Participamos en la Reunión Global de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

Del 8 al 11 de julio, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo reunió a 60 miembros y aliados de 35 países en un encuentro de cuatro días en Nairobi, Kenia, con el objetivo de dar forma colectivamente a la estrategia de la Coalición para los próximos cinco años.

En el marco de la celebración por el 10º aniversario de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, entre el 8 y el 11 de julio pasados se llevó a cabo la Reunión Anual de Miembros de la Coalición, en la ciudad de Nairobi (Kenia). La última reunión presencial se había realizado en el año 2017.

El evento, que contó con la participación de más de 60 miembros y aliados de 35 países, representó un hito clave en el proceso de planificación colectiva de la Estrategia 2025-2030 de la Coalición. Como parte de este proceso, el Secretariado y el Comité Directivo de la Coalición facilitaron, a lo largo de 2024, una serie de conversaciones individuales, debates en grupo y encuestas que permitió recopilar información exhaustiva de unos 80 miembros, socios y otros actores sobre lo que consideran puntos fuertes y débiles de la Coalición y de su trabajo colectivo. 

La reunión permitió también reafirmar el compromiso compartido por los miembros de la Coalición de enfrentar las crecientes amenazas al espacio cívico, el agravamiento de las crisis de financiamiento y la creciente represión que enfrentan los Pueblos Indígenas, las mujeres y las comunidades del Sur Global afectadas por proyectos de desarrollo perjudiciales. Asimismo, se ratificó la voluntad de de seguir luchando por una visión del desarrollo verdaderamente liderada por y para las comunidades, basada en sus prioridades y necesidades.  

Como organización miembro de la Coalición desde nuestra incorporación formal en mayo de 2015, en Fundeps, a lo largo de estos años, hemos colaborado de manera sostenida en diversas iniciativas promovidas por la Coalición, en temáticas clave como el financiamiento para el desarrollo, la transición energética justa y la incidencia en instituciones financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.

En este sentido, a través de nuestro coordinador del Área de Gobernabilidad Global, Gonzalo Roza, integrante del Comité Directivo de la Coalición y del Comité de Planificación de la Reunión de Miembros, hemos participado activamente a lo largo de todo el proceso de planificación de la Estrategia 2025-2030. 

En un mundo atravesado por la crisis climática, los conflictos y las injusticias sistémicas, espacios como la Coalición son fundamentales para fortalecer nuestro poder colectivo. Desde Fundeps, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un desarrollo liderado por las comunidades del Sur Global, donde seamos protagonistas y artífices de un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

 

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Una ley para que Córdoba tome la posta de la alimentación saludable

Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley para ampliar y garantizar la plena implementación de la Ley de Etiquetado en Córdoba. Entre otras cosas, establece la prioridad de alimentos saludables en kioscos, comedores escolares y compras públicas para políticas alimentarias, como el PAICor. Con el impulso inicial de la legisladora Brenda Austin, la iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes bloques legislativos. 

Este jueves 31 de julio, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley provincial de Promoción de la Alimentación Saludable que amplía y complementa la Ley Nacional de Etiquetado Frontal para garantizar su plena implementación en el territorio cordobés. Con el impulso inicial de la legisladora radical Brenda Austin, el proyecto ya cuenta con 22 firmas de representantes de 7 bloques legislativos y se espera que en los próximos días se sigan sumando adhesiones y aportes. Además, la iniciativa fue acompañada por diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil a nivel provincial, nacional y regional, en particular la Comunidad Latinoamericana y Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA) cuyo acompañamiento es fundamental para la construcción de entornos más saludables en Córdoba y en toda la región.

¿Por qué una ley de alimentación saludable provincial?

Desde octubre de 2021 está vigente en Argentina la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que protege los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras. Fue aprobada por amplias mayorías parlamentarias y contó con el apoyo de más de 150 entidades científicas, académicas y de referentes de la salud de toda América Latina. Esta normativa de avanzada aborda la cuestión alimentaria desde una perspectiva integral y establece cuatro pilares fundamentales: el etiquetado de advertencia -los famosos sellos-; la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas; la promoción de entornos escolares saludables y las compras de alimentos por parte del Estado. La Ley 27.642 regula cuestiones de orden público y, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para todo el país; sin embargo, las políticas de promoción de la alimentación saludable que define, requieren que las provincias también hagan su parte.

Diez provincias ya dieron pasos importantes en este sentido. Según el Mapa Normativo de Argentina, la mayoría lo hizo mediante adhesiones simples a la ley nacional; sin embargo, provincias como Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén avanzaron con leyes provinciales que complementan, adecuan y mejoran la implementación de la norma nacional en sus territorios. Córdoba, tiene la oportunidad de contar con una normativa ejemplar, y transformarse en una de las provincias líderes en la protección  del derecho a la salud y a la alimentación adecuada de su población y, particularmente, de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como  niños, niñas y adolescentes.

La necesidad es urgente. El Análisis nacional sobre la situación alimentaria en barrios populares publicado en mayo de 2024, señaló que el 89% de los 5.357 hogares encuestados en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos y 19 provincias, padeció inseguridad alimentaria. Así mismo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y casi la mitad de esta población padecía una situación de privación alimentaria grave. En este sentido, la Encuesta Rápida de Unicef 2024, determinó que más de la mitad de los hogares redujo el consumo de alimentos por falta de dinero, especialmente de frescos y saludables como frutas, verduras, carnes y lácteos. En Córdoba la situación no difiere. En febrero, un estudio interanual publicado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros, evidenció un deterioro significativo en la calidad nutricional de los hogares cordobeses, con un incremento en el consumo de alimentos económicos pero menos nutritivos, y una caída significativa en el consumo de hortalizas, frutas y carnes  afectando entre un 30 y 62% de los hogares encuestados. 

Esto agrava una situación ya preocupante, donde conviven la falta de nutrientes esenciales con la malnutrición por exceso de nutrientes críticos, lo que repercute en un avance de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en edades cada vez más tempranas y en sectores más vulnerables, representando la principal causa de muerte con un 73.4%.

¿Qué propone el proyecto presentado en Córdoba?

En ese escenario, el proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, impulsado por Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, busca que la provincia asuma un rol activo en el control y fiscalización del etiquetado frontal y de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables. A su vez, amplía estas regulaciones a espacios bajo jurisdicción provincial y local. Además, fortalece los componentes de entornos escolares saludables y compras públicas de alimentos.

Respecto a la publicidad, el proyecto restringe el marketing de productos no saludables en los puntos de venta, como kioscos o supermercados, y en vía pública. También define qué se entiende por publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, subsanando una importante deficiencia de la normativa nacional. Así, el texto logra una mayor protección del derecho a la información y a la alimentación adecuada ante las estrategias de marketing que agresivamente incentivan la compra de productos que dañan la salud. 

En cuanto a los entornos escolares, el proyecto establece contenidos obligatorios de educación alimentaria en las escuelas y prevé capacitaciones para docentes, personal de cocina y toda la comunidad educativa. También dispone que los establecimientos educativos sean entornos libres de productos no saludables. Esto aplica tanto a los alimentos disponibles para la venta (kioscos y cantinas) como a la oferta del menú de los comedores escolares de gestión pública y privada. En este sentido, el proyecto formaliza un marco nutricional para las prestaciones alimentarias de PAICor, acorde a las recomendaciones nacionales, buscando garantizar una mayor oferta de alimentos saludables, como frutas, verduras y carnes, en todos sus sistemas de gestión. Además, se impulsa que parte de los alimentos frescos provengan de la agricultura familiar, campesina e indígena. 

Sobre compras públicas, el texto incorpora el criterio de la ley nacional y prioriza la compra de alimentos saludables en todo tipo de contrataciones y programas alimentarios, estableciendo un porcentaje mínimo de alimentos frescos. Prioridad que se torna absoluta si las personas destinatarias son niños, niñas y adolescentes. Esto cobra especial relevancia en la actualidad, en un contexto donde gran parte de los programas alimentarios, antes gestionados por el estado nacional, ahora se ven desplazados a las gestiones provinciales e incluso municipales. 

Otro punto fuerte de la normativa propuesta es la creación de un Observatorio de Alimentación Saludable con participación de la sociedad civil, para garantizar el monitoreo, transparencia y acceso a información pública sobre el cumplimiento de la ley y el estado de salud nutricional de la población.

Finalmente, es destacable que el proyecto reconoce el rol de las comunas y municipios en su implementación, de modo que las alienta a dictar las medidas necesarias que permitan garantizar los estándares propuestos.

Una oportunidad para toda la sociedad cordobesa

Esta propuesta de ley representa una oportunidad concreta para que Córdoba lidere a nivel nacional la protección integral del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras, en especial para niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Frente a una crisis alimentaria que se agrava, es urgente actuar con decisión para garantizar políticas públicas que prioricen la salud y el derecho a la información por sobre los intereses comerciales.

Desde Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba invitamos a legisladores y legisladoras, autoridades ejecutivas provinciales y municipales, organizaciones sociales, comunidades educativas y ciudadanía en general a acompañar este proyecto para que la alimentación saludable no sea un privilegio, sino una realidad en todas las mesas y escuelas cordobesas. Hoy, más que nunca, avanzar en una ley provincial de alimentación saludable es una necesidad impostergable.

 

Autora:

Nayla Palacios

Contacto: 

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Histórico: La Corte Interamericana reconoce el derecho humano a un clima sano

La Opinión Consultiva 32-25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) estableció el alcance de las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos ante la emergencia climática. Fue en respuesta a la consulta realizada por Chile y Colombia y se trató del proceso más participativo de la historia del organismo. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil aportamos argumentos que hoy se plasman en este dictamen histórico.

El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la Opinión Consultiva 32-2025 sobre emergencia climática y derechos humanos, en la que reconoce el derecho a un ambiente y clima sano, los derechos de la naturaleza, la emergencia climática y las obligaciones de los Estados en ese sentido.

La mencionada Opinión Consultiva surge como resultado de la consulta efectuada por los países de Chile y Colombia para que la Corte Interamericana  se pronuncie sobre cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. 

¿Qué es una opinión consultiva?

Una Opinión Consultiva es el medio a través del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde las consultas que formulan los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y la interpretación de la Convención o de otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.

¿Por qué es importante la Opinión Consultiva 32-25?

La Opinión Consultiva 32-25 reconoce de forma explícita la crisis climática y la enmarca en un contexto de “triple crisis planetaria” generada por la relación y retroalimentación de tres fenómenos coincidentes: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En palabras de la Corte, esta triple crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”.

Señala que la magnitud de los impactos del cambio climático son innegables, se encuentran conectados y evolucionan rápidamente. La Corte hace especial hincapié sobre el impacto diferenciado de la crisis climática en personas en situación de vulnerabilidad: “Las regiones del mundo más pobres y desiguales son más vulnerables a experimentar las consecuencias más graves del cambio climático precisamente porque sus medios de subsistencia son más sensibles al clima, cuentan con menos recursos y capacidad para hacer frente a estas consecuencias, tienen acceso limitado a servicios y recursos básicos, suelen enfrentar mayores desafíos de gobernanza, y son más propensas a atravesar conflictos violentos”.

Con base en lo anterior, concluye que esta emergencia climática sólo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y avance hacia el desarrollo sostenible, articuladas, con perspectiva de derechos humanos, y bajo el paradigma de la resiliencia.

En este sentido, la Corte establece una serie de obligaciones que recaen tanto en los Estados como en las empresas, reconociendo al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos. Estas obligaciones se organizan en torno a cuatro ejes principales:

1. Obligaciones de derechos humanos ante la crisis climática

La Corte señala que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos frente a la degradación del clima, y sus consecuencias. Para lograrlo, deben actuar con la debida diligencia reforzada, esto implica: la identificación y evaluación de los riesgos; la adopción de medidas preventivas proactivas y ambiciosas para evitar los peores escenarios climáticos; la utilización de la mejor ciencia disponible en el diseño e implementación de acciones climáticas; el monitoreo permanente y adecuado de los efectos e impactos de las medidas adoptadas; la transparencia y la rendición de cuentas en materia climática; la regulación y supervisión adecuada de la debida diligencia empresarial. Asimismo, deben cooperar con los demás Estados de buena fe para avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática.

2. Obligaciones derivadas del reconocimiento de los derechos fundamentales

La Corte reconoce expresamente el derecho a un ambiente sano, el cual es  fundamental para la existencia de la humanidad y su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. Vinculado a este derecho, reconoce la existencia del derecho a un clima sano, que implica que toda persona pueda desarrollarse en un sistema climático libre de alteraciones humanas peligrosas. Resalta especialmente el derecho de las generaciones presentes y futuras de seres humanos y de otras especies a mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar y el equilibrio entre ellas.

Además, de forma novedosa, reconoce a la naturaleza y sus componentes como sujeto de derechos, indicando que los Estados tienen la obligación positiva de garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas. 

Por su parte, también resalta que los Estados deben resguardar y garantizar la realización de los demás derechos amenazados o afectados por los impactos climáticos tales como la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad privada, la vivienda, la libertad de residencia y de circulación, el agua, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la cultura y la educación. Indicando asimismo la obligación de mitigar los gases de efecto invernadero e impulsar una transición hacia el desarrollo sostenible.

3. Obligaciones derivadas de la democracia y los derechos de procedimiento

El Tribunal advirtió la necesidad de asegurar que, en el marco de la emergencia climática, las decisiones sean adoptadas en forma participativa, abierta e inclusiva. Para ello, los Estados deben garantizar el derecho de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Asimismo, remarca la importancia del derecho a la ciencia y el reconocimiento de los saberes tradicionales, ancestrales, locales como así también el rol de las mujeres indígenas en la preservación de los ecosistemas.

4. Obligaciones derivadas del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación

La Corte reconoce como grupos especialmente vulnerables a la crisis climática a:  niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas, tribales, y  comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores; mujeres, personas con discapacidad y  personas mayores. El motivo es que estas poblaciones  dependen de los ecosistemas que están expuestos a los efectos del cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos. La vulnerabilidad se agrava de manera particular cuando se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

En dicho marco, la Corte consideró que los Estados deben recabar toda la información necesaria para diseñar e implementar políticas y estrategias que garanticen el acceso de estas personas a bienes y servicios para alcanzar una vida digna en contexto de crisis climática. Asimismo, el Tribunal subrayó la importancia de que las medidas implementadas en el marco de una transición climática justa no profundicen la situación de pobreza multidimensional, sino que, por el contrario, sean utilizadas como una oportunidad para integrar a estas personas y permitirles gozar plenamente de sus derechos.

El rol clave de las organizaciones de la sociedad civil

El resultado de esta opinión consultiva fue alcanzado luego de haberse llevado adelante uno de los procesos consultivos y participativos más importantes en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde recibieron 263 escritos de observaciones provenientes de más de 600 actores, incluidos Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresas y personas a título individual.

Desde Fundeps fuimos parte de  este proceso participativo a través de un amicus curiae presentado junto a más de 15 organizaciones de la sociedad civil, representantes electos del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, que aportó distintos argumentos, ahora plasmados en este dictamen. A su vez, apoyamos la participación de Luisa Gómez de la Fundación CIEL, Silvia Cruz y Maria Rosa Viñolo de Vecinas Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS) quienes expusieron, en representación del amicus, en la audiencia celebrada el 27 de mayo de 2024 en  la ciudad de Manaos Brasil, en el marco de este proceso.

Sin dudas, esta Opinión Consultiva es un avance sin precedentes en la protección de derechos humanos frente al cambio climático. Desde Fundeps, esperamos que inspire a los países de América a tomar acciones urgentes, justas y respetuosas con la naturaleza y las personas.

 

Autora:

Ananda Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

La lucha de VUDAS cruza fronteras: la CIDH analiza el caso por violaciones a derechos humanos en Córdoba

Fundeps junto a VUDAS, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que este organismo internacional evalúe la responsabilidad del Estado argentino ante el funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba. La CIDH notificó que la petición se encuentra en estado de “admisibilidad” y el Estado argentino debe entregar información relevante antes del 25 de julio.

En abril de 2024, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación tiene como finalidad que la CIDH tome conocimiento de la situación de vulneración de derechos fundamentales derivada del funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A, en el barrio San Antonio de la Ciudad de Córdoba. Y evalúe, además, la responsabilidad del Estado argentino en ese sentido.

A lo largo de estos 13 años de lucha, las VUDAS impulsaron numerosos reclamos administrativos y acciones judiciales antes los distintos niveles del Estado, respaldados por sólidos estudios independientes que prueban el grave daño producido al ambiente y la salud de las familias del barrio. Sin embargo, al día de la fecha no han recibido soluciones por parte de las autoridades locales. Por eso, es que decidimos llevar su caso ante este organismo internacional.

Recientemente, fuimos notificados de que la petición ha pasado a una nueva etapa dentro del procedimiento: la etapa de admisibilidad. Esto implica que la CIDH considera que la solicitud cumple con los requisitos formales y está en condiciones de ser analizada en profundidad. Para ello, solicitó información al Estado argentino, que debe responder en el plazo máximo de 4 meses desde el envío de la solicitud, esto es el próximo 25 de julio. Haber pasado a esta etapa resulta de suma importancia, ya que, de las miles de peticiones que recibe anualmente la CIDH, son muy pocas las que lo logran.

En la petición presentada solicitamos que se exija a las autoridades competentes:

  •  Adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación efectuada por Porta Hnos. S.A.
  •  Ordenar la inmediata relocalización de la planta situada en Avda. Valparaiso 4850, Ciudad de Córdoba, fuera del ejido urbano de la ciudad, dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente. 
  •  Adoptar todas las medidas necesarias para determinar y sanear el pasivo ambiental generado por la actividad de la planta.
  •  Brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las personas afectadas por la contaminación ambiental.
  • Ordenar la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario a cargo de la empresa.

Todo ello, en el marco de la grave contaminación que produce el funcionamiento de la empresa, que afecta el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la vida digna y a la participación ciudadana, entre otros, de la comunidad que habita en las inmediaciones de la planta de bioetanol. 

Una empresa que incumple la ley con aval estatal

En todos estos años, la empresa ha incumplido con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a ser un requisito legal insalvable para este tipo de industrias y de haber sido exigida por, al menos, 4 sentencias judiciales en distintas instancias. Más grave aún es que, este incumplimiento no solo responde a la negativa de la empresa, sino que el propio Ministerio de Ambiente y Economía Circular se ha negado a exigirle la realización de la Evaluación.

En este contexto de ausencia y desprotección por parte del Estado, el avance en esta instancia internacional, representa una oportunidad de encontrar justicia ante todo el daño ambiental y social que ocasiona la empresa. Asimismo, representa un nuevo impulso en la lucha sostenida por las VUDAS, con el acompañamiento de Fundeps, que nos motiva a seguir adelante con el mismo compromiso por el acceso a la justicia y la democracia ambiental. Como así también por una sociedad más justa, equitativa y sostenible, basada en políticas públicas que garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Autora

Ananda Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

 

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Organizaciones latinoamericanas instamos al Banco Asiático a cumplir su compromiso con el desarrollo sostenible

Mientras el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) desarrolla esta semana su reunión anual en Beijing, desde Fundeps, junto a organizaciones aliadas de América Latina y otras regiones, acompañamos un llamado a esta institución para que cumpla su promesa de promover un desarrollo inclusivo, ambientalmente sostenible y con participación efectiva de la sociedad civil.

En una carta abierta (disponible aquí) al presidente del BAII, Jin Liqun, un grupo de organizaciones latinoamericanas presentamos una serie de observaciones y propuestas acerca de cómo el Banco puede apoyar mejor las iniciativas para abordar los desafíos climáticos, ambientales y económicos que afectan a la región, a través del desarrollo de un enfoque más estratégico, el apoyo a estrategias innovadoras en el sector del transporte y una transición energética justa, fundamentada en una mayor transparencia y en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

La carta abierta, que es también respaldada por organizaciones aliadas de Europa y otras regiones, destaca la necesidad de un nuevo paradigma que oriente las inversiones en infraestructura para promover de manera efectiva una infraestructura transparente, sostenible, inclusiva y resiliente al clima, superando el enfoque convencional centrado en megaproyectos pensados e impuestos jerárquicamente. Según las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, “la nueva infraestructura no debe afectar negativamente los ecosistemas ni los hábitats de las poblaciones locales, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados… Por el contrario, las inversiones en infraestructura deben priorizar la calidad de vida de las comunidades locales y garantizar la integridad de los ecosistemas.” 

«No tenemos dudas de que incorporar la perspectiva de la sociedad civil de manera estructurada puede ayudar al Banco a identificar soluciones integradas mejor alineadas con sus compromisos climáticos, anticipar riesgos sociales y ambientales en etapas tempranas y mejorar los resultados de sus intervenciones en la región», afirmó Daniel Lopes Faggiano, Director Ejecutivo de Instituto Maíra, co-autor de la declaración pública. En la carta abierta concluimos señalando que el establecimiento de espacios que promuevan la participación de las organizaciones de la sociedad civil podría convertirse en un legado trascendental del presidente saliente del BAII, Jin Liqun, cuyo mandato expira en enero de 2026.

Sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)

El BAII se estableció en 2016 bajo el liderazgo de China, con el objetivo de promover proyectos de infraestructura en Asia y otras regiones del mundo. El Banco inició sus operaciones con 57 miembros fundadores, un capital inicial de US$100.000 millones y su sede en Beijing. En la actualidad, cuenta con 110 miembros, de los cuales 100 son ‘miembros de pleno derecho’, tanto miembros regionales de Asia y Oceanía como de otras regiones, y 10 miembros potenciales. Los miembros de pleno derecho de América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Anuario 2024: Un año de lucha, un futuro que te necesita.

Nos enorgullece compartir todo lo que logramos en 2024, un año en el que seguimos defendiendo derechos, construyendo redes y sosteniendo luchas colectivas. Hoy, en un contexto más desafiante, necesitamos tu apoyo para seguir haciéndolo posible.

En 2024 fuimos: trinchera, voz, puente y transformación.
Palabras que condensan nuestro trabajo y reflejan lo que intentamos sostener cada día: resistir ante los retrocesos, amplificar luchas, tender redes y hacer lugar a formas más justas, equitativas y sostenibles de habitar el mundo.

Durante el año, llevamos adelante acciones de incidencia política, presentaciones judiciales, investigaciones, campañas de comunicación, talleres y más.
 Cada una de estas iniciativas fue posible gracias al compromiso colectivo y al trabajo en red con organizaciones, comunidades y personas aliadas.

Algunos números que reflejan nuestro trabajo:

  • Llevamos adelante 55 acciones de incidencia política.
  • Realizamos 10 presentaciones judiciales.
  • Generamos y compartimos 29 investigaciones, publicaciones, capacitaciones y eventos.
  • Acompañamos a 12 comunidades en sus procesos y demandas.
  • Impulsamos 24 campañas de comunicación.
  • Alcanzamos a más de 2.764.000 personas con nuestras acciones.

 Leé el Anuario 2024

Te invitamos a conocer en profundidad todo lo que hicimos durante 2024, los desafíos que atravesamos y las estrategias que construimos colectivamente.

Right-bold Right-bold Lee el anuario y conocé todo lo que logramos.

Un momento clave para seguir acompañando

Este 2025 nos encuentra en un contexto muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil. La sostenibilidad de nuestro trabajo está en riesgo, y necesitamos del apoyo de quienes creen en la importancia de defender los derechos humanos.

Sumate como donante haciendo click y ayudanos a sostener esta lucha colectiva.

Gracias por acompañarnos.
 El equipo de Fundeps

 

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Fallo histórico a favor del ambiente: la Justicia reconoció el amparo que presentamos por el lago San Roque

Este 16 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa de 3ra. Nominación de Córdoba falló a favor del amparo ambiental colectivo que presentamos en 2022 ante  la contaminación de la cuenca del Lago San Roque. La sentencia reconoce el grave daño ambiental y ordena al Poder Ejecutivo tomar medidas inmediatas, integrales y sostenidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que dependen millones de personas. Representa un hito histórico para la justicia ambiental argentina.

La sentencia reconoce la existencia de un grave daño ambiental; responsabiliza al Estado Provincial y a las autoridades locales por acción y omisión; y ordena medidas urgentes, estructurales y sostenibles para garantizar el derecho a un ambiente sano y proteger el recurso hídrico del que depende el abastecimiento de agua de más de un millón de personas, así como también, significa una zona de esparcimiento.

¿Qué ordena la sentencia?

El fallo exige la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, solicitado en la medida cautelar y presentado por la Provincia de Córdoba durante el desarrollo de la causa. En este sentido, indica una serie de precisiones que deben incorporarse en un plazo de 30 días.

Entre las disposiciones urgentes se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes y la fiscalización intensiva, con sanciones para incumplimientos. Además, fija como meta obligatoria de cobertura cloacal que al menos el 85% de la población de la cuenca debe estar conectada a la red en un plazo de 8 años. De este modo, se reduce drásticamente el tiempo originalmente propuesto por el Gobierno: 50% de cobertura en 15 años. 

En ese mismo sentido, sin desconocer la autonomía municipal, destaca el rol fundamental de la Provincia de Córdoba en el proceso de gestión de efluentes cloacales, como responsable último de la degradación del recurso hídrico. Según el fallo la Provincia tiene la obligación de garantizar el derecho al agua y al ambiente sano y, por lo tanto, debe cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas en una de las medidas más importantes para lograr el saneamiento de la cuenca: las redes de distribución cloacal. 

La sentencia dispone también:

  • Reformulación del Plan en 30 días, adecuándolo a criterios de integralidad, transparencia, urgencia ambiental y participación activa.
  • Auditoría técnica obligatoria en un plazo máximo de 6 meses, evaluación de  avances, indicadores y cumplimiento.
  • Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada para personas con discapacidad, con actualizaciones en tiempo real del estado del Plan y un canal abierto para propuestas ciudadanas.
  • Campaña sostenida de educación ambiental en todo el territorio de la cuenca, con enfoque comunitario y territorial.
  • Participación directa de la ciudadanía, organizaciones sociales y el ámbito académico en la planificación y seguimiento del proceso.

El valor de la participación ciudadana

El fallo destaca que la acción judicial fue “el motor que activó la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera introducirse en la temática” y remarca la importancia del rol de la sociedad civil en la defensa de los derechos colectivos. El Tribunal subraya que Fundeps demostró “valentía y compromiso” al llevar este reclamo a la justicia, abriendo camino para una respuesta institucional frente a una problemática ambiental estructural.

El agua como bien común

La sentencia subraya que el agua dulce es un recurso escaso y vital, y que su protección es esencial no solo para el ambiente, sino para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales como la salud, la vida digna y el desarrollo. Advierte sobre el riesgo que implica continuar con el modelo actual de gestión sin adoptar decisiones urgentes y estructurales.

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Cabe recordar que iniciamos esta acción en 2022 con el objetivo de proteger el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano, poniendo en evidencia con estudios científicos y documentación histórica la alarmante situación del lago San Roque, fuente de agua, vida y trabajo de la comunidad de Punilla y de gran parte de la Provincia de Córdoba. 

Es importante reconocer el rol de la justicia en este caso. Desde un primer momento, la Cámara Contenciosa Administrativa de 3ra Nom demostró un alto compromiso ambiental y social y actuó con la diligencia y rigurosidad que estos procesos exigen.

Hemos dado un paso fundamental en la historia ambiental de Córdoba, logrando el diseño de una política pública integral y a largo plazo para la resolución de uno de los problemas de contaminación más grandes de nuestra provincia y que afecta a miles de personas a diario. Tal como señala la Cámara en su fallo, el saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno. Esto exige la cooperación y el diálogo de todos los actores: provincia, municipios, comunas, academia y la ciudadanía.

Desde Fundeps seguiremos trabajando en defensa del derecho a la salud y el ambiente de todas las personas.

 

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Lanzamos la segunda edición de la Diplomatura en Litigio Estratégico Feminista

Amnistía Internacional, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para el Diseño de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el O’Neill Institute for National and Global Health Law (Universidad de Georgetown), anunciaron el lanzamiento de la segunda edición de un novedoso curso de formación, desarrollado con el apoyo de PENT – FLACSO para abogadas y abogados en Argentina que reúne a un cuerpo docente de gran renombre de toda la región.

La propuesta se dirige a profesionales del derecho de la República Argentina que deseen capacitarse en estrategias de litigio estratégico feminista en materia de derechos sexuales y reproductivos para desarrollarse como referentes en sus comunidades y entornos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación MxM adhieren a la iniciativa.

La Diplomatura será gratuita y se desarrollará de manera virtual entre mayo y noviembre del 2025 a través de encuentros sincrónicos con clases magistrales virtuales y sesiones asincrónicas de trabajo guiado en una plataforma digital. Culminará con una experiencia de litigio práctica y presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la cual se otorgarán becas.

Además, aquellas y aquellos estudiantes que hayan obtenido certificado de aprobación podrán postular para realizar una pasantía legal en las organizaciones coordinadoras de la Diplomatura, a fin de que puedan aplicar los conocimientos, herramientas y habilidades incorporadas.

Quienes deseen formar parte de la segunda cohorte de esta inspiradora oportunidad formativa ya pueden inscribirse en el siguiente formulario.

Para más información: diplomaturalitigiofeminista@gmail.com

Comunidades y sociedad civil buscan incidir en la reunión del BID en Chile

En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justa, así como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

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Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.

La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.

Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.

Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.

El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes)
Amnistía Internacional
Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES
Asociación Civil Líbera, abogacía feminista
Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pensamiento Penal
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asuntos del Sur
Campaña Gqual
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina
Democracia en Red
Directorio Legislativo
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Mujeres x Mujeres
Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps)
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Poder Ciudadano
Fundación Sergio Karakachoff
Fundación Sur
FUSA AC
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Laboralistas Platenses
Liderar Mujer
Multi-Palabras Santa Fe
Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA
Red de Profesoras de Derecho, UBA
Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP
Red Mujeres para la Justicia
Salta Transparente

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La salud en riesgo: las decisiones del gobierno que nos afectan

Las recientes decisiones del gobierno nacional ponen en riesgo la salud de la población. El posible retiro de Argentina de la OMS debilita su capacidad para acceder a financiamiento y cooperación técnica basada en evidencia científica. Este anuncio se inscribe en un contexto de recortes, flexibilización y desregulación de políticas sanitarias que beneficia a las grandes corporaciones a costa de la salud pública.

1- Argentina se aleja de los estándares internacionales de salud

  • Si Argentina se retira de la OMS, podría debilitarse su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • La OMS, entre otras cosas, es el principal organismo de coordinación y promoción de normativas para la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT), como la malnutrición, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, EPOC, y ciertos tipos de cáncer, que se asocian directamente al consumo de productos ultraprocesados y de tabaco y nicotina.
  • Por lo tanto, el retiro de Argentina de la OMS debilita su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • También afecta la posibilidad de nuestro país de ser parte de las estrategias globales para combatir la epidemia del tabaquismo. La OMS es el órgano rector del Convenio Marco de Control de Tabaco, un tratado global de salud pública que promueve políticas integrales basadas en la mejor evidencia científica.

2 – La flexibilización del etiquetado frontal beneficia a la industria, no a la población

  • La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es un gran avance en la protección del derecho a la información y a la alimentación saludable. Sin embargo, las disposiciones 11362 y 11378 sancionadas recientemente por ANMAT, redujeron los estándares para la aplicación de los sellos de advertencia en los envases de alimentos ultraprocesados, permitiendo que productos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas saturadas eviten los sellos negros.
  • Estas modificaciones no están basadas en evidencia científica, sino que responden a presiones de la industria alimentaria lo que implica un retroceso en derechos adquiridos: genera confusión en la población y  afecta la capacidad para tomar decisiones informadas sobre cómo queremos alimentarnos; impactando negativamente en la salud. 
  • Mientras el Estado reduce su capacidad de proteger la salud de la población, las grandes corporaciones ganan más libertad para vender productos menos saludables, con menos controles y sin la debida información. Más libertad para las empresas, menos libertad para la ciudadanía.

3- Menos salud pública

Estas decisiones del gobierno nacional profundizan la crisis en el sistema de salud, que se ve afectado, entre otras cuestiones, por:

  • Recortes presupuestarios en todo el sistema de salud pública que afectan hospitales, programas de salud y la compra de medicamentos e insumos básicos para centros de salud, generando desabastecimiento y reducción de servicios. 
  • El cierre de programas y despidos masivos, ha dejado sin financiamiento iniciativas clave para la prevención y atención de enfermedades crónicas, salud mental y distribución gratuita de medicamentos. 
  • La reducción del personal sanitario y el debilitamiento del Ministerio de Salud han sobrecargado el sistema, afectando la atención y acceso a tratamientos, lo que agrava la crisis sanitaria y  perjudica especialmente al personal de salud y a quienes dependen del sistema público para recibir atención médica.

4 – ¿Quién se beneficia con estas medidas?

  • La flexibilización del etiquetado frontal y el retiro de la OMS no responden a una lógica de eficiencia, sino a una estrategia de desregulación que favorece a los actores económicos más poderosos.
  • El debilitamiento de políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, perjudica la calidad de vida de las personas y sobrecarga del sistema sanitario.
  • Mientras se resiente el acceso a la salud de la población, las industrias alimentarias y tabacaleras se fortalecen, logrando regulaciones más laxas que permiten la comercialización de productos sin advertencias claras.
  • Con estas decisiones, Argentina no solo debilita sus regulaciones internas, sino que se aleja de las metas de salud global establecidas en la Agenda 2030 de la ONU respecto a la promoción de la alimentación saludable, el hambre cero y la lucha contra la epidemia del tabaquismo.

 

Conclusión: Menos Estado, más privilegios para los grandes monopolios, menos derechos para la población.

El derecho a la salud y a la información están en riesgo. El anunciado retiro de Argentina de la OMS, la flexibilización del etiquetado frontal, los recortes en insumos y personal de salud  son distintas caras de una misma estrategia de debilitamiento de las políticas de salud pública. 

Desde Fundeps, instamos a que se reviertan estas decisiones y se garanticen regulaciones que protejan la salud de toda la población.

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Participamos en el 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

El pasado 25, 26 y 27 de noviembre participamos del 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

El Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas es la plataforma para el diálogo multilateral que evalúa el progreso de los Estados y las empresas en la implementación de los tres pilares fundamentales de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRD): Proteger, Respetar y Reparar. De esta manera, todos los años reúne a actores clave de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas, creando un amplio espacio de diálogo. 

En la 13ª edición del foro, denominada «Hacer efectivo el ‘Smart Mix’ para los Derechos Humanos en los Negocios», se presentaron las perspectivas de los diferentes actores involucrados sobre cómo aplicar un «mix inteligente» de medidas nacionales, internacionales, voluntarias y obligatorias para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Se analizó lo que ha funcionado hasta el momento y lo que no, haciendo hincapié en lo que aún falta para que los cambios que propone este enfoque sean efectivos, especialmente para los titulares de derechos. El foro también buscó resaltar las prácticas positivas que han permitido avanzar en la protección de los derechos humanos en la acción de Estados, empresas y otros actores.

Entre los temas clave que reflejan importantes desafíos se destacó la Transición energética Justa, en la que se discutió la necesidad de que las empresas implementen prácticas sostenibles de manera  concreta y respaldadas por compromisos verificables. Además, se remarcó la importancia de reconocer a las comunidades indígenas como actores fundamentales en la protección de sus tierras y recursos, aunque persisten retos significativos para garantizar que sus derechos se respeten de manera efectiva frente a la actividad empresarial. En este contexto, también se abordó el rol de las instituciones financieras de desarrollo, enfatizando su responsabilidad de asegurarse  que los proyectos que financian cumplan con los estándares de derechos humanos. Finalmente, se mencionó el Litigio Climático Estratégico, que ha ganado relevancia como herramienta para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos en el cambio climático y los derechos humanos.

Uno de los mensajes clave que la sociedad civil quiso resaltar durante el foro fue que la protección de los derechos humanos no debe verse solo como una obligación legal, sino como una responsabilidad colectiva. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas deben trabajar conjuntamente para superar los desafíos y lograr un cambio significativo.

 

Más información

 

Autora

Julieta Boretti

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org