la sociedad civil efectuamos aportes y destacamos lo valioso de la adhesión. Desde Fundeps recomendamos la incorporación en la arquitectura institucional del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional. Recordemos que esta autoridad se encarga de diseñar el contenido de la estrategia para implementar la Educación Ambiental Integral.

Asimismo, consideramos oportuno incorporar en el proyecto el Consejo Consultivo local como dispositivo para la participación ciudadana de agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil (entre otras), en el desarrollo y la gestión de las políticas públicas educativas. Este órgano se encuentra incorporado en la Ley Nacional.  

Este proceso resultó valioso pues de allí surgió el texto finalmente aprobado. La primera de las recomendaciones fue incorporada en los artículos 4 y 5 de la ley. En cuanto al Consejo, este no fue incorporado como tal. Sin embargo, se facultó al Comité para que pueda solicitar colaboración de organizaciones gremiales, docentes, representantes del sector estudiantil, científico, académico y de la sociedad civil (entre otras) que manifiesten interés en la educación ambiental integral. Si bien habría sido oportuna su incorporación como órgano estable y de participación efectiva, dado que tal y como se plasmó esta posibilidad queda sujeta a la decisión del Comité, lo cierto es que esta facultad consultiva puede tornarse un deber en los términos exigidos por el Acuerdo de Escazú.

 

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*Fotografía extraída de la prensa del Gobierno de Córdoba