La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

A principios de 2016, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se realizó un informe llamado: “Violencia hacia las mujeres y políticas públicas de comunicación” que da cuenta del estado de las políticas públicas sobre comunicación y género en Argentina y de los órganos estatales que, hasta fines de 2015, estaban encargados de implementarlas. Ese informe se fundó en una extensa investigación que recopiló datos mediante pedidos formales, formulados en el ejercicio del derecho al acceso a la información; denuncias ante los órganos correspondientes en casos de violencia mediática y simbólica y entrevistas a integrantes de esos órganos y de organizaciones de la sociedad civil.

En 2018, realizamos un informe sobre la aplicación de tales políticas a partir de la asunción del actual gobierno nacional. En el mismo se analizan los principales cambios evidenciados en los últimos dos años, con base en la información obtenida a través de nuevos pedidos de información formulados ante los organismos correspondientes durante el año 2017 y mediante la realización de entrevistas y búsqueda de información a través de los canales oficiales de cada dependencia.

Los órganos estudiados son: ENACOM, Defensoría del Público, INAM, INADI, Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual.

Las medidas y políticas públicas implementadas por dichos organismos tuvieron modificaciones. Si bien algunas que pueden ser consideradas avances, muchas otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias, principalmente de los sectores vulnerables; tanto desde una perspectiva de género como del derecho a la comunicación como derecho humano.

El análisis realizado pretende dar cuenta de las transformaciones del campo de la comunicación, específicamente en lo que refiere a temas de género, durante los últimos dos años y a partir del cambio de gestión gubernamental en diciembre del 2015. En sintonía con los cambios que sucedieron a las políticas públicas de comunicación a partir de ese entonces, las áreas específicas vinculadas a género también atravesaron transformaciones que, si bien aún no están por completo definidas, implican para varios de los organismos un freno a los programas que se llevaban adelante y, a dos años de iniciada la nueva gestión, no está claro aún cuál será el rumbo que tendrán a futuro las políticas públicas de comunicación y género que se desarrollaron en Argentina a partir del 2010.

Principales conclusiones

  • Si bien los decretos y resoluciones que han afectado a la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no operan directamente sobre las políticas de género, el accionar de varios de los organismos del Estado dedicados a la implementación de estas políticas ha sufrido modificaciones. Algunas de las mismas representan avances, pero otras otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias.
  • La acefalía de la Defensoría del Público -uno de los organismos relevantes en la aplicación de políticas de comunicación y género, y con reconocimiento internacional- es uno de los aspectos negativos del paradigma que llamamos “de transición” en las políticas actuales de comunicación y género de Argentina. A pesar de esta acefalía, el organismo sigue operando exitosamente dentro de los márgenes permitidos.
  • También evaluamos negativamente la falta de acceso a la información por parte del ENACOM, lo que da cuenta de los obstáculos existentes a los fines del monitoreo del accionar de los órganos estatales por parte de la ciudadanía. Sin embargo, valoramos el accionar del mismo -evaluado a través de mecanismos indirectos- que se revela en un aumento de las resoluciones y en la consideración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI como causales autónomas de violación de derechos.
  • Pareciera haber una transformación en las funciones de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual que estaría dejando de ejercer su capacidad sancionatoria y focalizando su accionar sólo en medios digitales y en la asistencia al Poder Judicial.
  • Fue disuelto informalmente el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo tripartito con un destacado accionar durante los últimos 10 años; tampoco es posible acceder al acervo pedagógico generado por el mismo.
  • Fue creado el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, en el ámbito del INAM, con competencia en todo tipo de soportes.
  • El INAM amplió su accionar en las políticas de comunicación a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias con políticas que aún no han sido rendidas en forma mensurable.
  • Los proyectos de leyes de comunicaciones convergentes de diferentes sectores políticos han incluido casi nulas consideraciones de género, aunque han tenido una relativa receptividad hacia las propuestas que se les han hecho llegar desde la sociedad civil.

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