En el marco de nuestra alianza con UNICEF Argentina y la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) visitamos los municipios de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero. Cada municipio avanza de manera sostenida en la elaboración de normativas para fortalecer el bienestar y la alimentación de las infancias, consolidando una agenda local comprometida con la protección y promoción de entornos saludables. 

Desde Fundeps, en el marco de nuestra alianza con UNICEF Argentina y la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), hemos acompañado durante el año 2025 un proceso clave de fortalecimiento normativo para promover entornos que favorezcan la salud en distintas localidades del país.

Durante septiembre y octubre realizamos visitas a los municipios de Villaguay (Entre Ríos), Ezeiza (Buenos Aires) y Río Tercero (Córdoba), con el objetivo de profundizar el trabajo con los equipos MUNA que sostienen acciones territoriales orientadas a la promoción de la salud y la alimentación adecuada, especialmente en las infancias. En estas instancias se  compartieron con las autoridades locales los avances y desafíos en el diseño de herramientas jurídicas locales que buscan otorgar solidez, continuidad y alcance a las políticas públicas vinculadas con entornos que favorezcan la salud.

 

Municipios que marcan el camino

Las experiencias de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero evidencian el compromiso de los gobiernos locales para avanzar en políticas integrales que mejoren el bienestar de sus comunidades. En cada municipio se desarrollan acciones para promover la actividad física, ampliar la oferta de alimentos saludables en instituciones educativas y espacios públicos, y fortalecer procesos de educación alimentaria y nutricional.

Durante 2025, estas localidades asumieron el desafío de elaborar herramientas jurídicas locales que permitan consolidar y profundizar estas iniciativas desde un enfoque de derechos y una perspectiva centrada en infancias. Desde Fundeps y UNICEF brindamos asesoramiento técnico, aportando evidencia, referencias normativas y experiencias relevantes.

Estos municipios tienen hoy la oportunidad de marcar el camino hacia una mejor protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada, garantizando que las futuras generaciones crezcan en entornos más sanos, seguros y equitativos.



La importancia de promover entornos saludables

En el marco de la iniciativa MUNA, desarrollamos el documento técnico “Herramientas normativas para promover entornos saludables en los municipios”, destinado a orientar el proceso de construcción normativa local para proteger los derechos a la salud, la alimentación adecuada y una infancia digna.

Este documento, basado en recomendaciones de organismos de derechos humanos y en la mejor evidencia científica disponible, parte del reconocimiento de que la configuración de entornos que favorezcan la salud es una prioridad de salud pública por su impacto directo en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principal causa de mortalidad en Argentina.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los entornos saludables son aquellos que reducen riesgos, fortalecen capacidades de cuidado y promueven la autonomía de las personas en los espacios donde viven, estudian, trabajan y se recrean.

Los patrones alimentarios en Argentina muestran un consumo elevado de productos ultraprocesados y un bajo consumo de frutas y verduras. Según UNICEF y FIC Argentina (2023), sólo el 20% de niños, niñas y adolescentes alcanza las recomendaciones de consumo de frutas y verduras, mientras que los ultraprocesados aportan más del 35% de las calorías diarias. A esto se suma un alto nivel de sedentarismo: el 64% de la población no realiza actividad física suficiente y más del 80% de adolescentes no cumple con las recomendaciones de la OMS.

En este contexto, los municipios cumplen un rol estratégico para impulsar políticas que transformen los entornos cotidianos y faciliten la adopción de hábitos de vida saludables.

 

¿Por qué es clave contar con ordenanzas locales?

El informe destaca que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la población, con capacidad de adaptar las políticas nacionales y provinciales a sus realidades locales. Contar con una ordenanza sobre entornos saludables permite:

  • Fortalecer  las acciones que vienen desarrollando las áreas de salud, educación y desarrollo social, en función de los mejores estándares de protección y desde un enfoque de derechos humanos. 
  • Asegurar la sostenibilidad y continuidad de las políticas más allá de los cambios de gestión.
  • Definir obligaciones y competencias para cada actor involucrado, así como sanciones y mecanismos de cumplimiento.
  • Facilitar la asignación de recursos y presupuesto específico para el tema.
  • Promover la articulación intersectorial y la participación ciudadana, garantizando que las políticas respondan a las necesidades reales del territorio.

De este modo, las normativas municipales funcionan como herramientas para institucionalizar y proteger los avances logrados en materia de salud, nutrición y desarrollo infantil, generando condiciones que perduren en el tiempo.

 

Hacia una política local sostenible y con enfoque de derechos

La construcción de entornos saludables requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo. Implica no sólo transformar los espacios físicos, sino también los marcos institucionales, las prácticas cotidianas y la cultura alimentaria.

Desde Fundeps continuamos acompañando a los municipios en este desafío, brindando asistencia técnica, capacitación y materiales de referencia que fortalezcan sus capacidades institucionales y promuevan la participación social.

Promover entornos saludables es, en definitiva, construir comunidades más justas y saludables, donde todas las personas —y especialmente las infancias— puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a una vida digna.

 

Autoras:

María Laura Fons

Victoria Sibila

 

Contacto:

Maga Merlo: magamerlov@fundeps.org

En el marco de la COP30 realizada en Belem do Pará (Brasil), miembros y aliados de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo impulsamos una serie de demandas colectivas a los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) para apoyar una transición energética liderada por las comunidades, que respete los derechos y satisfaga las necesidades de las comunidades del Sur Global.

Los bancos públicos de desarrollo se están posicionando, a través de sus compromisos climáticos y su apoyo financiero, como actores fundamentales en la transición energética, especialmente en el Sur Global. Entre enero de 2022 y junio de 2025, los bancos públicos de desarrollo han invertido un total de 245.500 millones de dólares estadounidenses en proyectos energéticos en todo el mundo, principalmente en forma de préstamos y a través del sector privado.

El mayor porcentaje de inversiones se destinó al sector de la energía solar (30%), seguido de las líneas de transmisión (24%) y la energía eólica (22%). Sin embargo, las investigaciones muestran que los BPD siguen invirtiendo dinero en combustibles fósiles, a menudo a través de intermediarios financieros. Además, los BPD han apoyado en gran medida soluciones falsas en forma de proyectos de energía renovable a gran escala, soluciones tecnológicas, actividades extractivistas y enfoques basados en el mercado.

En este contexto, en los últimos años, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, de la cual Fundeps forma parte, ha involucrado a su membresía y alianzas en debates sobre la transición energética justa y el papel de los BPD, con el fin de denunciar las soluciones falsas y las contradicciones. Al tiempo que elaborar demandas sobre cómo debería ser una transición verdaderamente justa, que se centre en las voces y las demandas de las comunidades afectadas. 

Demandas a los Bancos Públicos de Desarrollo

A partir de este proceso, se elaboró un documento de posición que contiene una serie de demandas a los BPD, para apoyar una transición energética liderada por las comunidades, que respete los derechos y satisfaga las necesidades de las comunidades del Sur Global. Las principales demandas que se identificaron fueron las siguientes: 

1. Reconocer a las comunidades como actores centrales y protagonistas de la transición energética

Los derechos de las comunidades más afectadas por el cambio climático, que ya luchan por garantizar el agua, los alimentos, la vivienda, los medios de vida y la supervivencia cultural, deben estar en el centro de la transición. Los BPD deben cambiar su paradigma: pasar de considerar a las comunidades como «beneficiarias» pasivas, obstáculos o víctimas del desarrollo, a reconocerlas como partes interesadas y protagonistas de la transición energética. Incorporar este reconocimiento en las políticas y prácticas significa tratar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas no como víctimas a las que hay que indemnizar o desplazar apresuradamente, sino como co-creadores y co-monitores de soluciones energéticas justas que anteponen a las personas y al planeta.

2. Dar prioridad a la financiación de soluciones energéticas descentralizadas, a pequeña escala y dirigidas por la comunidad.

En todo el Sur Global, las comunidades locales están promoviendo soluciones de base para mitigar los efectos del cambio climático y generar energía mediante proyectos a pequeña escala. Estos proyectos, diseñados mediante enfoques participativos, inclusivos y feministas, pueden satisfacer eficazmente las necesidades de las comunidades locales y prevenir daños. 

3. Responsabilidad en el diseño, supervisión y protección de los derechos, basadas en las necesidades y prioridades de la comunidad

Una transición energética sólo puede ser justa si tiene en cuenta y remedia sus posibles impactos negativos, en particular en las comunidades rurales, locales e indígenas. Para ello, es fundamental permitir que las comunidades participen en las fases de diseño y evaluación del proyecto, aplicar salvaguardias sólidas y garantizar la reparación y la justicia cuando se violen los derechos.

Asimismo, el documento de posición resalta una serie de elementos clave de una transición energética justa impulsada por la comunidad en el Sur Global; centrada en los derechos humanos y la autodeterminación de las comunidades; en la protección de la tierra, los medios de vida y la seguridad alimentaria; e impulsada por las personas y con justicia de género.

Un llamamiento a la acción

Estas demandas colectivas ofrecen una hoja de ruta hacia una transición energética que no deje a nadie atrás y que se base en las realidades locales, una perspectiva feminista e interseccional, la solidaridad global y la justicia.

El cambio tecnológico por sí solo no basta para que la transición energética sea justa: una transición energética verdaderamente justa requiere centrar las comunidades en las decisiones de financiación del desarrollo. Necesitamos un cambio de paradigma transformador que anteponga a las personas y al planeta tanto en las políticas como en la práctica.

Para romper con los patrones explotadores del modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles, todos los actores que participan en la configuración y la financiación de la transición (Estados, organismos internacionales y multilaterales, bancos de desarrollo públicos, actores privados, etc.) deben dar prioridad a las soluciones de abajo hacia arriba y dirigidas por las comunidades que defienden los derechos humanos, protegen los ecosistemas y garantizan un acceso equitativo a la energía.

Se puede acceder a la versión completa del Documento de Posición a través del siguiente enlace

 

* Nota elaborada a partir de la publicación de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, disponible en: https://rightsindevelopment.org/es/news/documento-posicion-jet/ 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Participamos de la comisión de trabajo que diseña un proyecto de ley de acceso a la información pública para Córdoba. La iniciativa forma parte del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia y busca actualizar la normativa vigente desde 1999.

El pasado jueves 13 de noviembre participamos de la comisión de trabajo de diseño de un proyecto de ley de acceso a la información pública para la provincia de Córdoba.

Esta iniciativa es uno de los compromisos asumidos por la Secretaría de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Este Plan fue codiseñado entre mayo y septiembre de 2024 con la participación de la Mesa de Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que se encuentra Fundeps.

Celebramos que la provincia de Córdoba avance en el diseño de una nueva normativa que actualice la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado 8.803 de 1999. La norma vigente requiere varias modificaciones para elevar los estándares y garantizar este derecho para toda la ciudadanía. Es fundamental, además, que se establezcan los mecanismos institucionales que posibiliten su efectivo ejercicio.

A partir de nuestra experiencia y conocimientos, seguiremos aportando para la construcción de un proyecto de ley que esté a la altura de las demandas y estándares actuales en materia de acceso a la información pública y transparencia de los gobiernos.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

El próximo 17 de noviembre, la ciudad de Córdoba será sede del II Congreso Nacional de Niñeces y Adolescencias Trans, que se realizará en el Aula Mayor de la Universidad Provincial de Córdoba (Teatro Ciudad de las Artes).

Organizado por la Asociación Civil La Casita Trans, el encuentro reunirá a referentes, activistas, familias, profesionales y organizaciones sociales de todo el país para dialogar sobre inclusión, acompañamiento y derechos de las niñeces y juventudes trans, travestis y no binarias. El congreso se desarrolla de manera autogestiva y tiene como objetivo promover, defender y garantizar los derechos de las niñeces y adolescencias trans como población prioritaria.

Desde Fundeps acompañamos y avalamos institucionalmente este espacio, y estaremos participando en la Mesa 4: “Litigio estratégico transfeminista”, que abordará experiencias de transformación jurídica y social en defensa de los derechos de las identidades trans.

El programa incluye mesas de debate, talleres y espacios de cuidado y creación colectiva, con ejes que van desde los fundamentalismos y discursos de odio hasta las buenas prácticas en salud, educación y justicia, además de actividades artísticas y una feria de organizaciones.

En los días previos al encuentro, La Casita Trans denunció públicamente acciones de hostigamiento y campañas de desinformación impulsadas por grupos antiderechos que intentaron impedir la realización del congreso. Desde Fundeps repudiamos enérgicamente estos hechos, que constituyen formas de violencia y persecución hacia la población trans, en especial hacia las infancias y adolescencias, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar y acompañar esta iniciativa, que celebra la existencia y la voz de las niñeces trans:

📅 17 de noviembre – Aula Mayor, Universidad Provincial de Córdoba 
📝 Formulario de inscripción: clic aquí para registrarse.

Porque las niñeces y adolescencias trans existen, resisten y merecen crecer libres, respetadas y amadas.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En el mes de octubre, Fundeps participó de dos espacios de intercambio que pusieron en el centro el vínculo entre universidad, género y derechos humanos: las IV Jornadas Nacionales “Haciendo Universidades Feministas” y la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas (FoReVi-CIN).

Las jornadas “Haciendo Universidades Feministas”, organizadas el 6 y 7 de noviembre por la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Unidad Central de Políticas de Género y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), reunieron a representantes de universidades de todo el país para reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas de género en la educación superior. Bajo el lema “Tramar, resistir, insistir: políticas de género que se construyen en red”, el encuentro reafirmó su carácter federal e interuniversitario, convocando a sostener colectivamente los avances alcanzados y a proyectar universidades más inclusivas y comprometidas con los derechos humanos.

En este marco, Fundeps participó de la presentación de la ponencia “El litigio feminista como estrategia pedagógica: una propuesta formativa en la carrera de Abogacía de la UNC”, donde se compartió la experiencia de la materia opcional Litigio Feminista: Estrategias Jurídicas para la Igualdad de Género. La materia, que se desarrolla desde hace tres años, es dictada por un equipo interdisciplinario integrado por docentes e investigadoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS), Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y otras abogadas litigantes e integrantes del Poder Judicial.

Esta propuesta busca repensar la enseñanza del Derecho desde una perspectiva feminista e interseccional, promoviendo el análisis crítico de la legislación y la jurisprudencia, el diseño de estrategias jurídicas con enfoque de igualdad y la articulación entre la academia, la sociedad civil y el Poder Judicial.

Asimismo, como parte del Consejo Social Consultivo de la UNC, Fundeps participó en la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (FoReVi-CIN), realizada el 6 de noviembre en el Museo Evita – Palacio Ferreyra, bajo la temática “Educación y empleo con perspectiva de género”. Este espacio reunió a autoridades universitarias, empresarias y referentes de organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer los lazos entre instituciones académicas y actores sociales para promover ámbitos educativos y laborales inclusivos y libres de violencias.

Estas instancias son clave para profundizar el diálogo entre la sociedad civil y las universidades públicas y seguir construyendo miradas feministas dentro del sistema educativo, que reconozcan el rol transformador de la educación en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en Argentina. Mientras tanto, la industria tabacalera orienta su estrategia hacia nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, buscando mantener su mercado y esquivar las regulaciones existentes.

Frente a este escenario, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), junto a Fundeps, AsAT, ETESA IECS, GRANTAHI del Hospital Italiano, UATA, FEIM, Fundación Sales, Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón y CEDES, elaboró el documento “Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones”, con el objetivo de sistematizar la evidencia científica disponible y proponer medidas concretas para proteger la salud pública.

La evidencia científica actual muestra que los productos emergentes no son inocuos. Un metaanálisis reciente encontró que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y disfunción metabólica es similar entre quienes usan cigarrillos electrónicos y quienes fuman cigarrillos convencionales. Además, otras revisiones reportaron asociaciones con neumonía, bronquitis, disminución del recuento de espermatozoides, mareos, cefaleas, migrañas y daño a la cavidad oral. El documento también destaca que el uso dual (cigarrillo electrónico y convencional) aumenta el riesgo de enfermedad, y que las investigaciones que sostienen lo contrario suelen provenir de autores con conflictos de interés.

Una puerta de entrada al consumo: Los datos disponibles en Argentina son claros: 

  • Según la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2018), el 7,1% de los adolescentes de 13 a 15 años usaba cigarrillos electrónicos.
  • Una encuesta más reciente, que realizamos en 2023 desde FIC Argentina, identificó que el 8,9% de los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires es consumidor actual de estos productos.
  • Estos resultados confirman que los productos emergentes pueden funcionar como puerta de entrada al consumo de tabaco, incluso entre adolescentes que nunca habían fumado antes.

Ni más ni menos, otro daño: El concepto más adecuado para abordar el impacto del vapeador es el de un riesgo distinto, no necesariamente menor.

Una verdadera estrategia de reducción de daños debe ser implementada por autoridades sanitarias, perseguir objetivos de salud pública y aplicarse sobre grupos específicos, no a través de la libre comercialización de productos dañinos.

Las organizaciones firmantes recomendamos:

  • Fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes.
  • Coordinar acciones entre organismos públicos para mejorar la fiscalización y sanción.
  • Promover la cooperación con organizaciones de la sociedad civil libres de conflicto de interés para reducir el consumo de tabaco y nicotina.

Los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura. Representan un riesgo diferente, con evidencia creciente sobre su impacto en la salud y su papel en la iniciación al consumo de tabaco. Proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, exige decisiones basadas en evidencia independiente, libres de la influencia de la industria.

Leé el documento completo acá

En el marco del Día de la Alimentación, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre otro posible retroceso en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a partir de las negociaciones en curso dentro del MERCOSUR. 

En abril de este año, el Grupo Mercado Común (GMC) instruyó al Subgrupo de Trabajo Nro.º 3 para que retome las negociaciones para un Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional Frontal, con el objetivo de armonizar normativas entre los países del bloque. De aprobarse, este reglamento incluiría, entre otros puntos, la unificación de un sistema gráfico de advertencias y un sistema de perfil de nutrientes (SPN). 

Si se materializa dicho Reglamento, los países del MERCOSUR estarán obligados a adecuar sus normas locales de etiquetado frontal para que estas se ajusten a la decisión del bloque. Cabe destacar que Argentina hoy cuenta con el sistema de etiquetado frontal más robusto de la región. Si en el proceso de armonización, se adoptaran elementos del etiquetado vigentes en otros países, la normativa local se vería seriamente debilitada. Incorporar estándares más bajos implica un retroceso en la protección del derecho a la salud, la alimentación y la información en nuestro país

¿Por qué es una amenaza?

  • El sistema de etiquetado frontal de Argentina advierte sobre más nutrientes críticos en exceso, en relación con los que utilizan otros países.
  • Es el único que cuenta con leyendas precautorias para cafeína y edulcorantes, advirtiendo su consumo en niños/as y adolescentes.
  • El sistema argentino se basa en el SPN de la Organización Panamericana de la Salud, que alcanza a muchos más productos no saludables que el de los demás países.

Por ese motivo, solicitamos que, de avanzar el debate en Mercosur, la eventual armonización siga el sistema argentino en su integralidad, para evitar así el debilitamiento de la Ley de Etiquetado y el consecuente retroceso en la protección de la salud de la población. Y exigimos a las/los representantes argentinos que defiendan los derechos conquistados. En este marco, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, relanzamos la campaña “Que no nos tapen los ojos”, desarrollada en 2021, en esta oportunidad con el objetivo de alertar sobre la necesidad de defender la ley frente a estas amenazas. 

A su vez, en el marco del trabajo colaborativo con diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil de la región, instituciones de orden regional de Argentina, Brasil y Uruguay emitieron en los últimos días un posicionamiento, ponderando el sistema argentino como el ejemplo a seguir para un eventual reglamento técnico común sobre etiquetado frontal. Las organizaciones comprometidas con el derecho a la alimentación de distintos países del bloque estarán participando en calidad de observadoras en la próxima reunión del Subgrupo de Trabajo Nro.3, que se realizará en octubre, para seguir de cerca los avances de las decisiones.

Más información:

 

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Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

El pasado 17 de septiembre participamos de la primera reunión del Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba, un espacio plural que fortalece el vínculo entre la universidad y la comunidad. 

La directora ejecutiva de Fundeps, Mayca Balaguer, fue incorporada como integrante del Consejo Social Consultivo (CSC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en su nueva conformación, aprobada el pasado 18 de agosto. Este órgano, reconocido en los estatutos de la UNC, tiene la función de asesorar al Rector y al Honorable Consejo Superior en asuntos no académicos y promover el intercambio entre la comunidad y la universidad.

Sus objetivos son contribuir en el cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional de Córdoba a través de estrategias de cooperación, consulta y participación para aportar la mirada de la comunidad a la que representan.

El Consejo es un espacio de diálogo, participación y cooperación que compartiremos referentes de diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad civil,  organismos de derechos humanos, sindicatos y entidades productivas. 

En la primera reunión de su conformación renovada, realizada el 17 de septiembre en el Pabellón Argentina y encabezada por el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio, se presentaron los ejes de trabajo que guiarán esta nueva etapa.

Desde Fundeps, celebramos nuestra incorporación al CSC con la convicción de que la producción de conocimiento, el desarrollo científico y la formación de profesionales con enfoque de derechos humanos son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Esta participación también nos compromete a defender la ciencia, la educación y la salud pública, especialmente en un contexto de desfinanciamiento del Estado.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

Desde Fundeps estuvimos presentes en la XVI Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada del 11 al 15 de agosto en la Ciudad de México.

La Conferencia regional sobre la mujer tiene lugar cada tres años y es un evento de suma importancia para impulsar avances en la región en materia de igualdad de género.

Se trata de un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Se convoca regularmente desde 1977 para analizar la situación regional y subregional respecto de la autonomía y los derechos de las mujeres, y presentar recomendaciones en materia de políticas públicas de igualdad de género, en cumplimiento de los acuerdos regionales e internacionales.

La coordinadora del Área de Géneros y Diversidad, Romina Pezzelato, participó en representación de Fundeps de la nutrida agenda de “eventos paralelos” que contaron con el apoyo oficial de la CEPAL. Allí se dieron cita referentes de la sociedad civil de toda la región para profundizar en diálogos y debates vinculados al derecho humano al cuidado, eje articulador de esta edición de la Conferencia. 

En ese marco, a lo largo de toda la semana, resonó en cada una de las actividades la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la opinión consultiva solicitada por Argentina, en la que se reconoció el derecho al cuidado como un derecho autónomo -es decir, que no es solo un aspecto vinculado a otros derechos, sino que es un derecho en sí mismo- en una triple dimensión: el derecho a cuidar, el derecho al cuidado y al autocuidado. Desde ese posicionamiento, la Corte IDH recomendó a los estados de la región implementar políticas públicas que garanticen la dignidad, igualdad y corresponsabilidad en la provisión de cuidados a lo largo del ciclo vital de las personas.

El cuidado como un concepto de lucha y resistencia comunitaria

En un contexto regional regresivo, en el que los avances de la derecha nos implican sostener redes y acciones vinculadas a la protección de derechos ganados, parte de los debates rondaron en sostener agendas que traccionen políticas públicas tendientes a garantizar el derecho al cuidado. Sostener y defender el concepto del cuidado como un acto de soberanía por parte de las mujeres, que nos sitúa, no al interior de nuestras casas garantizando la reproducción de la vida, sino protagonizando luchas como la defensa de la tierra, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

El lunes 11 de agosto tuvo lugar el Foro Feminista, instancia predecesora de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, en la que feministas de más de 150 organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina y El Caribe, se encontraron para hacer sentir sus voces a los gobiernos. Como fruto de una intensa jornada de debates, se elaboró un documento leído en la Conferencia oficial por una representante de la organización Otrans, en el que se interpeló a las autoridades presentes: “Ni silencio, ni retroceso, ni nostalgia, ni consuelo.  A 30 años de Beijing queremos justicia. Hacemos un llamado a los Estados a volver a lo básico: a colocar en el centro la vida, la justicia social, racial y ecológica, así como la igualdad de género, y la protección de los derechos humanos. También los invitamos a ser valientes y creativos en sus respuestas. Las feministas llevamos décadas construyendo estrategias colectivas, sostenibles y radicales que deben ser reconocidas e incorporadas en el debate de los Estados”.

En un sólido documento que enmarca las múltiples aristas del derecho al cuidado en el actual contexto regional, desde el Foro feminista también se expresó: “Exigimos compromisos claros con la agenda más humanizadora de todas. La que promueve un modelo económico, político, social y cultural que genere bienestar, sea sostenible y ponga el cuidado en el centro. La agenda que ha defendido el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de vida. La que propone garantizar la justicia social con un enfoque restaurativo y reparador. La agenda de la igualdad sustantiva que apoyan los feminismos. ¡Desde Palestina hasta Haití, exigimos paz, justicia e igualdad!”.

Compromiso de Tlatelolco es el nombre del documento oficial resultante de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, en el que los gobiernos de la región se comprometen a desarrollar políticas públicas destinadas a disminuir las brechas de desigualdad que siguen recayendo sobre los cuerpos de las mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ+. 

Desde Fundeps sostendremos nuestro permanente compromiso en acciones de incidencia que dialoguen con cada una de las demandas por la defensa de los derechos humanos.

Contacto:

Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org

Desde Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast lanzamos la segunda temporada de “Exceso de Todo”. El podcast, narrado por Soledad Barruti,  vuelve a poner el foco en el derecho a una alimentación saludable, en un contexto de retrocesos en la Ley de Etiquetado y emergencia alimentaria. Además, nos animamos a pensar en el futuro y hablamos de soberanía.  

Desde el 4 de septiembre está disponible la segunda temporada de Exceso de Todo. El pódcast que reveló que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es mucho más que los octógonos negros en los envases, regresa con nuevas preguntas: ¿Por qué una norma construida con evidencia científica, avalada por profesionales y aprobada con amplio consenso político, hoy enfrenta intentos de desregulación?

En la primera temporada, el podcast partió de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, para mostrar que la alimentación va mucho más allá del etiquetado. A lo largo de cinco episodios, abordó cómo comemos en Argentina, qué necesitamos para alimentarnos mejor y por qué no se trata solo de elecciones individuales.

En esta segunda entrega,  a través de tres episodios, la periodista Soledad Barruti revela cómo la industria alimentaria interfiere en la aplicación de la ley, el rol que cumple el Estado en este proceso y cómo la sociedad civil se está organizando para defenderla.

Además, vamos más a fondo, para pensar y repensar bajo qué lógica se reguló y se sigue regulando el sistema alimentario en Argentina. Hablar de lo que comemos, cómo se produce y cómo lo comemos, es urgente.

El primer episodio analiza los intentos de desregulación de la Ley de Etiquetado Frontal y las estrategias de la industria para debilitar su cumplimiento.

El segundo se adentra en las consecuencias sociales de vivir y crecer en emergencia alimentaria, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El tercero propone mirar más allá de la urgencia y pensar en un nuevo paradigma: el de la soberanía alimentaria como horizonte para garantizar el acceso a alimentos frescos, saludables y sostenibles.

Escuchá el podcast acá 

 

Exceso De Todo es una producción original de Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast.

 

Coordinación general: Natalia Arenas

Producción periodística y guión: Lucila Lopardo

Diseño de sonido: Mateo Corrá

Producción Ejecutiva: Tomás Pérez Vizzón

Comunicación: Vera Ferrari

Identidad visual e ilustraciones: Flora Buraschi

Administración: Ana Laura Fortuzzi

Dirección Revista Anfibia: Cristian Alarcón

Desde Fundeps seguimos trabajando para defender políticas públicas basadas en evidencia que protejan el derecho a la salud y garanticen una alimentación adecuada para todas las personas.

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

Más de 40 profesionales de la salud de toda la provincia participaron del encuentro realizado el pasado 2 de agosto. Un espacio de formación e intercambio para fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva con perspectiva de diversidad y enfoque de derecho.

Con la participación de más de 40 profesionales de la salud, celebramos el segundo encuentro «Redes de compromiso y cuidados», el pasado 2 de agosto en la Ciudad de Córdoba. Un espacio de formación, escucha activa e intercambio para fortalecer capacidades, compartir experiencias y visibilizar buenas prácticas en salud sexual y (no) reproductiva con perspectiva de diversidad y enfoque de derechos. 

Esta instancia, propiciada por el área de Géneros y Diversidad de Fundeps, en articulación con Belén Carcedo, del Consultorio de Salud Integral, y Sofía Menoyo, integrante de Socorristas en Red, contó con la participación de profesionales de diversas localidades: Agua de Oro, La Granja, Jesús María, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Dolores, Huinca Renancó, La Paquita, Corral de Bustos, Bell Ville, Paso Viejo, Alta Gracia y Villa Los Aromos.



En esta oportunidad, el encuentro estuvo centrado, por un lado, en la práctica médica de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) como método seguro y ambulatorio de interrupción del embarazo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud; y, por otro lado, en los desafíos vinculados a la atención con enfoque de derecho, de niñeces, juventudes y masculinidades trans.

En tiempos en los que el desfinanciamiento de las políticas de salud pública y la estigmatización, afectan el acceso a la interrupción del embarazo, actualizamos y brindamos herramientas legales para los equipos de salud que siguen garantizando el derecho al aborto seguro y gratuito en nuestra provincia, en los términos de la ley 27.610. Las abogadas, integrantes de Fundeps, Mayca Balaguer y Luz Baretta, compartieron un recorrido por el marco legal vigente en materia de salud desde una perspectiva de derechos humanos. El acento estuvo puesto en los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la luz de los principios fundamentales como la autonomía progresiva y el interés superior del niño, incorporados en el Código Civil y Comercial en 2015, directrices que orientan diversas prácticas de salud, entre ellas la interrupción voluntaria y legal del embarazo. 


Taller atención en aborto seguro para masculinidades trans con Santi Merlo

Por la tarde iniciamos el trabajo con la coordinación de Santiago Merlo, docente y activista trans, integrante de la Red de paternidades trans, con quien reflexionamos en torno a los abordajes en el sistema de salud, desde una perspectiva de diversidad. Revisamos la importancia de desmantelar nuestros propios prejuicios y alojar las experiencias trans en el espacio de consulta, desde la pregunta como herramienta primordial, frente al no saber: “no hace falta que supongamos la orientación sexual ni la identidad de género de les consultantes, preguntarles es un alivio para elles y para les mediques también. Es un recurso fundamental”, expresó Santiago.

Por último, reconstruimos colectivamente los hitos que nos permitieron avanzar en la implementación de práctica del AMEU en la provincia. Conversamos en torno a los principales desafíos que tenemos en cada territorio y respecto a las estrategias que podemos seguir fortaleciendo desde el trabajo en red, que es parte de nuestras grandes apuestas en Fundeps.

Al preguntarle qué significa acompañar, Camila Recalde, médica de familia de la zona de Cruz del Eje, expresó:: “para mí es poder ponerse en el lugar del otro, otra, otre, en ese momento, y entender que las personas que acuden a las consultas son sujetos de derechos y que nosotres estamos para acompañar decisiones y procesos con una mirada respetuosa y amorosa de lo que está viviendo esa persona en ese momento”.

Se trató, de una nueva oportunidad para recargar fuerzas y seguir trabajando en conjunto para fortalecer el acceso a la salud sexual integral en Córdoba, con perspectiva de diversidad y enfoque de derechos.

Contacto:

Romina Pezzelato, romina.pezzelato@fundeps.org