Durante las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, celebradas los días 2 y 3 de septiembre de 2024, Argentina participó de manera virtual, lo que generó críticas sobre su compromiso. Entre las principales preocupaciones señaladas se destacaron la creciente pobreza infantil y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La ausencia de respuestas claras por parte del Estado en temas de violencia institucional y la falta de recursos para instituciones de protección infantil, también fueron cuestionadas.

Contexto: La Revisión del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las audiencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU son una instancia crucial para monitorear la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que todos los Estados Parte deben cumplir. Cada cinco años, los países presentan un informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), y su avance en la protección de estos derechos. Este proceso no solo incluye el informe oficial del Estado, sino también los “informes sombra” de organizaciones de la sociedad civil y documentos de expertos independientes, que ofrecen una visión crítica y detallada de la realidad en cada país.

Durante las recientes sesiones celebradas los días 2 y 3 de septiembre en Ginebra, Suiza, Argentina participó de manera virtual, lo que generó preocupación y cuestionamientos respecto a su compromiso con esta instancia internacional.

Principales conclusiones de la participación de Argentina

• Participación virtual: una señal preocupante

La ausencia de representantes argentinos en Ginebra y la participación virtual del Estado fue uno de los puntos más criticados durante las sesiones. Este hecho no solo es simbólicamente negativo, sino que también limita la calidad del diálogo y la interacción entre el Comité y representantes estatales. La no presencialidad fue lamentada repetidamente por miembros del Comité, señalando que Argentina, históricamente, había sido un país comprometido con la presencia en estas instancias.

• Pobreza Infantil: una emergencia nacional ignorada

Durante las audiencias, se evidenció que varios aspectos clave en la protección de los derechos de las infancias han sufrido retrocesos significativos. Entre los más alarmantes, la alta tasa de pobreza infantil destaca como un tema central. 

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo para Argentina, fue una de las principales voces en señalar que «más de siete millones de niños viven en la pobreza». En una intervención similar, Luis Pedernera citó datos de UNICEF, afirmando que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Además, criticó la respuesta del Estado argentino respecto al aumento del presupuesto destinado a la niñez, señalando que dicho incremento fue absorbido por la inflación.

Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se destaca que en los primeros seis meses de 2024, más de 1.5 millones de niños y niñas se convirtieron en pobres y casi 1.9 millones en indigentes. Los principales recortes presupuestarios han afectado áreas clave como Políticas Alimentarias, con una reducción del 29%, y un 20% menos en la Prestación Alimentaria, dejando insuficiente el aumento del 48% en la AUH. En Educación, el presupuesto ha caído un 43,7%, impactando la calidad y cobertura. En Salud, el programa Abordaje del Curso de Vida, vital para la infancia, sufrió un recorte del 50% respecto a 2023 y es 12 veces menor que en 2021. También se recortaron las Becas Progresar, construcción de jardines e infraestructura escolar, con algunos programas eliminados o severamente reducidos.

De acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley 26.061, el Estado argentino tiene el deber de asegurar recursos suficientes para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluye protección social, salud y educación, con la obligación de no reducir la inversión en comparación con años anteriores. La actual crisis económica requiere una acción urgente para aumentar el financiamiento y asegurar condiciones dignas para el desarrollo integral de los menores. La ley 26.061 obliga a asignar recursos de forma privilegiada (art. 5) para NNA y establece que “la previsión presupuestaria en ningún caso podría ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores” (art. 72).

• Crítica a la propuesta de Ley para Bajar la Edad de Imputabilidad

Un punto de gran controversia fue el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad, en contraposición directa a las recomendaciones previas del Comité en 2018. La insistencia en esta propuesta parece responder más a un enfoque punitivo que a medidas preventivas o que busquen proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que genera una preocupación significativa sobre el futuro de los derechos de adolescentes en Argentina. 

Además, las medidas propuestas por el Estado parecen dirigirse hacia una penalización de la pobreza. En nuestra región, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con la desigual distribución de la riqueza y su impacto en el mercado laboral. Son muchos los casos donde jóvenes en situación de vulnerabilidad se encuentran en situación de delincuencia ante la falta de alternativas y oportunidades que los ayuden a salir de ese contexto. Es fundamental implementar políticas que acompañen, escuchen y protejan a quienes son adolescentes; llenar centros de detención o residencias no es la solución, ya que muchas veces enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares a las que vivían en las calles.

El Estado argentino tiene una deuda pendiente con estos jóvenes. ¿Qué se está haciendo para quienes no están recibiendo medidas preventivas? ¿Qué se puede hacer para proteger y acompañar? ¿Tienen los NNA alguien que los escuche y comprenda sus necesidades?

• Incapacidad del Estado para responder a cuestiones claves

Varios temas críticos quedaron sin respuesta por parte de la delegación argentina. Entre ellos, la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, la reducción de la cobertura de vacunación infantil. Además, el Comité cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de instituciones clave como la Defensoría de la Niñez y la reducción de otras entidades fundamentales para la protección infantil. 

En sus conclusiones, el Comité de la ONU expresó su «seria preocupación por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023, y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios, y el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía», cuestionando si esta nueva entidad contará con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con su función.

En temas de violencia institucional y discriminación, especialmente hacia infancias migrantes, el Estado no logró ofrecer respuestas satisfactorias. Este silencio es particularmente alarmante considerando las estereotipadas percepciones discriminatorias fomentadas por algunos medios de comunicación, que perpetúan la marginalización de estas comunidades.

• Desfinanciamiento del Plan ENIA

Finalmente, el desfinanciamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue otro tema de gran preocupación. Este plan había logrado una notable disminución de los embarazos adolescentes en las provincias más afectadas del país. Su cierre no solo representa un retroceso en la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, sino que también expone a esta población en situación de vulnerabilidad a mayores riesgos en un contexto ya adverso.

Situación actual de Argentina ante la ONU y próximos pasos

Tras estas audiencias, la situación de Argentina ante la ONU es preocupante. La falta de presencialidad, combinada con los retrocesos evidenciados en áreas críticas como la pobreza infantil, la violencia institucional y la desprotección de los derechos de las infancias, coloca al país en una posición vulnerable frente a los organismos internacionales.

El Comité de los Derechos del Niño continuará monitoreando de cerca la situación en Argentina, y se espera que el Estado responda a las observaciones y recomendaciones con acciones concretas y eficaces. El rol de las organizaciones, como Fundeps, seguirá siendo crucial para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no queden relegados en la agenda pública.

Autora

Melina Terreno

Contacto área de Legales

María Luz Baretta, luzbaretta@fundeps.org

Tras la opción dada por la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) de posponer un año la ejecución del actual Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (PANGA) (2019 – 2022) por la pandemia del Covid-19 – Resolución de Coronavirus OGP – y la posibilidad de revisar el Plan en el primer año de implementación tras la transición política, el gobierno de Argentina envió en diciembre 2020 su Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, adaptado. 

Argentina se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012. Formar parte de esta Alianza global implica comprometerse con políticas de gobierno abierto co-creadas con sociedad civil, que se materializan a través de planes de acción nacionales, a ejecutar en dos años. Desde su incorporación a la fecha, Argentina ha presentado cuatro Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto.

En septiembre 2019 Argentina presentó el 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2021) tal como lo estipulaban los plazos dados por OGP. Disposiciones de OGP permiten, de todos modos, efectuar enmiendas al Plan en el primer año de implementación del Plan (2020, para Argentina), sobre todo en caso que operen transiciones políticas en el medio como fue el caso de nuestro país. Con la irrupción de la pandemia a causa del Covid-19 que cambió todas las prioridades de la agenda pública en el año 2020, el Subcomité de Criterios y Estándares dictó la Resolución de Coronavirus de OGP en marzo 2020 mediante la cual dio la posibilidad a los países de la Alianza de posponer un año la presentación o implementación de sus Planes, según el momento en el que cada país se encontrase. Argentina como ya había presentado su Plan, podía hacer uso de esta opción, posponiendo un año su ejecución, es decir que éste concluya en agosto 2022 en vez de agosto 2021. 

Luego de consensuar esta decisión en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y a través de ésta con el colectivo que integra la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina, se decidió tomar esta opción, fijando a su vez cuál iba a ser la metodología para efectuar cambios dentro del Plan. En ese sentido se previó la posibilidad de efectuar dos tipos de cambios: modificaciones específicas relativas a plazos, partes de hitos de los compromisos o entregables o modificaciones más sustanciales que cambiaran el alcance del compromiso. En todos los casos la opción de realizar cambios al Plan estaba en manos del Organismo responsable de su cumplimiento, y se establecieron instancias de validación o co-construcción del compromiso -según el caso- con las Organizaciones de la Sociedad Civil que formaron parte del compromiso inicial. 

De todo este proceso resultó que Argentina envíe en Diciembre 2020 su Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2022).  

¿En qué dista el Plan actual al presentado en 2019? 

El 4° Plan de Acción presentado en Diciembre 2020 se compone de 18 compromisos, es decir que a los 15 iniciales, se agregaron tres:

• Uno relativo a Educación Sexual Integral (ESI), en virtud del cual se dispone crear  un Observatorio Federal de Implementación de la ESI, que se reunirá bimensualmente con actores de la sociedad civil y gubernamentales, así como la publicación de datos abiertos sobre la implementación de la ESI. Siendo el órgano responsable del cumplimiento la Subsecretaría de Educación Social y Cultura del Ministerio de Educación de la Nación. 
• Y dos sobre Plan de Acción de Congreso Abierto. Es decir que el anexo del Plan 2019 sobre el Plan de Acción de Congreso Abierto, se desdobló en dos compromisos, uno por cada Cámara del Congreso de la Nación. En este caso, cada Cámara del Congreso hizo su propia adecuación de plazos y deberá presentar su propio Plan de Acción de Congreso Abierto. 

En relación a los compromisos iniciales, solo uno – sobre Acceso a la Justicia – cambió su contenido, pasando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a comprometerse a crear de Observatorios Provinciales de Acceso a la Justicia, así como operativos territoriales locales en en zonas rurales, pueblos originarios, barrios populares y zonas postergadas, entre otros hitos (ver versión anterior página 83- versión actual del compromiso). En ese caso, se sumaron además otras organizaciones de la sociedad civil como XUMEK, CELS, INECIP y ANDHES. Los otros compromisos sólo tuvieron adecuaciones sencillas, sobre plazos de cumplimiento fundamentalmente, dada a la extensión de un año en el cumplimiento total del Plan. 

En algunos compromisos se sumaron otras ONG que no estaban inicialmente previstas, como fue el caso del compromiso sobre Acceso a la Justicia, ESI donde se sumaron Amnistía Internacional y Fundeps, en el compromiso de Mujeres en el Mundo del Trabajo se sumó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad como otro actor de colaboración y seguimiento del mismo, y en el Sexualidad y Derechos se sumó la organización FUSA. 

Finalmente se agregó al 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un documento anexo elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad denominado Incorporación de la Perspectiva de Género y Diversidad que constituye un aporte desde este Ministerio para promover la transversalidad de la perspectiva de géneros y diversidad en el ámbito de las políticas de gobierno abierto generadas en el 4° Plan de Acción. 

Desde Fundeps, formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020-2022) y del colectivo que integra Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina. 

Finalizadas las instancias de co-creación (2019) y revisión (2020) del Plan, es momento de colaborar desde la ciudadanía y la sociedad civil en el seguimiento de los compromisos asumidos en el Plan, a los fines de contribuir en su efectivo cumplimiento con el objetivo de de seguir consolidando las políticas de gobierno abierto en todo el país, tanto a nivel nacional como federal, y en todas las áreas en las que las políticas gobierno abierto se fueron abriendo camino. 

Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

Más información

• Sitio web oficial sobre los Planes de Acción de Gobierno Abierto de Argentina. Allí se tiene acceso al 4° PANGA (Diciembre 2020), así como a cada uno de los compromisos por separado, al anexo sobre la Incorporación de la Perspectiva de Género y Diversidad y a la versión del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto presentada en 2019.