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Presentación de informes ante el Comité de DESC

En colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, realizamos varias presentaciones de informes ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) para su período de sesiones N° 64. A través de ellos  pretendemos acercar observaciones críticas y recomendaciones en temas vinculados a DESC que han sido parte de la agenda de trabajo de nuestra organización, y así dar una actualización del reporte presentado en la instancia de sesiones del Grupo de Trabajo preparativo, en 2017.

Argentina ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), comprometiéndose así a cumplir con las obligaciones derivadas de este pacto.  El PIDESC, como otros tratados de derechos humanos, establece un órgano para el monitoreo de su nivel de cumplimiento: el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC). En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido a este comité como “intérprete autorizado” del Pacto, que a su vez tiene jerarquía constitucional.

El mecanismo de monitoreo establecido en el mismo incluye, a su vez, la posibilidad de participación de la sociedad civil en diferentes etapas, a través de la presentación de informes: el Comité recibe reportes tanto del Estado como de la sociedad civil y los evalúa, para luego emitir sus Observaciones Finales. La importancia de estas observaciones radica en que la mismas se constituyen como herramientas para exigir a los estados el cumplimiento de estándares de derechos humanos en materia de DESC.

En este marco, hemos presentado varios reportes alertando sobre situaciones de afectación de derechos en diferentes ámbitos.

Salud:

  • Situación de las enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina:

Recomendamos instar al Estado la adopción de algunas medidas para reducir el consumo de productos de tabaco y alimentos no saludables. Entre ellas, la limitación de publicidad dirigida a niños y niñas, la adopción de un etiquetado nutricional más sencillo y entendible, la suba de impuestos, la ratificación por parte del Estado argentino del Convenio Marco de Control de Tabaco y la adopción de medidas que protejan especialmente a grupos vulnerables.

 

  • Situación actual respecto a las prácticas de mercadeo de fórmulas de leche:

En este sentido, recomendamos instar al Estado argentino a que regule y restrinja las estrategias de marketing de fórmulas de leche materna, a que continúe promoviendo la lactancia materna más allá de las campañas de concientización, a que impida la interferencia de la industria en los procesos relativos al ámbito de la salud pública y a que promueva la transparencia en el patrocinio de eventos e investigaciones académicas.

  • Situación de las regulaciones de residencias geriátricas:

Recomendamos la sanción de una ley nacional que establezca presupuestos mínimos a garantizarse en todas las residencias geriátricas del país, conforme los derechos y el paradigma establecido en la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, así como también leyes locales que recepten dicho paradigma. Asimismo, se recomienda instar al Estado Argentino a dar publicidad a los datos relativos a las habilitaciones y controles de dichas residencias.

  • Falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos:

Es preocupante la situación de bajo acceso a anticonceptivos y a las prácticas de aborto en los casos permitidos por la ley. Recomendamos entonces instar al Estado a proveer los insumos necesarios para dar cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos, así como garantizar que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso a los mismos. Por último, recomendamos instar al Estado a que capacite a los y las profesionales de la salud, de acuerdo a los estándares internacionales fijados por la OMS para el acceso al aborto seguro, y la promoción de la discusión legislativa para la legalización del aborto.

Democracia

  • Situación actual de la Defensoría del Pueblo:

Esta institución continúa acéfala desde hace 11 años, lo que se configura como un debilitamiento del sistema de protección de DESC. En este sentido, hemos recomendado entre otras cosas, designar lo más pronto posible a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y  reformular los procedimientos de selección del mismo.

  • Acceso a la información pública en materia ambiental:

Recomendamos al Comité instar al Estado a garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental frente al avance de los grandes proyectos de infraestructura, las industrias extractivas e inversiones chinas; promoviendo la creación de instancias y/o mecanismos de participación ciudadana. Además de promover la protección de aquellas personas que en defensa de sus derechos y opuestas al avance de grandes proyectos de infraestructura.

  • Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos:

Recomendamos que el Estado se abstenga de impulsar el Anteproyecto de Ley de acciones colectivas ante el Congreso Nacional y promueva una regulación que se ajuste a los estándares internacionales y constitucionales vigentes en materia de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad.

Ambiente

  • Uso y aplicación de agroquímicos:

Advertimos sobre las afectaciones al derecho a la salud derivadas del uso de agroquímicos; recomendando la adopción de una normativa nacional que regule el uso y aplicación de agroquímicos  y solicitando la revisión y adaptación de normativas nacional y provinciales a las nuevas categorías fijadas por la OMS en materia de clasificación de productos fitosanitarios. Además, se recomienda la adopción de medidas para minimizar el impacto del uso de agroquímicos y la realización de evaluaciones epidemiológicas periódicas.

Más información

Contacto

Agustina Mozzoni: agustinamozzoni@fundeps.org

Carolina Tamagnini: carotamagnini@fundeps.org

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Primer plan nacional de acción de derechos humanos

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural ha dado a conocer el primer Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos aplicable al período 2017-2020.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán C. Garavano, y el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio B. Avruj, sostienen que este Plan de Acción es una deuda que el Estado argentino mantiene desde 1993, cuando en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena se comprometió ante 171 Estados a llevar a cabo este Plan de Acción y no lo había cumplido hasta el momento.

Tomando las experiencias de otros países del mundo, es que se han decidido aplicar planes de derechos humanos como instrumentos viables para apuntalar las diferentes acciones necesarias, tales como la adecuación normativa, la ejecución de planes específicos, la difusión y promoción de derechos.

La planificación del Plan de Acción comienza con un análisis de las necesidades existentes en la materia e incluye un gran programa de propuestas, la asignación de recursos y una efectiva evaluación de las políticas a aplicar. Sin embargo, el signo distintivo de este plan se presenta en la esencia de los derechos humanos, por su carácter transversal que exige la integración de los estándares y principios fundamentales en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas, que deben tener como fin la garantía y el acceso a los derechos.

El objetivo macro del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es fortalecer el proceso de construcción de un sistema de planificación de políticas públicas. Luego, como objetivos específicos se plantean los siguientes:

  • Diseñar, elaborar, aprobar y publicar un Plan Nacional de Acciones en Derechos Humanos (PNADH) para el período 2017-2020 según las recomendaciones de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena 1993.
  • Desarrollar e implementar Planes Operativos Anuales para alcanzar los objetivos parciales que contemplen los recursos necesarios para su ejecución.
  • Diagramar un protocolo de indicadores de monitoreo y seguimiento de las acciones que deriven del PNADH.

El Plan de Acción aborda 5 ejes temáticos principales, cada uno de ellos dividido, a su vez, en diferentes apartados. A saber:

  1. Inclusión, no discriminación e igualdad; con el objetivo de impulsar políticas públicas que contribuyan a la superación de las distintas formas de discriminación existentes.
  2. Seguridad pública y no violencia; orientado a adoptar políticas de seguridad pública basadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
  3. Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias; tomando como horizonte la profundización democrática y considerando que ninguna sociedad puede construirse sobre el olvido y la impunidad.
  4. Acceso Universal a Derechos; de manera de avanzar hacia la efectiva garantía de todos los derechos para todas las personas y atender a las diferentes realidades de los grupos en situación de vulnerabilidad para garantizar su acceso a los bienes sociales.
  5. Cultura cívica y compromiso con los DD.HH.; enfatiza el fortalecimiento de las capacidades institucionales con planes y proyectos que buscan perfeccionar los denominados sistemas transversales y las sinergias entre lo público y lo privado para propiciar la transparencia institucional en la producción e implementación de políticas públicas participativas y la construcción de una democracia avanzada que se sustenta en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Otro de los objetivos del gobierno es cumplir con los compromisos internacionales emanados de la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993) y del primer Informe Periódico Universal (EPU), que a su vez está en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se ha establecido que al elaborar este Plan de Acción, se busca dejar en evidencia a las gestiones anteriores que no cumplieron con este compromiso asumido en 1993 y dar testimonio de que, para el actual gobierno, los derechos humanos constituyen una política de Estado. Pero, ¿será capaz la actual gestión de llevar a cabo las numerosas políticas en materia de derechos humanos que se exponen en el Plan de Acción Nacional en un período de tan solo 3 años? Asimismo, queda cuestionar la implementación efectiva que tendrá este Plan, a la luz de los hechos recientes -modificaciones en los Ministerios- y los recortes presupuestarios que vendrán. Por lo pronto, se ha habilitado un tablero online para que la ciudadanía interesada pueda hacer un seguimiento en tiempo real del cumplimiento de los compromisos asumidos.

Autoras

Camila Bocco

Florencia Tagliaferro

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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¿Por qué nos preocupa la reducción de ministerios?

Durante el fin de semana trascendió que el Presidente reduciría a la mitad su Gabinete de Ministros. El lunes por la mañana se confirmó la noticia: diez Ministerios serán absorbidos por otras Carteras, quedando un total de 10 Ministerios más la Jefatura de Gabinete.

Algunos de los ministerios que se convertirán en secretarías son los de Ambiente, Cultura, Salud, Trabajo, y Modernización y Comunicación. Ambiente dependerá directamente del Presidente; Cultura quedará bajo la órbita del Ministerio de Educación; Salud bajo Desarrollo Social; Trabajo como secretaría del Ministerio de Producción, Trabajo y Agroindustria; y Modernización bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Si bien hasta ahora los anuncios oficiales solo explican las modificaciones en el organigrama, esta decisión implica un riesgo para la salud pública, la promoción de la cultura, la protección de los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

Es preocupante cómo los cambios de jerarquía de esos ministerios impactarán en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), de raigambre constitucional. Si estos derechos no están garantizados, ningún otro derecho humano puede ejercerse con plenitud.

Bajar de rango a estos ministerios y convertirlos en secretarías significa una reducción en la autonomía, y podría significar también reducción de los recursos y del presupuesto destinado a las políticas públicas en materia de DESCA. Desde la perspectiva puntual de algunos de los temas que trabaja FUNDEPS, son de particular preocupación algunas cuestiones específicas.

Respecto a salud, la pérdida de autonomía de esa cartera y el mantenimiento del estatus del Ministerio de Producción podría generar aún mayores dificultades para limitar las acciones que desde el sector privado impactan en el derecho a la salud, algo con lo que nos enfrentamos a diario quienes trabajamos en temas de enfermedades crónicas no transmisibles. Al mismo tiempo, implicaría mayores dificultades para poner en práctica una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que plantea que las cuestiones de salud deben estar presentes en todas las políticas que impulse un gobierno, enfoque conocido como “Salud en todas las políticas”.

De la misma manera, sigue preocupando la continuidad del Programa de Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, como también otras políticas de salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, ya se anunciaron proyectos de recorte en la  Dirección de Sida, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra, lo que ha generado una situación de alerta en las organizaciones de la sociedad civil, como en la academia del sector de la salud.

Algo similar puede plantearse respecto de la reducción de la jerarquía de la cartera ambiental en el gabinete de la Presidencia de la Nación. Si ya era difícil asegurar la presencia de consideraciones ambientales en decisiones de producción o de desarrollo de infraestructura, esta decisión podría hacerlo aún más complicado. La decisión, además, contraría una tendencia global de jerarquización de la temática ambiental, algo que en el momento de la creación de ese ministerio había sido resaltado por instituciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Por otra parte, Modernización y Comunicaciones se encarga, entre otras cosas, de la implementación de políticas sobre Gobierno Abierto y de las medidas para la garantía en las comunicaciones y la protección de las audiencias. Si bien se pueden analizar avances y retrocesos desde esa oficina, la importancia de su trabajo significó un refuerzo en la participación y acceso a la información pública y la transparencia del Estado, lo que podría ponerse en riesgo de recortarse su presupuesto o equipos de trabajo.

A la espera de mayores precisiones respecto de las implicancias presupuestales y de personal de estas decisiones, desde FUNDEPS compartimos nuestra preocupación por la reducción de jerarquía de estas dependencias.

Contacto:

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

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El derecho a la Educación Pública en la mira

Facultades tomadas, otras cerradas, otras suspendiendo sus actividades, marchas multitudinarias, asambleas y estudiantes organizándose ¿Qué está pasando en las Universidades Nacionales? ¿Qué pasa en la Universidad Nacional  de Córdoba?

Desde 2016 que el conflicto docente continúa escalando. En aquel momento el presupuesto y los salarios no iban de la mano con la inflación y toda la comunidad académica se levantó contra esta situación. También estudiantes, al ser afectados/as por estas medidas, se aliaron a la lucha y tomaron el Pabellón Argentina a través de una decisión que fue debatida y con la aprobación de la mayoría de la Asamblea Interfacultades. Se le negó el ingreso al Rector Hugo Juri, quien se sienta a debatir en mesa de negociación el presupuesto de la educación pública, y son muchas veces sus decisiones políticas las que repercuten en toda la UNC.

Hoy la situación es mucho más crítica. Se encuentran tomadas: la Facultad de Psicología, la Facultad de Filosofía y Humanidades (Casa Verde), la Fac. de Artes (Pabellón CePIA), la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y hace unos días se levantó la toma de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño después de una Asamblea a la que asistieron más de 1500 estudiantes (resultados: por levantar la toma 905 votos; por mantener la toma 849 votos).

En todas las facultades se están realizando asambleas en las que no solo se busca una estrategia en conjunto con la lucha docente, si no que también se pretende reivindicar el posicionamiento del estudiantado, reclamando la garantía de sus derechos como el efectivo cumplimiento de los sistemas de becas, el pago por puestos ad honorem (ayudantías y adscripciones pagas), entre otros. El denominador común de los reclamos: el derecho a la Educación Pública.

A qué se debe este conflicto

Lo que está pasando: la crisis económica generalizada se refleja en las políticas de educación, y se siente aún más fuerte en las Universidades Públicas. Es que, “en definitiva, hoy estamos más ante un retraso en el cumplimiento del presupuesto que ante un recorte genuino. Pero la magnitud de esa demora es tal que las Universidades se ven forzadas a funcionar disponiendo de alrededor de la mitad de los recursos que le corresponden, en un año particularmente difícil debido a la devaluación y el aumento sustancial de las tarifas”. Según los datos de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), al final del primer semestre de 2018, sólo se había ejecutado el 25% del presupuesto anual. En un contexto inflacionario y de fuerte crecimiento de los costos de servicios, esa demora impacta directamente en el sostenimiento de las actividades universitarias.

¿Por qué la educación es un derecho que debe cumplirse?

La educación es un derecho humano reconocido por el ordenamiento internacional de derechos humanos, particular y expresamente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por nuestro país por la ley Nº 23.313.

Este reviste una vital importancia puesto que se trata de una precondición esencial para el ejercicio de los restantes derechos humanos. Es un derecho de carácter “transversal” con relación a los demás derechos humanos y su insatisfacción pone en juego la capacidad de reclamo respecto a estos últimos.  Su contenido se ha visto ampliado, en gran medida, pues es el presupuesto para el ejercicio pleno de las libertades individuales, el fortalecimiento y desarrollo de la persona humana y la difusión, respeto, goce de los derechos humanos. Se trata de una herramienta fundamental dado que posibilita el progreso en desmedro de la desigualdad económica y colabora en los procesos de emancipación y lucha de aquellos sectores desaventajados y oprimidos.

La Constitución Argentina, a partir de la reforma del año 1994, ha fortalecido la protección del derecho a la educación.

El art. 75, inc. 19 ordena al Congreso “proveer a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. Además, el artículo impone la sanción de leyes que “consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal; y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Asimismo, debe dictar leyes que “protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.

Cabe subrayar nuevamente que la cuestión educativa se trata de una responsabilidad indelegable del Estado, entendido éste íntegramente, es decir que abarca no sólo la sanción de leyes por parte del poder legislativo a efectos de garantizar el derecho a la educación, sino también la puesta en marcha de medidas a cargo de la administración (léase poder ejecutivo) conducentes a tal fin, incluidas aquellas medidas o acciones positivas tendientes a lograr una igualdad real de oportunidades en el acceso.  

Ahora bien, en lo que respecta a la educación pública, dicho derecho tiene como directrices la gratuidad y la equidad, tendiente a reforzar la igualdad en un sentido material de aquellos sectores marginales, carenciados y vulnerables, a través de aportes, becas, subsidios y ayudas materiales de la más variada índole. El Estado se encuentra obligado a garantizar y no impedir que toda persona se eduque; a facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades y posibilidades de todos/as para recibir e impartir enseñanza, sin discriminación alguna; a crear sus establecimientos oficiales de enseñanza, garantizando los principios de igualdad, equidad y gratuidad; y a estimular y respetar la enseñanza pluralista.

Íntimamente vinculado con el derecho a la educación, se encuentra el derecho a la cultura. Este derecho implica un área expansiva en la que no resulta suficiente la alfabetización ya sea a través de niveles secundario o superior. Es así que, a los fines del acceso a los beneficios de la cultura y la participación en la vida cultural, el Estado debe dar impulso al progreso científico, tecnológico, artístico, literario, etc; de la investigación en todos los campos, de la difusión de sus resultados y del aprovechamiento de sus progresos. No puede el Estado ejercer políticas regresivas y replegarse en cuanto a su obligación de promover el desarrollo cultural.   

Nuestra Constitución establece la incorporación del tratados internacionales de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico, otorgándoles jerarquía constitucional. El Pacto internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, que contiene los derechos a la educación y cultura, es uno de ellos, por lo que debe aplicarse con la misma fuerza que la constitución misma.

Respecto de este tratado, es importante resaltar algunas observaciones del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (CDESC) como intérprete oficial del mismo. Estas citas destacan la importancia clave del derecho a la educación, la obligación del Estado de disponer fondos para garantizarlo y asegurar la disponibilidad y accesibilidad del mismo. Asimismo, resaltan la obligación de avanzar progresivamente a una mayor efectividad de este derecho y a la imposibilidad de tomar medidas regresivas respecto del nivel de protección de este derecho.

La movilización para exigir derechos

Miles de estudiantes, docentes, egresados/as científicos/as y trabajadores/as no docentes se hicieron presentes en una masiva movilización en Plaza de Mayo que se hizo eco en todo el país el pasado jueves. En Córdoba, la jornada incluyó una sentada, una marcha y un festival por la UNC. “La universidad está en peligro. Defendamos el salario y el presupuesto” fueron las consignas llevadas a la calle para exigir que no se siga avanzando en contra de la educación superior. Esta semana se decidió continuar con paro con actividades hasta el viernes 7 de septiembre.

Desde FUNDEPS, acompañamos el reclamo por medidas que garanticen la efectiva vigencia de derechos económicos sociales y culturales como es el derecho a la educación.

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

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Organizaciones expresan preocupación ante las explicaciones del jefe de gabinete sobre el anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos.

Más de 40 organizaciones de derechos humanos y de consumidores/as rechazamos el borrador de Anteproyecto y exigimos que se garantice la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de un proyecto que sea acorde a la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente.

La propuesta de regulación, publicada en el marco del Programa Justicia 2020, restringe la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a empresas en defensa de derechos en el marco de conflictos colectivos y desconoce estándares constitucionales básicos que ubican a las acciones colectivas como herramientas fundamentales para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones hemos manifestado las razones fundadas de nuestra preocupación y reclamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de impulsar el Anteproyecto porque, además de tener graves inconstitucionalidades, falencias, inconsistencias y retrocesos, se generó sin la participación de organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, el ambiente y los recursos naturales, de consumidores/as ni de organismos públicos de defensa de derechos, como defensorías.

En una reunión reciente con las autoridades del Programa Justicia 2020, solicitada con urgencia luego de advertir estas falencias en el proyecto difundido, se plantearon las objeciones a la falta de participación y al carácter regresivo del proyecto, tras lo cual las autoridades se comprometieron a garantizar la participación de las organizaciones y tener en cuenta las críticas presentadas sobre el contenido del Anteproyecto, ya que según afirmaron “no existía intención política de enviarlo al Congreso”.

El jefe de gabinete refirió haber recibido “algunas críticas al Anteproyecto” y convocado a participantes de la sociedad civil a una reunión presencial en la sede del Ministerio. Sin embargo, omitió mencionar que esa reunión fue solicitada expresamente por las organizaciones y que desde el Ministerio aún no se brindó ninguna respuesta formal a las múltiples críticas presentadas. A su vez refirió que “no est[án] de acuerdo que se trate de un proyecto restrictivo”, no tomando en cuenta las severas críticas enunciadas tanto por las organizaciones firmantes como por especialistas en la materia y, particularmente, ignorando el grado de avance de la jurisprudencia existente. Finalmente, indicó que el proyecto “pone orden al actual sistema en el que tramitan las acciones colectivas”, sin ningún tipo de justificación. En este contexto, son preocupantes las respuestas del Jefe de Gabinete, porque desconocen la gravedad de las cuestiones por las cuales debe ser rechazado y contradicen las afirmaciones de las autoridades de Justicia 2020 en la reunión.

El anteproyecto no fue acompañado de una exposición de motivos ni precedido de un diagnóstico adecuado, y no sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que afectan los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza, limitando seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas. Con una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas que protegieron el derecho de acceder a tratamiento y medicamentos de personas con VIH, a condiciones dignas en las cárceles en la provincia de Buenos Aires, la privacidad en el uso de internet y servicios telefónicos, el derecho a no sufrir discriminación en el uso de la línea de ferrocarril Sarmiento, el derecho de las mujeres a no sufrir discriminación por las empresas, el derecho a la educación laica en Salta, la nulidad de aumento de tarifas de gas establecido sin audiencia pública y la reparación de la contaminación del Riachuelo, entre muchas otras.

Es necesario que se inicie un proceso de discusión genuina tendiente a generar acuerdos sobre la mejor forma de regular las acciones colectivas, un proyecto que amplíe su uso y eficacia, e incluya la necesaria participación de las organizaciones de derechos humanos, representantes de usuarios y consumidores, y todas aquellas que defienden los intereses de colectivos en especial situación de vulnerabilidad, así como las personas afectadas que hayan sido o sean parte de los colectivos representados por estas acciones, ya que se trata de una herramienta clave para asegurar sus derechos.

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Mayca Balaguer maycabalaguer@fundeps.org

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Bajo Grande y el Jerónimo de la Gente: ¿Un premio que busca tapar una problemática de años?

El pasado 6 de abril  se entregó en la ciudad de Córdoba el premio ‘Jerónimo de la Gente’ y fue la Asociación Civil ‘Las Omas’, quien  se quedó con el primer lugar luego de la votación. El reconocimiento busca distinguir a un ciudadano, ciudadana, o agrupación de la ciudadanía; cuya labor en Córdoba busque de alguna manera abordar problemáticas sociales.

Las Omas, organización establecida en el barrio Chacras de la Merced, desde 2011 se ha dedicado a la asistencia de las vecinas en situación de pobreza y violencia. Al mismo tiempo, su presidenta, Alida Weht, ha sido quien ha tomado el bastión de la lucha contra la contaminación producida por el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Córdoba.

El premio que Las Omas recibieron es una distinción por su trabajo incansable para mejorar la situación de las mujeres en el barrio, pero en los medios de comunicación poco se ha mencionado acerca de su inmensa labor, para mejorar y proteger el ambiente que las rodea. El intendente Mestre ha reconocido a Las Omas por un lado, pero por otro, no ha hecho nada para ayudarlas a acabar con las problemáticas derivadas de la contaminación.

Hace ya algunas semanas, se hizo conocido que la Municipalidad de Córdoba admitió que la planta no está en perfectas condiciones y que está funcionando a un 60%. Asimismo, Daniel Bardagi, Director de Redes Sanitarias y Gas, prometió que en los próximos días la planta ya estaría funcionando a la totalidad de su capacidad.

Esta posición de la Municipalidad colisiona directamente con lo expresado por los empleados que se encuentran trabajando en la EDAR, y que han declarado que la planta bajo ningún punto de vista está en condiciones de funcionar al 100%. En adición, han declarado que el líquido que ingresa a la estación no es tratado de ninguna manera y las condiciones en las que entra son las mismas que posee cuando es volcado al Río Suquía.

Estas idas y vueltas entre la Municipalidad y los empleados de la planta, no son nuevas y no hacen más que dilatar una situación que ya desde hace tiempo es insostenible. La falta de responsabilidad del gobierno municipal y el afán de ocultar una realidad que es visible hace tantos años, ha devenido en una comunidad de personas que al día de hoy se ven en una situación de extrema vulnerabilidad.  

De igual manera, la problemática de la contaminación no solo se circunscribe al área de la ciudad de Córdoba. Se ha comprobado que los volcamientos en crudo han llegado por lo menos y con seguridad a Capilla de los Remedios. Más aún, las muestras tomadas y evaluadas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dan cuenta que las bacterias y coliformes presentes en el agua a 36 km de Bajo Grande, están en prácticamente las mismas cantidades y concentración que al momento en que salen de la planta.  Asimismo, podría existir evidencia que la contaminación ha llegado hasta la desembocadura del Río Primero en la Laguna de Mar Chiquita.

Derivado de esta contaminación, vecinos y vecinas de Chacras deben enfrentarse cada día a una infinidad de problemas, siendo la mayor parte, aquellos relacionados con la salud (enfermedades dérmicas, respiratorias y gastrointestinales). De igual manera, el ambiente viciado por el olor del agua cloacal volcada en crudo, dificulta más la vida en ese lugar.  

Desde la Municipalidad de Córdoba se ha anunciado que en los próximos días y semanas se estarán licitando tres obras de refacción en la planta por casi 300 millones de pesos. Estas refacciones corresponden al fracaso de los planes de mitigación asumidos cada año por las sucesivas gestiones municipales. De acuerdo a Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, estas refacciones y la ampliación de la planta que está en curso, no lograrán revertir o mitigar la situación de contaminación actual, en tanto no se realicen los controles necesarios sobre la red cloacal.

Luego de años de reclamos, nuevamente hemos pedimos a las autoridades que reconozcan la problemática y tomen cartas en el asunto. La situación de vulnerabilidad que vive la comunidad ubicada a la vera de la estación depuradora, es hoy por hoy, insostenible y degradante. El premio Jerónimo de la Gente, ha logrado reconocer el incansable trabajo de Las Omas, pero no ha podido tapar un problema al que ellas deben enfrentarse todos y cada uno de sus días. Luego de esta premiación, debiera existir un compromiso de los funcionarios para con las familias de esa zona y con el medio ambiente de todos los habitantes de la provincia de Córdoba.

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María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Rechazo al Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos

En el año 2016 se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, el programa “Justicia 2020”. Se trata de un espacio de diálogo institucional y ciudadano que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente.

Una comisión conformada por distintos expertos en el marco de este programa (dentro del eje Civil y del equipo “Cambios procesales para un mejor servicio de justicia”) trabajó en la redacción de un anteproyecto que regula el proceso de las acciones que tienen por objeto cuestiones de afectación colectiva.

Y es que nuestro orden constitucional dispone la existencia de una tutela procesal colectiva de los derechos de incidencia colectiva desde la reforma de 1994, pero no se elaboró hasta ahora ninguna ley específica. Hasta ahora se ha aplicado lo dispuesto por la jurisprudencia, fundamentalmente por lo que estableció la Corte Suprema en el fallo Halabi del año 2009, en donde creó una nueva vía procesal para la tutela de este tipo de derechos, al aceptar por primera vez la figura de la “acción de clase”.

En dicho fallo, la Corte se refirió a la falta de regulación en materia de acciones colectivas, caracterizándola como una mora del legislador. Sin embargo, esa falta fue suplida en la práctica por los Tribunales del país, que desde hace tiempo vienen admitiendo la procedencia de estas acciones, y respecto de las que se ha litigado (y se litiga todavía) sin reglas uniformes y claras.

El Anteproyecto que se presentó a mediados de mayo en el portal del Programa Justicia 2020 surge, entonces, con el objetivo de dar uniformidad y claridad a los procesos colectivos.

Sin embargo, junto a numerosas organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación por el contenido de este borrador y solicitamos al Ministro Garavano que se abstenga de impulsar el proyecto de ley ante el Congreso Nacional.

De prosperar, este proyecto limitaría las acciones colectivas y afectaría su operatividad. Las acciones colectivas son indispensables para el reconocimiento y protección de derechos humanos fundamentales de índole colectiva. Una regulación restrictiva y dilatoria de las acciones colectivas, como la que se desprende del borrador, podría obstaculizar el avance de este tipo de reclamos, e implicaría un retroceso grave en relación con la situación actual.

Dentro de los aspectos que preocupan del anteproyecto, destacamos los siguientes:

  • Injerencia en asuntos procesales: la regulación de materia procesal local es de exclusiva competencia provincial.
  • Excesivo rigor para la determinación de la “representación adecuada”: los requisitos resultan excesivos, porque imponen a las/os afectadas/os, organizaciones y sus abogadas/os una serie de exigencias extremadamente rigurosas que significarán un límite para la presentación de las acciones colectivas.
  • Limitación de medidas cautelares: el borrador regula el dictado de medidas cautelares de tal manera que frustra su operatividad, ya que prevé que se corra traslado al destinatario, se exige fundamentación detallada y las resoluciones que las deniegan no se pueden apelar.
  • Ordinarización de los procesos colectivos
  • Establecimiento de trámites largos y engorrosos para el regristro y consolidación de la clase, incluyendo diversos procesos secundarios dentro del proceso principal,
  • Restricción a la participación de terceros
  • Regulación de la competencia
  • Falta de gratuidad.
  • Derogaciones expresas de normas procesales de índole colectiva que tienen un mayor nivel de protección de derechos colectivos. Se derogan el art. 54 de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor); y el primer párrafo del art. 32 de la ley  26.675 (Ley General de Ambiente), reemplazándolos por normas más restrictivas.

Consideramos que esta propuesta de regulación de las acciones colectivas implica un retroceso en relación a las regulaciones y prácticas actuales para asegurar el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.  

Se debe iniciar un proceso para discutir las dificultades para el acceso a la justicia que enfrentan las organizaciones y personas usuarias de acciones colectivas, de manera que las futuras propuestas de regulación permitan efectivamente ampliar el uso y eficacia de estas acciones.

Comunicado completo de las Organizaciones de la Sociedad Civil

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Gobierno Abierto: Argentina buscando avanzar con firmeza

Durante el mes de abril, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, disertó en el Palacio San Martín en materia de Gobierno abierto, ratificando el compromiso del Estado argentino con las políticas que promuevan el acceso fácil de la información de gestión pública a la ciudadanía. Lo hizo para presentar el lanzamiento del “Estudio OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina”, acompañado por la Secretaria General Adjunta de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la finlandesa Meri Kiviniemi, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.

El estudio de la OCDE se realizará a lo largo de este año 2018 y se espera presentarlo al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en abril del 2019. Dicho reporte presentará dos objetivos principales: primero, apoyar la implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto a través de un análisis profundo del estado actual de las reformas del gobierno nacional enfocadas a fomentar la aplicación de estos principios, tanto en la administración pública nacional como provincial. Como segundo objetivo, intentará acompañar a las provincias argentinas en el proceso de mejorar sus estrategias e iniciativas de gobierno abierto, a través de un enfoque basado en datos y revisión por pares. Dicho proceso de revisión incluirá visitas a tres provincias del país, seleccionadas conjuntamente por la OCDE y el gobierno argentino.

El Gobierno Abierto es una forma de desarrollar políticas públicas de manera abierta, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, incentivar la participación ciudadana e intensificar el sistema de rendición de cuentas. Implica una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y que mejora la colaboración entre el Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil.  Este movimiento tuvo sus orígenes en la Gran Bretaña de los ’70, como un movimiento que buscaba desarticular el secretismo y obscuridad burocrática que regían la política británica. Actualmente está impulsado a nivel internacional por la llamada Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para avanzar en la promoción del Gobierno Abierto

Por otro lado, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una organización que agrupa a 35 países, entre los que se encuentran los más importantes centros económicos y financieros, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ésta ha apoyado las iniciativas de Gobierno Abierto y ha emitido recientemente una Recomendación para que los países, tanto Miembros como no-Miembros que adhieran a la recomendación, adopten e implementen  estrategias e iniciativas  de gobierno abierto que promuevan los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas  y participación  de las partes interesadas en el diseño y entrega de políticas y servicios públicos, de manera abierta e inclusiva.

Argentina tiene una larga historia de relacionamiento con la OCDE, adhiriéndose a múltiples declaraciones y convenciones de la Organización, así como participando de órganos oficiales y el Centro del Desarrollo de la OCDE. Sin embargo, no es Miembro aún y es bien sabido que desde el gobierno nacional se desearía poder conseguir la invitación formal de la Organización para pasar a serlo, o cuanto menos  mantener las mejores relaciones posibles con quienes la integran, puesto que se trata de los países de donde proviene gran parte de la Inversión Extranjera Directa (IED). Por lo tanto, es de gran importancia para el Gobierno someterse a un estudio por la OCDE y que, sobre todo, arroje buenos resultados que puedan mejorar su imagen internacional.

Sin embargo, y más allá de lo que la importancia de este estudio de la OCDE para el gobierno nacional y los resultados que arroje, debe aclararse que aún queda mucho por andar en el camino del gobierno abierto en Argentina. Su aplicación efectiva debe basarse en el acceso abierto y fácil de la información pública por la sociedad civil, pero también debe contener mecanismos adecuados que aseguren que esta sociedad civil pueda participar e interactuar con la toma de decisiones a partir de esta información. Por último, pero no menos importante, entre las medidas debe incluirse las pertinentes a la desburocratización, que faciliten el ejercicio de las dos anteriores.

Partiendo de lo establecido en Tercer Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019 lanzado por Ministerio de Modernización y los compromisos que este propone, puede observarse que desde el Estado argentino sólo se ha avanzado en cuanto a la primera característica de un gobierno abierto, la accesibilidad a la información por parte del público general y no sin problemas, como detalla el portal de la Open Government Partership en su sección dedicada a la Argentina.

Vale también aclarar que los movimientos relacionados con hacer efectiva y real la participación de la sociedad civil de momento parecen haberse limitado a actividades de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto y demás jornadas y relevamiento de demandas: lejos del establecimiento eficaz de mecanismos institucionales que se integren a la toma de decisiones. En cuanto a la desburocratización, se han hecho avances de la mano del uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación ligadas a internet para agilizar trámites y consultas desde la sociedad hacia el Estado, como la implementación en 2016 de la Plataforma de Consulta Pública. Sin embargo, aún quedan diversos ámbitos donde la reducción de la burocracia no ha llegado, por no mencionar que aún queda por verse hasta qué punto estas herramientas sean efectivas dentro del camino hacia un gobierno abierto.

Claramente, considerando todo lo anterior, puede afirmarse que, en pos de alcanzar una toma de decisiones en políticas públicas transparente, con participación ciudadana y rendición de cuentas, deben realizarse muchos más avances que hasta ahora. Quizás el anunciado estudio de la OCDE abra una ventana para que organizaciones, expertos y la sociedad en general puedan hacer oír su voz e impulsar las medidas necesarias.

Autor:

Agustín Fernandez Righi

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Participamos de Argentina Abierta

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo el Foro Argentina Abierta en la Ciudad de Mendoza. Se trata de un espacio de debate que se realiza anualmente desde el año 2016 y que propone el intercambio de ideas y experiencias en torno a la temática del gobierno abierto. En la edición 2018 FUNDEPS participó en un panel sobre desarrollo sostenible, gobierno abierto y recursos naturales.

Argentina Abierta fue concebido como un espacio que en el que se reúnan a estudiantes, periodistas, funcionarios públicos, emprendedores, organizaciones de sociedad civil y cualquier persona con ganas de participar. Fue pensado para intercambiar iniciativas que impulsen la creación de las políticas públicas modernas, inclusivas y sustentables.

El objetivo es que equipos de gobierno junto a los ciudadanos puedan compartir experiencias, desarrollar sus ideas y conocimientos, escuchar opiniones y debatir sobre transparencia, rendición de cuentas, nuevas tecnologías, innovación pública y datos abiertos.

Se trata de un foro nacional para discutir políticas de gobierno abierto que alientan temas de transparencia en el sector público, participación ciudadana y colaboración en políticas de modernización. El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la tercera edición. El año pasado se hizo en Córdoba y este año se realizó en Mendoza. Esta última provincia, junto con Córdoba y Buenos Aires, ha estado a la delantera de la implementación de políticas con estas características.

Recorriendo un poco el evento…

En la edición 2018, Argentina Abierta duró solo un día, a diferencia de los años anteriores cuando el evento fue de mayor longitud. Empero, ese tiempo fue suficiente para englobar paneles de lo más diversos y abarcativos en lo que respecta a los ejes temáticos del gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración.

Se discutió sobre acceso a la información pública y publicación de datos, academia abierta y apertura en los poderes legislativo y judicial. Asimismo, el evento contó con la presencia de conversatorios respecto de la aplicación de políticas de gobierno abierto a nivel subnacional y para ello estuvieron presentes representantes de los gobiernos de la Ciudad de Mendoza, Ciudad de Godoy Cruz, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Mendoza, Provincia de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fé; entre otros actores relevantes.
De igual forma es necesario destacar la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, quienes no sólo apoyaron la concreción y realización del evento (Nuestra Mendoza y CLADH), sino que también participaron activamente en los paneles y discusiones junto con los funcionarios públicos. Éste fue el caso de FUNDEPS, quien estuvo participando en un panel específicamente relativo a temáticas de gobierno abierto, desarrollo sostenible y recursos naturales. Dicho panel también fue integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Parte de la innovación que propone este foro está dada por la incorporación de nuevas dinámicas para el debate. Particularmente, y en lo que refiere a los temas de gobierno abierto, innovación e e-government, los LABS se posicionan como una alternativa que permite discutir y alcanzar soluciones en el momento. Durante esta edición de Argentina Abierta, se llevaron a cabo labs para discutir temas de presupuesto, participación ciudadana, seguridad y datos.

Que nos dejó el Foro…

En este evento participaron 9 provincias, 6 países y más de 50 organizaciones e instituciones. Se llevaron adelante 12 paneles, 24 charlas pasillo y estuvieron presentes más de 900 personas. Durante ese día, la comunidad de personas dedicadas al gobierno abierto debatió y compartió experiencias para mejorar la gestión pública, hacerla más transparente y cercana a la ciudadanía. Desde FUNDEPS apreciamos el hecho de haber podido formar parte y consideramos sustanciales las discusiones en torno a estos temas.

Autora/Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

Fortalecimiento Democrático – Gobierno Abierto – Acceso a la Información

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#QueremosRespirar: Una campaña contra la contaminación en el Río Suquía

Vecinos y vecinas de Capilla de los Remedios se suman a los reclamos por contaminación del Río Suquía a causa del mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (EDAR). La campaña #QueremosRespirar refleja el pedido desesperado de los habitantes que buscan que esta situación se revierta de manera inmediata.

El reclamo de la agrupación vecinal, se suma a la histórica protesta que las familias del barrio Chacras de la Merced han llevado adelante para frenar la contaminación indiscriminada del río.

El pasado lunes 9 de abril, los habitantes de Capilla de los Remedios se manifestarán frente a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para exigirle al intendente la toma urgente de medidas. Pedro Frank, vecino y uno de los líderes de la campaña, se expresó acerca de lo insostenible que se ha vuelto vivir en los alrededores del río. Olores nauseabundos, problemas gastrointestinales y respiratorios; son algunas de las consecuencias que pudieran atribuirse a la contaminación (una imagen muy similar a lo que describen los vecinos y vecinas en el barrio Chacras de la Merced). Pedro, contó que han tenido receptividad para reunirse tanto con el gobierno Municipal como con el Provincial. Desde ambos lados han respondido que la contaminación es imposible relacionarla directamente con la planta, ya que ésta funciona en perfectas condiciones. No obstante, durante el 2017, empleados de EDAR fueron tajantes al decir que la planta está desabastecida, defectuosa y que trabaja a menos del 20%. Asimismo, mencionaron que el líquido no se trata y que durante las 24 horas del día se vuelca en crudo al río.

A raíz de esto último, se torna incomprensible la postura de las autoridades gubernamentales, quienes parecen no querer ver lo que está frente a sus ojos y los ojos de todos los ciudadanos.

Esta situación que data de finales de los años ‘80 y a la que FUNDEPS se ha referido en numerosas ocasiones, parece no tener final. La escalada de contaminación a causa de una planta en condiciones defectuosas, ha tenido repercusión directa en el río principal de la Provincia y que tiene su desembocadura en la Laguna de Mar Chiquita. A orillas de este río se asientan numerosas localidades que al día de hoy comienzan a ver los efectos de años y años de negligencia estatal. Asimismo, es de especial relevancia, resaltar el rol principal y responsabilidad de los gobiernos Provincial y Municipal para mitigar y/o remediar definitivamente esta situación.

Lo que acontece es de público conocimiento, y las autoridades gubernamentales no han reaccionado en tiempo y forma para evitar lo que actualmente sucede. A nivel legal, numerosas causas han sido iniciadas y tienen sentencias en favor de los vecinos de Chacras de la Merced, obligando al Estado a revertir los daños. Luego de numerosos pedidos de ejecución de sentencia, la inacción de la Municipalidad se evidencia en el riesgo ambiental de estos días. De igual forma, desde el año 2014 se ha declarado consistentemente la emergencia ambiental y sanitaria en  la EDAR Bajo Grande y en la zona ubicada aguas abajo, incluido el barrio de Chacras y no han existido medidas concretas que demuestren la voluntad gubernamental de asistir a quienes están afectados. Desde FUNDEPS, recientemente hemos solicitado información para conocer el estado de avance del último decreto que declaró la emergencia sanitaria. De acuerdo con los testimonios de las vecinas de Chacras de la Merced, poco y nada se ha hecho para abordar la situación.

Tanto los vecinos y vecinas de Chacras de la Merced como de Capilla de los Remedios, se encuentran en una situación de vulneración completa de sus derechos. Renovamos nuevamente el reclamo por una solución definitiva a la contaminación del Río Suquía y especialmente por la garantía de los derechos de aquellos que han sido afectados. #QueremosRespirar.

Más información:

Reclamarán frente a la Municipalidad de Córdoba por la contaminación del Suquía

Capilla de los Remedios: vecinos denuncian contaminación

En Capilla de los Remedios, el río está tan contaminado como una cloaca

Pedidos de información por el Plan de Mitigación de la planta de Bajo Grande

Autora:

Agustina Palencia

Contacto:

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

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Exigimos transparencia para designar a quien supervise la gestión pública en Mendoza

ONGs exigen transparencia y participación en el proceso de designación del Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública.

Comunicado de prensa

Los abajo firmantes solicitamos un proceso abierto y participativo que garantice la designación de un candidato con acreditados antecedentes, idoneidad e independencia para ocupar el cargo de auditor titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la Provincia de Mendoza, creada por Ley Nº 8993.

La oficina constituye un órgano fundamental para la supervisión del correcto actuar en la función pública, para el control de las presentaciones de declaraciones juradas, así como una institución indispensable para garantizar la transparencia en todos los ámbitos del Estado. Más aún, esta oficina velará por la transparencia en el actuar de políticos, sindicalistas y contratistas del Estado. A lo dicho, debe agregarse que si la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que ya cuenta con media sanción, también será esta oficina la responsable de su implementación y cumplimiento.

Por ello, consideramos que la designación debería ser realizada sobre la base de las características que requiere la función de control propia del cargo: independencia de aquellos a quienes debe controlar e idoneidad técnica.

Si bien la ley no lo prevé, esto se facilitaría si se estableciera un procedimiento participativo, abierto y transparente para que quien resulte seleccionada/o sea el/la mejor candidato/a posible.

A fin de garantizar la realización de un procedimiento de estas características, se proponen una serie de acciones que se detallan a continuación.

  • Instancia de participación ciudadana para presentar propuestas de candidatos a ocupar el cargo. Habilitar una instancia de participación en la cual la ciudadanía pueda presentar candidatos no considerados por el Poder Ejecutivo, que formen parte del proceso de selección. Ello permitirá discutir y analizar las candidaturas de manera razonada, garantizando que la persona designada sea la más idónea para ocupar el cargo.
  • Transparencia de las candidaturas. Hacer públicas las candidaturas, poniendo a disposición de la ciudadanía información relativa a los perfiles y antecedentes de cada uno de los candidatos.
  • Instancia previa a la audiencia pública para presentar observaciones e impugnaciones a las candidaturas. Instancia que permita la formulación de preguntas a los candidatos, así como observaciones e impugnaciones a su postulación.
  • Respuesta por parte de los candidatos a las observaciones, impugnaciones y preguntas realizadas en la etapa previa, pudiendo adjuntar pruebas o información adicional.
  • Selección del candidato a proponer por el Ejecutivo fundamentando la elección del mismo por sobre el resto de los candidatos.
  • Audiencia Pública: Realización de una Audiencia Pública en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Senadores para las audiencias públicas, poniendo a disposición de la sociedad civil la información prevista en el artículo 33 y demás disposiciones pertinentes.
  • Tratamiento en Senado para aprobar o no al candidato

El éxito de la institucionalización de un órgano como el creado por la ley depende en buena medida de su primer ocupante. Solo con independencia e idoneidad, se podrá garantizar el principal objetivo que prevé la ley de “regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño por parte de quienes detentan la obligación de desarrollarla, en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan” (art. 1°, Ley Provincial Nº 8993).

Adhieren a la nota

  • Fundación NUESTRA MENDOZA
  • Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)
  • EL ARCA
  • Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (FEDEM)
  • Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI)
  • Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA)
  • XUMEK
  • INTEGRAR Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas
  • Asociación Civil VALOS
  • Fundación AVINA
  • DIRECTORIO LEGISLATIVO
  • Fundación PODER CIUDADANO
  • SALTA TRANSPARENTE
  • Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)
  • Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
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Pedidos de información por el Plan de Mitigación de la planta de Bajo Grande

El pasado viernes, FUNDEPS junto con Álida Weht, vecina del barrio Chacras de la Merced, presentamos pedidos de información en la Municipalidad de Córdoba, en relación al cumplimiento del  Plan de Mitigación puesto en marcha en la E.D.A.R. de Bajo Grande y en la zona ubicada aguas abajo.

El 24 de abril de 2017, la Municipalidad de Córdoba declaró la emergencia ambiental y sanitaria en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Bajo Grande y en la zona ubicada aguas abajo. Lo hizo a través del Decreto N° 1292  y la misma fue por 180 días.

Esta no es la primera vez que se declara la emergencia ambiental y sanitaria por el mal funcionamiento de la planta y la contaminación existente en la zona de Chacras de la Merced y aguas abajo, la cual se viene sucediendo desde el año 2014.

De hecho, el Intendente Ramón Javier Mestre, mediante el Decreto N° 2447, encomendó a distintas reparticiones municipales las acciones necesarias para ejecutar el Plan de Mitigación en el marco de la emergencia ambiental y sanitaria, declarada el 05 de agosto de 2014 y por 180 días.

En junio de 2015, mediante Decreto N° 1220 se declara nuevamente la emergencia ambiental y sanitaria de la planta por el término de 120 días, la cual es prorrogada por 120 días más mediante Decreto N° 3745 del 02 de diciembre de 2015, a los fines de mitigar los efectos ambientales y sanitarios hasta la optimización del funcionamiento de la planta.

El año pasado, debido a las nuevas denuncias de los propios empleados de la planta de Bajo Grande, que advierten no sólo que la planta no funciona al 100% de su capacidad -requiere mejoras y reparaciones indispensables -, sino que los líquidos cloacales se vuelcan sin previo tratamiento al Rio Suquía -, sumado a la preocupación que generaron los resultados de las muestras tomadas por Policía Ambiental y los laboratorios de la propia planta, llevaron a una nueva declaración de emergencia por parte del Ejecutivo Municipal.

Asimismo, el Decreto N° 1292 contempla el cumplimiento de un Plan de Mitigación – continuación del elaborado en el año 2014- en virtud de cual se le encomienda a distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba una serie de medidas y acciones las cuales debían ejecutarse en su totalidad hacia finales de octubre de 2017.

Por ello, el pasado viernes FUNDEPS junto con Álida Weht, vecina del barrio Chacras de las Merced y miembro de la Asociación Civil Las Omas, presentamos pedidos de información dirigidos a la Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social; a la Secretaria General, a la Secretaría de Servicios Públicos, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba.

En cuanto a las medidas de mitigación contempladas en el plan, éstas son: a) Actualización del relevamiento socio económico de la población afectada aguas abajo de la planta; b) Actualización del relevamiento del estado sanitario de la población; c) Distribución de agua potable segura para diferentes usos en zonas donde no es posible la provisión por red; d) Cordón sanitario preventivo; e) Gestión de los efluentes de la E.D.A.R. Bajo Grande; e) Plan de monitoreo del recurso y f) Campaña de sensibilización.

Asimismo, este martes presentamos un pedido de información ante la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, solicitando información actualizada acerca del funcionamiento de la planta, la cantidad y estado de los líquidos cloacales a su ingreso y egreso, así como el tratamiento que se les efectúa. A su vez, se requirió informe el estado y avances de las obras de ampliación de la planta iniciadas en el año 2017.

La problemática de contaminación de la planta de Bajo Grande es de larga data. Pese a las denuncias, reclamos de ONGs y de comunidades afectadas, informes y análisis técnicos que dan cuenta del progresivo deterioro del rio Suquía, e incluso una sentencia del año 2004 – con reiterados pedidos de ejecución – que obliga a la Municipalidad de Córdoba a minimizar y mitigar los impactos ambientales en la zona, la situación no hace más que empeorar para el Rio Suquía y las zonas pobladas que viven aguas abajo de la planta.

Esperamos que tanto las autoridades municipales como provinciales cumplan su deber de suministrar la información requerida en tiempo y forma, a los fines de garantizar el verdadero acceso a la información pública ambiental de la ciudadanía, así como la transparencia y publicidad de los actos de gobierno.

Mas información

Contacto

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org