Listado de la etiqueta: Violencias de Género

En una audiencia histórica, se expuso ante la CIDH el retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. “Lo que no se nombra no existe», afirmaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales. Organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina. 

Durante la audiencia, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género. El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas.

La voz de las organizaciones

En sus intervenciones ante la Comisión, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) expusieron información que evidencia sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva.

“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.

La situación señalada es alarmante: sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2,462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia.

En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.”

A contramano de principios internacionales fundamentales

El desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente. “Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer de FUNDEPS.

Lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar. “Con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos, Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de los derechos de las mujeres, las iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó Juliana Miranda del CELS. La CIDH ha advertido en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género.

Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso. “Apelamos al compromiso de CIDH para urgir el resguardo del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y discriminación para todas las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades de Argentina”, concluyó Soledad Deza, presidenta de la Fundación MxM.

  • Mirá la audiencia completa acá.

 

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Tres días después del 9° aniversario de Ni Una Menos y cinco después de la publicación del informe de femicidios que confirmó que en 2023 hubo 250 víctimas en nuestro país, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Una mujer muere cada 35 horas en Argentina, mientras que una de cada dos mujeres en pareja ha sufrido o sufre violencia doméstica y no existen estructuras estatales para resolverlo. 

Según los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia han habido entre 226 y 260 víctimas de femicidio por año de 2017 a 2023. Es claro que la violencia letal por razones de género está lejos de ser resuelta. El problema es real y no ideológico. A estos datos de letalidad hay que sumar los 124.000 llamados a la línea 144, una política de estado que lleva 10 años de existencia y que es nodal para la prevención.

Las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos internacionales y por eso hace casi 40 años se crearon institucionalidades de género que las llevan adelante. Argentina ocupa un rol privilegiado en el cumplimiento de esos acuerdos y ha sido pionera en la toma de medidas contra la discriminación y la violencia contra mujeres y personas LGBT. Es tomada como ejemplo a nivel internacional. 

Sin órganos especializados en el abordaje integral ni personal y presupuesto suficiente, el Estado argentino no podrá diseñar e implementar políticas adecuadas para prevenir y sancionar estos actos. Pero, además, no estará cumpliendo con sus obligaciones. Con el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género el Estado argentino se retrotrae a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer y desanda un camino de avance progresivo que logró en estos últimos 37 años.

Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) comprometiéndose a la elaboración de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones y consagra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) en 1996 a través de la Ley N° 24.632. Con el cierre de la Subsecretaría, los compromisos dejan de tener autoridad de referencia para el diseño de políticas y presupuesto y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dejará de tener autoridad de aplicación. 

El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población. Nuestra sociedad ha construido un consenso frente a la violencia de género. No es una opción dar marcha atrás con cuatro décadas de avances. 

Exigimos al gobierno que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa. Instamos al Congreso a observar que las leyes que define para la protección social sean ejecutadas.

VER ADHESIONES: La protección contra la violencia de género es un compromiso con toda la sociedad

En junio de este año, La Casita Trans presentó una demanda en el fuero de violencia contra el Consejo de Médicos por ofrecer una capacitación con contenidos patologizantes. Desde Fundeps presentamos un amicus curiae en la causa.

La Casita Trans es una Asociación Civil de Córdoba que acompaña a las identidades trans y sus familias. A través de distintas acciones cumplen con uno de sus objetivos fundamentales: trabajar por el reconocimiento y la protección de sus derechos.Además son un centro de contención y referencia, con foco en las masculinidades trans. 

A comienzos de este año, a través de publicaciones en redes sociales del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba sobre una capacitación dirigida a profesionales de la salud, la entidad promocionó un programa de actualización que cuenta con un módulo nombrado como “Disforia de género”. La Casita intervino realizando una denuncia ante el INADI, solicitando la rectificación de la capacitación ya que, con ese nombre, incumple las leyes vigentes y configura contenido violento y discriminatorio contra las identidades trans.

Ante la falta de acuerdo y respuesta apropiada por parte del Consejo de Médicos, la organización presentó una demanda judicial para evitar que ese módulo de la capacitación se lleve a cabo. La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 3ra Nominación de Córdoba. 

Desde Fundeps intervinimos a través de una herramienta judicial denominada amicus curiae  que permite participar del litigio ofreciendo voluntariamente opinión técnica jurídica. En este amicus ratificamos que la patologización de las identidades trans viola la legislación vigente, la actualidad de la información científica y configura un tipo de violencia. Resulta particularmente peligroso que la entidad que regula y supervisa la profesión médica en nuestra provincia, dicte una capacitación con contenido científico desactualizado. Hay que tener en cuenta que el organismo tiene a su cargo la formación de profesionales que luego reproducirán dichos aprendizajes en las relaciones médico-paciente, con el riesgo de generar situaciones de violencia, discriminación y vulneración de los derechos humanos. 

Las disposiciones internacionales y nacionales vigentes, que en nuestro país han sido pioneras y vanguardistas en la materia, son esenciales para la protección y reconocimiento de los derechos humanos de las diversidades. Por eso, las intervenciones judiciales que buscan garantizar su respeto y evitar vulneraciones futuras, son una herramienta clave para velar por su cumplimiento.

En un contexto socio-cultural que aún tensiona los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTIQ+, es necesario actuar ante las violencias simbólicas. Estas vulneraciones se relacionan directamente con tratos hostiles en el ámbito de la salud, lo que influye en que las personas trans lo eviten para no ser (re) victimizadas. 

El Estado, las entidades privadas y la sociedad deben enfocarse en apoyar la diversidad de experiencias de género, celebrar la identidad de cada persona y crear espacios inclusivos que promuevan el bienestar y la seguridad de las personas trans.  

Ver Amicus curiaeacá

 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Estado de situación durante el primer año de pandemia y recomendaciones para promover medidas con perspectiva de género. 

Durante el año 2020, junto a otras organizaciones, trabajamos en la elaboración de un informe que presenta un monitoreo de las respuestas dadas por el Estado argentino para abordar la pandemia y el impacto de estas respuestas en los derechos de las mujeres. Este monitoreo busca informar sobre el estado de situación de los derechos de las mujeres en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19 durante su primer año, contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la justicia de género e instar al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos desde una perspectiva de género. 

Dentro de esta Mesa de Género se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado este informe integrado por Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/Instituto de Investigaciones Gino Germani (OAJ/IIGG), Organización Feminista La Hoguera, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Xumek, A.C. para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El informe describe las iniciativas y abordajes adoptados por el gobierno argentino para proteger los derechos de las mujeres y diversidades durante el primer año de pandemia desde marzo de 2020, cuando se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, hasta fines de 2020. Se abordan los siguientes temas prioritarios: participación política y perspectiva de género en las medidas; violencias por razones de género; el derecho al cuidado; y el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.

Descargar Resumen ejecutivo

Descargar Informe completo

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Se trata del caso de “María Magdalena”, una mujer que llegó con un aborto en curso a la guardia de un hospital y sufrió torturas, tratos inhumanos y violencia obstétrica al ser atendida, y luego no logró acceder a la justicia en la provincia de Tucumán.

En el año 2012, María Magdalena (nombre utilizado para conservar su anonimato) llegó a la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes con un aborto espontáneo en curso. Las ginecólogas que la atendieron, Claudia Callejas y Alejandra Bereguer, le realizaron un legrado sin anestesia y luego la denunciaron con la policía, acusándola de haberse provocado el aborto.

María Magdalena fue sobreseída en el 2015 y desde entonces ha intentado conseguir justicia. Denunció a dichas médicas por violencia de género y violación del secreto profesional, pero en todas las instancias judiciales de Tucumán se negaron a investigar, y archivaron la causa. 

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en febrero de este año se resolvió que el Poder Judicial de Tucumán debe investigar el accionar médico de las ginecólogas y pronunciarse sobre los hechos denunciados, ya que estos significan una flagrante violación a los derechos de las mujeres.

Desde Fundeps, presentamos un Amicus Curiae exponiendo una serie de argumentos para fundamentar las violaciones de Derechos Humanos que sufrió María Magdalena, y exigir  de esta forma, que se haga justicia. Entre ellos destacamos el derecho a una vida libre de violencias en el marco de la atención de la salud, el cumplimiento de las obligaciones médicas de los y las profesionales de la salud (que derivan de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud) y el derecho de acceder a la justicia.

Exigimos al Poder Judicial de Tucumán que cumpla con su deber de garantizar a las mujeres el goce pleno de sus derechos y que sancione a quienes atentan contra estos, haciendo justicia por María Magdalena y todas las mujeres que ven obstaculizado el acceso a servicios esenciales en condiciones seguras y asequibles.

Autora

Sofía Armando

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

Hace cinco años, el 3 de junio de 2015, tras la noticia del femicidio de Chiara Páez y frente a la extrema  violencia machista, salimos a la calle y nos embanderamos bajo el «Ni una Menos». Para este año, uno de los lemas es “Nos sostienen las redes feministas”. En el contexto de aislamiento social se desarrollarán diversas actividades virtuales.

Esta consigna representa la lucha contra la consecuencia más extrema de la violencia machista: la muerte. Según datos oficiales, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2018 fueron 255 las víctimas directas de femicidios. Estos informes se realizan sobre datos del año anterior y la metodología consiste en analizar estadísticamente las causas judiciales en las que se investiga la muerte violenta por razones de género. Según el informe de 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina.

También se pueden encontrar datos actuales que son elaborados por diversos actores sociales. El observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven” informó que al 30 de abril de este año se habían producido 177 femicidios.

En el contexto de pandemia y teniendo en cuenta el escenario social frente a la medida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Observatorio de femicidios Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro decidió relevar y dar a conocer la cifra de mujeres asesinadas desde el 20 de marzo. Al día 28 de mayo, durante el ASPO se produjeron 57 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Los datos revelan que 1 de cada 6 víctimas tenía denuncias previas, que el 71 % fue asesinada en el hogar y el 65 % de los agresores eran parejas o ex parejas de sus víctimas.  

Por su parte la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación manifestó a la Agencia Télam, que durante el ASPO los llamados por consultas al 144 aumentaron en un 40 %. 

Particularmente en Córdoba, el Poder Judicial informó que desde que se declaró el receso extraordinario, al 30 de abril, los Tribunales especializados en violencia familiar y de género dictaron 1803 órdenes de restricción de contacto entre agresor y víctima y 471 exclusiones del hogar a los agresores. 

Ahora, ¿cómo leemos estos datos? La violencia machista encuentra su fuente en la desigualdad entre los géneros y su expresión más extrema en las cifras elevadas de denuncias por violencia y femicidios. Sumado a ello, el contexto de crisis social, profundizado por la pandemia y la herramienta del aislamiento social, recrudecen la condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven en contextos de violencia en razón del género.

Las cifras, los reclamos y la vulnerabilidad son un llamado de alarma para poner en jaque las estrategias que desarrolla el Estado frente a la violencia machista. Hace unos días se dió a conocer que la Red de Atravesados por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación hicieron una presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) por el caso del femicidio de Florencia Albornoz. Lo que se plantea en el caso, según se informó, es la falta de protección y acceso a la justicia, por parte del Estado Argentino, en un contexto de violencia de género. 

En este escenario y como logro de la presión ejercida por los movimientos feministas, Tucumán adhirió a la ley Micaela. Ahora rige, a nivel nacional y en todas las provincias la capacitación obligatoria y sensibilización sobre género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, de los tres poderes del Estado. La memoria de Micaela y de tantas otras demanda que esta ley no sea solo un casillero más a completar. La perspectiva de género en las políticas públicas, las normas y el acceso a la justicia debe obligar a visibilizar las desigualdades existentes y generar estrategias para hacer real y estructural la igualdad entre los géneros. Para ello es necesario que se destine el presupuesto necesario y la voluntad política de profundizar en los cambios estructurales. 

Mientras los viejos mecanismos del patriarcado sigan funcionando, los movimientos feministas seguiremos levantando las banderas en las calles y en (las) redes.  

Autora

Ivana Sánchez

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.

Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.

Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:

  •  La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde,  atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del  cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.

    Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.

  • La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
  • La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
  • Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.

Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.

Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.

Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.

Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.

Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:

  • Implementación de la Ley Micaela.
  • Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
  • Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.

Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.

Otra vez la deuda con el ambiente

En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.

Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.

En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.

Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.

Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc).  Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.

De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.

Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

En agosto, durante la campaña electoral, diario Perfil publicó una nota agrediendo a Ofelia Fernandez. Desde Fundeps denunciamos ante el INAM e INADI pero sus respuestas fueron tibias e insuficientes en el caso del INAM y restrictivas en el caso del INADI.

El 27 de julio, diario Perfil publicó una nota titulada “Operación cancelar” en la que pretendía realizar un breve análisis del vínculo entre las redes sociales, nuevas tecnologìas y la participación política.
Con este objetivo, la autora de la nota, Pola Oloixarac, tomó como figura de referencia a la candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, realizando la siguiente afirmación:

“En olitas cíclicas, como circulan las cosas y personas en la web, aprendemos que ciertas características de la burguesía argentina tienen un efecto no deseado en la vagina de la candidata a legisladora Ofelia Fernández. En un video donde se la ve hablar desde un púlpito, asegura que “la tibieza de la burguesía a mí me seca la concha”. Ofelia revitaliza el tropo marxista de la lucha de clases acercándolo a la inmediatez de su bombacha: nos invita a pensar que hay una pulsión sexual insatisfecha en el statu quo, y que el fragor por la revolución venidera es lo único que podría excitar a la joven Ofelia. Según esa imagen, votar a Ofelia es una invitación a complacerla sexualmente, preparándola para un coito exitoso. A sus 19 años, Ofelia entiende que lo personal es político, es decir, que lo político es genital: que las pindongas y cuchuflitos de cada une están llamados de algún modo a participar en la histeria colectiva de la revolución (o el Cambio).”

En el párrafo citado, la autora toma la expresión metafórica utilizada por Ofelia para comunicar su desacuerdo y rechazo hacia ciertas prácticas políticas y realiza una interpretación literal con el claro objetivo de correr el debate del plano político al plano sexual, degradándola por su condición de mujer.

Es importante mencionar que no es la primera vez que el diario Perfil ejerce violencia mediática y simbólica contra Ofelia Fernández. El 21 de noviembre de 2018, esta misma editorial publicó una nota titulada “La colegiala k que impactó en la contracumbre del G20”. La reincidencia de este tipo de accionar da cuenta de la necesidad urgente de que los organismos del Estado encargados a erradicar las violencias de géneros, realicen las intervenciones necesarias para lograr esta meta.

Frente a la violencia de estos discursos, desde Fundeps presentamos la denuncia correspondiente ante el INAM y el INADI a través de sus páginas web. Si bien el primer organismo recibió el reclamo, el INADI se contactó vía telefónica para informarnos que la opción de realizar las denuncias por esa vía ya no está disponible y que las mismas deben presentarse en alguna de sus oficinas. Entendemos que la restricción de los canales para hacer reclamos significa una restricción a los derechos de las audiencias, limitándose a quienes tengan el conocimiento sobre esta vía administrativa, el tiempo y los recursos para hacerlo.

Por su parte, la respuesta del INAM llega luego de dos meses de haber presentado la denuncia; la Institución reconoce que hubo misoginia en el relato, pero que la autora de la nota no hizo más que darle una interpretación literaria o filosófica a los dichos de Fernández, minimizando, de esta manera, la violencia simbólica, política y mediática a la que fue sometida la candidata. En el documento enviado por la institución se expresa:

“Si bien, se hace mención a los genitales de la entonces candidata, y eso no debería formar parte de un análisis político, la nota retoma frases textuales de la dirigente política y el artículo pareciera convertirse en un análisis rebuscado de esas frases, con algunos fragmentos de tono más bien literario o filosófico que incluyen a otras figuras de la política y/o la cultura. Entendemos, no obstante, que hubo producción misógina en una serie de artículos o coberturas periodísticas en función de esta candidata, aunque no solamente, sino también de otras mujeres de la política.”

El último párrafo citado reconoce la misoginia desde la cual se realizan los abordajes periodísticos hacia el colectivo “mujeres en la política”. Sin embargo, en vez de agravar y sostener el reclamo presentado, el escrito minusvalora estas violencias misóginas por recaer en un colectivo.

Es claro que la nota de diario Perfil reafirma y reproduce la violencia política a la que se enfrentan las mujeres que eligen desempeñarse dentro de la política partidaria, y da cuenta de las estrategias de deslegitimación a través de la cosificación y sexualización de sus cuerpos. Un trato que, por el contrario, nunca es aplicado a sus pares varones.

Este tipo de acciones deslegitima e inhabilita la participación política de las mujeres, así como también atenta contra la efectividad de la recientemente implementada Ley de Paridad de Género, interfiriendo con la posibilidad de desempeño en igualdad de condiciones que los hombres. Este ataque a Ofelia Fernández constituye un ataque a todas las mujeres y un mensaje disciplinador y expulsivo del terreno político.

A partir de lo dicho, es evidente que estamos ante un caso de violencia mediática y simbólica según lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral de la mujer. Esta normativa define la violencia mediática de la siguiente manera:

“…aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

La violencia simbólica, por su parte, es definida como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad»

La nota mencionada constituye también una violación al inciso m. del articulo 3 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación audiovisual, en el cual se establece la obligatoriedad de “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.

Este contenido, además de constituir un acto de violencia en sí mismo, funciona como un legitimador y un motivador de otras expresiones de violencia. Ofelia Fernández compartió los mensajes misóginos y machistas que recibió en sus redes a partir de esta publicación y declaró “Le hace mucho daño a la campaña electoral habilitar que a nosotras nos traten así. Injusto y desagradable”.

Autora

Mila Francovich

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Como cada 25 de noviembre, este lunes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Fecha que nos llama a repasar y repensar algunos datos y medidas tomadas por la última gestión.

Esta fecha y su correspondiente marcha cierran el “calendario feminista” y como todo final de año es una oportunidad para hacer balances, además de que en esta ocasión se suma el pronto cambio de gobierno, lo cual nos invita a ampliar el análisis a la gestión de cuatro años del presidente Mauricio Macri. 

Así, por ejemplo, a principios del corriente mes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich compartió en sus redes los datos sobre femicidios relevados por la cartera a su cargo, junto a la frase, en tono festivo como quien celebra un logro, “¡Bajamos los femicidios un 12,1%!”. Esta afirmación, que refiere a la cantidad de femicidios del año 2018 en comparación con la de 2017 (según esa información, 281 y 292, respectivamente), además de ser fácticamente incorrecta, es imagen de una perspectiva también errónea sobre la violencia machista que explica en gran parte el accionar (o falta de accionar) en política de género del gobierno saliente. 

En primer lugar, los números presentados por Bullrich difieren de los registrados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Según esta última, las cifras son de 278 para 2018 y de 273 para 2017, por lo que se trataría de la situación inversa a la supuesta reducción que alega la ministra. 

Según datos de Chequeado, la diferencia entre ambas estadísticas estaría en que en el caso del Ministerio “igual que con otro tipo de delitos, sus cifras provienen de los registros policiales. Es decir que se trata del primer análisis posterior al delito, antes del inicio de la investigación judicial”. En cambio, la Oficina de la Mujer releva información de las causas judiciales en proceso. Esta disparidad de datos debiera no ser un problema para los correspondientes al corriente año, ya que la Corte Suprema, el Ministerio de Seguridad y la Procuración General han firmado un acuerdo para unificar las estadísticas de femicidios. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 2020 para que se publique el informe. 

Mientras tanto, si bien no se poseen los datos oficiales es admirable el trabajo de algunas organizaciones feministas que, como parte de su militancia y sin recibir ningún tipo de compensación, realizan un minucioso trabajo de relevamiento mensual a partir de la información obtenida en los medios de comunicación. En este sentido, el Observatorio Nacional de Mumalá ha registrado 226 femicidios entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, sin contar 38 casos en proceso de investigación, lo que significa al menos una víctima cada 32 horas. Desglosado, este número incluye 192 femicidios directos, 18 vinculados y 6 trans/travesticidios. Otro indicador relevante es que el 68% de los asesinatos fueron perpetrados ya sea por la pareja (40%) o la ex pareja (28%) de las víctimas. Considerando que el 18% de ellas había realizado denuncias previas, la pregunta que surge inmediatamente tras leer estos datos es dónde está el Estado y cuál es el verdadero alcance de las políticas que viene implementando en materia de violencia de género.

Un acierto del año 2019 fue sin dudas la aprobación de la Ley Micaela, que según su artículo 1º establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

Sin embargo, si observamos más ampliamente el trabajo del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), organismo designado como autoridad de aplicación de esa ley y encargado de las demás políticas de género, el balance no ha sido positivo. A pesar de haber sido jerarquizado en 2017 adquiriendo el rango de Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Desarrollo Social, esto no se tradujo en un presupuesto acorde y de hecho este fue recortado anualmente. 

La periodista especialista en género, Mariana Carbajal, cuenta en su nota en Página 12 que, “después del reclamo de organizaciones de DDHH y de mujeres, el Congreso aumentó las partidas que le había asignado el Poder Ejecutivo, pero esos incrementos no alcanzaron a cubrir la inflación: en 2018 el presupuesto del INAM fue un 15 por ciento más bajo en términos reales que el de 2017 y en 2019, la reducción (también en términos reales) respecto del año pasado fue del 16 por ciento”. Como lógicamente el déficit presupuestario obstaculiza la ejecución, es entendible que, como por ejemplo informa la nota, de los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia de género que había prometido la gestión de Macri, solamente se hayan terminado y equipado 9, de los cuales 8 se habían empezado a construir durante el gobierno anterior.

Todo esto nos permite afirmar que, si bien durante estos cuatro años hubo algunos avances, como fue la inclusión explícita del género en el presupuesto nacional, no fueron suficientes. Esto es porque, fundamentalmente, todavía es necesario que el Estado asuma una postura frente a este tipo de violencia como un problema estructural. 

Lejos de funcionar como un delito cualquiera, el enfoque securitario y punitivista resulta inadecuado y, a pesar de lo que haya dicho Bullrich, las cifras de femicidios no han bajado. Suponiendo que sí hubiesen habido unas diez víctimas menos entre un año y otro, ¿no es alarmante que todavía superen las 200 anuales? Evidentemente, todavía falta muchísimo por hacer, no solamente desde el Ministerio de Seguridad, sino íntegramente desde todo el aparato estatal. 

Así como el género es transversal y la desigualdad se reproduce en todas las esferas sociales (en la política, en la economía, etc.), la violencia de género no se limita al femicidio o la violencia física, sino que, por ejemplo, la penalización del aborto también es una forma de violencia contra las personas gestantes. En este sentido, las últimas noticias respecto a la actualización del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fueron otro ataque a los derechos sexuales y reproductivos. A su vez, sirvió como recordatorio de la lamentable decisión que tomó el gobierno este año de transformar el Ministerio de Salud en Secretaría, quitándole margen de decisión (en efecto, la razón utilizada para justificar la anulación fue la falta de consulta del secretario a sus superiores). Ya que hablamos de carteras de gabinete, la promesa del presidente electo Alberto Fernández de inaugurar el Ministerio de Igualdad de Género es al menos esperanzador. Esperamos, además, que la nueva administración que asumirá este 10 de diciembre pueda redirigir las estrategias frente a la violencia machista para dar riendas al profundo cambio cultural que es necesario para realmente terminar con ella. 

Eso sí, el reclamo al Estado por respuestas no es una simple espera de brazos cruzados: el movimiento feminista permanece activo en las calles y la consigna Ni Una Menos se mantiene más vigente que nunca, porque más allá de la cantidad de víctimas de femicidio y de los porcentajes en que varíen, mientras siga habiendo al menos una muerta no habrá nada que festejar.

Autora

Mariana Barrios Glanzmann

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

La OIT es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reúne a gobiernos, empleadores/as y trabajadores/as de 187 Estados miembros, para establecer normas internacionales del trabajo. En el marco de su 108° reunión en la ciudad de Ginebra en el mes de junio de este año, se aprobó un convenio (con 439 votos a favor, 7 en contra, 30 abstenciones) y su respectiva recomendación (con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que materializan proposiciones relativas al tema.

La temática toma especial relevancia en nuestro país ya que, según informa esta entidad: “Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra han señalado las tasas más elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo,(…), basado en el estudio mundial más vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo”.

La particularidad de este Convenio es que, en su contenido, presenta un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género que se plasma en normas que implican un avance socio-cultural trascendental en pos de la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables (art.6), desproporcionadamente afectados al impedir su acceso al mercado, la permanencia o el progreso profesional.

Este Convenio tendría proyección en el ámbito laboral formal e informal, público y privado, con independencia de su situación contractual. A través de sus normas define y distingue “violencia y acoso” (art. 1 a) de “violencia y acoso por razón de género” (art. 1 b), dejando abierta la posibilidad a los países ratificantes de contemplarlos en sus legislaciones nacionales como conceptos únicos o separados; y entiende que pueden constituir «una violación o abuso de los derechos humanos, una amenaza a la igualdad de oportunidades y contrarios al trabajo decente”. 

El texto prevé que los países miembros deben establecer mecanismos de registro, control y seguimiento de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, la seguridad y salud en dicho ámbito deben considerarlos como riesgos psicosociales en su gestión. También establece las obligaciones de adopción y aplicación de políticas del lugar de trabajo relativas a la violencia y el acoso, información y capacitación sobre el tema, e incluso contempla sanciones a victimarios e indemnizaciones para las víctimas por los daños y/o enfermedades psicosociales, físicos o de cualquier otro tipo que sean consecuencias de tales actos. De manera novedosa y positiva, a través de está propuesta normativa se contempla la violencia doméstica dentro del ámbito laboral y determina una obligación de mitigar su impacto e incluso de evaluarlo como un riesgo en el lugar de trabajo.

Sin embargo, pese al progreso que representa, el texto estandariza las formas de violencia y acoso, y los grupos afectados. Principalmente al establecer y dejar sin definir el concepto de “grupos vulnerables”; sin contemplar la diversidad de las víctimas, de violencia y acoso, dificultando una verdadera solución al conflicto.

El Convenio está abierto y a la espera de ratificaciones por parte de los países miembros y será un instrumento internacional jurídicamente vinculante una vez ratificado por nuestro país, con jerarquía supralegal o constitucional, luego de la aprobación del Poder Legislativo Nacional. 

Es una oportunidad para asumir un compromiso genuino con la igualdad de derechos, a partir de acciones positivas que permitan una regulación y reforma de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, una vez que sea efectivamente traducido en políticas públicas concretas y no meros compromisos vacíos (purplewashing).

Un futuro del trabajo mejor para las mujeres y los grupos vulnerables sólo puede alcanzarse poniendo fin a la discriminación y superando los estereotipos arraigados en relación con las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado laboral. Este futuro será posible no sólo con la protección de las mujeres y los grupos vulnerables frente a la violencia, sino con acciones que simultáneamente se dirijan a lograr la igualdad en el trabajo, el acceso a prestaciones sociales y servicios de cuidado igualitarios, y la participación y representación de las mujeres en las estructuras internas como sindicatos y organizaciones gremiales. 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Participamos de la reunión anual del Consejo Consultivo Ad Honorem del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

El 10 de junio el INAM convocó en Buenos Aires a las organizaciones de sociedad civil que formamos parte del Consejo Consultivo. En dicha reunión se informó sobre la ejecución presupuestaria del organismo, así como también sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019.

Asimismo, se comentaron avances en la medición de la implementación del Plan, así como de la construcción del presupuesto nacional desde la perspectiva de las políticas de género, incluyendo no sólo el presupuesto del Instituto sino de todas las demás carteras de gobierno. Finalmente, se discutieron formas de interacción entre las organizaciones representantes de cada provincia y los organismos de la mujer y consejeras federales correspondientes a cada jurisdicción.

Valoramos que se mantengan estas instancias de participación para la sociedad civil y esperamos que el INAM siga fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Consultivo, como un espacio comprometido con los derechos de las mujeres. Los aportes de las organizaciones que están en el campo son fundamentales en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de género y que sirvan para mantener viva la razón de ser del INAM: asegurarle a las mujeres una vida plena, libre de violencias y digna de ser vivida.

Más info:

Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

Presentamos reporte anual ante el INAM y manifestamos preocupación por su inactividad

Autora

Carolina Tamagnini

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org