Listado de la etiqueta: Gobierno Abierto

Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

  • Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

  • Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

  • Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

  • Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

  • Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

 

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

Entre el martes 5 y el jueves 7 de septiembre se llevó a cabo en Tallin, Estonia, la 8° Cumbre Global de Gobierno Abierto (OGP Global Summit). Reunió a integrantes de la Alianza Global de Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) tanto de gobiernos, como de sociedad civil de todo el mundo, que trabajan esta agenda en sus países y localidades. En esta edición, la Cumbre se centró en el gobierno abierto en la era digital, el potencial de la tecnología para hacer que la gobernanza y la formulación de políticas sean más transparentes y responsables, así como en la preservación de la democracia.

Desde Fundeps formamos parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, que acompaña la adhesión de Argentina a la Alianza por el Gobierno Abierto. Además contribuimos en los procesos de creación tanto de los Planes Nacionales de Gobierno Abierto, como el de la provincia de Córdoba y la Legislatura de Córdoba. 

A partir de ello, dentro de la Cumbre Global 2023, participamos en la Sesión “Construyendo coaliciones nacionales-locales para el gobierno abierto” y compartimos panel con distintas referencias de gobierno y sociedad civil de Brasil, Marruecos, Ucrania y Filipinas. Se compartieron experiencias de coaliciones entre los gobiernos federales o nacionales con gobiernos o sociedad civil de trabajo local o municipal. En nuestro caso, compartimos el Programa Federal de Gobierno Abierto (PFGA) que fue el fruto de una construcción entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, la Dirección de Capacitación Municipal y distintas organizaciones de la sociedad civil que colaboramos en su diseño y seguimiento en el 4° y 5° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. El PFGA consiste en acompañar distintas iniciativas de transparencia, innovación, rendición de cuentas, participación y colaboración impulsadas por gobiernos provinciales y municipales de nuestro país. 

Luego asistimos a otras charlas, talleres y conferencias relativas a experiencias de participación y transparencia fiscal; transparencia en el sector extractivo; cambio climático y transición justa; entre otras. Sin dudas que la Cumbre de OGP 2023 fue un espacio muy enriquecedor para compartir e intercambiar experiencias y realidades entre toda la comunidad de gobierno abierto. Si bien subsisten y se renuevan los desafíos en esta agenda.

Desde Fundeps apostamos a seguir colaborando en el fortalecimiento de iniciativas que tiendan a generar gobiernos cada vez más transparentes, permeables, con genuinos espacios de participación y que atiendan a las demandas sociales de forma colaborativa. 

 

Conocé: 

  • Todas las Sesiones que hubo en la Cumbre: acá
  • Las iniciativas premiadas en la Cumbre: acá
  • El Plan Nacional de Gobierno Abierto: acá
  • El Plan de OGP Local de la provincia de Córdoba: acá
  • El Plan de Parlamento Abierto de la Legislatura de Córdoba: acá.  

 

Contacto

Victoria Sibilla: ninasibilla@fundeps.org 

El pasado 23 de mayo estuvimos en la presentación del 5° Plan Nacional de Gobierno Abierto, un instrumento de política pública co-creado con sociedad civil y ciudadanía que contiene 7  compromisos de gobierno abierto a implementar por distintas dependencias del estado nacional. Compartimos el panel con Delfina Pérez de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, Andrés Bertona de la Oficina Anticorrupción y Florencia Caffarone de Democracia en Red. 

El actual Plan se co-creó en 2022, desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, en diálogo con la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto y el resto de la ciudadanía que participó de este proceso. Desde Fundeps formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020 – 2022) y desde ese espacio contribuimos a la co-creación del 5° Plan, articulando entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto y distintas organizaciones que se involucraron en el mismo. 

Este Plan de Acción se enmarca en las obligaciones asumidas por Argentina ante la Alianza para el Gobierno Abierto, a la cual ingresó en el año 2012. Desde entonces, y cada dos años, el país co-crea e implementa distintas políticas y compromisos concretos en este ámbito. 

¿Cómo fue el proceso de co-creación del 5° Plan de Gobierno Abierto?

Por primera vez, y a los fines de garantizar una participación igualitaria entre todas las personas ubicadas en distintos puntos del país, este Plan se co-creó en su totalidad de forma virtual, a través de plataformas de reuniones, el sitio argentina.gob.ar y su portal de Consulta Pública. A su vez, en el seno de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y siguiendo las recomendaciones de los Estándares de Participación y Co Creación (2022) de la Alianza para el Gobierno Abierto, se acordó diseñar un Plan de máximo 10 compromisos. 

Para esto, se efectuó una priorización de temas en consulta con la Red de OSC para el Estado Abierto. Los temas seleccionados fueron: Ambiente e implementación del Acuerdo de Escazú; Obra Pública; Género y Políticas de Cuidados; Salud Mental; Estado Abierto y Federalización; Agua y Saneamiento en el AMBA; Información sobre prestadores de Salud; Alimentación e implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como Ley de Etiquetado Frontal). No todos, sin embargo, concluyeron en compromisos del Plan, por diversos motivos. Especialmente, y en materia de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde Fundeps seguiremos aportando en la construcción de propuestas que contribuyan a la aplicación de dicha ley.    

Luego de ésto, comenzaron las instancias públicas de diseño del 5° Plan en agosto del 2022, con una serie de Talleres de Identificación de Desafíos, por cada uno de los temas pre-seleccionados. El objetivo de éstos fue identificar en conjunto cuáles eran los desafíos a los que el 5° Plan, pudiera dar respuesta. Luego, en octubre se abrió la instancia pública de recepción de propuestas, con la consigna de que se sugieran soluciones de políticas de gobierno abierto, que puedan dar respuesta a aquellos desafíos planteados. Con estos insumos, cada área de gobierno involucrada hizo su redacción preliminar de compromiso, el que fue sometido a consulta pública para recepción de comentarios. A la par, se desarrolló una instancia de diálogo por cada tema – compromiso y finalmente se llevó a cabo la redacción final. 

¿En qué consiste el 5° Plan Plan de Gobierno Abierto? 

El actual Plan está compuesto por 7 compromisos asumidos por distintas dependencias del gobierno nacional. 

 

Compromiso Dependencia a cargo
1. Participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
2. Participación y control ciudadano en la obra pública Dirección Nacional de Transparencia – Ministerio de Obras Públicas de la Nación
3. Mujeres en el sistema productivo federal: más evidencia, menos brecha Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Economía
4. Salud Mental: desinstitucionalización e inclusión social de personas con padecimiento mental Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos –

Ministerio de Salud de la Nación

5. Acceso a la información y políticas de cuidados Dirección de Mapeo Federal de Cuidado – Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
6. El acceso a la información y los prestadores de servicios de salud Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria – Ministerio de Salud de la Nación
7. Programa Federal de Estado Abierto  Dirección Nacional de Gobierno Abierto – Jefatura de Gabinete de Ministros

Dirección de Asuntos Municipales – Ministerio del Interior

 

Acá podrás acceder al detalle de cada uno de ellos, desde la página 37 en adelante. 

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil con el 5° Plan? 

Una vez diseñado el Plan de Gobierno Abierto, el objetivo es que se implemente, en este caso, durante el 2023 y el 2024. Para esto,  cualquier persona interesada u organización de la sociedad civil puede involucrarse, sea dando seguimiento a cada etapa de su implementación o participando de forma más activa, cuando los compromisos lo permitan, en algunas fases de su cumplimiento. En ese sentido, se previó en cada compromiso al menos una instancia de diálogo abierto con sociedad civil y ciudadanía interesada en los temas abordados y se desarrolló la plataforma Metas de seguimiento del Plan. Esto busca  facilitar y dinamizar esta instancia de implementación, que de acuerdo a la experiencia previa, es siempre la más difícil si de articulación y sostenimiento de incentivos se trata. 

Como organización comprometida con las políticas de gobierno abierto y varios de los temas abordados en el presente Plan, seguiremos de cerca y acompañaremos cada instancia de avance y estaremos alertas ante signos de estancamiento o retrocesos del mismo.

Nos parece un gran logro compartido, entre distintas organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, como la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, activistas y reformadores de políticas de gobierno abierto, que Argentina siga desafiándose con cada nuevo Plan de Acción Nacional Gobierno Abierto. 

 

Más información

Conocé el 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá 

Mirá la presentación del 5° Plan Nacional de de Gobierno Abierto acá

 

Contacto

María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org 

 

El pasado jueves 5 de mayo participamos de la primera audiencia de revisión anual del Plan de Metas 2020-2023 de la ciudad de Córdoba. Focalizamos en la necesidad de mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Plan de Metas se instauró en la ciudad de Córdoba en junio de 2011 y obliga a cada gestión municipal – al inicio de la misma – a presentar las metas que pretende alcanzar con su programa de gobierno, con objetivos e indicadores de evolución de las mismas. La gestión del actual Intendente Martín Llaryora estableció un Plan de 418 metas, enmarcadas en 36 objetivos, agrupados en 5 ejes estratégicos: Municipio moderno e innovador, Ciudad que presta servicios de calidad, Ciudad atractiva y planificada, Ciudad sostenible y Ciudad de oportunidades e inclusiva.

Cada año, y a través del Concejo Deliberante, se debe realizar una Audiencia Pública en donde se informe acerca del cumplimiento del Plan de Metas. Está previsto que en esta Audiencia debe participar la Intendencia como miembro informante. Esta es además una oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil, centro vecinales y ciudadanía en general hagan su aportes y comentarios alrededor del Plan de Metas y su evolución.

Nuestra participación en la Audiencia Pública

La audiencia se llevó a cabo el día jueves 5 de mayo desde las 9 a.m de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, y se podía seguir por el canal de YouTube del Concejo Deliberante de la ciudad. Para participar era necesario inscribirse de forma previa a través de un formulario provisto por la Municipalidad.   

Una de nuestras primeras observaciones tuvo que ver con que la misma fue convocada con muy poca antelación – 2 días – y contó, a nuestro entender, con escasa difusión. En nuestro caso supimos de la misma a partir de la difusión que hizo la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

En esta oportunidad centramos nuestra intervención en la necesidad de mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte del Municipio. Si bien destacamos los esfuerzos emprendidos en materia de digitalización y actualización de los portales web, y específicamente en lo relativo a las solicitudes de información, valoramos que se explique de forma clara y sencilla cómo es el procedimiento para hacerlas: solicitamos que se avance en materia de seguimiento a los pedidos de información pública efectuados y, por sobre todas las cosas, se mejore el índice de respuesta de los mismos.

Esta es una situación contemplada en el Plan de Metas, dado que como Meta 120 se estableció “Rediseñar el portal de gobierno abierto para hacerlo más simple y amigable con el usuario y es justamente desde el portal de gobierno abierto desde donde se efectúan las solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía – específicamente desde la sección denominada “Acceso a la Información Pública”. Es por ello que solicitamos que no se dé por concluida esa meta, tal como figura hoy en el informe de avance presentado, sino que se procure mejorar en esos dos aspectos. En ese sentido, esperamos que desde la Municipalidad y sobre todo desde la dependencia a cargo, en este caso, la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, se utilice el tiempo restante de gestión y vigencia del Plan de Metas, para profundizar en estas mejoras. 

Desde Fundeps quedamos a entera disposición para contribuir a ese fin y de esa forma, colaborar en un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de toda la ciudadanía, y en un gobierno abierto de calidad en la Municipalidad de Córdoba.

 

Más Información

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

 

*Foto del portal web del Concejo Deliberante de Córdoba

El pasado 5 de mayo tuvimos la visita de Rudi Borrmann, el Director Adjunto de OGP Local en Córdoba, y desde Fundeps y PARES organizamos una reunión con otras ONG y espacios de activismo por los derechos humanos de Córdoba, en la Oficina de Fundeps. 

¿Qué es OGP Local? 

OGP Local es un área de la Alianza Global por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés: Open Government Partnership) dedicada a la promoción e involucramiento de los niveles subnacionales en la agenda de gobierno abierto. La propuesta es análoga a la que sucede a nivel nacional: que los gobiernos subnacionales se sumen a esta Alianza a través de planes de acción de gobierno abierto co-creados con sociedad civil siguiendo los lineamientos sugeridos por la Alianza.

La presentación de la provincia y la municipalidad de Córdoba a OGP Local 

Córdoba -provincia y ciudad, dado que se presentaron de forma conjunta- es uno de los cuatro distritos que se sumó en 2020 a OGP Local. Las otras ciudades o provincias fueron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de Rosario y provincia de Mendoza. Por ese motivo tanto la ciudad como la provincia de Córdoba presentaron ante la la Alianza Global de Gobierno Abierto, sus planes de acción de gobierno abierto. 

En ese contexto, la provincia de Córdoba adoptó 3 compromisos tendientes a la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) en 4 municipios del interior de la provincia, con una perspectiva de género y juventudes. Por su parte, la municipalidad de Córdoba asumió 3 compromisos, uno tendiente al fortalecimiento de los Centros Vecinales, y otros dos sobre mejoras en experiencias digitales para su ciudadanía. 

Dado que el marco de esta Alianza Global de Gobierno Abierto, todos los planes de acción deben contar con su contraparte de sociedad civil, es decir, deben ser co-creados con ésta, desde Fundeps y PARES acompañamos el plan presentado por la provincia de Córdoba y CIPPEC hizo lo propio con la municipalidad.

Un dato interesante es que para sumarse a esta Alianza, se pide un compromiso de alto nivel firmado por la máxima autoridad ejecutiva de la provincia o localidad que se trate: aquí se puede encontrar la asunción de compromiso por parte del gobernador Juan Schiaretti y del intendente Martín Llaryora. Lamentablemente esta carta sólo está publicada en el sitio de la Alianza por el Gobierno Abierto y en el idioma inglés.

El encuentro con ONG de Córdoba

En el marco de la visita del Director Adjunto de OGP Local a algunas jurisdicciones locales que asumieron compromisos en OGP Local en Argentina, organizamos un encuentro con otras ONG y espacios de activismo de Córdoba. Del mismo participaron representantes de EcoHouse, Asociación Argentina por el Gobierno Abierto (AGA), Jóvenes por el Clima, Minka, Ciscsa – Ciudades Feministas Córdoba y Global Shapers. 

El encuentro se aprovechó para dar a conocer la Alianza Global por el Gobierno Abierto a quienes no estaban tan familiarizados con este espacio. Rudi Borrmann presentó Signos Vitales de OGP: 10 años de datos en revisión, un estudio que da cuenta de los principales éxitos y desafíos de OGP a diez años de su funcionamiento. 

Luego se abrió un espacio de consultas e intervenciones acerca de la Alianza, su pertinencia e interés para las organizaciones locales, así como algunos desafíos que se advierten a la hora de participar, sobre todo desde sociedad civil, en los planes de acción de gobierno abierto, de una forma real y efectiva. 

Desde Fundeps y PARES, como ONG que estamos acompañando el proceso de la provincia de Córdoba, apostamos a que cada vez sean más las organizaciones que se involucren en este espacio y puedan aportar de manera significativa en los compromisos y planes de acción que se generen en el marco de OGP Local y nacional, aportando con sus miradas, saberes y experiencias en la construcción de políticas de gobierno abierto más participativas, transparentes e inclusivas. 

 

 

Más información

– Territorializar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuatro municipios de la provincia con una perspectiva significativa de gobierno abierto, enfatizando la colaboración entre actores.

Municipios y organizaciones sociales socios que participan en el Programa OGP Local en la incorporación de perspectiva de género y enfoque juvenil en el proceso de territorialización de los ODS.

– Visibilizar las acciones y procesos desarrollados en el marco del Programa Local OGP por gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Impulsar procesos de autogestión de desarrollo sostenible vecino a través de los Centros Vecinales de la Ciudad de Córdoba, tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes de planificación.

Brindar a la ciudadanía una aplicación digital a través de la cual puedan reportar incidentes, reclamos y quejas.

Rediseño continuo de los sistemas de medios digitales para mejorar u optimizar la experiencia de los ciudadanos y la navegación.

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

 

 El Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en OGP Local, un piloto mundial que busca la implementación de un Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante la co-creación de políticas públicas con diversos grupos de interés. 

El objetivo propuesto por la provincia de Córdoba es profundizar el trabajo provincial en materia de gobierno abierto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de un trabajo articulado con distintos municipios de la provincia. De esta manera, se plantea trabajar en pos de acompañar a los gobiernos locales de Córdoba en el desarrollo de una territorialización colaborativa de los ODS, con perspectiva de género y juventudes. 

Desde la provincia, el proceso está liderado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Coordinación, se sumaron también Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Desde Fundeps y PARES estamos acompañando el proceso de co-creación de dicho Plan y convocamos a otros actores de la sociedad civil de la provincia a que quieran sumarse a potenciar este proceso de co-creación con la provincia de Córdoba. 

Si sos una organización de la sociedad civil, un colectivo o espacio que trabaja cuestiones de gobierno abierto, género o juventudes y querés ser parte del proceso de construcción de una Plan de Gobierno abierto Local completá este formulario.

Más información

Contacto

 

Un grupo de 40 organizaciones de todo el país elaboramos una carta enviada a diferentes organismos y entidades del Gobierno Nacional expresando nuestra preocupación por la situación originada a partir de la existencia de un sistema oficioso de vacunación.

La misma estuvo dirigida al Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital y Presidente de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, César Gazzo Huck; la Ministra de Salud, Carla Vizzotti y el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero frente a la conmoción política y social originada por el sistema oficioso de vacunación en el Hospital Posadas.

Hacemos propuestas concretas de trabajo conjunto, en el marco de los principios de Gobierno Abierto, por la transparencia y la participación. Además, reafirmamos nuestra disposición para colaborar en todo lo necesario para traer tranquilidad a la población y garantizar que el respaldo a la campaña de vacunación más ambiciosa de nuestra historia permanezca inalterable.

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org 

El pasado mes de noviembre de 2020 desde el colectivo de organizaciones de sociedad civil para el Estado Abierto en Argentina, llevamos a cabo las elecciones para renovar las representaciones de la sociedad civil dentro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. 

¿Qué es la Mesa Nacional de Gobierno Abierto?  

La Mesa Nacional de Gobierno Abierto se creó en 2018 como un espacio de coordinación entre el gobierno nacional  y la sociedad civil  en la promoción de políticas públicas de gobierno abierto, así como en las acciones a implementar por Argentina en su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto. Está compuesta por cuatro representaciones del gobierno y cuatro representaciones de sociedad civil. 

Las participaciones de gobierno se deciden desde la titularidad del área que tenga competencias específicas sobre gobierno abierto, que en la actualidad es la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. Desde gobierno ocupan su lugar dentro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto: la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

Por parte de la sociedad civil, sus representantes se eligen por votación del colectivo de sociedad civil que conforman, en la actualidad, la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina. En las últimas elecciones Fundeps salió elegida junto con las organizaciones Democracia en Red, Acción Colectiva y Fundación Huésped

Desde Fundeps sentimos una gran satisfacción de poder participar de este espacio, a la vez que asumimos este desafío con gran responsabilidad. Esperamos contribuir, junto con las excelentes organizaciones que nos acompañan, en el desarrollo e implementación de más y mejores políticas de gobierno abierto, fortaleciendo la calidad de las democracias a nivel nacional y subnacionales, en sintonía con los procesos regionales y con perspectiva de derechos humanos. 

 

Más información:

 

Contacto: 

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

Tras la opción dada por la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) de posponer un año la ejecución del actual Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (PANGA) (2019 – 2022) por la pandemia del Covid-19 – Resolución de Coronavirus OGP – y la posibilidad de revisar el Plan en el primer año de implementación tras la transición política, el gobierno de Argentina envió en diciembre 2020 su Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, adaptado. 

Argentina se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012. Formar parte de esta Alianza global implica comprometerse con políticas de gobierno abierto co-creadas con sociedad civil, que se materializan a través de planes de acción nacionales, a ejecutar en dos años. Desde su incorporación a la fecha, Argentina ha presentado cuatro Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto.

En septiembre 2019 Argentina presentó el 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2021) tal como lo estipulaban los plazos dados por OGP. Disposiciones de OGP permiten, de todos modos, efectuar enmiendas al Plan en el primer año de implementación del Plan (2020, para Argentina), sobre todo en caso que operen transiciones políticas en el medio como fue el caso de nuestro país. Con la irrupción de la pandemia a causa del Covid-19 que cambió todas las prioridades de la agenda pública en el año 2020, el Subcomité de Criterios y Estándares dictó la Resolución de Coronavirus de OGP en marzo 2020 mediante la cual dio la posibilidad a los países de la Alianza de posponer un año la presentación o implementación de sus Planes, según el momento en el que cada país se encontrase. Argentina como ya había presentado su Plan, podía hacer uso de esta opción, posponiendo un año su ejecución, es decir que éste concluya en agosto 2022 en vez de agosto 2021. 

Luego de consensuar esta decisión en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y a través de ésta con el colectivo que integra la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina, se decidió tomar esta opción, fijando a su vez cuál iba a ser la metodología para efectuar cambios dentro del Plan. En ese sentido se previó la posibilidad de efectuar dos tipos de cambios: modificaciones específicas relativas a plazos, partes de hitos de los compromisos o entregables o modificaciones más sustanciales que cambiaran el alcance del compromiso. En todos los casos la opción de realizar cambios al Plan estaba en manos del Organismo responsable de su cumplimiento, y se establecieron instancias de validación o co-construcción del compromiso -según el caso- con las Organizaciones de la Sociedad Civil que formaron parte del compromiso inicial. 

De todo este proceso resultó que Argentina envíe en Diciembre 2020 su Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2022).  

¿En qué dista el Plan actual al presentado en 2019? 

El 4° Plan de Acción presentado en Diciembre 2020 se compone de 18 compromisos, es decir que a los 15 iniciales, se agregaron tres:

  • Uno relativo a Educación Sexual Integral (ESI), en virtud del cual se dispone crear  un Observatorio Federal de Implementación de la ESI, que se reunirá bimensualmente con actores de la sociedad civil y gubernamentales, así como la publicación de datos abiertos sobre la implementación de la ESI. Siendo el órgano responsable del cumplimiento la Subsecretaría de Educación Social y Cultura del Ministerio de Educación de la Nación. 
  • Y dos sobre Plan de Acción de Congreso Abierto. Es decir que el anexo del Plan 2019 sobre el Plan de Acción de Congreso Abierto, se desdobló en dos compromisos, uno por cada Cámara del Congreso de la Nación. En este caso, cada Cámara del Congreso hizo su propia adecuación de plazos y deberá presentar su propio Plan de Acción de Congreso Abierto. 

En relación a los compromisos iniciales, solo uno – sobre Acceso a la Justicia – cambió su contenido, pasando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a comprometerse a crear de Observatorios Provinciales de Acceso a la Justicia, así como operativos territoriales locales en en zonas rurales, pueblos originarios, barrios populares y zonas postergadas, entre otros hitos (ver versión anterior página 83- versión actual del compromiso). En ese caso, se sumaron además otras organizaciones de la sociedad civil como XUMEK, CELS, INECIP y ANDHES. Los otros compromisos sólo tuvieron adecuaciones sencillas, sobre plazos de cumplimiento fundamentalmente, dada a la extensión de un año en el cumplimiento total del Plan. 

En algunos compromisos se sumaron otras ONG que no estaban inicialmente previstas, como fue el caso del compromiso sobre Acceso a la Justicia, ESI donde se sumaron Amnistía Internacional y Fundeps, en el compromiso de Mujeres en el Mundo del Trabajo se sumó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad como otro actor de colaboración y seguimiento del mismo, y en el Sexualidad y Derechos se sumó la organización FUSA. 

Finalmente se agregó al 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un documento anexo elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad denominado Incorporación de la Perspectiva de Género y Diversidad que constituye un aporte desde este Ministerio para promover la transversalidad de la perspectiva de géneros y diversidad en el ámbito de las políticas de gobierno abierto generadas en el 4° Plan de Acción. 

Desde Fundeps, formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020-2022) y del colectivo que integra Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina. 

Finalizadas las instancias de co-creación (2019) y revisión (2020) del Plan, es momento de colaborar desde la ciudadanía y la sociedad civil en el seguimiento de los compromisos asumidos en el Plan, a los fines de contribuir en su efectivo cumplimiento con el objetivo de de seguir consolidando las políticas de gobierno abierto en todo el país, tanto a nivel nacional como federal, y en todas las áreas en las que las políticas gobierno abierto se fueron abriendo camino. 

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Más información

Desde el Colectivo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto de Argentina solicitamos a todos los niveles del Estado que se tengan especialmente en cuenta políticas de transparencia, participación y colaboración en la toma de decisiones públicas de gestión de la crisis actual. A la vez nos ponemos a disposición para colaborar, fiscalizar, monitorear y aportar en la toma de decisiones públicas.

 

Comunicado del Colectivo de Sociedad Civil de Argentina de Gobierno Abierto en relación al Covid-19

 

Al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, y al conjunto de los Poderes judiciales y legislativos de la Argentina;

La pandemia de Covid-19 significa a estas alturas el desafío más importante que hayamos enfrentado en varias décadas, tanto a nivel global como regional y local. Sus impactos son sustantivos no sólo en materia sanitaria, sino que afectan de forma notoria nuestras economías, servicios públicos, instituciones, el sistema educativo, la desigualdad de nuestras sociedades, los sistemas de protección de derechos y muchas otras áreas cruciales para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.

Las medidas adoptadas en conjunto por los distintos gobiernos de nuestro país han permitido hasta ahora mitigar parte de los efectos sanitarios de la pandemia y preparar nuestros sistemas de salud para una posible escalada en la  cantidad de contagios. Este enorme esfuerzo comunitario, cristalizado principalmente en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, implica que nuestras instituciones públicas deban continuar implementando medidas de emergencia que involucran gran cantidad de recursos públicos. Algunos ejemplos de ello son las reasignaciones presupuestarias, compras y contrataciones en gran escala, transferencias de fondos a gobiernos subnacionales, ampliación de programas de ayuda social y subsidios o exenciones al sector privado, entre otras.

Los alcances de estos desafíos no son exclusivos de nuestros poderes ejecutivos, si no que nuestros poderes legislativos y judiciales se enfrentan también a exigencias para las que no se encontraban plenamente preparados. En ambos casos, su funcionamiento efectivo resulta vital para que las respuestas a la pandemia se ajusten a parámetros democráticos y se protejan los derechos del conjunto de la sociedad, y en particular de los grupos más vulnerabilizados.

Sabemos que los desafíos y las dificultades en este contexto son muchas, y por eso creemos que la colaboración es necesaria para pensar estratégicamente acciones deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa, de cara a la ciudadanía que espera respuestas y que también tiene saberes para aportar.  En este marco, los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte necesaria de la solución y como una vía para brindar respuestas ágiles en el proceso de respuesta a la pandemia.

Como primer paso, es fundamental que el Estado, en todos sus niveles y poderes, garantice el acceso a la información pública necesaria para que la ciudadanía pueda monitorear y participar informadamente de las políticas públicas de emergencia. Esto implica garantizar la apertura en datos abiertos y accesibles de toda la información atinente a las medidas sanitarias, el uso y distribución de los recursos públicos, las compras públicas realizadas, los programas destinados a proteger a los grupos más vulnerabilizados, etc. 

También es imprescindible promover el pleno funcionamiento -por vías remotas de ser necesario- de todas las instituciones públicas, especialmente de los órganos deliberativos como el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, y de los poderes judiciales de la nación y de las provincias. 

Además del necesario control democrático sobre las medidas que toman los poderes ejecutivos en esta situación de emergencia, los poderes legislativos y judiciales tienen funciones indelegables que deben ser retomadas a la brevedad para evitar que el impacto de la pandemia se profundice.

A su vez, la plena participación de la ciudadanía debe ser la forma mediante la cual los distintos gobiernos busquen las soluciones que este contexto demanda, teniendo especial consideración por las voces de grupos y comunidades tradicionalmente excluidos. El proceso de formación e implementación de las políticas públicas debe estar basada en evidencia y en la escucha activa de la ciudadanía como insumos básicos para llegar a las decisiones más inclusivas posibles.

Por otra parte, con el objeto de garantizar la efectividad de las medidas sanitarias el gobierno debe prestar especial atención a que no sean vulnerados derechos civiles básicos, como el derecho a la intimidad o la libertad de expresión, sobre todo en el espacio digital. En situaciones en las que prolifera el uso de bases de datos, es fundamental asegurar un respeto irrestricto a la privacidad de las personas. Esto involucra que su actividad por medios digitales o el uso de aplicaciones móviles esté libre de interferencias indebidas de las fuerzas públicas.

Por último, la lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar central en la agenda pública con el propósito de asegurar que los recursos económicos se destinen de forma íntegra y eficiente a enfrentar la pandemia. El seguimiento público del uso de los recursos públicos de emergencia, en particular en materia de compras públicas, debe ser procurado por los órganos de control y facilitado a la ciudadanía a través de la publicación en formatos abiertos de todos sus detalles, como son los montos, proveedores y tipos de procesos. Los recursos que se desvían por efectos de la corrupción afectan diferencialmente a los grupos más vulnerabilizados en tiempos de normalidad, lo que se profundiza en estos contextos.

Las organizaciones de la sociedad involucradas firmantes nos ponemos a disposición para colaborar, fiscalizar, monitorear y aportar para que, también en tiempos de crisis, nuestros gobiernos respeten los valores de gobierno abierto,  puedan transversalizar este paradigma y continuar trabajando en la toma de decisiones públicas en base a evidencia y garantizando transparencia. 

Colectivo de Gobierno Abierto Sociedad Civil Argentina

Firmantes:

Acción Colectiva

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Civil Grupo Puentes

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

Datos Concepción

Democracia en Red

Educar 2050

Escuela de Fiscales

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

Fundación Americana para la Educación

Fundación Cambio Democrático

Fundación Conocimiento Abierto

Fundación Directorio Legislativo

Fundación Huésped

Fundación Nuestra Mendoza

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)

PARES 

Poder Ciudadano

Red Nuestra Córdoba

Salta Transparente

TECHO

Wingu – Res Non Verba Asociación Civil

El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.

Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.

Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:

  •  La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde,  atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del  cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.

    Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.

  • La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
  • La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
  • Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.

Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.

Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.

Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.

Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.

Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:

  • Implementación de la Ley Micaela.
  • Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
  • Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.

Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.

Otra vez la deuda con el ambiente

En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.

Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.

En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.

Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.

Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc).  Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.

De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.

Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

La corrupción impacta negativamente en la calidad de nuestra democracia y afecta la vigencia de los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos y comunidades más vulnerabilizados. Al reducir la cantidad y calidad de recursos públicos disponibles, se ven especialmente menoscabados los derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

En materia de lucha contra la corrupción, nuestro país aún tiene pendiente numerosas reformas. Entre ellas, podemos mencionar como puntos ineludibles la modificación de la ley de ética pública, la sanción de un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, implementar políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejorar los organismos de control, implementar políticas de transparencia en los mercados y flujos financieros. También es necesario institucionalizar espacios de participación ciudadana, no solo en materia de lucha contra la corrupción, sino para garantizar una democracia más inclusiva.  

En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, las organizaciones de la sociedad civil resaltamos que para poder prevenir, detectar y sancionar la corrupción de manera exitosa son necesarias políticas públicas integrales, destinadas a los distintos sectores del Estado y los actores privados. Para eso, es necesario generar consensos amplios y robustos entre los diversos actores sociales. En este sentido, el Acuerdo Social Anticorrupción, elaborado por un grupo diverso de organizaciones y especialistas, tiene como finalidad trazar una hoja de ruta de las políticas públicas que se debieran implementar para construir un país con menos corrupción y, por ende, más justo e igualitario. 

Es posible acceder al documento en www.acuerdoanticorrupcion.org.

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org