Nuestra fundación está participando del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por medio de la siguiente carta, los invitamos a involucrarse en la construcción del Documento Base para la Negociación, a través de comentarios y sugerencias.

Carta de invitación

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables  (Fundeps), como socio TAI (The Access Initiative), está participando activamente en el seguimiento del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en base al Principio 10 de la Declaración de Rio. Por lo mismo, invitamos cordialmente a comentar el Documento Base para la Negociación elaborado por CEPAL, que se envía adjunto a la presente.

Nuestro equipo de trabajo se encuentra encargado de la coordinación y sistematización de los comentarios sobre el texto del preámbulo y de los artículos Nº 1 (objetivos), Nº 2 (definiciones), Nº 3 (principios), Nº 4 (ámbito de aplicación), Nº 5 (obligaciones generales) y Nº 8 (participación del público en toma de decisiones ambientales) de dicho documento. Podemos asimismo receptar o canalizar comentarios sobre todo el texto del documento.

En consecuencia, por su experticia e influencia en esta materia, y con el objetivo de obtener ideas, comentarios, objeciones y sugerencias colaborativas sobre cómo mejorar el texto para la negociación, para que se haga efectiva una amplia participación es que se realiza la presente invitación a participar comentando el documento.

Los comentarios serán recibidos para su sistematización hasta el día 10 de Julio del corriente año. También los mismos pueden mandarse directamente a la secretaria de CEPAL hasta el 31 de agosto de 2015. Por favor, ante cualquier consulta o sugerencia, no dude en contactarse con nosotros.

¡Esperamos contar con su aporte para seguir trabajando en la implementación del Principio 10 de Rio!

Un cordial saludo,
Juan Carballo, Director Ejecutivo.
Yamile Najle, Coordinadora Área de Derechos Humanos.

Vinculo al documento elaborado por CEPAL

 

Más información

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Tras haber compartido distintos espacios y conociendo nuestros equipos, hemos confirmado nuestro compromiso de trabajo junto a la Fundación Plurales, a través de un Convenio de colaboración mutua. El mismo tiene como objetivo establecer mecanismos de apoyo entre las organizaciones, generando espacios en los que cada una de las partes pueda aportar la especialidad que le ha dado la experiencia.

En el marco de un diálogo participativo, se ha identificado la necesidad de complementar el trabajo de ambas fundaciones y coordinar acciones en forma conjunta. Tanto nuestra fundación como Fundación Plurales nos desempeñamos en diferentes campos, con especialidades y experiencias que pueden alcanzar mejores resultados con mayor alcance.

Ambas organizaciones confluyen en la realización de misiones afines, principalmente en la incidencia de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la participación pública, y la promoción de empoderamiento e inclusión social de comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad. Buscamos potenciar nuestros resultados a partir de la generación de tematicas comunes. Nuestro principal enfoque de trabajo estará relacionado con los ejes de: acceso al agua, a la tierra y la vivienda, equidad de género, promoción de un desarrollo sustentable con miras a un ambiente sano, participación pública y acceso a la información.

Es siempre una buena noticia encontrar confianza y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, ya que estas uniones son necesarias para lograr mayor alcance e impacto en los cambios locales, regionales y globales, desde una perspectiva de derechos humanos.

 

Son bienvenidos a visitar la web de nuestros nuevos compañeros de trabajo: http://www.plurales.org/

 

Contacto: 

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos

 vir.pedraza@fundeps.org

La Iniciativa Global Forest Watch (GFW) anunció las 13 instituciones beneficiarias del “Fondo de Pequeñas Donaciones”, entre ellas, FUNDEPS. Hemos sido apoyados para el monitoreo e incidencia para la protección del bosque nativo en el Gran Chaco Argentino, desarrollado con el Foro Ambiental de Córdoba.

Más de 450 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron su solicitud para aplicar los datos y la tecnología GFW para mejorar la gestión forestal y su la gobernanza. Los beneficiarios de este año participarán en una variedad de actividades, desde la incidencia basada en la evidencia con el apoyo de imágenes aéreas de manejo de áreas protegidas a través del desarrollo de un sistema de alerta.

Entre sus focos de trabajo GFW, plantea una democratización y defensa de la gestión forestal a escala global. En este aspecto, desde FUNDEPS, trabajaremos para monitorear la efectiva aplicación de las normas de protección del bosque nativo en Córdoba y en el resto del país. Se aprovechará en particular nuestra participación en una unidad ejecutora en la provincia de Córdoba que busca actualizar la clasificación de zonas de protección de bosques en nuestro país. Esta propuesta fue desarrollada con el Foro Ambiental de Córdoba, institución que tiene una trayectoria consolidada de monitoreo del desmonte y de incidencia para la protección del bosque nativo.

Los proyectos se iniciarán el 1 de mayo, y los interesados en hacer un seguimiento de los mismos pueden suscribirse a los boletines de GFW en su blog oficial: http://blog.globalforestwatch.org/

 

Fuente:

– Blog GFW

 

Contacto:

Yamile Najle – Cordinadora del Área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org

FUNDEPS ha sido pre-seleccionada para el “Namati Justice Prize”, que premia acciones de derecho de interés público. El trabajo seleccionado es el apoyo que FUNDEPS le dio al barrio Parque San Juan, en el caso “Verdol S.A. contra Municipalidad de Alta Gracia”, en protección de su derecho a un ambiente sano.

Desde el 2013, FUNDEPS acompaña a vecinos de Barrio Parque San Juan, de Alta Gracia – Córdoba, defendiendo la ordenanza que establece una zona de resguardo ambiental de 1500 metros donde no se permite fumigar, protegiendo así la salud de los vecinos y el ambiente. Previo a la aprobación de esa ordenanza, la gente sufría sobre todo de enfermedades de la piel y respiratorias, como una consecuencia del empleo de productos agroquímicos por parte de la empresa Verdol S.A. Actualmente, la empresa no puede seguir utilizar agroquímicos en esos 1500 metros de la zona de protección de medio ambiente hasta las zonas urbanas. FUNDEPS, representando a los vecinos ha acercado argumentos de derecho y evidencia científica que apoyan una política preventiva como la desarrollada por el municipio de Alta Gracia. Asimismo, pide la participación legal de su propio nombre en la causa, argumentando que deberían permitir a organizaciones no gubernamentales participar en casos de ley de interés públicos.

“Namati Justice Prize” es otorgada por las ONG’s internacioneles Namati, Brac, World Justice Proyect y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta iniciativa, buscaa reconocer proyectos de justicia de base – a veces llamado el empoderamiento legal, que significa dar a la gente el poder de entender y utilizar la ley para garantizar la justicia y satisfacer las necesidades básicas.

 

Más información del trabajo de FUNDEPS en Alta Gracia:

Alta Gracia: seguimiento de la causa que discute la constitucionalidad de las «Zonas de Resguardo Ambiental»

Vecinos de Alta Gracia realizaron una presentación judicial en apoyo a la constitucionalidad de las áreas de resguardo ambiental

Amicus para defender el derecho al ambiente y a la salud en Alta Gracia

 

Más información de Namati Justize Prize:

– Web oficial de la Iniciativa

 

Contacto:

Yamile Najle, yamilenajle@fundeps.org

En el marco de las actividades por la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima, se discutirá cómo las finanzas internacionales y las salvaguardas socioambientales en los proyectos de infraestructura en América Latina impactan en la selva amazónica.

Este evento es coorganizado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (Mexico), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina), Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú) constituidos en el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

La discusión se inscribe en el marco de la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima.  Los ponentes abordarán el estado actual de la financiación de infraestructura en América Latina proveniente de bancos tradicionales como el Banco Mundial / Corporación Financiera Internacional y el flamante banco de los países BRICS. Se ha realizado un análisis comparativo de cuatro proyectos con financiamiento externo en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, evaluando los impactos en el bosque amazónico y los instrumentos (salvaguardas) para la gestión de los riesgos sociales y ambientales.

Como caso especial se tratará acerca del ejemplo negativo de Brasil y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES, por sus siglas en portugués). El BNDES, que también financia proyectos fuera de Brasil, ha sido acusado de falta de transparencia, de normas sociales y ambientales claramente definidas, y de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

Se teme que el recientemente creado banco de los países BRICS tampoco ponga énfasis suficiente en normas que protejan el medio ambiente y la sociedad en su proceso de aplicación. Esta realidad está afectando las políticas de los bancos tradicionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los países que buscan atraer más inversión también reaccionarán a los cambios en el financiamiento internacional disponible. Grandes proyectos de infraestructura que hacen caso omiso de las preocupaciones ambientales, como son los casos de CVIS (Perú), Pasto Mocoa (Colombia), Coca Codo Sinclair (Ecuador) y el TIPNIS (Bolivia), son prueba de ello.

Un panel de expertos sobre cambio climático, megaproyectos y gobernanza (transparencia, participación, gestión del riesgo) discutirán las principales ideas y los avances del análisis mencionado anteriormente. La sesión también dará al público la posibilidad de participar en el debate.

Preguntas clave:
1.      ¿Cómo pueden los bancos aplicar salvaguardas al financiamiento de proyectos en América Latina para prevenir conflictos sociales y desastres medioambientales?
2.      ¿Cuál es el papel de los nuevos bancos nacionales y regionales en la financiación de la infraestructura regional?
3.      ¿Cómo el debilitamiento de los estándares de financiamiento en la región afecta a los sistemas de los países? ¿Cómo pueden estos reaccionar frente a los nuevos desafíos?

 Más información:

Detalles de logística del evento

Panorama del financiamiento para infraestructura en Latinoamérica

Lineamiento para la discusión. Implementación de una Política de Acceso a la Información Pública en el BNDES

Casos paradigmáticos de inversión del BNDES en Sudamérica. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Hace unos días, en Santiago de Chile, representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.

El proceso de gobernabilidad internacional ambiental tiene su origen en 1972 en la Conferencia de Estocolmo y sucesivamente en diferentes conferencias y cumbres. En 1992 en la Cumbre de Río, en la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo” se recepta el principio 10 que hace referencia a los derechos de acceso en materia ambiental: derecho a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a la justicia. Esta declaración, de alcance global, no es vinculante para los Estados por lo que se necesita su operatividad.

Por ello, en el ámbito europeo se dictó en 1998 el Convenio de Aarhus como instrumento que regula y da operatividad a estos tres pilares de la democracia ambiental siendo vinculante para países de Europa, Asia Central y la Comunidad Europea.

Convenio Regional para América Latina

En el ámbito latinoamericano, esperamos que para 2015-2016 se dicte un Convenio Regional que operativice el principio 10 y que refleje de manera efectiva los estándares más altos del acceso a la información, participación y justicia ambiental. Se han realizado diferentes reuniones y encuentros para avanzar en este proceso que cuenta con la CEPAL como Secretaría técnica. En las últimas cuatro reuniones de Puntos Focales de los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10, se evidencia un claro avance y participación comprometida de los países signatarios para la concreción del instrumento regional.

La primera reunión se realizó en Santiago de Chile los días 6 y 7 de noviembre del 2012 donde delegados de los países signatarios acordaron una Hoja de Ruta para la cabal implementación del convenio regional. La segunda, tuvo lugar en Guadalajara (México) el 18 de abril de 2013, en la cual se aprobó un Plan de Acción hasta 2014 para fortalecer los derechos de acceso en temas ambientales. La tercera, se llevó a cabo en Lima (Perú) el 30 y 31 de octubre de 2013, acordándose líneas de acción para el 2014 en materia de fortalecimiento de capacidades y cooperación.

Recientemente, del 4 al 6 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en Santiago de Chile la cuarta reunión de Puntos Focales, en donde los representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 aprobaron dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área.

Desde 2012 a la fecha la Declaración ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, y Uruguay. En la cuarta reunión participaron además como observadores Antigua y Barbuda, Nicaragua y Santa Lucía. Los asistentes celebraron la reciente incorporación de Bolivia y El Salvador y recordaron que el proceso está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe.

En esta última reunión, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó que el futuro instrumento no debe ser meramente declarativo sino que debe ser ambicioso y establecer obligaciones legales claras y concretas que garanticen de manera efectiva los tres pilares de los derechos de acceso en materia ambiental: información, participación y justicia. Estas negociaciones, deberán basarse en los contenidos mínimos de San José de Costa Rica.

Desde FUNDEPS se apoyará el trabajo sostenido de otras ONGs de la región para trabajar en la implementación efectiva de los derechos de acceso y cooperar con los gobiernos a través de recomendaciones y/o intercambios de ideas para avanzar hacia un instrumento regional.

Más información:

– Comunicado de prensa de la reunión de la CEPAL

– Propuesta de naturaleza y contenidos del instrumento regional de principios de acceso en materia ambiental – Contenidos mínimos de San Jose de Costa Rica

Contacto:

info@fundeps.org

En el marco del ciclo de cine y debate «Quaestiones Disputatae. Ambientalismo y movimientos ecologistas», organizado por Multiespacio Galileo, FUNDEPS presenta «Desierto verde», la película argentina sobre los agrotóxicos en el mundo. El evento tendrá lugar el miércoles 3 de octubre a las 20:00 horas y contará con la presencia del director, Ulises de la Orden.

Si bien el uso de químicos en la producción agropecuaria lleva más de un siglo, asistimos a un momento en el que el frenesí por aumentar la eficacia y el rendimiento de las cosechas, han llevado esta situación de uso a una situación de abuso provocando lo peor: alimentos que llegan a nuestra mesa, junto con el veneno.

La proyección de esta co-producción de la Universidad Tres de Febrero y Polo Sur Cine tiene como objetivo invitar al debate y la reflexión en torno al uso de agroquímicos, modelos de producción agroindustrial en nuestro país y temas vinculados: exclusión, desmonte, afectación a la salud y al ambiente. Los invitamos a disfrutar de la película y a participar del debate. Se trata de poner sobre el tapete un tema que nos concierne a todos como sociedad y de buscar también vías para la concientización y tratamiento. Tenemos una certeza y un problema. Es tarea de todos encontrar una solución y buscar la manera de vivir en un mundo en el que alimentarse no sea nocivo para la salud y el medio ambiente. Hay caminos para generar riqueza, producir alimentos y exportar al mundo sin intoxicarnos.

El evento se realizará el día miércoles 3 de octubre a las 20:00 horas en Espacio Galileo (Av. Gauss 5700 esquina Mariotte). Las entradas tienen un valor de $30 y se pueden conseguir en Mutiespacio Galileo o en El Espejo Libros (Paseo Santa Catalina. Deán Funes 164 – Local 4)

Sobre «Desierto verde».

Estrenada en Noviembre de 2013, «Desierto Verde» aborda el tema del monocultivo intensivo, el problema de la alimentación mundial y su relación con la especulación en los mercados financieros globales, sin perder de vista el costado humano de quienes sufren las consecuencias. Hacia comienzos de la década pasada, en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que limita con terrenos agrícolas, comenzaron a proliferar casos de cáncer (en particular, leucemia), tumores cerebrales y deformaciones, tanto en adultos como en niños, además de diversas enfermedades congénitas. Las muertes se fueron sucediendo, sin distinguir edades. Los casos aumentaron. Y los vecinos, preocupados, abatidos, comenzaron a hacerse oír. Un grupo de mujeres (que luego se dieron a conocer como Madres de Ituzaingó) inició por su cuenta una investigación. Se movilizaron ante las autoridades. Y pese a ser desoídas, nunca bajaron los brazos. Con el tiempo fueron logrando los primeros resultados. Y supieron que tantos casos de enfermedad en el barrio tenían un responsable: el uso de agroquímicos en los campos linderos. Tras batallar sin respiro durante años, lograron llamar la atención de las autoridades y la prensa y llevar a juicio a tres de los responsables de la utilización imprudente de tóxicos. Dos de ellos fueron condenados en un juicio histórico, en el año 2012, que marcó un precedente en la materia. Para ese entonces ya se tenía una certeza: los agrotóxicos matan. El seguimiento de este juicio ejemplar marca el punto de partida de una película que pone en imagen una complejísima red económica, biotecnológica y política, que va desde la deforestación, la desertificación de los suelos, el avance de la soja sobre la agricultura, el polémico monocultivo y, sobre todo, el uso de agroquímicos.

TRAILER:

SITIO OFICIAL:
http://desiertoverdelapelicula.com/

Con el objetivo de fomentar la discusión sobre políticas públicas ambientales y los marcos normativos que se dictan para su consecución, FUNDEPS publica un informe de carácter técnico jurídico sobre la nueva ley general de ambiente.

En este documento titulado «Análisis técnico jurídico de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 10208. Ampliando estándares de protección ambiental. Fortalezas y debilidades» discutimos avances, retrocesos y puntos pendientes del nuevo marco normativo. Si bien constituye un documento de revisión jurídica, pretende asimismo estar al alcance de toda persona e institución que revele interés en el conocimiento y en la práctica de la protección del ambiente, del resguardo de la salud colectiva, del acceso universal a derechos básicos de calidad, y de un desarrollo sostenible y equitativo.

En el documento nos propusimos poner de relieve los significativos avances en el derecho ambiental local, que han generado una nueva matriz de derechos que deberán ser ejercidos por la ciudadanía y las organizaciones que propendan a la defensa del ambiente y del medio social. Al mismo tiempo, se han incrementado y robustecido las obligaciones de las autoridades públicas responsables en la materia, las que deberán estar a la altura de los compromisos conferidos.

Especialmente comparando la versión aprobada con la propuesta inicial, creemos que ha habido una importante mejoría del rol de complementación con la legislación nacional de presupuestos mínimos. Es importante destacar que muchos de estos avances pueden ser reforzados o debilitados en el proceso de reglamentación de la ley. A su vez, la ley establece una serie de plazos en su proceso de implementación, que será importante exigir a los fines de que la misma no se convierta en letra muerta.

La legislación ambiental ha ido cobrando mayor importancia en los tiempos actuales, la ampliación y la colectivización de derechos en términos formales también se ha robustecido, pero sin dudas que la realidad social está distante de los pronósticos legales, y los conflictos e injusticias sociales que emergen a partir de problemáticas ambientales son renuentes y repetidos en el territorio local, por ello será imprescindible abogar por una real ejecución de la ley y contribuir para lograr una mayor justicia ambiental. Desde FUNDEPS, seguiremos monitoreando tanto el proceso de reglamentación de esta norma como su implementación.

Más información:

Ley 10208 de Politica Ambiental de la Provincia de Córdoba

Anexos – Ley 10208

Documento de Trabajo – Análisis técnico jurídico de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba

Contacto:

Agustín Filippi
agustinfilippi@fundeps.org

FUNDEPS se presentó junto a vecinos de Alta Gracia en la causa judicial que discute la constitucionalidad de la “Zona de resguardo ambiental”, establecida por la ordenanza 9375.

La ordenanza hoy cuestionada es el fruto del trabajo de movimientos sociales que lograron proteger a barrios periféricos de la ciudad de Alta Gracia de la reiterada exposición a agroquímicos, producto de las fumigaciones. La ordenanza explicita “que todos los agroquímicos son potencialmente tóxicos” y “que la exposición crónica y repetida en largo períodos de tiempo y de cantidades no necesariamente elevadas de agroquímicos podrían ser causales de afecciones”.

Estos extremos han sido acreditados en el expediente mediante el informe médico realizado por la Cátedra de Alergias e Inmunología del Hospital Nacional de Clínica (UNC), que detectó niveles de enfermedad muy superiores a los de la media en uno de los barrios afectados. De acuerdo al estudio realizado “el 51 % de la población encuestada se encuentra afectada de alguna enfermedad, con una especial afectación de niños y niñas»,  siendo el asma la patología más recurrente. Lo cual indica “un porcentaje que supera ampliamente los resultados de otros estudios de prevalencia de asma realizados en la ciudad de Córdoba”.

A un año y medio de la sanción de la ordenanza, desde la Municipalidad de Alta Gracia se explica que se ha dado cuenta de un descenso en los casos de afecciones en la piel y en el sistema respiratorio. En similar medida el informe médico acompañado a la presentación judicial explica que “(…)desde entonces y hasta la fecha hay una percepción global de los vecinos que coincide con una disminución en la aparición de nuevas enfermedades en el barrio”.

Cabe destacar que desde mediados del 2013 FUNDEPS ha mantenido reuniones con los vecinos de Alta Gracia, quienes han hecho escuchar sus voces en un proceso judicial de implicancia directa en su calidad de vida. Mediante este trabajo los vecinos se vuelven partícipes en el proceso judicial, apostando a mantener una política pública idónea y necesaria para proteger el derecho a la salud y al ambiente de los vecinos de Alta Gracia.

El Programa de Derechos Humanos de FUNDEPS hará el seguimiento del caso, instando a que los tribunales judiciales reconozcan y valoren adecuadamente la obligación constitucional de proteger la salud y el ambiente.

El Programa de Derechos Humanos de FUNDEPS presenta amicus curiae exigiendo la efectiva aplicación de la prohibición de fumigar en zonas de resguardo ambiental en Alta Gracia.

El Programa de Derechos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) presentó un amicus curiae ante la Cámara en lo Civil y Comercial N° 8 de la Ciudad de Córdoba, que tiene que decidir sobre un recurso presentado por la empresa agroindustrial Verdol S.A. para conseguir, a través de una medida cautelar, autorización para utilizar agroquímicos en el área establecida por el municipio de Alta Gracia como «Zona de resguardo ambiental».

En Octubre de 2012 el Concejo Deliberante de la Ciudad de Alta Gracia aprobó la ordenanza 9375 que, entre otras medidas, establece una «Zona de resguardo ambiental», de 1500mts contados a partir de la planta urbana o asentamientos poblacionales permantenes. Esta ordenanza se logró producto del trabajo de movimientos sociales que buscaban proteger a barrios periféricos de la ciudad de Alta Gracia de la exposición crónonica a agroquímicos. En las razones que justificaron la ordenanza, se explicita claramente, por ejemplo, «que todos los agroquímicos son potencialmente tóxicos» y «que la exposición crónica y repetida en largo períodos de tiempo y de cantidades no necesariamente elevadas de agroquímicos podrían ser causales de afecciones».

Esa exposición crónica parece haber afectado al Barrio Parque San Juan, colindante con los terrenos de Verdol S.A., en dónde la Cátedra de Alergias e Inmunología del Hospital Nacional de Clínica, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, detectó niveles de enfermedad muy superiores a los de la media. De acuerdo a un estudio realizado en esa comunidad, «el 51 % de la población encuestada se encuentra afectada de alguna enfermedad», con una especial afectación de niños y niñas.

En este contexto, la ordenanza 9375 aparece como la medida de mínima para proteger la salud y el ambiente, afectados por las prácticas agrícolas en la zona. Implica la aplicación del principio precautorio, establecido expresamente en la Ley General del Ambiente que afirma que «cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente».

Sin embargo, la decisión del Concejo Deliberante fue cuestionada judicialmente por Verdol S.A. que promovió una acción de inconstitucionalidad de la misma. Asimismo, solicitó una medida cautelar para conseguir una autorización provisoria para utilizar agroquímicos hasta se decida el fondo del caso. FUNDEPS presentó un amicus curiae argumentando por un lado que la ordenanza protege adecuadamente la salud y el ambiente y fue dictada dentro del marco de las competencias municipales. Asimismo, detalla que el riesgo principal no es el de una disminución de ganancias sino la afectación al derecho a la salud y a un ambiente sano. Las obligaciones constitucionales de proteger la salud y el ambiente exigen el rechazo de la cautelar que permita una efectiva implementación de la Ordenanza 9375 de la Municipalidad de Alta Gracia.

Mas información:

Texto del amicus curiae presentado por FUNDEPS

Contacto: 

info@fundeps.org