Durante los meses de octubre y noviembre, Fundeps llevó adelante un proceso de formación e intercambio en justicia ambiental y climática junto a jóvenes del colegio secundario IPEM N.º 323 San Antonio de la ciudad de Córdoba. La iniciativa culminó con la realización de una asamblea climática juvenil y la pintada de un mural colectivo en la institución educativa.

Desde Fundeps desarrollamos un ciclo de talleres presenciales destinados a 80 estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º año del IPEM N.º 323 San Antonio de la ciudad de Córdoba. A lo largo de cinco encuentros, se abordaron contenidos vinculados al derecho ambiental, el cambio climático y las herramientas de participación ciudadana, generando espacios de diálogo e intercambio sobre las principales problemáticas socioambientales que atraviesan y preocupan a las juventudes.

A través de estos encuentros, fueron conociendo las distintas formas de organización colectiva y los mecanismos existentes para participar en los procesos de toma de decisiones. Como cierre del ciclo formativo, se realizó un primer simulacro de asamblea climática juvenil, que permitió poner en práctica los aprendizajes y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana.

Entre las principales problemáticas identificadas por los jóvenes en sus barrios, se destacan la existencia de basurales a cielo abierto, la contaminación del canal que atraviesa la escuela y las emanaciones provenientes de las fábricas ubicadas en zonas cercanas. Asimismo, manifestaron un fuerte interés y compromiso por participar activamente en el diseño, monitoreo e implementación de políticas públicas vinculadas a las cuestiones ambientales y climáticas.

Finalmente, como parte de este proceso colectivo, las y los jóvenes, acompañados por el artista Felipe William Carrizo Álvarez, diseñaron y pintaron un mural en su escuela, plasmando un mensaje claro sobre la importancia del cuidado del ambiente, la justicia climática y social y el protagonismo juvenil en la construcción de un futuro más justo y sostenible.

Desde Fundeps, reafirmamos la importancia de seguir impulsando procesos que reconozcan y potencien el protagonismo de los jóvenes, promoviendo su inclusión efectiva en los procesos de toma de decisiones y en el diseño de respuestas frente a la crisis ambiental y climática, entendiendo que no hay un futuro posible sin la participación activa de las juventudes.

Autora: Ananda Maria Lavayen

En el marco de la alianza con UNICEF Argentina, Fundeps visitó los municipios de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero, que forman parte de la línea de Entornos Saludables dentro de la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Cada equipo avanza de manera sostenida en la elaboración de normativas para fortalecer el bienestar y la alimentación de la infancia, consolidando así una agenda local comprometida con la protección y promoción de entornos saludables.

Fundeps, en alianza con UNICEF Argentina, acompañó durante el año 2025 un proceso clave de fortalecimiento normativo para promover entornos que favorezcan la salud en distintas localidades del país.

Durante septiembre y octubre realizamos visitas a los municipios de Villaguay (Entre Ríos), Ezeiza (Buenos Aires) y Río Tercero (Córdoba). El objetivo fue profundizar el trabajo con los equipos MUNA que sostienen acciones territoriales orientadas a la promoción de la salud y la alimentación adecuada, especialmente en las infancias. En estas instancias se  compartieron con las autoridades locales los avances y desafíos en el diseño de herramientas jurídicas locales que buscan otorgar solidez, continuidad y alcance a las políticas públicas vinculadas con entornos que favorezcan la salud.

 

Municipios que marcan el camino

Las experiencias de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero evidencian el compromiso de los gobiernos locales para avanzar en políticas integrales que mejoren el bienestar de sus comunidades. En cada municipio se desarrollan acciones para promover la actividad física, ampliar la oferta de alimentos saludables en instituciones educativas y espacios públicos, y fortalecer procesos de educación alimentaria y nutricional.

Durante 2025, estas localidades asumieron el desafío de elaborar herramientas jurídicas locales que permitan consolidar y profundizar estas iniciativas desde un enfoque de derechos y una perspectiva centrada en las infancias. Fundeps y UNICEF brindamos asesoramiento técnico, aportando evidencia, referencias normativas y experiencias relevantes.

Estos municipios tienen hoy la oportunidad de marcar el camino hacia una mejor protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada, garantizando que las futuras generaciones crezcan en entornos más sanos, seguros y equitativos.



La importancia de promover entornos saludables

Fundeps, en conjunto con UNICEF, desarrolló el documento técnico “Herramientas normativas para promover entornos saludables en los municipios”, destinado a orientar el proceso de construcción normativa local para proteger los derechos a la salud, la alimentación adecuada y una infancia digna.

Este documento, basado en recomendaciones de organismos de derechos humanos y en la mejor evidencia científica disponible, parte del reconocimiento de que la configuración de entornos que favorezcan la salud es una prioridad de salud pública por su impacto directo en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principal causa de mortalidad en Argentina.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los entornos saludables son aquellos que reducen riesgos, fortalecen capacidades de cuidado y promueven la autonomía de las personas en los espacios donde viven, estudian, trabajan y se recrean.

Los patrones alimentarios en Argentina muestran un consumo elevado de productos ultraprocesados y un bajo consumo de frutas y verduras. Según UNICEF y FIC Argentina (2023), sólo el 20% de niños, niñas y adolescentes alcanza las recomendaciones de consumo de frutas y verduras, mientras que los ultraprocesados aportan más del 35% de las calorías diarias. A esto se suma un alto nivel de sedentarismo: el 64% de la población no realiza actividad física suficiente y más del 80% de adolescentes no cumple con las recomendaciones de la OMS.

En este contexto, los municipios cumplen un rol estratégico para impulsar políticas que transformen los entornos cotidianos y faciliten la adopción de hábitos de vida saludables.

 

¿Por qué es clave contar con ordenanzas locales?

El informe destaca que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la población, con capacidad de adaptar las políticas nacionales y provinciales a sus realidades locales. Contar con una ordenanza sobre entornos saludables permite:

  • Fortalecer  las acciones que vienen desarrollando las áreas de salud, educación y desarrollo social, en función de los mejores estándares de protección y desde un enfoque de derechos humanos. 
  • Asegurar la sostenibilidad y continuidad de las políticas más allá de los cambios de gestión.
  • Definir obligaciones y competencias para cada actor involucrado, así como sanciones y mecanismos de cumplimiento.
  • Facilitar la asignación de recursos y presupuesto específico para el tema.
  • Promover la articulación intersectorial y la participación ciudadana, garantizando que las políticas respondan a las necesidades reales del territorio.

De este modo, las normativas municipales funcionan como herramientas para institucionalizar y proteger los avances logrados en materia de salud, nutrición y desarrollo infantil, generando condiciones que perduren en el tiempo.

 

Hacia una política local sostenible y con enfoque de derechos

La construcción de entornos saludables requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo. Implica no sólo transformar los espacios físicos, sino también los marcos institucionales, las prácticas cotidianas y la cultura alimentaria.

Desde Fundeps continuamos acompañando a los municipios en este desafío, brindando asistencia técnica, capacitación y materiales de referencia que fortalezcan sus capacidades institucionales y promuevan la participación social.

Promover entornos saludables es, en definitiva, construir comunidades más justas y saludables, donde todas las personas —y especialmente las infancias— puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a una vida digna.

 

Autoras:

María Laura Fons

Victoria Sibila

 

Contacto:

Maga Merlo: magamerlov@fundeps.org

En el marco de la COP30 realizada en Belem do Pará (Brasil), miembros y aliados de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo impulsamos una serie de demandas colectivas a los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) para apoyar una transición energética liderada por las comunidades, que respete los derechos y satisfaga las necesidades de las comunidades del Sur Global.

Los bancos públicos de desarrollo se están posicionando, a través de sus compromisos climáticos y su apoyo financiero, como actores fundamentales en la transición energética, especialmente en el Sur Global. Entre enero de 2022 y junio de 2025, los bancos públicos de desarrollo han invertido un total de 245.500 millones de dólares estadounidenses en proyectos energéticos en todo el mundo, principalmente en forma de préstamos y a través del sector privado.

El mayor porcentaje de inversiones se destinó al sector de la energía solar (30%), seguido de las líneas de transmisión (24%) y la energía eólica (22%). Sin embargo, las investigaciones muestran que los BPD siguen invirtiendo dinero en combustibles fósiles, a menudo a través de intermediarios financieros. Además, los BPD han apoyado en gran medida soluciones falsas en forma de proyectos de energía renovable a gran escala, soluciones tecnológicas, actividades extractivistas y enfoques basados en el mercado.

En este contexto, en los últimos años, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, de la cual Fundeps forma parte, ha involucrado a su membresía y alianzas en debates sobre la transición energética justa y el papel de los BPD, con el fin de denunciar las soluciones falsas y las contradicciones. Al tiempo que elaborar demandas sobre cómo debería ser una transición verdaderamente justa, que se centre en las voces y las demandas de las comunidades afectadas. 

Demandas a los Bancos Públicos de Desarrollo

A partir de este proceso, se elaboró un documento de posición que contiene una serie de demandas a los BPD, para apoyar una transición energética liderada por las comunidades, que respete los derechos y satisfaga las necesidades de las comunidades del Sur Global. Las principales demandas que se identificaron fueron las siguientes: 

1. Reconocer a las comunidades como actores centrales y protagonistas de la transición energética

Los derechos de las comunidades más afectadas por el cambio climático, que ya luchan por garantizar el agua, los alimentos, la vivienda, los medios de vida y la supervivencia cultural, deben estar en el centro de la transición. Los BPD deben cambiar su paradigma: pasar de considerar a las comunidades como «beneficiarias» pasivas, obstáculos o víctimas del desarrollo, a reconocerlas como partes interesadas y protagonistas de la transición energética. Incorporar este reconocimiento en las políticas y prácticas significa tratar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas no como víctimas a las que hay que indemnizar o desplazar apresuradamente, sino como co-creadores y co-monitores de soluciones energéticas justas que anteponen a las personas y al planeta.

2. Dar prioridad a la financiación de soluciones energéticas descentralizadas, a pequeña escala y dirigidas por la comunidad.

En todo el Sur Global, las comunidades locales están promoviendo soluciones de base para mitigar los efectos del cambio climático y generar energía mediante proyectos a pequeña escala. Estos proyectos, diseñados mediante enfoques participativos, inclusivos y feministas, pueden satisfacer eficazmente las necesidades de las comunidades locales y prevenir daños. 

3. Responsabilidad en el diseño, supervisión y protección de los derechos, basadas en las necesidades y prioridades de la comunidad

Una transición energética sólo puede ser justa si tiene en cuenta y remedia sus posibles impactos negativos, en particular en las comunidades rurales, locales e indígenas. Para ello, es fundamental permitir que las comunidades participen en las fases de diseño y evaluación del proyecto, aplicar salvaguardias sólidas y garantizar la reparación y la justicia cuando se violen los derechos.

Asimismo, el documento de posición resalta una serie de elementos clave de una transición energética justa impulsada por la comunidad en el Sur Global; centrada en los derechos humanos y la autodeterminación de las comunidades; en la protección de la tierra, los medios de vida y la seguridad alimentaria; e impulsada por las personas y con justicia de género.

Un llamamiento a la acción

Estas demandas colectivas ofrecen una hoja de ruta hacia una transición energética que no deje a nadie atrás y que se base en las realidades locales, una perspectiva feminista e interseccional, la solidaridad global y la justicia.

El cambio tecnológico por sí solo no basta para que la transición energética sea justa: una transición energética verdaderamente justa requiere centrar las comunidades en las decisiones de financiación del desarrollo. Necesitamos un cambio de paradigma transformador que anteponga a las personas y al planeta tanto en las políticas como en la práctica.

Para romper con los patrones explotadores del modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles, todos los actores que participan en la configuración y la financiación de la transición (Estados, organismos internacionales y multilaterales, bancos de desarrollo públicos, actores privados, etc.) deben dar prioridad a las soluciones de abajo hacia arriba y dirigidas por las comunidades que defienden los derechos humanos, protegen los ecosistemas y garantizan un acceso equitativo a la energía.

Se puede acceder a la versión completa del Documento de Posición a través del siguiente enlace

 

* Nota elaborada a partir de la publicación de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, disponible en: https://rightsindevelopment.org/es/news/documento-posicion-jet/ 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Participamos de la comisión de trabajo que diseña un proyecto de ley de acceso a la información pública para Córdoba. La iniciativa forma parte del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia y busca actualizar la normativa vigente desde 1999.

El pasado jueves 13 de noviembre participamos de la comisión de trabajo de diseño de un proyecto de ley de acceso a la información pública para la provincia de Córdoba.

Esta iniciativa es uno de los compromisos asumidos por la Secretaría de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Este Plan fue codiseñado entre mayo y septiembre de 2024 con la participación de la Mesa de Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que se encuentra Fundeps.

Celebramos que la provincia de Córdoba avance en el diseño de una nueva normativa que actualice la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado 8.803 de 1999. La norma vigente requiere varias modificaciones para elevar los estándares y garantizar este derecho para toda la ciudadanía. Es fundamental, además, que se establezcan los mecanismos institucionales que posibiliten su efectivo ejercicio.

A partir de nuestra experiencia y conocimientos, seguiremos aportando para la construcción de un proyecto de ley que esté a la altura de las demandas y estándares actuales en materia de acceso a la información pública y transparencia de los gobiernos.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Fundeps participó nuevamente de la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria, una propuesta que articula universidades y organizaciones sociales para formar profesionales del derecho con enfoque en derechos humanos y comunitario.

Desde el año 2024, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria conforma la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria, con la participación de diferentes universidades del país. Este año, en su segunda edición, formamos parte una vez más de su dictado.

La Red Argentina de Abogacía Comunitaria es un espacio federal integrado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y activistas, orientado al empoderamiento jurídico. Desde su creación en 2021, Fundeps forma parte del Grupo Promotor, desde el cual se impulsan proyectos con foco en la abogacía comunitaria. En ese marco, y junto con la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico (ELAC), se dio origen a la Cátedra Interuniversitaria Federal de Abogacía Comunitaria.

Esta propuesta transita su segunda edición con el objetivo de formar profesionales del derecho con perspectiva de derechos humanos, en favor de —y junto a— personas, comunidades y colectivos afectados por dinámicas de desigualdad y exclusión sistémica y estructural.

Durante la primera edición, realizada en 2024, participaron más de 100 estudiantes de 12 universidades. En esta nueva edición, la cátedra cuenta con la adhesión de 15 universidades de 11 provincias y con la participación de disertantes latinoamericanos con amplia trayectoria en abogacía comunitaria y derechos humanos.

En el ciclo de experiencias prácticas de Abogacía Comunitaria, participamos dictando dos clases. En ellas abordamos la experiencia de litigio ambiental junto a la comunidad del Lago San Roque por el saneamiento de la cuenca, y el recorrido de la Ley 27.610, desde la Campaña, la organización social y la reforma legislativa hasta el litigio defensivo.

Participar en la formación de profesionales del derecho desde la experiencia comunitaria nos permite seguir fortaleciendo una abogacía al servicio de las comunidades y de la protección de los derechos humanos.

Serie documental de abogacía comunitaria

En noviembre de 2025, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria estrenó la serie documental De Abogacía Comunitaria. A lo largo de tres episodios —Conocer el derecho, Usar el derecho y Transformar el derecho—, la producción recorre experiencias de abogacía en el territorio y muestra cómo distintas iniciativas ponen en acción el derecho como herramienta de cambio social.

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Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

El próximo 17 de noviembre, la ciudad de Córdoba será sede del II Congreso Nacional de Niñeces y Adolescencias Trans, que se realizará en el Aula Mayor de la Universidad Provincial de Córdoba (Teatro Ciudad de las Artes).

Organizado por la Asociación Civil La Casita Trans, el encuentro reunirá a referentes, activistas, familias, profesionales y organizaciones sociales de todo el país para dialogar sobre inclusión, acompañamiento y derechos de las niñeces y juventudes trans, travestis y no binarias. El congreso se desarrolla de manera autogestiva y tiene como objetivo promover, defender y garantizar los derechos de las niñeces y adolescencias trans como población prioritaria.

Desde Fundeps acompañamos y avalamos institucionalmente este espacio, y estaremos participando en la Mesa 4: “Litigio estratégico transfeminista”, que abordará experiencias de transformación jurídica y social en defensa de los derechos de las identidades trans.

El programa incluye mesas de debate, talleres y espacios de cuidado y creación colectiva, con ejes que van desde los fundamentalismos y discursos de odio hasta las buenas prácticas en salud, educación y justicia, además de actividades artísticas y una feria de organizaciones.

En los días previos al encuentro, La Casita Trans denunció públicamente acciones de hostigamiento y campañas de desinformación impulsadas por grupos antiderechos que intentaron impedir la realización del congreso. Desde Fundeps repudiamos enérgicamente estos hechos, que constituyen formas de violencia y persecución hacia la población trans, en especial hacia las infancias y adolescencias, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.

Invitamos a todas las personas interesadas a participar y acompañar esta iniciativa, que celebra la existencia y la voz de las niñeces trans:

📅 17 de noviembre – Aula Mayor, Universidad Provincial de Córdoba 
📝 Formulario de inscripción: clic aquí para registrarse.

Porque las niñeces y adolescencias trans existen, resisten y merecen crecer libres, respetadas y amadas.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En el mes de octubre, Fundeps participó de dos espacios de intercambio que pusieron en el centro el vínculo entre universidad, género y derechos humanos: las IV Jornadas Nacionales “Haciendo Universidades Feministas” y la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas (FoReVi-CIN).

Las jornadas “Haciendo Universidades Feministas”, organizadas el 6 y 7 de noviembre por la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Unidad Central de Políticas de Género y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), reunieron a representantes de universidades de todo el país para reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas de género en la educación superior. Bajo el lema “Tramar, resistir, insistir: políticas de género que se construyen en red”, el encuentro reafirmó su carácter federal e interuniversitario, convocando a sostener colectivamente los avances alcanzados y a proyectar universidades más inclusivas y comprometidas con los derechos humanos.

En este marco, Fundeps participó de la presentación de la ponencia “El litigio feminista como estrategia pedagógica: una propuesta formativa en la carrera de Abogacía de la UNC”, donde se compartió la experiencia de la materia opcional Litigio Feminista: Estrategias Jurídicas para la Igualdad de Género. La materia, que se desarrolla desde hace tres años, es dictada por un equipo interdisciplinario integrado por docentes e investigadoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS), Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y otras abogadas litigantes e integrantes del Poder Judicial.

Esta propuesta busca repensar la enseñanza del Derecho desde una perspectiva feminista e interseccional, promoviendo el análisis crítico de la legislación y la jurisprudencia, el diseño de estrategias jurídicas con enfoque de igualdad y la articulación entre la academia, la sociedad civil y el Poder Judicial.

Asimismo, como parte del Consejo Social Consultivo de la UNC, Fundeps participó en la reunión del Foro de Rectoras y Vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (FoReVi-CIN), realizada el 6 de noviembre en el Museo Evita – Palacio Ferreyra, bajo la temática “Educación y empleo con perspectiva de género”. Este espacio reunió a autoridades universitarias, empresarias y referentes de organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer los lazos entre instituciones académicas y actores sociales para promover ámbitos educativos y laborales inclusivos y libres de violencias.

Estas instancias son clave para profundizar el diálogo entre la sociedad civil y las universidades públicas y seguir construyendo miradas feministas dentro del sistema educativo, que reconozcan el rol transformador de la educación en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en Argentina. Mientras tanto, la industria tabacalera orienta su estrategia hacia nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, buscando mantener su mercado y esquivar las regulaciones existentes.

Frente a este escenario, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), junto a Fundeps, AsAT, ETESA IECS, GRANTAHI del Hospital Italiano, UATA, FEIM, Fundación Sales, Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón y CEDES, elaboró el documento “Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones”, con el objetivo de sistematizar la evidencia científica disponible y proponer medidas concretas para proteger la salud pública.

La evidencia científica actual muestra que los productos emergentes no son inocuos. Un metaanálisis reciente encontró que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y disfunción metabólica es similar entre quienes usan cigarrillos electrónicos y quienes fuman cigarrillos convencionales. Además, otras revisiones reportaron asociaciones con neumonía, bronquitis, disminución del recuento de espermatozoides, mareos, cefaleas, migrañas y daño a la cavidad oral. El documento también destaca que el uso dual (cigarrillo electrónico y convencional) aumenta el riesgo de enfermedad, y que las investigaciones que sostienen lo contrario suelen provenir de autores con conflictos de interés.

Una puerta de entrada al consumo: Los datos disponibles en Argentina son claros: 

  • Según la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2018), el 7,1% de los adolescentes de 13 a 15 años usaba cigarrillos electrónicos.
  • Una encuesta más reciente, que realizamos en 2023 desde FIC Argentina, identificó que el 8,9% de los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires es consumidor actual de estos productos.
  • Estos resultados confirman que los productos emergentes pueden funcionar como puerta de entrada al consumo de tabaco, incluso entre adolescentes que nunca habían fumado antes.

Ni más ni menos, otro daño: El concepto más adecuado para abordar el impacto del vapeador es el de un riesgo distinto, no necesariamente menor.

Una verdadera estrategia de reducción de daños debe ser implementada por autoridades sanitarias, perseguir objetivos de salud pública y aplicarse sobre grupos específicos, no a través de la libre comercialización de productos dañinos.

Las organizaciones firmantes recomendamos:

  • Fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes.
  • Coordinar acciones entre organismos públicos para mejorar la fiscalización y sanción.
  • Promover la cooperación con organizaciones de la sociedad civil libres de conflicto de interés para reducir el consumo de tabaco y nicotina.

Los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura. Representan un riesgo diferente, con evidencia creciente sobre su impacto en la salud y su papel en la iniciación al consumo de tabaco. Proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, exige decisiones basadas en evidencia independiente, libres de la influencia de la industria.

Leé el documento completo acá

Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional de CLACAI en Bogotá, un espacio que reunió a organizaciones y activismos de América Latina y el Caribe para reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales y las estrategias regionales para garantizar el derecho al aborto.

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, Fundeps participó de la VIII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), realizada en Bogotá, Colombia, bajo el lema “Los horizontes del derecho al aborto”.

El encuentro reunió a cerca de 400 personas de América Latina y el Caribe, entre activistas, profesionales de la salud, abogadas, investigadoras y representantes de organizaciones sociales que trabajan por el acceso al aborto seguro y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la región.

Durante las jornadas se abordaron los principales desafíos institucionales y sociales frente a los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Se compartieron estrategias de litigio e incidencia regional, experiencias de innovación en la provisión de servicios y prácticas de acompañamiento feminista. También se destacó la importancia de la articulación entre movimientos del sur global para sostener y ampliar los derechos conquistados.

Como parte del programa, Fundeps participó de la reunión de la Red Jurídica de CLACAI. Además, integró sesiones paralelas sobre Investigación para la acción, orientadas a fortalecer la evidencia y el monitoreo para mejorar la calidad de los servicios, y sobre aborto después de las 20 semanas, donde se compartieron experiencias regionales y directrices para una atención humanizada e integral en casos de embarazos avanzados.

Desde CLACAI destacaron que la conferencia permitió reunir a voces diversas de toda la región en torno a un objetivo común: garantizar el acceso universal al aborto legal, seguro y de calidad en América Latina y el Caribe.

La participación de Fundeps en este espacio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el intercambio de saberes entre territorios y la construcción de estrategias colectivas para mejorar el acceso regional y global a los derechos.

Contacto:

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En el marco del Día de la Alimentación, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre otro posible retroceso en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a partir de las negociaciones en curso dentro del MERCOSUR. 

En abril de este año, el Grupo Mercado Común (GMC) instruyó al Subgrupo de Trabajo Nro.º 3 para que retome las negociaciones para un Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional Frontal, con el objetivo de armonizar normativas entre los países del bloque. De aprobarse, este reglamento incluiría, entre otros puntos, la unificación de un sistema gráfico de advertencias y un sistema de perfil de nutrientes (SPN). 

Si se materializa dicho Reglamento, los países del MERCOSUR estarán obligados a adecuar sus normas locales de etiquetado frontal para que estas se ajusten a la decisión del bloque. Cabe destacar que Argentina hoy cuenta con el sistema de etiquetado frontal más robusto de la región. Si en el proceso de armonización, se adoptaran elementos del etiquetado vigentes en otros países, la normativa local se vería seriamente debilitada. Incorporar estándares más bajos implica un retroceso en la protección del derecho a la salud, la alimentación y la información en nuestro país

¿Por qué es una amenaza?

  • El sistema de etiquetado frontal de Argentina advierte sobre más nutrientes críticos en exceso, en relación con los que utilizan otros países.
  • Es el único que cuenta con leyendas precautorias para cafeína y edulcorantes, advirtiendo su consumo en niños/as y adolescentes.
  • El sistema argentino se basa en el SPN de la Organización Panamericana de la Salud, que alcanza a muchos más productos no saludables que el de los demás países.

Por ese motivo, solicitamos que, de avanzar el debate en Mercosur, la eventual armonización siga el sistema argentino en su integralidad, para evitar así el debilitamiento de la Ley de Etiquetado y el consecuente retroceso en la protección de la salud de la población. Y exigimos a las/los representantes argentinos que defiendan los derechos conquistados. En este marco, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, relanzamos la campaña “Que no nos tapen los ojos”, desarrollada en 2021, en esta oportunidad con el objetivo de alertar sobre la necesidad de defender la ley frente a estas amenazas. 

A su vez, en el marco del trabajo colaborativo con diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil de la región, instituciones de orden regional de Argentina, Brasil y Uruguay emitieron en los últimos días un posicionamiento, ponderando el sistema argentino como el ejemplo a seguir para un eventual reglamento técnico común sobre etiquetado frontal. Las organizaciones comprometidas con el derecho a la alimentación de distintos países del bloque estarán participando en calidad de observadoras en la próxima reunión del Subgrupo de Trabajo Nro.3, que se realizará en octubre, para seguir de cerca los avances de las decisiones.

Más información:

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

En las III Jornadas del IDEJUS, Fundeps compartió una ponencia que analizó el desmantelamiento de políticas de género en Argentina y las respuestas de la sociedad civil desde el litigio estratégico y la incidencia

Del 25 al 26 de septiembre se realizaron las III Jornadas en Derecho, Justicia y Sociedad “Pensando el presente para disputar el futuro: ciencia, democracia y derechos en tensión”, organizadas por el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Córdoba. Este espacio, que Fundeps acompaña como una de las instituciones avalantes, reúne periódicamente a investigadoras, docentes, activistas y profesionales del derecho para debatir sobre los principales desafíos de la justicia, las políticas públicas y los derechos humanos en Argentina.

En esta edición, participamos de la Mesa 9: “Avances y desafíos de las agendas de género y sexualidades en Argentina”. Allí, María Luz Baretta y Mayca Balaguer, integrantes del equipo de Fundeps, presentaron la ponencia “Resistencias desde la sociedad civil ante el desmantelamiento de políticas de género en Argentina”.

La exposición analizó el proceso de desfinanciamiento y desarticulación de políticas públicas en materia de género, salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia desde diciembre de 2023. También abordó las estrategias impulsadas por la sociedad civil para hacer frente a estos retrocesos. Entre las experiencias compartidas, se destacaron los litigios estratégicos, las acciones preventivas y las medidas de incidencia desarrolladas junto a otras organizaciones, orientadas a garantizar la continuidad de programas esenciales, la provisión de insumos críticos y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.

La ponencia propuso reflexionar sobre la capacidad de respuesta y resiliencia de la sociedad civil ante escenarios de regresión en derechos, así como sobre la importancia de fortalecer las alianzas, la producción de evidencia y los mecanismos de rendición de cuentas del Estado.

La participación de Fundeps en estas jornadas reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, y con la construcción colectiva de conocimiento jurídico y social para una sociedad más justa e igualitaria.

Contacto: maycabalaguer@fundeps.org