Infancias en Peligro: la respuesta insuficiente de Argentina en las audiencias de la ONU

Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

• Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

• Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

• Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

• Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

• Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org