El pasado viernes 18 de marzo de 2011, en la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo una Audiencia Abierta para debatir el Proyecto de Ley que propone la creación de la “Oficina de Diálogo y Participación Ciudadana en el ámbito del Congreso de la Nación”.

La jornada se inició con una presentación a cargo del Director Ejecutivo de FUNDEPS, César Murúa; quién expuso brevemente sobre los Diputados Nacionales presentes en la Audiencia y explicó la dinámica del encuentro.

El Diputado de la Coalición Cívica (CC) Héctor «Toty» Flores explicó con claridad de que trata el proyecto de ley que lo encuentra como uno de los firmantes; en este sentido enfatizó en que la idea del mismo es la creación de un espacio en el ámbito del Congreso de la Nación que permita a la sociedad contar con una herramienta más de participación, buscando mayor interacción entre la actividad legislativa y los temas con los que trabajan las numerosas Organizaciones de todo el país. Al mismo tiempo, se busca potenciar el trabajo de los legisladores nacionales contando con una fuente de recursos materiales e intelectuales provenientes de la Sociedad Civil.

Así mismo la Diputada Griselda Baldata (CC), entre otras cuestiones, comentó sobre una experiencia similar que se vio frustrada en la Provincia de Córdoba algunos años atrás, por lo que remarcó la importancia de acompañar e impulsar el presente proyecto de ley, a fin de generar una onda expansiva que lleve a replicar esta Oficina en las provincias de la República Argentina. La dirigente Laura Judith Sesma (CC) hizo hincapié en la idea de introducir la creación de la Oficina en el Reglamento del Honorable Congreso de la Nación; con el propósito de darle mayor efectividad y eficacia en el cumplimento de sus tareas, mediante el resguardo que brinda el Reglamento Interno de las dos Cámaras.

Los representantes de las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil presentes expusieron sus opiniones respecto al Proyecto de Ley que propone la creación de la Oficina.

La Audiencia se enmarcó en una serie de audiencias y reuniones que se vienen realizando con distintas organizaciones y ámbitos académicos para mejorar y potenciar el contenido del proyecto, realizando sugerencias y propuestas al texto ya elaborado. La primera audiencia se realizó en diciembre de 2010 en el Congreso Nacional. En la misma participaron más de 250 personas representando a más de 90 organizaciones.

Para seguir el proceso de Audiencias y continuar actualizado sobre la continuidad del proyecto de ley ingrese aquì.

Para leer el texto completo del Proyecto de Ley Expte:4397-D-2010 sobre la «Creación de la Oficina de Diálogo, Participación y Vinculación Ciudadana con el Congreso de la Nación, en el ámbito del Honorable Congreso Nacional», ingrese aquí.

Documento:

Proyecto de Ley de Creacion de la Oficina de Dialogo y Participacion Ciudadana en el Congreso

Desde FUNDEPS se hace un balance del proceso de reglamentación de la ley nacional de protección de bosque nativo que diera lugar a una normativa provincial que no respeta los estándares de protección fijados por la propia ley de presupuestos mínimos.

Desde 2009, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) ha estado participando en el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba en el marco de la Coalición Argentina por el Acceso a la Información (The Access Iniciative), junto a las organizaciones CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente), FOCO (Foro de Participación Ciudadano por la Justicia y los Derechos Humanos) y OAJNU (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas). Desde la Coalición, FUNDEPS ha buscado promover la participación ciudadana en la legislación sobre bosques nativos, sumándose a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN). Con su trabajo buscó incorporar al proyecto de ordenamiento territorial disposiciones respecto al acceso a la información ambiental y a la convocatoria de audiencias públicas. FUNDEPS presenta un documento de trabajo que describe los diferentes pasos desarrollados en el marco de ese proceso de reglamentación de la ley nacional.

A pesar de los esfuerzos de amplios sectores de la sociedad civil, lamentablemente, las presiones, los intereses y el desmonte del gobierno provincial –de la mano del ruralismo- ganaron el proceso de ordenamiento de bosques nativos en Córdoba en 2010 y la regulación violenta derechos constitucionales amparando intereses de unos pocos. La sanción de esa norma motivo numerosas quejas por parte de los movimientos y organizaciones activas durante el el proceso de discusión y llevó, finalmente, a que la Universidad Nacional de Río IV presentara un pedido de declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley.

Este retroceso respecto a la protección de los bosques en Córdoba contrasta, por ejemplo, con la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de declarar año internacional de los bosques al 2011, como un modo de concientizar sobre la importancia de este recurso natural.

Desde FUNDEPS esperamos que no se sigan desaprovechando las oportunidades para valorar los bosques como recurso estratégico y que se respeten plenamente los derechos de las comunidades vinculados con ellos.

Contacto:
César Murúa / Director Ejecutivo
cmurua@fundeps.org

Documento:
– FUNDEPS – Documento de Trabajo – Balance del proceso de reglamentación de la ley nacional de protección de bosques nativos en la Provincia de Córdoba. ¿Y ahora qué? – Enero de 2011

FUNDEPS hará un balance del proyecto «Córdoba Transparente» ejecutado durante el 2010 y apoyado por FONTRA.

El próximo jueves 9 y viernes 10 de diciembre se llevará a cabo la Conferencia Internacional “El Poder de la Transparencia. Gobiernos, Sociedad Civil y Empresas: Alianzas estratégicas para combatir la corrupción” en la ciudad de Buenos Aires, organizada por el Fondo Regional para la Transparencia con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo. Como se puede observar en la agenda del evento, la conferencia incluirá presentaciones de experiencias de diferentes organizaciones así como debates y reflexiones en torno a prioridades en el área de transparencia.

Durante el encuentro, FUNDEPS junto a Ciudadanos 365 presentarán la experiencia del Programa Córdoba Transparente, implementado durante 2010 con el objetivo de promover el ejercicio del derecho al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Durante la Conferencia se expondrán las conclusiones de la experiencia y las recomendaciones de políticas al Gobierno provincial y municipal para mejorar marcos normativos y prácticas institucionales relativas al manejo de la información pública. A lo largo de este año, las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto tuvieron una importante cobertura en los medios y desde FUNDEPS se han dejado diferentes recursos para las distintas etapas del proyecto.

Entre otras instituciones, participarán del evento el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, la Contraloría General de Chile y Transparencia por Colombia así como numerosas organizaciones de la Sociedad Civil.

El evento coincide con el día internacional de la lucha contra la corrupción y la exposición se inscribe en el marco de las acciones emprendidas por FUNDEPS como parte de la Coalición de la Sociedad Civil por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Contacto:
César Múrua
Director Ejecutivo
cmurua@fundeps.org

La Cámara rechazó los amparos presentados por FUNDEPS y comparó los pedidos con la democracia asamblearia.

La Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba rechazó otros dos amparos presentadas por FUNDEPS, en el marco del Programa Córdoba Transparente, contra el Gobierno provincial. El Gobierno negó la información solicitada en el marco de la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Así, las restricciones al Derecho de acceso a la información pública continúan siendo avaladas por la justicia provincial.

En opinión de este tribunal, los amparos de Fundeps y Ciudadanos 365 constituyen “extremos que exceden y exorbitan peligrosamente la garantía” del derecho a la información pública. Los miembros de la Cámara Rolón Lembeye, Garzón de Bello y Sánchez Gavier, sostuvieron que los pedidos exceden los límites de la ley 8.803, en una acción que no se corresponde con la democracia representativa y consideran que esconden una pretensión de una “democracia asamblearia”.

Se solicitó información relativa al Registro de Proveedores. De acuerdo a César Murúa, Director Ejecutivo de FUNDEPS, “esa información es una herramienta vital para controlar la manera en que el gobierno dispone los recursos públicos y su publicidad es una garantía anticorrupción y así lo entienden otras jurisdicciones”. El Registro contiene datos de todas las empresas que proveen bienes y servicios al Gobierno provincial. Esa información fue negada por la Secretaria de Administración Financiera, Mónica Zornberg, quien fundó su decisión con un decreto de la dictadura (el 1882/1980) del entonces gobernador de facto General Adolfo Sigwald. Es importante hacer notar que esa información no sólo es considerada como pública en otras provincias, sino que en casos como el de la Provincia de Santa Fe, incluso  se ha creado una página web de acceso público para una mejor consulta de esa información.

El Registro Único de Beneficiarios de Pago, en tanto, incluye datos de todas las personas que reciben subsidios. Fue negado bajo el argumento de que “no constituye información pública en los términos de la ley provincial 8803”. De nuevo se excluye del control ciudadano información clave para monitorear el gasto público restringiendo las posibilidades de participación.

Aparentemente, en la Cámara no están al tanto de que el tipo de democracia que se impulsa en la Constitución de la Provincia no es sólo representativa sino también participativa. Su Preámbulo enuncia la finalidad de alcanzar “el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa”. Y sumado a ello, una referencia normativa se encuentra en los artículos 8 y 9 que afirman que el Estado Provincial “propende a una sociedad libre, justa, pluralista y participativa” (art. 8) y “promueve las condiciones para hacer real y efectiva la plena participación política, económica, social y cultural de todas las personas y asociaciones” (art. 9). En opinión de César Murúa, “en este punto, la Cámara vuelve a caer en una interpretación formalista y restrictiva de democracia, que no se condice con el mandato constitucional”. Este mismo vicio, presente en una sentencia anterior de la misma Cámara, había sido analizado en un Documento de Trabajo de FUNDEPS, titulado  «La Justicia cordobesa y su rol como garante del Derecho de Acceso a la Información Pública… ¿podemos confiar?«.

Los fundamentos de la Cámara restringen el Derecho de Acceso a la Información Pública reconocido ampliamente por la Constitución Provincial, Nacional y por Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Desde FUNDEPS se seguirá trabajando para fortalecer los estándares de transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Respecto a esta decisión, se analizará la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia.

Contacto:
César Múrua
Director Ejecutivo
cmurua@fundeps.org

En el marco del Programa Córdoba Transparente, Fundeps impugna la sentencia que rechazó los pedidos de información pública y presenta un documento de trabajo analizando esa decisión.

FUNDEPS y la Fundación Ciudadanos 365 impugnaron por contradictoria e infundada la sentencia de la Cámara Segunda en lo Contencioso Administrativo que el pasado 17 de septiembre había rechazado las acciones que habían sido interpuestas contra el gobierno provincial por negar información en su poder sobre finanzas y compras públicas (contrataciones, licitaciones y fondos de cajas chicas de los Ministerios provinciales). (Ver nota en La Voz del Interior)

A través de un recurso de casación que fue presentado el lunes 4 de octubre, las organizaciones cuestionan el fallo de la Cámara, denunciando una concepción limitada de la información pública que altera completamente el sentido de la ley y avala el secretismo de la gestión pública, dejando a los ciudadanos sin herramientas para hacer un control sobre la actividad estatal y su manejo del dinero de los contribuyentes.

Con argumentos desarrollados en el Documento de Trabajo «La Justicia cordobesa y su rol como garante del Derecho de Acceso a la Información Pública… ¿podemos confiar?» publicado por FUNDEPS, el recurso de casación interpuesto cuestiona la sentencia por brindar fundamentos que no surgen de la letra expresa ni del espíritu de la Ley 8803, y que incluso incurren en la causal de sentencia contradictoria con fallos anteriores de la misma Cámara. Tales fundamentos de la Cámara restringen el Derecho de Acceso a la Información Pública reconocido ampliamente por la Constitución Provincial, Nacional y por Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

La cuestión deberá ahora ser analizada por el Tribunal Superior de Justicia, del cual FUNDEPS espera que dicte un fallo ejemplar que sirva de antecedente para futuras situaciones de violación de este derecho humano por parte de la Administración provincial.

La Justicia cordobesa y su rol como garante del Derecho de Acceso a la Información Pública… ¿podemos confiar?

A través de este Documento de Trabajo presentado por FUNDEPS se realiza un análisis crítico de los argumentos utilizados por la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, haciendo un contraste con los estándares que para este derecho humano establecen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En resumen, el trabajo abarca los siguientes aspectos del fallo:

Una interpretación totalmente restrictiva de le Ley 8803 y del concepto de «información pública», que se limita a aquella información vinculada a un acto administrativo concreto que ya haya sido dictado.
El cercenamiento del espacio de participación activa de la ciudadanía a través de una concepción restringida de la democracia, que no permite a los ciudadanos realizar un control sobre el manejo de los fondos públicos sino a través de la Legislatura y el Tribunal de Cuentas.
La imposición de cargas probatorias al peticionante que no surgen de la letra ni espíritu de la Ley 8803, y que en todo caso correspondería poner en cabeza de la Administración.
La omisión de realizar un análisis del contenido de la información suministrada por el Estado, para verificar si la misma es «veraz, completa, adecuada y oportuna» con respecto a la información solicitada.

La onerosidad asignada al recurso judicial a través de la imposición de costas en contra del solicitante de información.

Todos éstos son aspectos de un fallo en el que difícilmente puede encontrarse una sola línea rescatable por parte de quienes abogamos por una cultura democrática fortalecida. A través del recurso de casación presentado, FUNDEPS y Ciudadanos 365 buscan obtener un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia que revierta el fallo de la Cámara y siente un precedente favorable a la plena vigencia del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Documento de trabajo:
Informe Cordoba Transparente – DT 5 2010.pdf

Contacto: César Múrua – Director Ejecutivo – cmurua@fundeps.org