La Corte Suprema confirma el fallo de Ituzaingó: los agroquímicos SI nos enferman
Uno de los grandes conflictos socio ambientales que enfrenta la provincia de Córdoba debido a la expansión de la frontera agropecuaria, es la aplicación y el uso irregular de agroquímicos que se realiza en campos cercanos a viviendas, barrios, escuelas u otro asentamiento humano, lo cual constituye un gran riesgo para la salud de las comunidades expuestas.
Un caso testigo de la afectación al derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud es el de los vecinos y las vecinas de Barrio Ituzaingó Anexo, que hace más de diez años reclaman por el respeto de sus derechos. Este barrio está situado al sureste de la Ciudad de Córdoba, limitando al norte con una zona industrial y colindando con áreas rurales al norte, este y sur. Son aproximadamente 5000 personas, que habitan 1200 viviendas en 30 manzanas.
En marzo de 2002 fue la primera vez en que un grupo de madres preocupadas por la situación sanitaria del barrio comenzaron a reclamar ante las autoridades para que se realicen análisis de las enfermedades y posibles contaminantes. Este proceso de lucha que se inició desde entonces fue llevado adelante por el colectivo “Madres de Barrio Ituzaingó.
Si bien el proceso fue largo, como resultado de la lucha social, los vecinos y las vecinas consiguieron el acceso a agua potable a través de agua corriente de red, la construcción la Unidad Primaria de Atención de la Salud, la creación del Registro provincial de Tumores y así también lograron avances normativos en materia ambiental. En este último aspecto, se dictaron ordenanzas municipales que establecieron la “emergencia sanitaria y ambiental” y prohibieron fumigaciones aéreas y terrestres a menos de 2.500 metros de cualquier vivienda o grupo de viviendas), que derivaron finalmente en la prohibición de las fumigaciones en todo el ejido de la ciudad (ordenanzas n° 10505/2002, 10589/2003, 10590/2003).
El proceso judicial se inició en 2008 cuando vecinos y vecinas realizaron denuncias manifestando la existencia de enfermedades, abortos y malformaciones que atribuyeron a las fumigaciones que se realizaban en los campos colindantes a sus viviendas. Tras un largo proceso judicial, en agosto de 2012 la Cámara Primera del Crimen emitió un fallo inédito por contaminación ambiental debido al uso de pesticidas en zona urbana, condenando a un productor y un piloto agroaplicador. El 12 de septiembre la Corte Suprema de Justicia se expidió respecto al recurso de queja que presentó la defensa de los imputados, rechazando el pedido y confirmando la decisión de la Cámara del Crimen.
Celebramos la resolución dictada por el máximo tribunal argentino ya que sienta precedente penal para casos similares en que comunidades vean vulnerados sus derechos fundamentales por la aplicación irregular de agroquímicos. Asimismo, en este marco consideramos necesario el respeto de las normativas locales que han creado zonas de protección ambiental y restricción del uso de agroquímicos (como el caso de Alta Gracia en el que trabajamos). En esa línea, apoyamos el dictado de una ley nacional de presupuestos mínimos ambientales referida a la regulación de distancias de aplicación de agroquímicos guiada por el principio de precaución, la que permitirá establecer un marco de referencia que permita resguardar los derechos fundamentales al ambiente y a la salud.
Más información
– La salud pública a la deriva del agronegocio | El Entramado
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Male Martinez Espeche, malemartinez@fundeps.org
